REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer. Tribunal de Primera Instancia en función de Control.
San Cristóbal, 22 de Julio de 2017
207º y 158º
ASUNTO PRINCIPAL : SP21-S-2017-002352
ASUNTO : SP21-S-2017-002352
Resolución N° 270-2017
CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
DE LAS PARTES
JUEZA: Abg. Mary Francy Acero Soto
SECRETARIA: Abg. María Colmenares
FISCALÍA SEXTA DEL
MINISTERIO PÚBLICO: Abg. Juan Alexis Sánchez, Fiscal Provisorio del Ministerio Público del estado Táchira.
DELITO: Violencia física agravada
IMPUTADO: Jarlinton Ruiz, colombiano, natural del Norte de Santander, con tarjeta de identidad N° 1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer).
VÍCITIMA: Iliana Méndez Hernández, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 21.418.637, de 29 años de edad.
DEFENSORA
PÚBLICA N° 1: Abg. Yolimar Vera
AUTO MOTIVADO PARA CALIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE APREHENSIÓN DE FLAGRANCIA DE IMPUTADO, Y DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
I
NARRATIVA DE LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA
PRESENTE SOLICITUD DE FLAGRANCIA
Se inicia el presente procedimiento por la denuncia común (acta procesal K-17-0061-03219) interpuesta en fecha 17 de julio de 2017 por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, por la ciudadana Iliana Méndez Hernández, titular de la cédula de identidad N° V- 21.418.637, de 29 años de edad, quien manifestó que el día lunes 17 de julio de 2017 como a las 12:30 de la madrugada ella se encontraba en su residencia ubicada en la urbanización terrazas del Cucharo, calle 1, casa N° 8, frente a la Alcabala del Cucharo, Municipio La Concordia, estado Táchira, cuando llegó su ex esposo Jalinto Ruiz y minutos después de llegar a su habitación la gritó palabras obscenas y que le abriera la puerta del cuarto por cuanto él convive con ella en al misma residencia y minutos después empezó a discutir por problemas de índole personal y el mismo sin mediar palabras y amenazándola de muerte se le abalanzó encima agrediéndola físicamente en diferentes parte del cuerpo. (Fl. 4 y su vto).
Al folio 6, riela oficio N° 9700-0061-10817 de fecha 17 de julio de 2017, suscrito por el Lcdo Jerssean A., Mojica C., Comisario Jefe de la Sub Delegación San Cristóbal, quien le solcitó al Jefe de Medicatura Forense (SENAMECF), le realizara reconocimiento médico legal (evaluación física) a la ciudadana Iliana Méndez Hernández.
Informe médico realizado en fecha 17 de julio de 2017 a la ciudadana Iliana Méndez Hernández, titular de la cédula de identidad N° V- 21.418.637, de 29 años de edad, quien figura como víctima, realizado por el Dr. Rafael Ramírez, médico forense, adscrito al CICPC (SENAMECF), quien dejó constancia que la paciente presenta contusión infraauricular izquierda, escoriación en región infraauricular izquierda, contusión en pabellón auricular izquierdo, quien ameritó 4 días de asistencia médica e igual impedimento, secuelas no hay. (Fl. 6).
Al folio 7 y su vto., riela resolución fundada de imposición de medidas de protección y seguridad de fecha 17 de julio de 2017, para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en la causa signada con el N° K-17-0061-03219, suscrita por el funcionario Yonder Escalante, Detective adscrito al CICPC Sub Delegación, estado Táchira, consistes en las medidas establecidas de conformidad con lo establecido en el artículo 90 numeral 5 y 6 de la Ley especial de Violencia. (fl,.7 y su vto.)
Mediante acta de investigación penal de fecha 17 de julio de 2017 se procedió a practicar la aprehensión del ciudadano Jarlinton Ruiz, colombiano, natural del Norte de Santander, con tarjeta de identidad N° 1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer), por encontrarse en presencia de un hecho punible donde los funcionarios actuantes Mariana Casique, Yonder Escalante y Eddy Santander, detectives agregados al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, le notificaron de su aprehensión en flagrancia de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal donde fue impuesto de los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 127 de la norma adjetiva. Que los detectives dejaron constancia que el aprehendido fue verificado ante el Sistema de Investigación e Información Policial (S.I.I.P.O.L), arrojando como resultado que por ante el SAIME los datos le corresponden al mencionado ciudadano quien en los archivos alfabéticos fonéticos llevados por el área técnica de dicho Despacho, el mencionado ciudadano no presenta prontuario policial ni solicitud alguna hasta la presente fecha, (fls. 8 y 9).
