TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
JURISDICCIÓN: CIVIL
I
INDICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS:

PARTES SOLICITANTES MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad No V-14.822.020 y V-15.958.940 en su orden, asistidos por la abogada MARIA JOSE MORA CHACON, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No V-17.812.176, inscripta en el Inpreabogado bajo el N° 259.298.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, relacionado con sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante.
SOLICITUD N º: 9881-17
II
NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento por escrito presentado ante el Tribunal distribuidor en fecha veinticinco (25) de octubre de 2017, correspondiendo su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado, habiendo sido presentados sus recaudos el día veintisiete (27) de octubre de 2017, de solicitud interpuesta por los ciudadanos MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO, ya identificados, asistidos por la abogada MARIA JOSE MORA CHACON, ya antes identificada alegan los cónyuges en su escrito de solicitud lo siguiente: Que el día 20 de noviembre del año 2015 contrajeron matrimonio Civil por ante el Director de Registro Civil del Municipio Capacho Viejo, del estado Táchira, tal como se evidencia del acta de Matrimonio No 059 que anexan a su solicitud, que desde el año 2015 establecieron su domicilio conyugal en la Urbanización las Acacias, carrera 5 con calle 2, numero 1.171, San Cristóbal estado Táchira; que desde hace más de un año la relación entre ellos se ha visto afectada de tal manera que no existe el afecto propio de una relación de convivencia ni cohabitación entre ellos; sin embargo después surgieron diferencias irreconciliable que han hecho imposible la vida en común y han originado la voluntad de disolver el vínculo conyugal de mutuo acuerdo; de conformidad con lo previsto en la sentencia de la Sala Constitucional N° 693, de fecha 02 de junio de 2015 con carácter vinculante, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; que durante su matrimonio no procrearon hijos ni adquirieron bienes; Por estas razones piden que la presente solicitud sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada la disolución del vínculo matrimonial existente, con todos los pronunciamientos de ley, fundamentando sus requerimientos en la Sentencia de Sala Constitucional N° 693, de fecha 02 de Junio de 2015, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Por auto de fecha 27 de octubre de 2017 (f. 07), este Tribunal admite la anterior solicitud, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, según lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil, así como lo dispuesto en la Sentencia con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, la cual dio paso a la interpretación del Divorcio sanción a la concepción del Divorcio solución, explanando en la misma que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 ejusdem, no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento. Se ordenó citar al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su citación, a fin de que expusiese lo que considerase conveniente en relación a la presente solicitud. (f07). Por encontrarse los cónyuges a derecho no se libraron boletas de citación a los mismos.
Al folio nueve (09) de la presente Solicitud, consta copia de la boleta de Citación al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, debidamente recibida por su despacho en fecha 28 de noviembre de 2017.
Mediante diligencia de fecha 29 de noviembre de 2.017, el Alguacil de este Juzgado informó que el día 28 del mismo mes y año hizo entrega de la boleta de notificación librada para el Fiscal Especializado de Protección del Niño y del Adolescente y Familia del Ministerio Público del Estado Táchira, al ciudadano RAMON DURAN, en su condición de Secretario de la Fiscalía Décimo Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. (f. 10).-
III
MOTIVA
De las actas que integran el expediente se desprende que la presente solicitud fue admitida por Divorcio por Mutuo Consentimiento conforme a las reglas establecidas en el artículo 185 del Código Civil. Se ordenó citar a la Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su citación, a fin de que expusiese lo que considerase conveniente en relación a la presente solicitud.
Seguidamente, antes de proceder esta juzgadora a motivar la presente decisión, observa del escrito de solicitud que, alegan los interesados, lo siguiente:
1) Que en fecha 20 de noviembre de 2015, contrajeron matrimonio civil por ante el Director de la Oficina del Registro Civil del Municipio Capacho Viejo, del estado Táchira como a su decir, se evidencia en Acta de Matrimonio N° 059, de fecha 14 de junio de 2017, que en copia certificada acompañaron con la solicitud;
2) Que su unión matrimonial en sus tiempos transcurrieron en forma feliz y armoniosa, sin embargo, posteriormente surgieron diferencias irreconciliables que han hecho imposible la vida en común y han originado su voluntad de disolver su vínculo conyugal, de conformidad con lo previsto en la sentencia de la Sala Constitucional N° 693, de fecha 02 de junio de 2015 con carácter vinculante, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán;
3) Que durante su matrimonio no procrearon hijos ni adquirieron bienes;
4) Que su último domicilio conyugal lo establecieron en la siguiente dirección: su domicilio conyugal lo establecieron Urbanización las Acacias, carrera 5 con calle 2, numero 1.171, San Cristóbal estado Táchira.
