TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
CORTE DE APELACIONES

Jueza Ponente: Abogada Nélida Iris Corredor.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
ACUSADO
JOEL ENRIQUE ANGULO NEGRON, de nacionalidad Colombiana, quien se identificó con el número de cédula de identidad N° V.- 13.927.787, ampliamente identificado en autos.
DEFENSA
Abogada Doris Esperanza Escalante Moreno, Defensora Pública Décimo Quinta Penal con Competencia exclusiva en la Fase de Ejecución.
FISCALÍA ACTUANTE
Abogadas Giovanna Milagros Mora Molina y Janina Leivet Peñaloza Guerrero, Fiscal Provisorio Encargada Duodécima y Fiscal Auxiliar Interina Duodécima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
DE LA RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO
Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de revisión de sentencia interpuesto por la Abogada Doris Esperanza Escalante Moreno en su carácter de defensora pública del ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón, contra la sentencia publicada en fecha 29 de marzo de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, mediante la cual entre otros pronunciamientos, Condenó al ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón a cumplir la pena de doce (12) años y tres (03) meses de prisión, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.
En fecha 08 de noviembre de 2016, se dio cuenta en sala y se designó ponente a la Jueza Nélida Iris Corredor.

En fecha 21 de noviembre de 2016, a los fines de la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia se acordó solicitar la causa original al Tribunal de origen.

En fecha 13 de diciembre de 2016, se recibió oficio N° 2880, de fecha 13 de diciembre de 2016, procedente del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial, mediante el cual remite el asunto principal la cual fue solicitada a los fines de la admisibilidad.

En fecha 21 de diciembre de 2016, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se fijó para la décima audiencia siguiente, la realización de audiencia oral y pública.

En fecha 18 de enero de 2017, se realizó la audiencia oral y pública en la presente causa. Las partes expusieron sus alegatos y la Jueza Presidenta informó a las partes que el íntegro de la decisión sería publicado a la décima audiencia siguiente, a las dos horas y treinta minutos de la tarde.

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
OBJETO DE LA APELACIÓN

En el escrito acusatorio presentado por la Representación Fiscal, de fecha 17 de marzo de 2011, establece los siguientes hechos:

“En fecha 16 de febrero de 2011, los funcionarios SM/2. ARAUJO ZAMBRANO JUAN, y S71. CARDOZO ORTEGA KALY, adscritos al Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras N° 11 suscribieron ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL NOR. CR-1-DEF-11-1-3-SIP-147/, de conformidad con los artículos 110, 111 y 112, 113 del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con los artículos 12 y 14 del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, dejaron constancia que siendo aproximadamente las 10:00 horas de la mañana, encontrándose de servicio en el Punto de Control Fijo, un vehículo de transporte público informal tipo taxi marca Daewoo, modelo lanos, color blanco, placas DK071T, conducido por el ciudadano: José Patrocinio Cruz Rojas, (sic) en el cual viajaba en condición de pasajero un ciudadano de sexo masculino a quien se le pudo notar una actitud de nerviosismo solicitándole al mismo que descendiera del vehículo y los acompañara hasta la parte interior del Comando del punto de control fijo de Peracal, procediendo de inmediato a verificar la cédula presentada por el ciudadano que se identificó como JOEL ENRIQUE ANGULO NEGRÓN ante la oficina del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), siendo atendidos por el funcionario Juan Serrano, quien manifestó que el número de cédula V.-13.927.787, registra en el sistema, pero que a su vez mencionado documento presenta características no acordes a las emitidas por el SAIME, motivo por el cual le solicitaron al ciudadano antes mencionado que los acompañara hasta el área de inspección de personas con la finalidad de efectuarle una inspección corporal y a sus pertenencias, amparados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, procediendo a solicitar la presencia de dos ciudadanos testigos, quienes fueron identificados como: (sic) una vez estando presentes en el área de inspección de personas le solicitaron al ciudadano que se identificó como JOEL ENRIQUE ANGULO NEGRÓN, que se despojara de sus prendas de vestir y colocara sobre la mesa todo lo que tuviese en el interior de la bolsa de regalo que llevaba consigo, logrando observar que en el interior de la misma extrajo un (01) envoltorio de forma rectangular forrado en plástico de color negro que al ser perforado en su interior contenía una sustancia de color blanco con olor fuerte y penetrante característico de la presunta droga denominada Cocaína, procediendo en presencia de los testigos a realizar una perforación y extraer una muestra de sustancia con el fin de realizarle la prueba de campo Narco Test, dando esta como resultado una coloración azul la cual indica positivo para el resultado de la droga denominada Cocaína por lo que de inmediato realizaron el pesaje del envoltorio el cual arrojó un peso bruto de un (01) Kilogramo. (…)”

CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO

En fecha 29 de marzo de 2011, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, publicó el íntegro de la sentencia mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón a cumplir la pena de doce (12) años y tres (03) meses de prisión, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.

