TSJ Regiones - Decisión

Revisadas como han sido las actas procesales que conforman la causa signada con el número WP01-S-2017-000888, nomenclatura de este despacho, mediante la cual la Abogada NEVIDA VARGAS, actuando en su condición de Defensora Publica del ciudadano LUIS ALEXANDER GUZMAN GARCIA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.136.546 Nacionalidad: Venezolano, Lugar de Nacimiento: LA GUAIRA , Fecha De Nacimiento: 09-02-1994 Edad: 23, Estado Civil: SOLTERO , Hijo de ISABEL GARCIA (V) y JESUS GUZMAN (V) PROFESION: ALBAÑIL DIRECCIONCARAYACA SECTOR EL PALDILLO AL LADO DE LA ESCUELA DE LA ZONA CASA SN DE BLOQUES ROJOS ESTADO VARGAS TELEFONO:0414.214.4836 AMIGO SR JOSE GREGORIO, plenamente identificado en auto y a quien se le sigue la causa por la comisión del delito de AMENAZA AGRAVADA Y LESIONES GRAVES EN LA EJECUCION DE VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el articulo 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la Victima YALIMAR BEATRIZ JIMENES AGUILERA, solicita Revisión de medida cautelar, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:

En la referida solicitud de revisión de medida, la defensa realiza su fundamentación en los siguientes términos:

…” La Defensa Publica, consigna en fecha (20) de Abril de 2017, escrito solicitando a este Tribunal la Revisión de la Fianza Impuesta a su representado y que la misma sea sustituida por una caución juratoria de conformidad con los artículos 245 y 246 del Código Orgánico Procesal Penal, otorgada en la Audiencia para oír al Imputado, el Ciudadano MANUEL ENRIQUE MEZA MEZA, titular de la cedula de identidad Nº 29.665.330 , en virtud que en entrevista sostenida con sus familiares, los mismos son de bajo recursos, y no conocen personas que los pueda ayudar por lo se solicita que de conformidad con el articulo 250 de nuestra norma adjetiva penal se realice la Revisión de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, y sea Otorgado una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad.”

ARTICULO 245 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL: “El tribunal podrá eximir al Imputado o Imputada de la obligación de prestar caución económica cuando, a su juicio, este o esta se encuentre en la Imposibilidad manifiesta de presentar fiador o fiadora, o no tenga capacidad económica para ofrecer la caución, y siempre que el imputado o imputada prometa someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y abstenerse al proceso, no obstaculizar la investigación i abstenerse de cometer nuevos delitos.
En estos casos, se le impondrá al imputado o imputada la caución juratoria conforme a lo establecido en el articulo siguiente.”

ARTICULO 246: “En todo caso que se le conceda una medida cautelar sustitutiva, el Imputado o Imputada se obligara, mediante acta firmada, a no ausentarse de la jurisdicción del Tribunal o la que este le fije, y a presentarse el Tribunal o ante la autoridad que el Juez o Jueza designe en las oportunidades que se le señalen. A tal efecto, el imputado o imputada se identificara plenamente, aportando sus datos personales, dirección de residencia, y el lugar donde debe ser notificado, bastante para ello que se le dirija allí la convocatoria.”

ARTICULO 250: “El Imputado o Imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosa. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.”

Articulo 26: “toda persona al REVISAR LA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso a los colectivos o difusos; a tutelar judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.

Artículo 44: La libertad individual es inviolable… “sea cual fuere el delito imputado, ya que no puede soportar ningún ciudadano una medida de coerción personal por un periodo superior, y el Estado estaría incapaz Y orcisusanargmail.comiutado de indemnizar, en caso de emitirse un pronunciamiento favorable, como lo es la Sentencia Absoluta.

(Sentencia del 25-09-2002, expediente 1143-02, Ponencia Sonia Roye de Hussein).

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Violencia Contra la Mujer en Función de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, antes de resolver sobre el particular hace las siguientes consideraciones:

La presente causa penal fue recibida en este Órgano Jurisdiccional en fecha (247) de Febrero de 2017, oportunidad en la cual se llevo acabo la Audiencia de Presentación de Aprendido, en la cual el Tribunal decreto la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad establecidas en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal en sus numerales 3º y 8º, consistente en la presentación cada (15) días ante la Oficina de Alguacilazgo y la presentación de Tres (3) Fiadores que devenguen cada uno la cantidad de (120) unidades Tributarias.

En fecha (20) de Abril de 2017, se recibe escrito Presentado por la Defensora Publica Penal, ABG NEVIDA VARGAS, solicitando a este Tribunal la Revisión de Medida Cautelar incoada en la Audiencia para oír al Imputado, el Ciudadano MANUEL ENRIQUE MEZA MEZA, titular de la cedula de identidad Nº 29.665.330, en virtud que en entrevista sostenida con sus familiares, los mismos son de bajo recursos, y no conocen personas que los pueda ayudar, por lo que solicita Caución Juratoria de conformidad con el articulo 245 y 246 del Código Orgánico Procesal Penal y se solicita que de conformidad con el articulo 250 de nuestra norma adjetiva penal se realice la Revisión de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad.

Asimismo el Código Orgánico Procesal Penal, dispone en su:

Artículo 244.-“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente, cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al Tribunal que esté conociendo de la causa, una prorroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado y cuando fueren varios delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.
Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusado o acusada sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante.
En este supuesto, si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al el Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, el Tribunal que esté conociendo de la causa deberá convocar al imputado o imputada, acusado o acusada y a las partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad”. Subrayado y negritas del Tribunal.

