TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS
Maiquetía, once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Año. 207º y 158º
ASUNTO: WP11-R-2016-000005.
ASUNTO PRINCIPAL: WP11-N-2014-000009.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
-I-
LAS PARTES
PARTE ACCIONANTE: Gestherfy de Los Ángeles González Brito, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de Identidad Nº. V- 11.056.268.-
PARTE ACCIONADA: Republica Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio Para La Protección del Proceso Social del Trabajo - “Inspectoría Del Trabajo del estado Vargas”.-
PARTE INTERESADA: Entidad de Trabajo, Instituto Autónomo “Aeropuerto Internacional de Maiquetía.”.-
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES, contra la Providencia Administrativa Nº 374/2013, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por la INSPECTORA DEL TRABAJO EN EL ESTADO VARGAS.
-II-
SINTESIS DE LA LITIS

Han subido a este Tribunal las presentes actuaciones, en virtud del Recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015); por la profesional del derecho, Ninoska Solórzano, en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, ya identificada; contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, actuando en Sede Administrativa, en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).
En fecha veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), este Tribunal de Alzada, dio por recibido el presente expediente para su pronunciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-
En fecha veintinueve (29) de julio de 2016, quien suscribe se abocó al conocimiento del presente asunto y ordenó la notificación de las partes, del Procurador General de la República, del Ministerio Público y del Tercero interesado.-
Visto el abocamiento de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), y revisadas como fueron las actas procesales que conforman el presente expediente, que en fecha diecisiete (17) de mayo del año en curso, se libró oficio Nº 0098/2016, dirigido a la Procuradora Jefe de Trabajadores en el estado Vargas, mediante el cual se le solicitó la designación de un Procurador Especial del Trabajo a la ciudadana, Gestherfy De Los Ángeles González, en su condición de parte actora, por cuanto la profesional del derecho, Ninoska Solórzano Ruíz, renunció al poder que le fuera otorgado.
Y visto que la actora, se encontraba carente de abogado que le brindara la asistencia técnica correspondiente, este Tribunal, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó que se realizara una nueva notificación a la Procuradora Jefe de Trabajadores en el estado Vargas y a la parte actora, a los fines de que comparezca por ante la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, con el objeto de suscribir Poder al Procurador Especial que le sea asignado, con el entendido que una vez conste en autos la designación de dicho Procurador Especial, comenzará a correr el lapso previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de la fundamentación de la apelación, caso contrario, se declarará el desistimiento.-
No obstante, en fecha tres (3) de julio de 2017; se dictó auto mediante el cual se señaló:
“…revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que en fecha siete (7) de noviembre de 2016; se dictó auto mediante el cual, este Tribunal, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, de la ciudadana, Gestherfy de Los Ángeles González, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó que se realizará una nueva notificación a la Procuradora Jefe de Trabajadores en el estado Vargas y a la parte actora, a los fines de que la ciudadana, Gestherfy de Los Ángeles González, compareciera ante la oficina de los Procuradores de la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, a fin de otorgar y suscribir instrumento Poder al Procurador (es) Especial que le sea (n) asignado (s); toda vez que la profesional del derecho, Ninoska Solórzano Ruíz, renunció al poder que le fuera otorgado; en el entendido que una vez constara en autos la designación de dicho Procurador Especial, comenzaría a correr el lapso previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de la fundamentación de la apelación, caso contrario, se declararía el Desistimiento. Se observa de igual forma, que hasta la presente fecha, han transcurrido más de seis (6) meses y no consta en autos resulta alguna en cuanto a las gestiones realizadas por la trabajadora para la designación de un abogado que la represente en este proceso, ni tampoco que le haya otorgado instrumento poder a algún Procurador del Trabajo como se solicitó y menos aún que haya consignado instrumento Poder otorgado a un abogado de su confianza; en tal sentido, este Tribunal, siempre orientado a garantizar la Tutela Judicial Efectiva, y en acato al Principio de Celeridad Procesal, ordena librar nueva Boleta de Notificación a la ciudadana, Gestherfy de Los Ángeles González a fin de informarle que deberá proceder en un lapso de tres (3) días de despacho y siguientes a la consignación en autos de su notificación, a la designación de un abogado que la represente en el presente juicio; ya sea mediante el otorgamiento de instrumento poder a través de documento poder notariado, o bien sea a través del otorgamiento de poder Apud-Acta; y vencido dicho lapso, comenzará a transcurrir el lapso previsto en el artículo 92, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de la fundamentación de la apelación, caso contrario, se declarará el Desistimiento del Recurso Interpuesto…”.-
En fecha 21 de julio de 2017, se consignó en autos las resultas de la notificación practicada a la ciudadana, Gestherfy de los Ángeles González Brito; de tal manera que a partir de dicha fecha comenzó a correr el lapso de tres (3) días, otorgado por este tribunal para que procediera a la designación de un abogado que la representara. Y vencido dicho lapso, comenzó a transcurrir el lapso de 10 días previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha veintisiete (27) de julio de 2017, venció el lapso de tres (8) días otorgado para la designación de su apoderado.
Y en fecha 28 de julio de 2017, comenzó a transcurrir el lapso de 10 días previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual venció el día diez (10) de agosto de 2017; sin que la trabajadora accionante haya presentado el Escrito de Fundamentación de su Recurso de Apelación.-
-III-
DE LA COMPETENCIA
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia vinculante Nº. 955, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diez (2010), con ponencia del Magistrado, Francisco Carrasquero López, estableció la competencia para el conocimiento de los Actos Administrativos dictados por la Inspectoría del Trabajo, a los Tribunales del Trabajo, en los siguientes términos:
“…en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
…omissis…
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

(…) 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Así se declara.” (Subrayado y negrillas de esta Tribunal).

