REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, veintisiete (27) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º

ASUNTO: WP12-S-2015-000831
SOLICITANTE: ANTONIA SUPLICIA FONSECA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 4.419.026.
ABOGADO ASISTENTE: GUSTAVO BESSON BELLORIN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 41.908.
MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO.

I
En fecha 20 de Mayo de 2015, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este circuito, fue presentada solicitud de TÍTULO SUPLETORIO por la ciudadana ANTONIA SUPLICIA FONSECA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 4.419.026, dándosele en esa misma fecha.
En fecha 21 de Mayo de 2015, se dictó auto admitiendo la solicitud y se ordenó oficiar a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, una vez constara en autos la consignación de los fotostatos correspondiente.
En fecha 02 de Junio de 2015, la ciudadana ANA DEL VALLE PIÑANGO, asistida por el Abogado GUSTAVO BESSON BELLORIN, consignó los fotostatos a los fines de que sea librado el oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, asimismo concedió Poder Apud Acta al mencionado abogado.
En fecha 03 de Junio de 2015, se libra el oficio a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas.
En fecha 16 de Junio de 2015, el apoderado judicial de la solicitante deja constancia de haber retirado el oficio N° 233-15, dirigido a la Dirección de Catastro Municipal.
En fecha 17 de Junio de 2015, se recibe mediante diligencia suscrita por el apoderado judicial de la solicitante, oficio sellado y firmado como recibido por la Dirección de Catastro Municipal.
En fecha 01 de Diciembre de 2015, se recibió oficio N° DCM- CEB 0600-2015 emanado de la Dirección de Catastro Municipal, mediante la cual informa que el terreno objeto de litigio ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS.
En fecha 02 de Diciembre de 2015, la Jueza Provisoria de este Tribunal Abg. MERLY VILLARROEL, se ABOCA a la presente causa, asimismo instó a la solicitante a realizar aclaratoria en cuanto a los linderos y medidas, por cuanto existe disparidad en lo establecido en el escrito de solicitud y el certificado de existencia de bienhechurías.
En fecha 08 de Diciembre de 2015, el apoderado judicial de la solicitante se adhiere a las medidas y linderos establecido en el certificado de existencia de bienhechurías.
Mediante auto de fecha 09 de Diciembre de 2015, el Tribunal fijó para el 22 de Enero de 2016, la oportunidad para la declaración de los testigos.
En fecha 22 de Enero de 2016, tuvo lugar la declaración de los testigos DIONICIO ZABALA MARTINEZ y FELIX JUAN RAMIREZ, venezolanos, titulares de la Cedulas de Identidad Nros. V- 1.447.661 y V- 1.449.013, respectivamente.
Por auto dictado en fecha 26 de Enero de 2016, el Tribunal insta a la solicitante a realizar aclaratoria en cuanto a la constitución de la bienhechuría.
Razón por la cual el Tribunal observa lo siguiente:
II
MOTIVA
Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”.
En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Tal como se señaló anteriormente, el tribunal observa que desde el 26 de Enero de 2016, día en el cual el Tribunal dicto auto, instando a la solicitante a realizar aclaratoria, en cuanto a la constitución de la bienhechuría, se evidencia la falta de interés de la solicitante sin que hayan dado el debido impulso hasta la presente fecha. En base a lo antes expuesto, concluye esta sentenciadora, que tal inactividad indefinida y absoluta por más de seis (06) meses, demuestra que la solicitante ha perdido el interés en la solicitud de Titulo Supletorio, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente solicitud. Así establece.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, veintisiete(27) del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2.016). Años 206º Años y 157° de la Federación.
LA JUEZA,


ABG.MERLY VILLARROEL
LA SECRETARIA,


ABG. MARY ANGIE MARIN

En esta misma fecha y siendo las (02:57) de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,


ABG. MARY ANGIE MARIN






MV/MAM/Eira.-
ASUNTO: WP12-S-2015-000831