REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL DEL TRANSITO Y AGRARIO DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS. Maiquetía, cuatro (04) de Agosto de dos mil diecisiete (2017). 207º y 158º SE ABRE CUADERNO DE MEDIDAS: Conforme a lo solicitado en el cuaderno principal del Expediente signado, WH13-V-1997-000011, contentivo del juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, interpuesto por la ciudadana MIGDALIA MERCEDES GUEDEZ contra el ciudadano ELIO FRANCISCO PANFIL, a los fines de proveer sobre el pedimento cautelar, éste Tribunal pasa hacer las siguientes consideraciones: PRIMERA CONSIDERACIÓN: la parte actora plantea en su libelo de demanda, en términos generales, lo siguiente: 1. Que durante aproximadamente trece (13) años, sostuvo publica y notoriamente relación concubinaria permanente con el ciudadano ELIO FRANCISCO PANFIL. 2. Que junto a su concubino decidieron adquirir una vivienda propia para establecer su hogar común permanente. 3. Que demanda al ciudadano ELIO FRANCISCO PANFIL, a los fines de que convenga o no que durante la unión estable obtuvieron como único bien una casa de dos niveles ubicada en el barrio Catamare, primera entrada, parte alta, subiendo por la cancha deportiva, N° 02-12-02-74, parroquia Catia la mar del Municipio Vargas del Distrito Federal . SEGUNDA CONSIDERACIÓN: La parte actora acompañó a su escrito los siguientes documentos: 1. Poder otorgado a los abogados GLADYS DEL VALLE REQUENA, LUIS BELTRAN SALAZAR SALAZAR y JULIAN ELIAS SALAZAR HERRERA. 2. Documento de COMPRA Y VENTA otorgado a ELIO PANFIL. Ahora bien, establece el Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil textualmente lo siguiente: Artículo 588: “De conformidad con el Artículo 585 de éste Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1. El embargo de bienes muebles; 2. El secuestro de bienes determinados; 3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles; Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.......” (Subrayado del Tribunal). La Norma transcrita anteriormente, nos remite al Artículo 585 eiusdem, el cual reza textualmente: Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en éste Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de ésta circunstancia y del derecho que se reclama” (Subrayado del Tribunal). Conforme a la anterior Norma, éste Tribunal considera que el decreto de cualquiera de las medidas a que se refiere el Artículo 588 CPC, es potestativo del Juez, quien debe basarse en ciertas condiciones para pronunciarse con respecto a la medida que se solicite, y cerciorarse de que además se llenen los siguientes extremos: 1. Que exista fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra; 2. Que haya presunción grave de que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA); y 3. Que, también, exista presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONIS IURIS). La doctrina ha definido el “PERICULUM IN MORA” como la probabilidad de peligro de que el dispositivo del fallo pueda resultar ineficaz, en razón del retardo de los procesos jurisdiccionales o de la conducta o circunstancias provenientes de las partes, ya que si el órgano jurisdiccional no actúa a tiempo, es muy probable que nunca más pueda hacerlo con eficacia. Por otra parte, el FUMUS BONIS IURIS se refiere, a que la parte solicitante de la medida cautelar, demuestre por cualquier medio y de manera sumaria, un medio de prueba que constituya presunción grave de la anterior circunstancia y del derecho que se reclama. Ahora bien, de lo todo lo anteriormente transcrito se evidencia que cuando consten en autos elementos probatorios que configuren los presupuestos de procedencia a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ya que tal circunstancia conllevaría a una violación del derecho de la solicitante a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que encontrándose comprobados los extremos a los cuales se refiere la referida disposición adjetiva, el Juez debe proceder a decretar o negar las medidas peticionadas. Como consecuencia de lo anterior, considera éste juzgador, que la Medida Preventiva solicitada por la parte actora, no encuadra dentro de lo señalado en las Normas transcritas anteriormente, en virtud de lo cual es improcedente el decreto de las mismas. A tal efecto se NIEGA LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte actora. ASI SE DECIDE. EL JUEZ, ABG. CESAR FARIA LA SECRETARIA, Abg. YASMILA PAREDES. En la misma fecha se público y registro la anterior Sentencia LA SECRETARIA, Abg. YASMILA PAREDES.