REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS. Maiquetía, veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º ASUNTO: WP12-S-2015-000172 SOLICITANTE: JULIO CESAR GUTIERREZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 11.639.133. ABOGADO ASISTENTE: PABLO ZAMBRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483 . MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO. I En fecha 6 de Febrero de 2015 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este circuito, fue presentada solicitud de TÍTULO SUPLETORIO por el ciudadano JULIO CESAR GUTIERREZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-11.639.133, en su carácter de propietario del 86% de la sucesión HUMBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ, dándosele entrada el 6 de Febrero de 2015. En fecha 10 de Febrero de 2015, se dictó auto admitiendo la solicitud y se ordenó oficiar a la Dirección de Catastro Municipal/Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado Vargas, todo ellos a los fin de que sirva informar a éste Tribunal a la mayor brevedad posible, si el terreno donde se encuentran ubicadas las bienhechurías sobre las cuales se pretende construir el titulo supletorio pertenece al Municipio Vargas, si es de carácter agrícola y cualquier otra información adicional de la cual tenga conocimiento, siendo librado una vez que hayan constado en autos la consignación de los fotostatos correspondientes. En fecha 20 de Febrero, se recibe diligencia presentada por el abogado JOSE OSCAR ARDILA RODRIGUEZ inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 37.084, mediante el cual consigna poder otorgado por el ciudadano JULIO CESAR GUTIERREZ DIAZ, copias de las cédulas de identidad de los respectivos testigos y copias simples a los fines de que se libre el oficio al referido ente gubernamental. En fecha 12 de Febrero, se recibe diligencia presentada por la ciudadana YURAIMA ELVIRA LIZARDO VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V-7.991.843, debidamente asistida por la abogada YZAIDA RAMIREZ inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 172.033 mediante la cual consigna copias simples, a fin de que sean certificadas y librado el oficio a los ente gubernamentales. En fecha 23 de Febrero de 2015, se dicto auto ordenando expedir por secretaria las copias certificadas mediante la consignación de los fotostatos respectivos, en consecuencia se ordeno librar oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, tal y como fue acordado por auto de fecha 9 de Diciembre de 2014. En fecha 21 de Octubre de 2015, se recibe diligencia presentada por el ciudadano JULIO CESAR GUTIERREZ DIAZ, anteriormente identificado, debidamente asistido por el abogado PABLO ZAMBRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483, mediante el cual confiere poder APUD-ACTA al prenombrado abogado. En fecha 27 de Octubre de 2015, se recibe nueva diligencia presentada por el abogado PABLO ZAMBRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483, apoderado judicial del solicitante por poder APUD-ACTA, mediante la cual consigno copias simples a los fines de que se libre oficio a Castastro. En fecha 29 de Octubre de 2015, previa juramentación de Ley, Tomó posesión del cargo de Jueza de éste Tribunal, la Abg. MERLY VILLARROEL, la misma se ABOCA al conocimiento de la presente solicitud, asimismo se ordena expedir por expedir por secretaria las copias certificadas mediante la consignación de los fotostatos respectivos, en consecuencia se ordeno librar oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas. En fecha 6 Noviembre de 2015, se recibe diligencia presentada por el abogado PABLO ZAMBRANO inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483, acreditado en autos, mediante la cual solicita el retiro de las copias certificadas solicitadas. En fecha 9 de Diciembre de 2015, se recibe diligencia presentada por el abogado PABLO ZAMBRANO anteriormente identificado, mediante la cual solicita el desglose la copia certificada. En fecha 10 de Diciembre de 2015, se dicto auto dejando expresa constancia que por motivo de un error de transcripción en el membrete del citado Tribunal, deja sin efecto el oficio N° 078-2015, dirigido a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, en consecuencia se ordena librar un nuevo oficio al mencionado ente gubernamental., asimismo se acuerda el desglose de las copias certificadas solicitadas. En fecha 8 de Enero de 2016, se recibe diligencia presentada por el abogado PABLO ZAMBRANO inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483, mediante la cual deja constancia de haber retirado el oficio N° 483-2015, dirigido a la Dirección de Catastro Municipal/Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado Vargas. II MOTIVA Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”. En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional. En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo. Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional. En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo. Tal como se señaló anteriormente, el tribunal observa que desde el 8 de Enero de 2016, mediante la diligencia presentada por el abogado PABLO ZAMBRANO inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.483 en su carácter de apoderado judicial del solicitante, mediante la cual retira el oficio dirigido a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, pero se evidencia la falta de interés del solicitante a fin de obtener respuesta de dicho ente, sin que hayan dado el debido impulso hasta la presente fecha. En base a lo antes expuesto, concluye esta sentenciadora, que tal inactividad indefinida y absoluta por más de seis (06) meses, demuestra que el solicitante han perdido el interés en la solicitud de Titulo Supletorio, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente solicitud. Así establece. III DECISIÓN En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés del peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud y su remisión a la División del Archivo Judicial. ASÍ SE DECIDE. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los veintisiete (27) días del mes de septiemnbre del año dos mil dieciséis (2.016). Años 206º Años y 157° de la Federación. LA JUEZA, ABG.MERLY VILLARROEL LA SECRETARIA, ABG. MARY ANGIE MARIN En esta misma fecha y siendo las (03:00) de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABG. MARY ANGIE MARIN MV/Jesús.- ASUNTO: WP12-S-2015-000172