5) Que por estas razones piden que la presente solicitud sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada la disolución del vínculo matrimonial existente, con todos los pronunciamientos de ley, fundamentando sus requerimientos en la Sentencia de Sala Constitucional N° 693, de fecha 02 de Junio de 2015, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán
Conforme al esquema establecido en la consideración anterior, corresponde a este Tribunal decidir la presente causa, para lo cual hace las siguientes consideraciones:
Ahora bien, es menester dejar sentado que antes de nuestra Constitución venezolana publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se encontraba en el marco legal venezolano, la existencia del Código Civil desde el año 1982, y la tipificación de sus normas respondían al momento social de nuestro país, pero con la posterior sanción de la actual constitución se han ido derogando diversos capítulos, en su contenido, y se les ha otorgado un carácter de ley orgánica o de leyes especiales, con un marco legal mucho más amplio, es decir que, de este neoconstitucionalismo nacieron la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Ley Orgánica de Registro Civil, entre otras, las cuales responden en la actualidad a las necesidades de todos los venezolanos y venezolanas, es el caso, pues, que con la disolución del vínculo matrimonial el legislador tipificó la norma en dos formas meramente taxativas, estipuladas en sus artículos 185 y 185-A, mediante la cual los cónyuges de manera unilateral o en conjunto podrán demandar el divorcio, siempre y cuando se haya incurrido en los supuestos enumerados en los artículos de la Ley sustantiva civil, con lo que se presume la desobediencia de uno o varios de los deberes conyugales que la institución matrimonial comporta, es decir, que el precepto legal contiene un numerus clausus, de tal modo que, no se permite invocar un motivo distinto a los que claramente se encuentran previstos en la norma.
Sin embargo, este marco legal que rodea el divorcio en nuestro país ha resultado insuficiente y vetusto, para ésta sociedad moderna y para nuestra constitución, la cual se encuentra enmarcada en derechos tan fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, artículos 20 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, así lo afirma nuestra Sala Constitucional, que en reciente sentencia de fecha 2 de Junio de 2015, Expediente N° 12-1163, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso María Cristina Santos Boavida en contra de Francisco Anthony Correa Rampersad, estableció que el libre desarrollo a la personalidad es un “derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social.“
De tal manera que, en la sociedad actual, el matrimonio solo puede ser entendido como una institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad (art. 77 C.R.B.V.), y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, es por ello que, por interpretación en contrario, nadie puede estar obligado a mantenerse casado sin su libre consentimiento a la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las disposiciones referentes a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem).
De la sentencia ut supra invocada por este Tribunal, mediante Jurisdicción normativa otro tipo de fuente del derecho venezolano, (art. 335 C.R.B.V.), realizó una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil venezolano y declaró “con carácter vinculante el criterio interpretativo contenido en dicho fallo, de tal manera que, se amplía el contenido de las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil y establece que las mismas no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en el fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”, y así como lo afirma la misma Sala, nuestro ordenamiento jurídico aun cuando ofrece un mecanismo para demandar el divorcio, el mismo limita al justiciable con una normativa, como lo asegura la misma Sala: “sumamente estrecha”, que es insustancial, frente a los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo a resolver sobre un importante aspecto de su vida.
En el caso sub iudice, trata de una solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento, presentada por los ciudadanos: MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO, ya identificados, quienes manifestaron en su escrito, que por cuanto surgieron diferencias irreconciliables que han hecho imposible la vida en común, lo cual originó en ellos su voluntad de disolver su vínculo conyugal, de conformidad con lo previsto en la sentencia de la Sala Constitucional N° 693, de fecha 02 de junio de 2015, con carácter vinculante, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; de tal manera, que para quien juzga, los argumentos esgrimidos por los cónyuges solicitantes merecen fe, por cuanto existe entre ellos otro tipo de situación distinta a la enunciada en los artículos 185 y 185-A del Código Civil venezolano, tal y como lo es la incompatibilidad de caracteres en la que vivían los cónyuges solicitantes, lo que originó la separación de mutuo consentimiento y que por jurisdicción normativa, la Sala Constitucional, lo ha establecido, en tal sentido, la presente solicitud, por todo lo anteriormente expuesto debe prosperar en derecho, y así se decide.
