TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
206º Y 157°

EXPEDIENTE Nº 2979/2016

PARTE DEMANDANTE: El ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.447.785 y con domicilio en el Municipio Capacho Nuevo del Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: La ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.778.340 y domiciliada en el Municipio Capacho Nuevo del Estado Táchira.

MOTIVO: OFRECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.

PARTE NARRATIVA

A los folios 1 y 2, corre inserto escrito presentado en fecha 08 de noviembre de 2016, por el ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA, mediante el cual realiza un ofrecimiento de la obligación de manutención a favor de sus hijos, que estima en la suma de CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 40.000,00) mensuales, CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) para la época escolar, y CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) para la época de navidad; y cancelar el 50% de los gastos de asistencia médica y medicinas. Afirma que por cuanto no hay posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo con la madre de sus hijos para la manutención, solicita la mediación de esta Institución, igualmente que la madre asuma la responsabilidad de aportar de manera justa y según la ley el 50% de la manutención de los niños, en cuanto a comida, medicinas, gastos escolares, ropa, zapatos y recreación, que él ha asumido solo hasta la presente fecha, pero que por la situación económica actual, necesita que lo ayude, que la madre de sus hijos se dedica a vender ropa, y tiene sus propios ingresos; solicita que se cite a la mencionada ciudadana en la Alcaldía del Municipio Capacho Nuevo, en el Departamento de Recaudación. Anexó recaudos cursantes a los folios 3, 4 y 5.

Al folio 6, corre agregado auto de fecha 15 de noviembre de 2016, mediante el cual se admite la solicitud de Ofrecimiento de la Obligación de Manutención, presentada por el ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA; se acordó la citación de la ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA y la Notificación al Fiscal del Ministerio Público. Copias de las boletas a los folios 7 y 8.

Al folio 9, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano JOSE MIGUEL SANTOS, mediante la cual consigna Boleta de Notificación al Fiscal 14 del Ministerio Público, debidamente firmada. (Folio 10)

Al folio11, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano JOSE MIGUEL SANTOS, mediante la cual consigna Boleta de citación debidamente firmada por la ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA. (Folio 12)

Al folio 13, corre inserta Acta de fecha 26 de enero de 2017, mediante la cual siendo el día y hora fijados para la celebración del Acto Conciliatorio, se declara desierto el acto por la inasistencia de las partes. Se abrió el lapso de pruebas, conforme con lo establecido en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (1999).

PARTE MOTIVA

ESTE TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

1º CONFESIÓN FICTA DE LA DEMANDADA:
De las actas procésales se desprende, que la ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA, fue debidamente citada para celebrar el acto conciliatorio con el solicitante; sin embargo, en la oportunidad fijada para llevar a cabo dicho acto, no se hizo presente ni por sí, ni por intermedio de apoderado. De igual manera, tampoco acudió durante el lapso de pruebas, por lo cual no expuso sus excepciones y defensas en ninguna oportunidad, tal como lo señala el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1999).
De manera que, ante la rebeldía presentada por la prenombrada ciudadana en ejercer su derecho a la defensa, resulta aplicable lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil el cual nos indica:
“Si el demandando no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”.
En el presente caso, la demandada debió acudir al acto conciliatorio o en su defecto, dar contestación a la demanda incoada en su contra; sin embargo no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial. En virtud de la inasistencia de la accionada a dar contestación a la demanda dentro de su oportunidad, le es aplicable la normativa de la ley adjetiva civil, relativa a la confesión ficta; así tenemos el criterio de nuestro máximo Tribunal en Sala de Casación Civil, en reiteradas sentencias ha enumerado las circunstancias que deben concurrir para que se produzcan los efectos atribuidos por la Ley a la Confesión Ficta, estableciendo:
“… Conforme a lo anterior, es ineludible que el juez examine tres (3) situaciones, a saber: a) Que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la demanda no sea contraria a derecho, o sea que la acción propuesta no esté prohibida por la ley, sino por el contrario amparada por ella; y c) Que nada probare que le favorezca, es decir, que el demandado no haya ejercido su derecho a promover y evacuar las pruebas que le favorezcan, o aun cuando las hubiese presentado y evacuado, no sean capaces de desvirtuar las alegaciones de la demandante (sentencia de fecha 27 de agosto de 2004)…” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, año 2005, Pág. 586).

En el caso bajo estudio, se observa que la demandada se encontraba en conocimiento de la demanda interpuesta en su contra, no obstante ello, asumió una actitud de franca rebeldía, toda vez que dentro de la oportunidad de dar contestación a la misma, es decir el día 26 de enero de 2017, no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, con lo que se configuró el primer requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, por no haber dado contestación a la demanda dentro del lapso previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Con respecto al segundo requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, abierta la causa a pruebas, la parte demandada no probó nada que le favoreciera y tampoco alegó el caso fortuito o la fuerza mayor que le hubiese impedido dar contestación a la demanda, si tal fuera el caso, configurándose otro de los requisitos de la norma invocada.
Por último, acerca del tercer requisito, se observa que la pretensión del demandante no sólo no es contraria a derecho, sino que está amparada por la legislación especial que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes, normas que tienen el carácter de orden público.
Conforme con lo antes expuesto, es criterio de quien juzga que se encuentran llenos los extremos exigidos por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para que la demandada SEA DECLARADA CONFESA. Y ASÍ SE DECIDE.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

En palabras del Dr. Raúl Sojo Bianco, la obligación de manutención es “… el derecho y correlativa obligación legal que tiene por objeto proporcionar a una persona necesitada, por parte de su pariente, los medios necesarios para su manutención y sobrevivencia…”, (Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, página 58).

