TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
CORTE DE APELACIONES

Jueza Ponente: Abogada Nélida Iris Corredor.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
ACUSADO
BENJAMIN FRANCO GUERRERO, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de identidad N° C.C.- 5.459.687, ampliamente identificado en autos.
DEFENSA
Abogada Gilda Rosa Peña Ortiz, Defensora Pública Décima Penal.
FISCALÍA ACTUANTE
Abogadas Ana Gamboa y Janina Leivet Peñaloza Guerrero, Fiscal Duodécimo y Fiscal Auxiliar Interina Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
DE LA RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO
Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de revisión de sentencia interpuesto por la Abogada Gilda Rosa Peña Ortiz, Defensora Pública Décima Penal, contra la sentencia publicada en fecha 06 de diciembre de 2010, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, a cumplir la pena de veintiocho (28) años de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.
En fecha 28 de noviembre 2016, se dio cuenta en sala y se designó ponente a la Jueza Abogada Nélida Iris Corredor, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 08 de diciembre de 2016, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se fijó para la décima audiencia siguiente, la realización de audiencia oral y pública.
En fecha 05 de enero de 2017, día fijado para la realización de la audiencia oral y pública y en virtud de la inasistencia de las partes se acodó diferir la audiencia oral y pública para la décima audiencia siguiente.

En fecha 25 de enero de 2016, se realizó la audiencia oral y pública en la presente causa. Las partes expusieron sus alegatos y la Jueza Presidenta informó a las partes que el íntegro de la decisión sería publicado a la décima audiencia siguiente, a las dos horas y treinta minutos de la tarde.

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETOS DE LA APELACIÓN
“En fecha 27-09-2010 funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira Comando La Fría, en Boca de Grita reciben una llamada telefónica donde son informados que en el barrio Francisco Rondón, en la bodega mi ranchito se estaba sucediendo una violencia familiar, por lo que se trasladaron al lugar observando en el piso una ciudadana ensangrentada, sin signos vitales, en ese momento se acercó una multitud quienes informaron que el agresor se acababa de dar a la fuga, llevando consigo un arma blanca tipo cuchillo, indicando donde se encontraba, por lo que procedieron a trasladarse al lugar, y una vez allí observan un grupo de personas que portaban palos y rocas, golpeando un ciudadano siendo necesaria la intervención policial encontrándole en la pretina del pantalón una funda hecha en cartón, presentando residuos de una sustancia de aparente naturaleza hemática, logrando colectar a unos pocos metros un arma blanca tipo cuchillo.”

CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO

El 06 de diciembre de 2010, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, publicó decisión mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, a cumplir la pena de veintiocho (28) años de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

Contra dicha sentencia, la Abogada Gilda Rosa Peña Ortiz, Defensora Pública Décima Penal, interpuso recurso de revisión de sentencia ante esta Corte de Apelaciones, solicitando la revisión de la referida decisión y la rebaja de la pena que le fue impuesta penado de autos.

DE LA SENTENCIA RECURRIDA
La sentencia dictada en fecha 06 de diciembre de 2010, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, entre otros pronunciamientos señala lo siguiente:

(Omissis)
“TERCERO: CONDENA A BENJAMIN FRANCO GUERRERO, (…) a cumplir la pena de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL O INNOBLE EN PERJUICIO DE SU CONYUGE, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem, mas las accesorias de ley, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.”
(Omissis)
DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO
Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2016, la Abogada Gilda Rosa Peña Ortiz, Defensora Pública Décima Penal, presentó recurso de revisión de la sentencia dictada fecha 06 de diciembre de 2010, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, a cumplir la pena de veintiocho (28) años de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem. Indicando lo siguiente:

(Omissis)
“PRIMERO
MOTIVOS DEL RECURSO
Mi representado fue sentenciado el 06 de Diciembre de 2010, a 28 años de prisión por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL O INNOBLE EN PERJUICIO DE SU CONYUGE Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA Previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal A y 277 de la Norma Sustantiva Penal, mediante el procedimiento de Admisión de los Hechos, aplicando el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal vigente en el momento, así mismo la aplicación del artículo 74 N° 4, tomando la pena en su limite mínimo, es decir 28 años de prisión.