Contra dicha sentencia, la Abogada Doris Esperanza Escalante Moreno en su carácter de defensora pública del penado de autos, interpuso recurso de revisión de sentencia ante esta Corte de Apelaciones, solicitando la revisión de la referida decisión y la rebaja de la pena que le fue impuesta penado de autos.
DE LA SENTENCIA RECURRIDA
La sentencia dictada fecha 29 de marzo de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, entre otros pronunciamientos señala lo siguiente:

(Omissis)
“TERCERO: SE CONDENA al acusado JOEL ENRIQUE ANGULO NEGRON, ya identificado, actualmente recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS Y TRES (03) MESES DE PRISION; todo de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber declarado y admitido de manera libre, sin apremio y voluntaria su admisión de los hechos, en la comisión de los delitos de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, y USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública, Se condena igualmente al acusado a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal.”
(Omissis)
DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO
Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2016, Abogada Doris Esperanza Escalante Moreno en su carácter de defensora pública, interpuso recurso de revisión de la sentencia dictada fecha 29 de marzo de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, señalando lo siguiente:

(Omissis)
Capitulo III
De la Dosimetría Penal
Mi defendido el ciudadano JOEL ENRIQUE NEGRON fue condenado por el delito por la (sic) comisión del delito de Trasporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Se observa que el juez aplico el limite medio de la pena es decir 15 años y luego conforme al artículo 376 , hizo la rebaja de un tercio, pero por cuanto no podía disminuir la pena de su límite inferior la rebaja hasta 12 años y lo condeno a 12 años. Ahora bien, habiendo admitido los hechos mi defendido, y aplicando el procedimiento por admisión de los hechos, ahora artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y tratándose del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, al haberse incautado la cantidad de NOVESCIENTOS OCHENTA GRAMOS (980) GRAMOS (SIC) DE COCAINA y habiendo admitido los hechos mi defendido, pido que se le aplique el principio de favorabilidad, ahora artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y modifique la pena en 10 años y así pido se decida.

Capitulo IV
Del Petitorio
Por las razones de hecho y de Derecho anteriormente expuestas solicito a la Corte de Apelaciones, admita el presente Recurso de Revisión, lo sustancie conforme a Derecho y lo declare con lugar en la definitiva, en consecuencia:
(Omissis)

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Analizados los fundamentos tanto de la decisión recurrida como el escrito de apelación presentado por la defensa, esta Corte de Apelaciones del estado Táchira, hace previamente las siguientes consideraciones:

Visto el recurso de revisión interpuesto por la Doris Esperanza Escalante Moreno, en su carácter de defensora pública del ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón, contra la sentencia publicada en fecha 29 de marzo de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, mediante la cual entre otros pronunciamientos; condenó al ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón a cumplir la pena de doce (12) años y tres (03) meses de prisión, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.

Primero: La Abogada procedió a ejercer el recurso de revisión de sentencia fundamentando el mismo en el encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.

Asimismo, señala la defensora que en materia penal las leyes que reduzcan una pena o eliminen o modifiquen un tipo delictivo, deben tener siempre efecto retroactivo, porque ese efecto beneficia al acusado o penado; casos en los que debe proceder la revisión de la sentencia, a objeto de que se dicte una nueva, que reduzca la pena a justo límite o que ordene la libertad de que haya sido condenado por la comisión de un delito, cuyo tipo delictivo fue suprimido en la nueva ley.

Segundo: Esta Superior Instancia, siempre garantista de derechos y garantías constitucionalmente establecidos, procede a efectuar la revisión de la sentencia aquí analizada interpretando se forma amplia el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala:

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
(Subrayado de esta Corte de Apelaciones)
De esta forma, se aprecia que el contenido de dicha norma, específicamente cuando contiene la expresión “excepto cuando imponga menor pena”, debe ser entendida mediante una interpretación finalística, en el sentido de que será retroactiva la ley que imponga un menor gravamen al reo, y beneficie su situación.
En aras de efectuar un desarrollo constitucional armónico e integral, de lo que se concluye que esta nueva norma es más beneficiosa para ciertos penados y en consecuencia debe aplicarse al momento de su entrada en vigencia a los procesos que se hallaren en curso.