El legislador evidentemente, dispuso en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que, ninguna medida de coerción personal podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder de dos años la figura legal del decaimiento de la medida cautelar, a los efectos de su aplicación no se ha de considerar de forma aislada, basándose en el tiempo en que se encuentran sometidos los procesados a dicha medida cautelar, sino que ha de tomarse en cuenta otras circunstancias como la gravedad de los hechos por los que sigue un proceso, los derechos y bienes jurídicos que pudieran verse afectados, frente a los cuales el marco constitucional le impuso al Estado el deber de proteger especialmente los intereses colectivos de la victima, por disposición expresa de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su:

Artículo 55.- “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

En este sentido la Sala Constitucional en sentencia N.- 1212 de fecha 14 de Junio del 2005 con ponencia del Magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ expreso con respecto al artículo antes señalado y sobre el levantamiento de la medida privativa de libertad que ”…ante el supuesto en que a una persona a la cual se le siga un proceso penal y que haya estado Privado preventivamente de su libertad en dicho proceso por un lapso mayor a dos años, sin que se haya solicitado la prórroga de dicha medida en los términos que establece el mencionado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, nada obsta a que pueda imponérsele a esa persona cualesquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 242 eiusdem, siempre y cuando los extremos de procedencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad, contemplados en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, estén cumplidos en el caso concreto, toda vez que dichos requisitos de procedencia también le son aplicables a las medidas cautelares sustitutivas, de conformidad con el artículo 242 ibídem.

En virtud de todo lo expuesto y de la revisión de la presente causa se evidencia que este Tribunal Segundo (2) de Control de Violencia, en fecha En fecha (24) de Febrero de 2017, este Tribunal acordó Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal en sus numerales 3º y 8º, consistente en la presentación cada (15) días ante la Oficina de Alguacilazgo y la presentación de Tres (3) Fiadores que devenguen cada uno la cantidad de (120) unidades Tributarias, en contra del Ciudadano LUIS ALEXANDER GUZMAN GARCIA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.136.546, plenamente identificados en autos y a quien se le sigue la causa por la comisión del delito de AMENAZA AGRAVADA Y LESIONES GRAVES EN LA EJECUCION DE VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el articulo 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la Victima YALIMAR BEATRIZ JIMENES AGUILERA, es por ello que la Defensa Publica manifiesta que en entrevista sostenida con sus familiares, los mismos son de bajo recursos, y no conocen personas que los pueda ayudar, por lo que solicita Caución Juratoria de conformidad con el articulo 245 y 246 del Código Orgánico Procesal Penal y solicita que de conformidad con el artículo 250 de nuestra norma adjetiva penal se realice la Revisión de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, y sea Otorgado una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad.

En tal sentido, y siguiendo al maestro argentino Jorge Moras Mom, debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquélla. Este último es autor de un delito, aquélla es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses”.

Ahora bien, la revisión de una medida cautelar corporal dictada en un proceso penal, tiene como finalidad determinar la necesidad del sostenimiento de la medida cautelar verificando si han variado las circunstancias que motivaron el decreto de la misma, sin que ello implique una actividad contralora de la decisión en la cual se dicto la medida cautelar, como es el caso de marras, en la cual este Tribunal Segundo (2º) en Funciones de Control de Violencia de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha (24) de Febrero de 2017.

Así de un análisis exhaustivo de los motivos esgrimidos por el Juez del Tribunal Segundo (2º) en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas en Materia de Violencia Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para decretar la Medida Cautelar de la cual se pretende su revisión, se puede colegir que hasta la presente fecha han variado las circunstancias que motivaron el decreto de la misma, ya que se desprende del escrito presentado por la Defensora Publica en cuanto a que los familiares son de bajos recursos y no conocen a personas que les pueda ayudar para ejercer como Fiadores, por lo que se puede concluir que han variado las circunstancias que motivaron su decreto, así como se indica en el escrito de solicitud de revisión medida de que manera han variado, el ciudadano LUIS ALEXANDER GUZMAN GARCIA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.136.546, en todo el proceso, por lo cual a criterio de este Juzgador y de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, motivos por los cuales lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR, la Solicitud de Revisión de Medida planteada, se acuerda la Libertad del Ciudadano LUIS ALEXANDER GUZMAN GARCIA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.136.546, se mantiene la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial de Libertad de conformidad con el articulo 242 ordinal 3º consistente en la presentaciones cada (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo. Y ASI SE DECIDE.

Así mismo en la audiencia para oír al imputado LUIS ALEXANDER GUZMAN GARCIA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.136.546, se le impusieron las Medidas de Protección y seguridad a favor de la Ciudadana Victima YALIMAR BEATRIZ JIMENES AGUILERA consistente en contenidas en el artículo 90 numerales 1º, 5º, 6º y 13° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por tanto referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención; prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo estudio y residencia de la mujer agredida; la prohibición a que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida, o algún integrante de su familia; se ordena la remisión de al EQUIPO INTERDISCIPLINARIO de este Circuito Especial en materia de Género, a los fines de que les sea realizada la experticia BIO-PSICO-SOCIO-LEGAL de conformidad con el artículo 124 y 125 de la Ley Orgánica sobre los Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A los fines de que se realice el abordaje necesario por las expertas de dicho equipo,