REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS. Maiquetía, (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º ASUNTO: WP12-S-2015-001578 SOLICITANTE: TATIANA CAROLINA VISCAYA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 19.686.258. ABOGADO ASISTENTE: ALEXANDER TOMAS FUNES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 148.099. MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO. I En fecha 23 de Septiembre de 2015 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este circuito, fue presentada solicitud de TÍTULO SUPLETORIO por la ciudadana TATIANA CAROLINA VISCAYA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 19.686.258, debidamente asistida por el abogado ALEXANDER TOMAS FUNES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 148.099, dándosele entrada el 23 de Septiembre de 2015. En fecha 25 de Septiembre de 2015, se dictó auto admitiendo la solicitud y se ordenó oficiar a la Dirección de Catastro Municipal/Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado Vargas, todo ellos a los fin de que sirva informar a éste Tribunal a la mayor brevedad posible, si el terreno donde se encuentran ubicadas las bienhechurías sobre las cuales se pretende construir el titulo supletorio pertenece al Municipio Vargas, si es de carácter agrícola y cualquier otra información adicional de la cual tenga conocimiento, siendo librados una vez que hayan constado en autos la consignación de los fotostatos correspondientes. En fecha 5 de Octubre de 2015, se recibe diligencia presentada por la ciudadana MARLENE ROJAS MILLAN, titular de la cédula de identidad N° 14.073.834, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual consigna los fotostatos correspondientes a los fines que sean certificados y se libre el oficio al ente gubernamental. En fecha 06 de Octubre de 2015, se dicto auto mediante el cual se ordeno expedir por secretaria las copias certificadas previa la consignación de los fotostatos respectivos. En consecuencia se ordeno librar oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, tal y como fue acordado por auto de fecha 25 de Septiembre de 2015. En fecha 13 de Octubre de 2015, se recibe diligencia presentada por la ciudadana TATIANA CAROLINA VISCAYA titular de la cédula de identidad N° V-19.868.258, en concordancia con lo estableció en el artículo 26 de la Constituían de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual retira el oficio N° 379-15 dirigido al Director de Catastro del Estado Vargas. II MOTIVA Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”. En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional. En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo. Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional. En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo. Tal como se señaló anteriormente, el tribunal observa que desde el 13 de Octubre de 2015, se recibió diligencia presentada por la ciudadana TATIANA CAROLINA VISCAYA anteriormente ya identificada, en concordancia con lo estableció en el artículo 26 de la Constituían de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual retira el oficio N° 379-15 dirigido al Director de Catastro del Estado Vargas, pero se evidencia la falta de interés de la solicitante a fin de obtener respuesta de dicho ente, en relación a la obtension del certificado de existencia de bienhechurias, sin que hayan dado el debido impulso hasta la presente fecha. En base a lo antes expuesto, concluye esta sentenciadora, que tal inactividad indefinida y absoluta por nueve (09) meses, demuestra que el solicitante ha perdido el interés en la solicitud de Titulo Supletorio, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente solicitud. Así establece. III DECISIÓN En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés de la peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud y su remisión a la División del Archivo Judicial. ASÍ SE DECIDE. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los (16 ) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016). Años 206º Años y 157° de la Federación. LA JUEZA, ABG.MERLY VILLARROEL LA SECRETARIA, ABG. MARY ANGIE MARIN En esta misma fecha y siendo las (9:17) de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABG. MARY ANGIE MARIN MV/Jesús.- ASUNTO: WP12-S-2015-001578