En la aplicación de la dosimetría penal aplicada por el Juez de Control, la pena a imponer es entre 28 a 30 años de prisión de la dosimetría penal aplicada por el Juez de Control, la pena a imponer es entre 28 a 30 años de prisión, siendo el término 29 años de prisión, aplicando el artículo 74 del Código Penal y lo lleva a la pena mínima, es decir 28 años de acuerdo al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, al no poder bajar del mínimo de la pena, la misma quedo en 28 años de prisión.

SEGUNDO
DEL DERECHO
Ahora bien ciudadanos Magistrados, en fecha 15 de Junio de 2012 fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el numero 6078 Extraordinaria, el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, con la vigencia anticipada del artículo 375 ejusdem referente al Procedimiento de Admisión de los Hechos, en dicha reforma podemos observar que en el artículo 375 ultimo aparte señala entre otros delitos a el Droga (sic) ( que es el caso que nos ocupa), el juez podrá rebajar la pena hasta un tercio de la pena aplicable, lo que evidencia que la limitante existente antes en el artículo 376 que señalaba expresamente que no podía quedar en los delitos graves una pena inferior al termino mínimo, limitante que hoy en día no existe. Por lo que el cambio con la nueva legislación le favorece notablemente a los penados, lo que quiere decir, que es necesario sacar a colación el Principio del a (sic) Favorabilidad, es decir, siendo este un principio general y propio del derecho penal, nos lleva a señalar que su aplicaron en le (sic) presente caso, se adecua perfectamente, ya que el mismo no es otra cosa que la aplicación de la ley mas favorable al reo.
De la aplicación del Principio de Favorabilidad, también es necesario hablar del Principio de la Retroactividad de la ley, la cual obedece a la existencia de una sucesión de ley, al respecto la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25-01-2001, con ponencia del magistrado José M Ocando, señala el carácter irretroactivo de la ley y la retroactividad de ella y dice entre otras cosas; Del Principio de la Legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y como excepción, su retroactividad es admitida solo en materia penal, tanto en el orden adjetivo como sustantivo. (subrayado nuestro)
Omissis
CUARTO
PETITORIO
En razón a los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos es que solicito a los honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que de acuerdo al cambio de criterio sustentado por esta sala con fundamento a las garantías constitucionales, doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, se sirva admitir el presente recurso, declarándolo con lugar y en consecuencia se ordene la disminución de la pena que fue impuesta como lo dispone la ley.”
(Omissis)
DE LA CONSTESTACION DEL RECURSO DE REVISION
Mediante escrito de fecha 14 de septiembre 2016, las Abogadas Ana Gamboa y Janina Leivet Peñaloza Guerrero, Fiscal Duodécimo y Fiscal Auxiliar Interina Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, contestó el recurso de revisión de sentencia interpuesto por la defensa de autos, señalando lo siguiente:

(Omissis)
“CAPITULO III
CONTESTACIÓN DEL RECURSO
Visto y analizado el escrito de Revisión interpreto por la defensa, en la cual invoca como motivo principal se su petición de revisión de pena (…)

Al respecto se observa que no es de Derecho procedente la Admisión del recurso de revisión supra señalado, toda vez que la revisión que pretende la defensora va dirigida a verificar la aplicación de principios netamente procedimentales como lo es el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya promulgación fue establecida por Gaceta Oficial Nro. 6.078 de fecha quince (15) de Junio de Dos Mil Doce (2012).

Es así como es necesario traer a colación el contenido del artículo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela el cual es del tenor siguiente: (…)

Evidentemente, que el encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, prevé que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, lo cual constituye una excepción al principio de irretroactividad en materia penal, es decir, que interpretando que en sentido contrario el principio general de que ninguna ley debe producir efectos retroactivo en perjuicio de persona laguna, se llega a la conclusión que la retroactividad es licita y debe operar, siempre y cuando, lejos de perjudicar, beneficia al justiciable. Resulta evidente que la esencia de tal principio constitucional es la favorabilidad que debe producir la aplicación de una norma jurídica, que aun no estando vigente, por existir sucesión de leyes penales.