Que los mencionados detectives realizaron en fecha 17 de julio de 2017 a las 07:55 horas, acta de inspección técnica signada con el N° 02945 en el inmueble ubicado en la urbanización Terraza del Cucharo, calle 1, casa N° Catastral 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, que una vez en el sito del suceso se trata de un sitio cerrado, no expuesto a la vista del público ni a la intemperie, con temperatura ambiental fresca e iluminación natural para el momento de la inspección técnica, correspondiente a la vivienda ut supra señalada la cual presenta su fachada principal construida por un nivel,, con paredes frisadas y revestidas con pintura de color azul, que en el lugar se realizó una minuciosa búsqueda de evidencia de interés criminalístico siendo infructuosa la misma para el momento de la inspección, que las demás características del inmueble se especifican en dicha inspección técnica, tal como se constató del acta donde dejaron constancia de las características del referido inmueble, inserta a los folios 10, con la toma fotográfica inserta al folio 11 y su vto).
Informe médico realizado en fecha 17 de julio de 2017 a Jarlinton Ruiz, con tarjeta de identidad N° 1.094.160.229, de 35 años de edad, quien figura como agresor, realizado por el Dr. Rafael Ramírez, médico forense, adscrito al CICPC (SENAMECF), quien dejó constancia que el paciente presenta escoriación lineal en región frontal izquierda, escoriación en labio inferior de boca, quien ameritó 2 días de asistencia médica e igual impedimento, secuelas no hay. (Fl. 14.
Por lo antes expuesto, y en virtud de los hechos anteriormente narrados, correspondió a este Tribunal de Control N° 2, resolver sobre la situación jurídica del ciudadano Jarlinton Ruiz, plenamente identificado a quien el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, le atribuye la presunta comisión del delito de Violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Iliana Méndez Hernández.
En la audiencia de calificación de flagrancia y medida de coerción personal, celebrada en fecha 17 de julio de 2017, el abogado Juan Alexis Sánchez, en su condición de Fiscal Sexto del Ministerio Público del estado Táchira, expuso de viva voz todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se logró la aprehensión del imputado y en los cuales fundamentó su solicitud con los preceptos jurídicos aplicables, formulando entre sus pedimentos se calificara la flagrancia en la comisión del delito por parte de Jarlinton Ruiz, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Iliana Méndez Hernández, solicitando se ordenara la prosecución causa por los trámites del procedimiento especial por ser necesario la práctica de otras diligencias de investigación y se decrete medidas de seguridad y protección, de conformidad con el artículo 90 numerales 3, 5, 6 y 13, y como medida cautelar sustitutiva de la medida judicial preventiva de libertad, charlas ante el equipo interdisciplinario así como presentaciones ante este Tribunal de acuerdo a lo establecido en el articulo 242 del COPP, así como también una experticia bio-psico-social-legal para el imputado y la víctima.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En este orden de ideas, debe puntualizarse el contenido del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual es del tenor siguiente:
Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de comerte cuanto la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuesto a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa.
La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedentita para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ajustados a la naturaleza de los delitos contenidos en la presente Ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas, sin menoscabo de los derechos del presunto agresor.
En la norma transcrita el legislador contempla lo relativo a la definición de la flagrancia y el proceso que se debe aplicar a tal caso, señalando que se considera como delito flagrante todo delito que se esté cometiendo o el que se acaba de cometer así como también aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, estableciendo igualmente los lapsos por el cual la autoridad lo debe presentar haciendo énfasis en que el Ministerio Público en un término que no excederá de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la aprehensión deberá presentar al presunto agresor por ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias. Que dicho tema ha sido un punto muy controvertido. (Vid. Sentencia N° 272 de fecha 15 de febrero de 2007, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Interpretación de la flagrancia en los delitos de género).
En el caso sub iudice, tal como antes se indicó, tanto de la denuncia común (acta procesal K-17-0061-03219) interpuesta en fecha 17 de julio de 2017 por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, por la ciudadana Iliana Méndez Hernández, así como del acta de investigación penal de fecha 17 de julio de 2017 donde se procedió a practicar la aprehensión del ciudadano Jarlinton Ruiz, así como de las diligencias de investigación adelantas por la Fiscalía Sexta que conforman el presente expediente se determinó que se encuentra en estado flagrante la detención del presunto agresor Jarlintion Ruíz, colombiano, natural del Norte de Santander, con tarjeta de identidad N° 1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer), quien fue aprehendido en flagrancia a las 07:50 horas del día 17 de julio de 2017, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Iliana Méndez Hernández. Así se decide.
II
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial, formulado por el representante del Ministerio Público, considera quien juzga, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y por cuanto aún es necesario otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del procedimiento especial a tenor de lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose remitir las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Táchira, en su oportunidad legal.
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADAS POR LA REPRESENTACION FISCAL
Del artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se desprende la facultad que tiene el Juez o la Jueza especializado o especializada en Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas le corresponde ejercer el control judicial de las actuaciones realizadas tanto por los órganos receptores como también por el Ministerio Público, verificar si las medidas se encuentran ajustadas a la Constitución y las demás leyes, todo esto recordando que el Juez o la Jueza es garante de la constitucionalidad, trayendo como consecuencia su deber de velar por la incolumidad de la Carta Magna.