De manera que, la norma constitucional citada establece uno de los soportes de seguridad jurídica pues señala la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales, en principio y como regla general, no son aplicables a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, salvo las excepciones allí previstas, a saber las leyes de procedimiento se aplicarán aun a los procesos que se hallaren en curso cuando entren en vigencia, con la limitación relativa a los procesos penales, en los cuales se estimarán las pruebas evacuadas conforme a la ley vigente para la fecha en que fueron ofrecidas, en cuanto beneficien al reo o rea; y cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
En consecuencia, no hay razón que justifique la no extensión de esta concepción de la retroactividad de la ley penal más favorable al resto de los delitos que tipifica nuestro ordenamiento jurídico interno, sobre el particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha señalado, de manera inequívoca, que se aplicará la ley más favorable al reo; en este sentido, cabe señalar las siguientes decisiones:

“Se trata de una disposición contenida en la Constitución de 1999, menos favorable al reo y, además, aplicada retroactivamente, por cuanto el delito fue cometido antes de la entrada en vigencia del actual texto constitucional. Aun cuando se considere que se trata de una norma de procedimiento y, por tanto, aplicable desde su misma entrada en vigencia a los procesos ya en curso, tiene prelación el principio general de la extra-actividad de la ley penal cuando la misma fuere más favorable al reo, contenido en la misma disposición, así como en las Leyes Aprobatorias del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José; artículo 418)” (Subrayado Nuestro)

Asimismo, en ponencia del Magistrado Ponente José Manuel Delgado Ocando la Sala dejó sentado:
“Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado.
La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales, que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal más favorable y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito, o por el contrario, con la nueva ley se desfavorece al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, por lo que ésta adquiere supervivencia” (Subrayado Nuestro)

Por su parte, el autor Alberto Arteaga Sánchez, en su obra Derecho Penal Venezolano , señala en relación con el principio de irretroactividad de la ley y la excepción de la retroactividad de la norma penal más favorable, lo siguiente:
“En nuestro ordenamiento penal tiene plena vigencia el principio de la irretroactividad de la ley,...
Pero a pesar de lo expresado, en nuestro propio ordenamiento se establecen excepciones al principio general, admitiéndose la retroactividad de la ley nueva cuando ésta sea más favorable al reo. De esta forma el artículo 24 de la Constitución señala: ‘Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena’. Y el artículo 2 del Código Penal, reza: ‘Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena”.
Aunado a ello, el Código Orgánico Procesal Penal vigente establece en las disposiciones finales de manera clara el principio de extraactividad penal, señalando:

“Quinta. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se aplicará desde su entrada en vigencia aún para los procesos que se hallaren en curso, y para los hechos punibles cometidos con anterioridad, siempre que sea mas favorable al imputado o imputada.”

Con relación a lo anterior, como bien se sabe el artículo 21 de la Norma Adjetiva Penal contempla la procedencia del recurso de revisión:

Articulo 21. “Concluido por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este Código“.
Pero es el artículo 465 del referido Código Orgánico Procesal Penal el que delimita el ámbito de acción y procedibilidad de dichos recursos expresando lo siguiente:

“La revisión, en el caso del numeral 1 del artículo 462, corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal.
En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible, y en los de los numerales 4 y 5 corresponderá al Juez del lugar donde se perpetró el hecho”.

Ahora bien de la lectura y subsiguiente análisis efectuado al recurso de revisión interpuesto por la defensa del penado de autos se desprende que el mismo se basa en el numeral 6° del artículo 470 ejusdem que establece:

“La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:

6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida”.

De la lectura de artículo citado ut supra se infiere que para que proceda la interposición del recurso de Revisión tiene que coexistir varias circunstancias:

 Una Ley promulgada con posterioridad a la fecha de la condena.
 Que dicha ley haya señalado una disminución de pena al delito por el cual fue juzgado y condenado el ciudadano recurrente o que esa nueva ley quite el carácter de punible al hecho.