En efecto, el presupuesto fundamental de la aplicación del principio de favorabilidad de las normas jurídicas, estriba en la existencia de sucesión de leyes, es decir, cuando una situación fáctica ha sido regulada sucesivamente por diferentes textos normativos caso en el cual, deberá establecerse cual es la norma jurídica aplicable, frente a las leyes existentes.

Ahora bien, tal pronunciamiento sobre la norma jurídica más favorable, no siempre se resuelve salvo mejor criterio conforme a la literalidad del artículo 24 del texto fundamental, esto es, (…) pues, tal solución estaría referida exclusivamente en el ámbito del derecho penal sustantivo, por ser la norma que contiene penas, y no siempre la norma que imponen menor pena es la mas favorable, pues ha de considerarse mediante un juicio de valor en concreto, y los efectos jurídicos que generan las penas accesorias, la acumulación jurídica y conversión de penas, y en general, su incidencia sustancial y procesal, que ante el fenómeno delictual, exige un análisis jurídico complejo. De allí que, en materia penal, en el ámbito sustantivo, las leyes que reduzcan pena, eliminen o modifiquen un tipo delictivo a favor del justiciable, deben tener siempre efecto retroactivo, en el evento que exista un concurso sucesivo de leyes.

CAPITULO IV
PETITORIO
En consecuencia, con apoyo en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, quienes suscribimos, solicitamos a esa honorable Instancia Superior, que al momento del pronunciamiento de la decisión sobre el recurso de revisión interpuesto por la defensa a favor de GUERRERO BENJAMIN FRANCO se dosifique la pena, si a ello diere lugar, de acuerdo a los postulados constitucionales y legales en apego de las garantías que rigen la actuaciones de las partes en el proceso penal, toda vez que la pena corporal representa el castigo que aplica el Estado Venezolano a través del Ius puniendi, pero de igual manera, constituya el resarcimiento de la victima o victimas por el hecho punible que le ha generado a su vez el daño (material o personal); Es por ello, que solicito que analicen si están dadas las circunstancias legales a fin de dosificar la pena, y se proceda conforme a derecho.”
(Omissis)

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Analizados los fundamentos tanto de la sentencia recurrida, como del escrito contentivo del recurso de revisión, esta Corte para decidir previamente hace las siguientes consideraciones:

Primero: Esta Alzada observa, que el recurso de revisión presentado por la defensa, se encuentra referido a que a su representado, se le debe revisar la sentencia dictada de fecha 06 de diciembre de 2010, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, al entrar en vigencia el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la admisión de los hechos, y permitiendo contrario a lo estipulado por el artículo 376 eiusdem, rebajar la pena hasta un tercio de la pena aplicable, estableciendo una pena inferior al término mínimo.

Segundo: Esta Superior Instancia, siempre garantista de derechos y garantías constitucionalmente establecidos, procede a efectuar la revisión de la sentencia aquí analizada interpretando se forma amplia el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala:

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
(Subrayado de esta Corte de Apelaciones)
De esta forma, se aprecia que el contenido de dicha norma, específicamente cuando contiene la expresión “excepto cuando imponga menor pena”, debe ser entendida mediante una interpretación finalística, en el sentido de que será retroactiva la ley que imponga un menor gravamen al reo, y beneficie su situación.
En aras de efectuar un desarrollo constitucional armónico e integral, de lo que se concluye que esta nueva norma es más beneficiosa para ciertos penados y en consecuencia debe aplicarse al momento de su entrada en vigencia a los procesos que se hallaren en curso.
De manera que, la norma constitucional citada establece uno de los soportes de seguridad jurídica pues señala la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales, en principio y como regla general, no son aplicables a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, salvo las excepciones allí previstas, a saber las leyes de procedimiento se aplicarán aun a los procesos que se hallaren en curso cuando entren en vigencia, con la limitación relativa a los procesos penales, en los cuales se estimarán las pruebas evacuadas conforme a la ley vigente para la fecha en que fueron ofrecidas, en cuanto beneficien al reo o rea; y cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.
En consecuencia, no hay razón que justifique la no extensión de esta concepción de la retroactividad de la ley penal más favorable al resto de los delitos que tipifica nuestro ordenamiento jurídico interno, sobre el particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha señalado, de manera inequívoca, que se aplicará la ley más favorable al reo; en este sentido, cabe señalar las siguientes decisiones:

“Se trata de una disposición contenida en la Constitución de 1999, menos favorable al reo y, además, aplicada retroactivamente, por cuanto el delito fue cometido antes de la entrada en vigencia del actual texto constitucional. Aun cuando se considere que se trata de una norma de procedimiento y, por tanto, aplicable desde su misma entrada en vigencia a los procesos ya en curso, tiene prelación el principio general de la extra-actividad de la ley penal cuando la misma fuere más favorable al reo, contenido en la misma disposición, así como en las Leyes Aprobatorias del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José; artículo 418)” (Subrayado Nuestro)

Asimismo, en ponencia del Magistrado Ponente José Manuel Delgado Ocando la Sala dejó sentado:
“Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado.
La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales, que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal más favorable y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito, o por el contrario, con la nueva ley se desfavorece al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, por lo que ésta adquiere supervivencia” (Subrayado Nuestro)

Por su parte, el autor Alberto Arteaga Sánchez, en su obra Derecho Penal Venezolano , señala en relación con el principio de irretroactividad de la ley y la excepción de la retroactividad de la norma penal más favorable, lo siguiente:
“En nuestro ordenamiento penal tiene plena vigencia el principio de la irretroactividad de la ley,...
Pero a pesar de lo expresado, en nuestro propio ordenamiento se establecen excepciones al principio general, admitiéndose la retroactividad de la ley nueva cuando ésta sea más favorable al reo. De esta forma el artículo 24 de la Constitución señala: ‘Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena’. Y el artículo 2 del Código Penal, reza: ‘Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena”.
Aunado a ello, el Código Orgánico Procesal Penal vigente establece en las disposiciones finales de manera clara el principio de extraactividad penal, señalando:

“Quinta. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se aplicará desde su entrada en vigencia aún para los procesos que se hallaren en curso, y para los hechos punibles cometidos con anterioridad, siempre que sea mas favorable al imputado o imputada.”

Con relación a lo anterior, como bien se sabe el artículo 21 de la Norma Adjetiva Penal contempla la procedencia del recurso de revisión:

Articulo 21. “Concluido por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este Código“.
Pero es el artículo 465 del referido Código Orgánico Procesal Penal el que delimita el ámbito de acción y procedibilidad de dichos recursos expresando lo siguiente:

“La revisión, en el caso del numeral 1 del artículo 462, corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal.
En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible, y en los de los numerales 4 y 5 corresponderá al Juez del lugar donde se perpetró el hecho”.

Ahora bien de la lectura y subsiguiente análisis efectuado al recurso de revisión interpuesto por la defensa del penado de autos se desprende que el mismo se basa en el numeral 6° del artículo 470 ejusdem que establece:

“La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:

6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida”.

De la lectura de artículo citado ut supra se infiere que para que proceda la interposición del recurso de Revisión tiene que coexistir varias circunstancias:

 Una Ley promulgada con posterioridad a la fecha de la condena.
 Que dicha ley haya señalado una disminución de pena al delito por el cual fue juzgado y condenado el ciudadano recurrente o que esa nueva ley quite el carácter de punible al hecho.

Así las cosas, es importante precisar que el recurso de revisión es un medio procesal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que se ejerce contra sentencias definitivamente firmes, por lo tanto dicho recurso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, considerando que uno de los importantes soportes de seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho, es la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales.

De esta forma, el principio de cosa juzgada trae consigo la inmodificabilidad de la sentencia en protección a la seguridad jurídica, siento necesaria la existencia de ambos para el mantenimiento de la tutela judicial efectiva, la cual constituye una garantía para las partes, pues, las resoluciones judiciales dictadas en un proceso que hayan adquirido el carácter de firmeza, no podrán ser alteradas ni modificadas, siendo que en caso contrario la protección judicial perdería su eficacia.