Así mismo, se evidencia de las actas que integran la solicitud que los contrayentes fijaron su último domicilio conyugal en MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, estado Táchira; lo que indiscutiblemente le otorga plena competencia a este Tribunal para conocer sobre la presente solicitud; toda vez que en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 368.339 de fecha 2 de abril de 2009, el Artículo 3 la norma adjetiva civil constituye que: “ Los Jueces de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. De igual manera, en el escrito de marras, los cónyuges solicitantes, manifestaron que NO TUVIERON HIJOS, hecho indiscutible que le atribuye competencia para conocer a este Tribunal, en virtud de la materia, según lo enunciado por la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su artículo 3 señala que: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, (…)”; y así se decide.
Así mismo los apoderados judiciales conjuntamente con su escrito anexaron documentales contentivos de: copias fotostáticas de cédulas de identidad Nros. V-14.822.020 y V-15.958.940, pertenecientes a los ciudadanos “MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO” a las cuales esta Juzgadora les otorga pleno valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento.
Asimismo anexaron copia certificada de Acta de Matrimonio N° 059 del año 2015, perteneciente a los ciudadanos “MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO”, expedida por ante la Oficina del Registro Civil del Municipio Capacho Viejo del estado Táchira a la cual esta sentenciadora le confiere valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil y así se decide.-
Como se puede apreciar de las anteriores consideraciones y por cuanto del procedimiento se evidencia indiscutiblemente que los cónyuges, ciudadanos “MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO”, antes identificados, se separaron de hecho por cuanto la vida en común no les era posible, y que de tal hecho no existe a los autos elementos de presunción de haber operado la reconciliación entre ambos, lo que para este Tribunal se relaciona con los asuntos de familia por vía voluntaria, y notificado como fue por el Alguacil de este Juzgado el representante del Ministerio Público, tal y como consta al folio nueve (f. 10); por lo cual, se deja constancia que la representación del Ministerio Público no se hizo presente a pesar de habersele concedido el tiempo integro previsto en la norma para ello; en consecuencia, se considera que no hubo objeción alguna; así se considera.
Analizado como ha sido lo anterior, esta sentenciadora considera que por cuanto los solicitantes ciudadanos “MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO”, ya identificados; comparecieron ante este Tribunal de manera conjunta, voluntaria y debidamente representados de Abogados, a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento; en tal sentido, para quien aquí juzga resulta a todas luces de manera indiscutible que la presente solicitud debe prosperar en derecho, amparándose en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, Expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, y así se decide.
IV
DISPOSITIVA
De acuerdo a las consideraciones expuestas este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR EL DIVORCIO, con base a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, en consecuencia, queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL existente entre los ciudadanos MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ PEREZ y CRISTIAN JESUS RAMIREZ OSORIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad No V-14.822.020 y V-15.958.940 en su orden, contraído por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Capacho Viejo del estado Táchira en fecha 20 de noviembre de 2015 y tal como consta en Acta de Matrimonio signada bajo el No 059 del año 2015 de los libros de registro Civil del Matrimonios llevados por el Registro Civil del Municipio Capacho Viejo y por el Registro Civil Principal ambos de estado Táchira. Liquídese la sociedad conyugal existente.
Por cuanto la presente sentencia no tiene apelación se declara DEFINITIVAMENTE FIRME. Ejecútese el citado fallo. De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil, se ordena expedir por secretaría dos juegos de copias certificadas de la presente sentencia y remitirlas con oficio al Registro Civil del Municipio Libertad del estado Táchira, y al Registro Civil Principal del estado Táchira, a los fines de que estampen la nota correspondiente en la referida acta de matrimonio. Líbrense oficios. Asimismo, expídase por Secretaria un juego de copias certificadas de la presente decisión para cada uno de los solicitantes de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.
Cumplido como sea lo ordenado, procédase al archivo del expediente.
Dada, firmada y Sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. En San Cristóbal, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.
AÑOS: 207° de la Independencia y 158º de la Federación.

ANA LOLA SIERRA
JUEZ

WENDY KATHERINE ZAFRA
SECRETARIA
En la mima fecha se dictó y publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº 5379, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30a.m.), así mismo, se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal y se libró oficios N° 3190-665 y 3190-666 al Registro Civil del Municipio Capacho Viejo del estado Táchira, al Registro Principal del estado Táchira, en cumplimiento a lo ordenado anteriormente.-

SECRETARIA