Así las cosas, es importante precisar que el recurso de revisión es un medio procesal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que se ejerce contra sentencias definitivamente firmes, por lo tanto dicho recurso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, considerando que uno de los importantes soportes de seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho, es la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales.

De esta forma, el principio de cosa juzgada trae consigo la inmodificabilidad de la sentencia en protección a la seguridad jurídica, siento necesaria la existencia de ambos para el mantenimiento de la tutela judicial efectiva, la cual constituye una garantía para las partes, pues, las resoluciones judiciales dictadas en un proceso que hayan adquirido el carácter de firmeza, no podrán ser alteradas ni modificadas, siendo que en caso contrario la protección judicial perdería su eficacia.

Aunado a ello, debe señalarse que la cosa juzgada se encuentra prevista en ordinal 7° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; constituyendo un requerimiento del ordenamiento jurídico venezolano, la firmeza de los fallos judiciales; de esta forma, el recurso de revisión se presenta como una excepción a la regla, y va dirigido contra los fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, dando paso a la aplicación retroactiva de una ley mas benigna que la aplicada en la sentencia.

Igualmente, el recurso de revisión no es mas que un medio de impugnación extraordinario, por tratarse de las situaciones excepcionales anteriormente mencionadas, poseyendo efectos muy propios, el cual tiene por objeto la revisión de una sentencia convertida en cosa juzgada y por lo tanto irrevocable por los medios recursivos ordinarios.

Ahora bien, en el caso de autos se trata de una sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, y siendo el recurso de revisión una vía extraordinaria y por demás excepcional el mismo debe sustentarse en las causales que de forma taxativa a determinado el legislador, por que este viene a cambiar una decisión cuyos efectos son firmes y ejecutables.

En el caso bajo estudio, no se da el supuesto de hecho de la entrada en vigencia de una nueva ley que quita o suprime el carácter de punibilidad de el hecho que dio origen a la investigación posterior acusación y subsiguiente condena del imputado, así como tampoco se ha sancionado una ley nueva que disminuyera la pena a la conducta desplegada por el imputado la cual fue subsumida los tipos penales de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.

El estudio que debe hacer esta Superior instancia se circunscribe a que a raíz de la entrada en vigencia una nueva ley adjetiva penal, este texto normativo que regula de manera distinta el procedimiento especial de Admisión de los Hechos ahora previsto en el artículo 375.

Del análisis efectuado a esta nueva norma, se infiere que de su contenido se desprende una sustancial modificación del derogado articulo 376, reforma que afecta específicamente lo relacionado al limite de la rebaja de la pena a imponer, ya que de acuerdo al nuevo artículo es posible efectuar una rebaja de pena que supere pasar del limite minino de esta, lo que especialmente prohibía el Código Orgánico Procesal Penal derogado en este tipo de delitos.

Tal cambio se sustenta en doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia, la cual señala:

“… No obstante el pronunciamiento anterior, la Sala observa que, con posterioridad a la sentencia recurrida, el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, fue derogado conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078, Extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012, acarreando como consecuencia que, a pesar de haber sido declarado sin lugar el recurso de casación interpuesto, resulte pertinente revisar a la luz de una correcta aplicación de la justicia, la pena impuesta al acusado.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 24 el principio de irretroactividad de la ley; y, asimismo, dispone la excepción a este principio en los términos siguientes:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.”
Conforme a la citada norma, en los procesos penales que se encuentren en curso (que no hayan pasado en autoridad de cosa juzgada), la retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales (ya sean sustantivas o adjetivas) más favorables al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, de manera que, atendiendo al principio de favorabilidad del reo, la ley penal puede ser aplicada en forma retroactiva o con efecto retroactivo por los administradores de justicia, en caso que sea procedente.
Por los argumentos expuestos, la Sala pasa a computar la pena en los términos siguientes… (N° 310 del 16/08/2013).
Tercero: Expresado lo anterior, esta Superior Instancia pasa a revisar la sentencia sujeta al presente recurso y observa con detenimiento el cálculo dosimétrico de la pena, realizado por el Tribunal de Instancia en el que al realizar el cálculo de la pena, señaló lo siguiente:
“Al abordar la dosimetría penal aplicable, se aprecia que el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, el cual prevé una sanción corporal que oscila entre doce (12) años a dieciocho (18) años de prisión, siendo su término conforme al artículo 37 del Código Penal, de quince (15) años de prisión.
Ahora bien, este Juzgado revisada minuciosamente la causa, aprecia que el acusado de autos no registra antecedentes penales, por lo que se hace acreedor de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 74.4 del Código Penal, por lo que se rebaja la pena a su limite inferior, o sea a doce (12) años de prisión.
Por último, con base a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, (…) la pena definitiva a imponer al acusado de autos por este delito, es la de doce (12) años de prisión. Así se declara.
Omissis
Igualmente, el acusado admitió los hechos por el delito de uso de documento público falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación, que prevé una pena de un (01) año a tres (03) años de prisión, y conforme la regla del término medio del artículo 37 del Código Penal, queda en dos (02) años de prisión, pena esta que se toma en su limite inferior, aplicando la circunstancia atenuante prevista en el artículo 74.4 del Código Penal (no registra antecedentes penales), es decir, un (01) año de prisión, y por cuanto existe concurrencia de delitos se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 88 del Código Penal. Es decir, que sólo se tomará la mitad de esta pena, o sea la de seis (06) mes (sic) de prisión, y por la aplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal se rebaja la mitad de la pena (1/2), quedando la misma en tres (03) meses de prisión, que sumada a la pena principal de DOCE (12) AÑOS DE PRISION por el primer delito queda como pena definitiva a imponer al acusado la de DOCE (12) AÑOS Y TRES (03) MESES DE PRISIÓN.- Y así se decide.”
Omissis
Ahora bien, en vista de la solicitud de revisión realizada por la defensa del penado, invocando la retroactividad de la norma adjetiva penal, contra la decisión de fecha 29 de marzo de 2011, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, por ser esta más beneficiosa a su representado, consideramos necesario los miembros integrantes de esta Alzada que en sintonía con las garantías constitucionales que deben prevalecer en todo proceso judicial, en atención a la tutela judicial efectiva, la cual entre una de las definiciones expuestas por la doctrina patria, nos dice que no es otra cosa sino el principio según el cual cualquier persona puede y debe ser protegida y amparada en el ejercicio pacífico de sus pretensiones ante la justicia para que esas pretensiones les sean satisfechas.

Lo que no quiere decir aceptadas, sino resueltas razonadamente con arreglo a Derecho y en el lapso de un proceso en que todas las personas titulares de derechos e intereses afectadas por esas pretensiones puedan alegar y probar lo pertinente a la defensa de sus respectivas posiciones; y con fundamento en lo previsto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que “Cuando la decisión sólo haya sido impugnada por el imputado o imputada, o su defensor o defensora, no podrá ser modificada en su perjuicio.

Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado o imputada”, en tal sentido lo procedente es efectuar por esta Alzada el calculo de la pena impuesta al penado Joel Enrique Angulo Negrón, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.

En consecuencia, la pena aplicable para el caso sometido al conocimiento de esta Alzada, es la resultante de las siguientes consideraciones:

El ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón, se acogió al procedimiento por admisión de los hechos, encuadrados en los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.

En relación al primero de los delitos Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Especial, establece un rango de pena de doce (12) a dieciocho (18) años de prisión, siendo el término medio imponible de quince (15) años de prisión, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 37 de la Norma Sustantiva Penal.

Asimismo, teniendo en cuenta que el Jurisdicente aplicó la rebaja contenida en el artículo 74.4 del Código Penal –por cuanto el ciudadano no presenta antecedentes penales- esta Alzada procede a aplicar el término minino siendo este de doce (12) años de prisión.

Por su parte, en lo que respecta al segundo de los delitos endilgados Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación., la Ley Especial, establece un rango de pena de uno (01) a tres (03) años de prisión, siendo el término medio imponible de dos (02) años de prisión, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 37 de la Norma Sustantiva Penal, y de igual forma, teniendo en cuenta que el A quo aplicó la rebaja contenida en el artículo 74.4 del Código Penal –por cuanto el ciudadano no presenta antecedentes penales- esta Alzada procede a aplicar el término minino siendo este de un (01) años de prisión.

Debiendo seguidamente, realizarse el concurso de delitos de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Penal, dando como resultado hasta este punto, una pena de doce (12) años y seis (06) meses de prisión.