Aunado a ello, debe señalarse que la cosa juzgada se encuentra prevista en ordinal 7° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; constituyendo un requerimiento del ordenamiento jurídico venezolano, la firmeza de los fallos judiciales; de esta forma, el recurso de revisión se presenta como una excepción a la regla, y va dirigido contra los fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, dando paso a la aplicación retroactiva de una ley mas benigna que la aplicada en la sentencia.

Igualmente, el recurso de revisión no es mas que un medio de impugnación extraordinario, por tratarse de las situaciones excepcionales anteriormente mencionadas, poseyendo efectos muy propios, el cual tiene por objeto la revisión de una sentencia convertida en cosa juzgada y por lo tanto irrevocable por los medios recursivos ordinarios.

Ahora bien, en el caso de autos se trata de una sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, y siendo el recurso de revisión una vía extraordinaria y por demás excepcional el mismo debe sustentarse en las causales que de forma taxativa a determinado el legislador, por que este viene a cambiar una decisión cuyos efectos son firmes y ejecutables.

En el caso bajo estudio, no se da el supuesto de hecho de la entrada en vigencia de una nueva ley que quita o suprime el carácter de punibilidad de el hecho que dio origen a la investigación posterior acusación y subsiguiente condena del imputado, así como tampoco se ha sancionado una ley nueva que disminuyera la pena a la conducta desplegada por el imputado la cual fue subsumida los tipos penales de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

El estudio que debe hacer esta Superior instancia se circunscribe a que a raíz de la entrada en vigencia una nueva ley adjetiva penal, este texto normativo que regula de manera distinta el procedimiento especial de Admisión de los Hechos ahora previsto en el artículo 375.

Del análisis efectuado a esta nueva norma, se infiere que de su contenido se desprende una sustancial modificación del derogado articulo 376, reforma que afecta específicamente lo relacionado al limite de la rebaja de la pena a imponer, ya que de acuerdo al nuevo artículo es posible efectuar una rebaja de pena que supere pasar del limite minino de esta, lo que especialmente prohibía el Código Orgánico Procesal Penal derogado en este tipo de delitos.

Tal cambio se sustenta en doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia, la cual señala:

“… No obstante el pronunciamiento anterior, la Sala observa que, con posterioridad a la sentencia recurrida, el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, fue derogado conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078, Extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012, acarreando como consecuencia que, a pesar de haber sido declarado sin lugar el recurso de casación interpuesto, resulte pertinente revisar a la luz de una correcta aplicación de la justicia, la pena impuesta al acusado.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 24 el principio de irretroactividad de la ley; y, asimismo, dispone la excepción a este principio en los términos siguientes:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.”
Conforme a la citada norma, en los procesos penales que se encuentren en curso (que no hayan pasado en autoridad de cosa juzgada), la retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales (ya sean sustantivas o adjetivas) más favorables al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, de manera que, atendiendo al principio de favorabilidad del reo, la ley penal puede ser aplicada en forma retroactiva o con efecto retroactivo por los administradores de justicia, en caso que sea procedente.
Por los argumentos expuestos, la Sala pasa a computar la pena en los términos siguientes… (N° 310 del 16/08/2013).”
Tercero: Expresado lo anterior, esta Superior Instancia procede a revisar la sentencia sujeta al presente recurso y observa con detenimiento el cálculo dosimétrico de la pena, realizado por el Tribunal de Instancia el cual señaló lo siguiente:

(Omissis)
“DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS
Y DE LA PENA A IMPONER

La pena a imponer al acusado BEJAMIN FRANCO GUERRERO, anteriormente identificado, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL O INNOBLE EN PERJUICIO DE SU CONYUGE, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem, aplicando un concurso real de delitos; es de VEINTIOCHO (28) a TREINTA (30) AÑOS DE PRISION; y conforme la regla establecida en el artículo 37 del Código Penal queda el término medio de la pena para ese delito en veintinueve (29) años de prisión, y por aplicación de la atenuante prevista en el artículo 74 numeral 4° del Código Penal, se toma la pena en su límite mínimo, es decir, veintiocho (28) años de prisión. Y por aplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace procedente rebajar un tercio a la anterior pena, impidiendo el citado artículo imponer una pena menor al límite mínimo estab lecida para la misma, quedando como resultado la pena a imponer en VEINTICOCHO (28) AÑOS DE PRISION. Así se decide.”
(Omissis)