Este derecho que está previsto en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, en los términos de la norma contenida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, comprende:

“… todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente”.

Ahora bien para que sea procedente la exigencia del derecho de alimentos, entre el beneficiario y el obligado debe existir el vínculo parental, habida cuenta que es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, así lo prevé el artículo 366 de la Ley bajo estudio, al señalar:

“La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad...”. (Subrayado de este Tribunal)

La norma transcrita ha sido analizada por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 23 de abril de 2003, con ponencia del magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, donde se señaló lo siguiente:

“…Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del adolescente, se estableció de manera expresa el carácter de orden público de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Igualmente, se instituyó el interés superior del niño como principio interpretativo para su aplicación y como garantía del desarrollo integral de los mismos.
…En tal sentido el artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente es concordante con el Código Civil Venezolano, cuando establece que la obligación alimentaria es una consecuencia de la filiación legal o judicialmente declarada…”. (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, Abril de 2003, página 207 y siguientes)

A la luz de los criterios expuestos, entra esta juzgadora a determinar si en el caso de autos, se constata la existencia del primer requisito de procedencia, al respecto se observa que a los folios 4 y 5, rielan Partidas de Nacimiento signadas con los Nros. 775 y 25, expedidas por el Registro Civil del Municipio Caroní, del Estado Bolívar, las cuales consisten en instrumentos auténticos cuya presunción de certeza no fue desvirtuada por la contraparte con otro medio de prueba, razón por la cual esta administradora de justicia les confiere pleno valor probatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 457 del Código Civil, en concordancia con lo señalado en el artículo 1357 eiusdem y sirven para demostrar que los beneficiarios de autos, son hijos de los ciudadanos ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA Y LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA.

Habiéndose demostrado la filiación que une a los beneficiarios de autos con el ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA y con la ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA, corresponde a quien juzga determinar si se cumplen los otros dos requisitos de procedencia, y al efecto, considera esta sentenciadora que cuando se trata de alimentos a favor de niños, niñas o adolescentes, no hace falta probar el estado de necesidad del reclamante, pues, por mandato de la Ley, ellos tienen derecho a recibir alimentos de sus progenitores, tal como lo señala el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al indicar:

“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas… La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”

Finalmente, debe verificarse si el obligado tiene posibilidades económicas de proporcionar al reclamante los recursos suficientes que se le pidan, conforme se desprende del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:

“Para la determinación de la Obligación de Manutención, el juez o jueza debe tomar en cuenta, la necesidad e interés del niño, niña y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad de la filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo….” (Subrayado del Tribunal)

En consonancia con lo anterior, el artículo 294 del Código Civil, dispone:

“Para fijar los alimentos se atenderá a las necesidades del que lo reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlo”.

Por lo que respecta a la capacidad económica del obligado, observa esta operadora de justicia que de las actas procesales no se verifica dicho requisito, ya que no se aportaron elementos de pruebas que demostraran el salario mensual del alimentista oferente, ya que la madre no compareció a ejercer su derecho a la defensa en ninguna oportunidad procesal, por lo que esta sentenciadora tiene como punto de partida para fijar la obligación de manutención a favor de los acreedores alimentarios, el SALARIO MINIMO vigente establecido por el Ejecutivo Nacional, en Bs. 40.638,00. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Tomando en cuenta los presupuestos procesales tanto de hecho como de derecho y en los términos de los artículos 8, 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, determina esta Juzgadora que deben garantizarse los derechos que tienen los beneficiario de autos de vivir en condiciones que le permitan llegar a su normal desarrollo biológico, psíquico, moral y social, dentro de un ambiente de seguridad amparado por sus progenitores. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Como colorarlo de lo anterior, considera quien aquí juzga, que es viable el ofrecimiento realizado por el ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA, ya que la madre no acudió a ejercer su derecho a la defensa y no presentó medios de pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar lo alegado por el alimentista; de tal manera que resulta forzoso concluir que el ofrecimiento realizado por el padre es procedente y así se establecerá en la dispositiva del fallo, ateniéndose al interés de los beneficiarios de autos, a la realidad social actual y el artículo 76 constitucional. Y ASÍ SE DECLARA.-

PARTE DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY y en virtud del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de OFRECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, presentada por el ciudadano ORLANDO DEL CARMEN TORRIVILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.447.785 y con domicilio en el Municipio Capacho Nuevo del Estado Táchira, contra la ciudadana LUISA TRINIDAD VIVAS TUTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.778.340 y domiciliada en el Municipio Capacho Nuevo del Estado Táchira, a favor de sus hijos.
SEGUNDO: SE FIJA LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN en la cantidad de CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 40.000,00) MENSUALES, los cuales deberá depositar el obligado, en la cuenta de ahorros que este Tribunal ordenará abrir para tal fin, a partir del mes de Febrero de 2017.
TERCERO: En cuanto a los gastos de la temporada escolar, se fija la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), adicionales a la cuota ordinaria mensual.
CUARTO: En cuanto a los gastos de la temporada decembrina, se fija la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), adicionales a la cuota ordinaria mensual.
QUINTO: En cuanto a los gastos de Médico y Medicinas, así como cualquier otro gasto imprevisto necesario e imprescindible de los beneficiarios de autos, éstos serán compartidos por ambos padres, es decir el 50% de los mismos cada uno, conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en Capacho Nuevo, a los 15 días del mes de febrero de dos mil diecisiete. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,

ABG. BETTY YAJAIRA VARELA MÁRQUEZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. LIDIA CONSUELO MENDOZA
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 2:30 p.m., quedando registrada bajo el N° 42 y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
Abg. Lidia Mendoza /Secretaria Temporal
Exp. Nº 2979/2016
BYVM/lcm.
Va sin enmienda.