Las medidas de protección y de seguridad tienen una finalidad preventiva por tal motivo el Legislador atribuye la competencia para su aplicación a los órganos receptores de denuncia, los cuales se encuentran debidamente tipificados en el artículo 74 de la Ley Especial que regula la presente materia, y por cuanto dicha ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar abusos como el presente caso, así como asistir a las víctimas de los hechos en ella previstos, la ley abarca la protección y el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; la protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En el caso en cuestión, el Representante del Ministerio Público ha solicitado la imposición de Medidas de Protección y Seguridad al presunto agresor y a criterio de esta Juzgadora le han sido impuestas las siguientes: NUMERAL 3: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral de la mujer, autorizándolo a llevar solo sus efectos personales e instrumento y herramientas de trabajo. NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. NUMERAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. NUMERAL 13. Cualquier otra establecido en esta ley especial Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a tenor de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia, hacia la víctima Iliana Méndez Hernández, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las Medidas impuestas al presunto agresor.-
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO
APLICABLE
Conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, le corresponde al Ministerio Público solicitarle al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas en este caso, la imposición a la persona agresora de cualquiera de las medidas cautelares que comprende dicho artículo, declarando con lugar, todo ello con la finalidad de asegurar la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia, considerando las circunstancias de gravedad que reviste el caso en particular, con la finalidad de evitar que el agresor o agresora logre evadir su responsabilidad penal y así se pueda garantizar la sujeción del mismo al proceso penal como tal.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Jarlinton Ruiz en la que se deja constancia de su aprehensión, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Táchira y las demás actuaciones que corren insertas al presente expediente.
Es por ello que en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida Cautelar de Libertad, solicitada por la Representación Fiscal observa esta Juzgadora que a su criterio se encuentra procedente en Justicia y en Derecho imponerle al sujeto agresor Medidas Cautelares de Libertad de las contempladas en el artículo 95 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en consecuencia este Tribunal de Control N° 2 decreta medida cautelar sustitutiva a la medida judicial preventiva de libertad al imputado JARLINTON RUIZ, Colombiano, natural del Norte de Santander, titular de la tarjeta de identidad No V-1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer), a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de ILIANA MENDEZ HERNANDEZ imponiéndosele el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1.- Presentaciones cada (45) días por la oficina de alguacilazgo. 2.- Charlas ante el equipo interdisciplinario 3.-Someterse al proceso, de conformidad con el artículo 95 numeral 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se ordenó una experticia bio-psico-social-legal para el imputado y la victima. Así se decide.
III
DECISIÓN
En orden a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial de Violencia del estado Táchira administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se califica flagrancia en la aprehensión de Jarlinton Ruiz, colombiano, natural del Norte de Santander, titular de la tarjeta de identidad No V-1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer), a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Iliana Méndez Hernández, por encontrarse llenos los extremos del artículo 96 de la Ley Especial que rige la materia.
SEGUNDO: Por ser una facultad de la Fiscalía Ministerio Público, se ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con La Ley Especial que rige la materia, ordenándose la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, en su oportunidad legal, conforme al artículo 97 de la Ley Especial que rige la materia.
TERCERO: Se decreta medida cautelar sustitutiva a la medida judicial preventiva de libertad al imputado Jarlinton Ruiz, colombiano, natural del Norte de Santander, titular de la tarjeta de identidad No V-1.094.160.229, fecha de nacimiento 28/10/1983, de 35 años de edad, profesión u oficio Comerciante, estado civil soltero, residenciado en Urbanización Terraza de Cucharo, Calle 1, casa N° 8, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono (manifestó no poseer), a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de ILIANA MENDEZ HERNANDEZ imponiéndosele el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1.- Presentaciones cada (45) días por la oficina de alguacilazgo. 2.- Charlas ante el equipo interdisciplinario 3.-Someterse al proceso, de conformidad con el artículo 95 numeral 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se ordenó una experticia bio-psico-social-legal para el imputado y la victima.
CUARTO: SE DECRETA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA VICTIMA, AL IMPUTADO DE AUTOS: SE DECRETA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA VICTIMA, AL IMPUTADO DE AUTOS: imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: NUMERAL 3: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral de la mujer, autorizándolo a llevar solo sus efectos personales e instrumento y herramientas de trabajo. NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. NUMERAL 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. NUMERAL 13. Cualquier otra establecido en esta ley especial Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
QUINTO: Se ordena experticia bio-psico-social-legal para el imputado y la victima.
Notifíquese a las partes de la presente decisión. Se acuerdan las copias solicitadas por la Defensa Publica por no ser contrario a derecho ni a la ley. Se ordena la remisión en su oportunidad legal a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para que sea presentado el respectivo acto conclusivo. Déjese copia para el Archivo del Tribunal. CÚMPLASE.-
Abg. MARY FRANCY ACERO SOTO
JUEZA DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS. N° 02
Abg. MARIA ANDREINA COLMENARES PARRA
SECRETARIA
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