Así pues, de la revisión de la causa se observa que en fecha 29 de septiembre de 2010, se realizó audiencia oral de presentación física, de calificación de flagrancia y de imposición de medida de coerción personal, por ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otros pronunciamientos, se calificó la flagrancia en la aprehensión del imputado Benjamín Franco Guerrero, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en los artículos 406 numeral 3° literal A y 277 del Código Penal, asimismo, se decretó medida de privación judicial preventiva de libertad al mencionado ciudadano. – Folios 17 al 19 de la causa original.-

De la misma forma, consta en la causa original – folios 71 al 77- acusación presentada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público, en contra del ciudadano Benjamín Franco Guerrero, por los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio del cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal A del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana Cenaida Ortíz Robles, y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem, en perjuicio del orden público.

Ulteriormente, riela inserta en los folios 94 y 95 Acta de Audiencia Preliminar de fecha 06 de diciembre de 2010, realizada por ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otros pronunciamientos, se condena al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, a cumplir la pena de veintiocho (28) años de prisión por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado Por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal A del Código Penal, y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem, mas las accesorias de ley, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

Igualmente, consta en las actas -folios 100 y 101-, sentencia de fecha 06 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, mediante la cual emite los fundamentos de la decisión tomada en la Audiencia Preliminar, siendo ésta la decisión objeto de revisión por esta Alzada.
Cuarto: Ahora bien, en vista de la solicitud de revisión realizada por la defensa del penado, invocando la retroactividad de la norma adjetiva penal, contra la decisión de fecha 06 de diciembre de 2010, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Táchira, por ser esta más beneficiosa a su representado, consideramos necesario los miembros integrantes de esta Alzada que en sintonía con las garantías constitucionales que deben prevalecer en todo proceso judicial, en atención a la tutela judicial efectiva, la cual entre una de las definiciones expuestas por la doctrina patria, nos dice que no es otra cosa sino el principio según el cual cualquier persona puede y debe ser protegida y amparada en el ejercicio pacífico de sus pretensiones ante la justicia para que esas pretensiones les sean satisfechas.

Lo que no quiere decir aceptadas, sino resueltas razonadamente con arreglo a Derecho y en el lapso de un proceso en que todas las personas titulares de derechos e intereses afectadas por esas pretensiones puedan alegar y probar lo pertinente a la defensa de sus respectivas posiciones; y con fundamento en lo previsto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que “Cuando la decisión sólo haya sido impugnada por el imputado o imputada, o su defensor o defensora, no podrá ser modificada en su perjuicio.

Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado o imputada, en tal sentido lo procedente es efectuar por esta Alzada el calculo de la pena impuesta al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, por la comisión del delito de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

En consecuencia, la pena aplicable para el caso sometido al conocimiento de esta Alzada, es la resultante de las siguientes consideraciones:

El ciudadano Benjamín Franco Guerrero, se acogió al procedimiento por admisión de los hechos, encuadrados en el tipo penal Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

El Código Penal, establece un rango de pena de veintiocho (28) a treinta (30) años de prisión para el delito de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en su artículo 406 numeral tercero literal A; siendo el término medio imponible de veintinueve (29) años de prisión, teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 37 de la Norma Sustantiva Penal; y considerando la aplicación del artículo 74.4 ejusdem, -tal como lo aplicó el Juez A quo- se mantiene el término mínimo de veintiocho (28) años de prisión.

Por su parte, respecto al delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, la Norma Penal Sustantiva establece un rango de tres (03) a cinco (05) años de prisión, siendo su término medio conforme al artículo 37 ejusdem, de cuatro (04) años de prisión; y considerando la aplicación del artículo 74.4 de la mencionada norma se mantiene el término mínimo de tres (03) años de prisión.

De seguidas, en aplicación del artículo 88 del Código Penal, tratándose de un concurso real de delitos, es procedente sumar la totalidad de la pena calculada para el delito de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal, - veintiocho (28) años de prisión - con adición de la mitad de la pena del delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem –un (01) año y seis (06) meses de prisión-.