Quantum éste sobre el cual se aplicará la rebaja respectiva por haberse acogido la acusado de autos al procedimiento especial por admisión de los hechos en esta oportunidad el artículo 375 de la Norma Adjetiva Penal vigente. Así pues, cabe hacer mención a lo previsto en el mencionado artículo, teniendo en cuenta que el mismo señala lo siguiente:

“El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra a libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave dalo al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violación grave a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación, y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.” (Negrillas y Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Ahora bien, la norma transcrita establece el cauce procesal idóneo para dictar sentencia anticipada por conducto de este procedimiento especial, habida cuenta la admisión de los hechos realizada por la acusada. Además, establece un rango cuantitativo para la rebaja aplicable, que va, en principio, desde un tercio hasta la mitad de la pena que deba imponerse, ponderando dichos extremos en atención todas las circunstancias del caso.
De igual modo, establece que tratándose de delitos relativos a la integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes como el de autos, la rebaja de pena sólo será hasta un tercio de la misma.

Así pues, es menester acotar que el Diccionario de la Real Academia Española ha establecido el significado de tales preposiciones, de manera que, desde “denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede o se origina o ha de empezar a contarse una cosa” y; hasta “denota el término o límite”, es decir, el punto de llegada.

Visto lo anterior, se evidencia que la norma sub examine prevé para la rebaja del mencionado procedimiento por admisión de los hechos, un rango desde un tercio a la mitad de la pena; no obstante, también señala una excepción para determinados casos que la misma norma delimita.

En cuanto a lo anterior, cabe señalar que la norma establece – como excepción – un máximo para la rebaja de la pena por admisión de los hechos, hasta un tercio de la misma, pudiendo el Juez o Jueza ponderar las circunstancias de cada caso para la aplicación de la rebaja de la pena; es decir, establece el limite máximo a rebajar, de forma que denota el término o límite de llegada, mas no señala un origen para la aplicabilidad de la misma, pudiendo en consecuencia tomar discrecionalmente el término a rebajar, ajustándolo a la magnitud del daño causado, las circunstancias de la comisión del hecho punible, y el tipo de delito cometido, fundando cabalmente su decisión, pero sin poder rebajar más del tercio antes referido.

En el caso de marras, debe señalarse que según Dictamen Pericial Químico N° DO-LC-LR-1-JEF-DQ-11/495, de fecha 02 de marzo de 2011, suscrito por el experto Jorge Elias Salcedo Zambrano, adscrito al Laboratorio Regional Nro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, la muestra suministrada posee un peso neto de novecientos ochenta gramos (980 gramos) correspondiente a cocaína.

Así pues, quienes aquí deciden en atención a lo anteriormente referido, considerando el delito y la magnitud del daño causado, asimismo, teniendo en cuenta que el tipo penal admitido se encuentra contendido dentro de la excepción prevista en el artículo 375 de la norma penal adjetiva que prevé la rebaja de hasta un tercio, y en virtud de que la cantidad incautada, es por lo que lo ajustado en el caso de marras es la aplicación de la rebaja de un quinto, siendo un quinto de doce (12) años y seis (06) meses de prisión, dos(02) años y cinco (05) meses de prisión.

De esta manera, la pena resultante a ser impuesta en el presente caso luego de la rebaja a imponer por el procedimiento por admisión de los hechos es la de DIEZ (10) AÑOS Y UN (01) MES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación. Rectificándose de esta manera la pena impuesta al referido ciudadano, y así finalmente se decide.

DECISIÓN
Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de revisión de sentencia definitivamente firme interpuesto por la Abogada Doris Esperanza Escalante Moreno en su carácter de defensora pública del ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón.

SEGUNDO: MODIFICA la decisión publicada en fecha 29 de marzo de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, mediante la cual entre otros pronunciamientos, Condenó al ciudadano Joel Enrique Angulo Negrón a cumplir la pena de doce (12) años y tres (03) meses de prisión, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley de Identificación.
TERCERO: Esta Corte de Apelaciones, procede a modificar la decisión publicada en fecha 01 de febrero de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Táchira, Extensión San Antonio, en lo que respecta a la dosimetría de la pena, quedando la pena definitiva a imponer al acusado de autos Joel Enrique Angulo Negrón en DIEZ (10) AÑOS Y UN (01) MES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal.
Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los tres (03) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Las Juezas de la Corte,

Abogada Nélida Iris Corredor
Jueza Presidenta – Ponente

Abogada Ladysabel Pérez Ron Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez
Jueza de Corte Jueza de Corte

Abogada Rosa Yuliana Cegarra Hernández
Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
La Secretaria.-

1-Rr-SP21-R-2016-000482/NIC/mh.-