REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA SAN CRISTÓBAL, 21 DE FEBRERO DE 2017 207º Y 157º ASUNTO: SP01-N-2013-000028. PARTE DEMANDANTE: Empresa A.W. SERVICIOS C.A., Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 05 de diciembre de 2002, anotado bajo el número 50, Tomo 18-A. APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: Abogado JOSÉ DEL CARMEN ORTEGA CÁRDENAS, inscrito en el I.P.S.A. bajo el número 82.952. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Certificación Médico Ocupacional signada con el N° CMO-0062-2009, de fecha 19 de mayo de 2009, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES TÁCHIRA y MUNICIPIOS PÁEZ Y MUÑOZ DEL ESTADO APURE, DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). Motivo: Nulidad de Acto Administrativo. Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva. I ANTECEDENTES DE HECHO Se inicia el presente procedimiento en fecha 09 de diciembre de 2009, por la interposición de la demanda de nulidad en contra de la Certificación señalkada anteriormente. Por auto de fecha 10 de octubre de 2013 se recibió la causa ante el Juzgado Superior del Trabajo, y el ciudadano Juez Superior del Trabajo se abocó al conocimiento de la causa en el estado en el cual se encontraba, ordenándose la notificación de las partes del abocamiento efectuado. Notificadas las partes del abocamiento del ciudadano Juez Superior en fecha 19 de febrero de 2016, se ordenó la notificación del Fiscal Superior del Ministerio Público, de la admisión de la demanda. Llegado el momento para darle continuidad a la causa, una vez cumplidas parcialmente las notificaciones ordenadas, y transcurrido un lapso considerable, este Tribunal hace las siguientes consideraciones previas: II MOTIVACIONES PARA DECIDIR De la revisión del expediente bajo estudio, se observa que constan en su totalidad las notificaciones ordenadas en auto de admisión dictado por el Juzgado en el cual se interpuso la demanda, y la remisión de los antecedentes administrativos solicitados a la DIRESAT de INPSASEL, a excepción de la notificación del Fiscal del Ministerio Público, por lo que posteriormente fue ordenada su notificación. Ahora bien, observa quien aquí juzga, que la última actuación del demandante, consistente en diligencia mediante la cual consigna el Cartel de Notificación del Tercero interesado, fue en fecha miércoles dieciséis (16) de diciembre del año 2015, y que posterior a ello, nunca acudió la parte demandante a los fines de demostrar el interés en la causa, con el impulso de la notificación ordenada. Así las cosas, conforme al desarrollo del proceso antes narrado, se observa que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al juez o jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas…”. La norma citada, conteste con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece los supuestos en los cuales se puede declarar la perención de la instancia, determinando la extinción del proceso cuando haya transcurrido un año sin haberse ejecutado ningún acto de las partes. La excepción prevista en la misma norma, se refiere a que el acto que se encuentre pendiente deba ser impulsado por el Juez de la causa, ejemplificando tales actos de impulso de oficio, con la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Desde luego que además de estos actos, cuando se da por concluida la fase de cognición y comienza la de decisión, así como ocurre en los procesos civiles, la perención deja de ser una posibilidad de terminación del proceso. Pero, en casos como el de autos, la carga del impulso procesal no puede imputársele al Tribunal, pues existe una exigencia legal y material de impulso del procedimiento incoado, más allá de las actuaciones del tribunal, debiendo, por ejemplo, suministrar su propia dirección y ubicación, o darse por notificado, a los fines de agotar las formalidades para la continuación del juicio, e igualmente suministrar las copias certificadas que acompañen a las notificaciones ordenadas por el Tribunal, e impulsar las notificaciones faltantes. Por ello, apreciado que con posterioridad al día dieciséis (16) de diciembre del año 2015, la parte accionante no realizó ningún acto en el proceso, y por cuanto a la fecha de publicación del presente fallo, ha transcurrido el lapso de inactividad previsto en la norma antes citada, como requisito para la materialización de la perención, este juzgador debe proceder a su declaratoria con la presente decisión, declarando además la extinción del proceso. Y así se decide.- III DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio de nulidad incoado por la representación judicial de la empresa A.W. SERVICIOS C.A., en contra de la Certificación Médico Ocupacional signada con el N° CMO-0062-2009, de fecha 14 de mayo de 2009, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. En consecuencia, se declara la extinción del presente proceso. Publíquese, regístrese y expídase copia certificada de la presente sentencia, para ser agregada al libro respectivo. Notifíquese a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, con inserción de copias certificadas de la presente decisión. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017), año 206º de la Independencia y 158º de la Federación. El Juez ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B El secretario ABG. JULIO CÉSAR PÉREZ M. Nota: En este mismo día, 21-2-2017, siendo la una y treinta horas de la tarde (01:30 p.m.), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. El secretario ABG. JULIO CÉSAR PÉREZ M. SP01-N-2013-28 JFE/migr.