Conforme al criterio vinculante antes señalado, la competencia para el conocimiento de los Actos Administrativos de efectos particulares dictados por la Inspectoría del Trabajo, viene dada por la naturaleza del contenido de la relación jurídica sobre el cual recae el derecho tutelado más no en la naturaleza del órgano que lo dicta, en este sentido, la Jurisdicción Laboral es competente para el conocimiento de los actos administrativos de efectos particulares dictados por la Inspectoría del Trabajo, tales como: La pretensión de nulidad mediante el Recurso Contencioso Administrativo, las pretensiones relacionadas con la inejecución de las Providencias Administrativas dictadas por ese Órgano, y los amparos constitucionales que versen sobre lesiones originadas por el contenido de dicho acto o por la ausencia de ejecución de esos actos administrativos.
De acuerdo con el criterio vinculante antes citado, este Tribunal Superior se declara Competente para conocer el presente Recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015). Asi se establece.
IV
MOTIVACION
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACION
Este Tribunal a los fines de determinar si la formalización del Recurso de apelación es tempestiva considera importante señalar lo establecido por la Sala Constitucional, en Sentencia de fecha 30 de marzo del año 2007, del Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, caso del ciudadano, Félix Oswaldo Sánchez, con relación a la naturaleza jurídica del Recurso de apelación en materia Contencioso Administrativa:
“En efecto, la naturaleza jurídica de la apelación como medio de gravamen, supone para los órganos jurisdiccionales y concretamente para los jueces contencioso administrativos, el deber de interpretar la carga de fundamentación de la apelación en el sentido más favorable a la efectividad e instrumentalización del principio pro actione.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el órgano jurisdiccional debe interpretar la disposición contenida en el artículo 19.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de otorgarle preferencia a la operatividad del principio de doble instancia, lo cual implica que ante una posición de cariz formalista y contraria a la naturaleza del recurso de apelación que se reitera no es impugnatorio, debe otorgársele inequívocamente preferencia a la interpretación que se torne más favorable para la realización de la justicia, como fin del proceso.
A tal efecto, la exigencia de proporcionalidad a que hace referencia García Morillo (Los Derechos de la Libertad (I). La Libertad Personal. Derecho Constitucional Vol. I. Valencia: Cuarta Edición. 2000. Pág. 339) en cuanto a las consecuencias del incumplimiento u omisión de los requisitos procesales, supone el rechazo de las posiciones impugnatorias como la asumida por el ad quem en el caso de autos, máxime si tempestivamente el apelante ha manifestado inequívocamente su intención de hacer uso de su derecho a la doble instancia y a tal efecto ha fundamentado su recurso al momento de apelar.
De allí que, sin menoscabo del principio preclusión de los actos procesales, en acatamiento a la normativa constitucional que ordena no sacrificar la justicia por el excesivo formalismo y en pro del derecho a la doble instancia, entiende esta Sala que el lapso para fundamentar el recurso vence a los quince días de haber comenzado la relación de segunda instancia, sin que ello impida la oportunidad que tiene el perdidoso de ejercer la apelación y paralelamente fundamentar su recurso con anticipación a los referidos quince días, pues en tal supuesto se cumple tanto con la carga procesal dispuesta en la norma, así como con la regla in dubio pro defensa.
Significa entonces, que la carga procesal de fundamentación de las apelaciones contencioso administrativas, puede cumplirse de modo inmediato a la manifestación del interés de la parte afectada en atacar ante la alzada el fallo gravoso, toda vez que la separación espacial del acto de la apelación y su fundamentación, no puede ir en contra del derecho a la tutela judicial efectiva del apelante.
Por tanto, ambas actuaciones del apelante (la apelación y su fundamentación), deben adminicularse con los principios de celeridad y economía procesal, a efectos de que el desacuerdo tempestivo que se haga con la sentencia contra la cual se ejerce el recurso, permita el acceso a la doble instancia y el correspondiente reexamen de la cuestión litigiosa.”
Dispone la Sala Constitucional en la decisión antes mencionada, que en materia Contencioso Administrativa los Jueces deben interpretar la carga de fundamentación de la apelación, en el sentido más favorable a la efectividad e instrumentalización del principio pro accione, en este sentido, el Juez de Alzada no puede ser excesivamente formalista cuando el recurrente ha cumplido con la carga procesal de fundamentar el recurso de apelación al momento de interponer la apelación ante el Tribunal de Primera Instancia, toda vez que puede cumplirse con la carga de la formalización de modo inmediato a la manifestación del interés de la parte afectada de impugnar la decisión que le causa el gravamen.
Por otra parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00899 de fecha 07 de julio del año 2011, con ponencia de la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA, con relación a la tempestividad del recurso de apelación en materia Contencioso Administrativo estableció, lo siguiente:
“…esta Sala observa que el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la misma Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio de 2010, el establece lo siguiente:
…omisis…
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación.” (Destacado agregado).
La norma citada establece la carga procesal para la parte apelante de presentar, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su recurso. De igual forma, impone como consecuencia jurídica de la falta de fundamentación de la apelación, el desistimiento tácito de la misma.
En el presente caso esta Sala constató que la representación judicial del ciudadano Omar E. Casañas Rangel, parte demandante, no presentó el escrito de fundamentación de su recurso de apelación en el lapso correspondiente, motivo por el cual resulta procedente aplicar la consecuencia jurídica relativa al desistimiento tácito de la apelación previsto en la antes citada disposición normativa.” (Negrillas de la Sala).
En este sentido, es evidente que existe una carga procesal que debe ser cumplida por la parte recurrente una vez que manifieste su interés de impugnar la decisión dictada por el Juez A-Quo, como es la prevista en el artículo 92, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al disponer lo siguiente:
“Artículo 92. Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación.
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación.” (Subrayado por el Tribunal).

De manera que la parte recurrente siempre tendrá la obligación de presentar dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su recurso o en su defecto el mismo puede ser presentado junto con la interposición del recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia, en caso de no hacerlo se considerará desistida la apelación.-

Ahora bien, observa este Tribunal que la ciudadana, Gestherfy de Los Ángeles González Brito, interpuso Recurso de apelación a través de su ex apoder5ada, en fecha cinco (5°) de noviembre de dos mil quince (2015), contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015); siendo recibido el presente asunto en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), para su pronunciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Luego, en fecha veintinueve (29) de julio de 2016, quien suscribe se abocó al conocimiento del presente asunto y ordenó la notificación de las partes, del Procurador General de la República, del Ministerio Público y del Tercero interesado.
Posteriormente, visto el abocamiento de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), y revisadas como fueron las actas procesales que conforman el presente expediente, que en fecha diecisiete (17) de mayo del año en curso, se libró oficio Nº 0098/2016, dirigido a la Procuradora Jefe de Trabajadores en el estado Vargas, mediante el cual se le solicitó la designación de un Procurador Especial del Trabajo a la ciudadana, Gestherfy De Los Ángeles González, en su condición de parte actora, por cuanto la profesional del derecho, Ninoska Solórzano Ruíz, renunció al poder que le fuera otorgado.
En este orden de ideas, en fecha 21 de julio de 2017, se consignó en autos las resultas de la notificación practicada a la ciudadana, Gestherfy de los Ángeles González Brito; de tal manera que a partir de dicha fecha comenzó a correr el lapso de tres (3) días, otorgado por este tribunal para que procediera a la designación de un abogado que la representara. Y vencido dicho lapso, comenzó a transcurrir el lapso de 10 días previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha veintisiete (27) de julio de 2017, venció el lapso de tres (3) días otorgado para la designación de su apoderado.
Y en fecha 28 de julio de 2017, comenzó a transcurrir el lapso de 10 días previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual venció el día diez (10) de agosto de 2017; sin que la trabajadora accionante haya presentado el Escrito de Fundamentación de su Recurso de Apelación.; por lo que infiere este Juzgado que en el presente caso quedó demostrado la pérdida de interés procesal en la continuación del procedimiento iniciado con el recurso de apelación interpuesto por la parte apelante, razón por la cual se declara desistido el Recurso de Apelación visto que la parte recurrente no lo fundamentó dentro del lapso previsto en el artículo 92, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.
V
DISPOSITIVA
Este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, Actuando en Sede Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SE DECLARA DESISTIDO, Recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015); por la profesional del derecho, Ninoska Solórzano, en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, ya identificada; contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, actuando en Sede Administrativa, en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).- SEGUNDO: SE DECLARA FIRME, la Sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, actuando en Sede Administrativa, en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015); mediante la cual declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incoado por la ciudadana, Gestherfy de Los Ángeles González Brito, antes identificada, contra el Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº. 245/2013 de fecha veintinueve (29) de julio de 2013, por la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas.- TERCERO: Se ordena la notificación del ciudadano, la Procurador General de la República; de conformidad con lo previsto en el artículo 98, del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público. CUARTO: Se ordena notificar a la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO VARGAS.
QUINTO: No hay condenatoria en costas.
Publíquese, Regístrese, y déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248, del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero (1º) del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).-
Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
EL JUEZ.

Abg. Félix Job Hernández Q.
El Secretario.

Abg. Ramón Sandoval.
En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez y cincuenta minutos de la mañana (10:50 a.m.).
El Secretario

Abg. Ramón Sandoval.