De esta manera, hasta este punto la pena resultante a ser impuesta, es la de veintinueve (29) años y seis (06) meses de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

Quantum éste sobre el cual se aplicará la rebaja respectiva por haberse acogido la acusado de autos al procedimiento especial por admisión de los hechos en esta oportunidad el artículo 375 de la Norma Adjetiva Penal vigente. Así pues, cabe hacer mención a lo previsto en el mencionado artículo, teniendo en cuenta que el mismo señala lo siguiente:

“El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra a libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave dalo al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violación grave a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación, y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.” (Negrillas y Subrayado de esta Corte de Apelaciones)
Ahora bien, la norma transcrita establece el cauce procesal idóneo para dictar sentencia anticipada por conducto de este procedimiento especial, habida cuenta la admisión de los hechos realizada por la acusada. Además, establece un rango cuantitativo para la rebaja aplicable, que va, en principio, desde un tercio hasta la mitad de la pena que deba imponerse, ponderando dichos extremos en atención todas las circunstancias del caso.

De igual modo, establece que tratándose de delitos relativos a la integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes como el de autos, la rebaja de pena sólo será hasta un tercio de la misma.

Así, es menester acotar que el Diccionario de la Real Academia Española ha establecido el significado de tales preposiciones, de manera que, desde “denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede o se origina o ha de empezar a contarse una cosa” y; hasta “denota el término o límite”, es decir, el punto de llegada.

Visto lo anterior, se evidencia que la norma sub examine prevé para la rebaja del mencionado procedimiento por admisión de los hechos, un rango desde un tercio a la mitad de la pena; no obstante, también señala una excepción para determinados casos que la misma norma delimita.

En cuanto a ello, cabe señalar que la norma establece – como excepción – un máximo para la rebaja de la pena por admisión de los hechos, hasta un tercio de la misma, pudiendo el Juez o Jueza ponderar las circunstancias de cada caso para la aplicación de la rebaja de la pena; es decir, establece el limite máximo a rebajar, de forma que denota el término o límite de llegada, mas no señala un origen para la aplicabilidad de la misma, pudiendo en consecuencia tomar discrecionalmente el término a rebajar, ajustándolo a la magnitud del daño causado, las circunstancias de la comisión del hecho punible, y el tipo de delito cometido, fundando cabalmente su decisión, pero sin poder rebajar más del tercio antes referido.
Asimismo, quienes aquí deciden en atención a lo anteriormente referido, considerando el delito y la magnitud del daño causado, de igual forma, debe tomarse en cuenta que el tipo penal admitido se encuentra contendido dentro de la excepción prevista en el artículo 375 de la norma penal adjetiva que prevé la rebaja de hasta un tercio.

Además de ello, esta Superior Instancia evidencia el desacierto cometido por la A quo al momento del cálculo de la pena en la presente causa, pues, se observa que al realizar la dosimetría penal en caso del acusado Benjamín Franco Guerrero, la Juzgadora aplicó lo señalado en el artículo 37 y 74.4 del Código Penal al delito de Homicidio Calificado Por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal A del Código Penal; no obstante, no realizó el mismo procedimiento en lo que respecta al delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

De igual forma, procedió a señalar que realizaría el concurso real de delitos, sin embargo, no lo realizó, pues dejó sin calcular el delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem, calculando únicamente la pena a imponer por el primero de los delitos nombrados.

En este sentido, atendiendo a lo anteriormente señalado esta Alzada considera que lo ajustado en el caso de marras es la aplicación de la rebaja de una décimo octava parte, siendo la décimo octava parte de veintinueve (29) años y seis (06) meses de prisión, un (01) año y seis (06) meses de prisión.

De esta manera, la pena resultante a ser impuesta en el presente caso luego de la rebaja a imponer por el procedimiento por admisión de los hechos es la de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem; manteniéndose la pena impuesta por el Tribunal de la recurrida. Y así finalmente se decide.

DECISIÓN
Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de revisión de sentencia interpuesto por la Abogada Gilda Rosa Peña Ortiz, Defensora Pública Décima Penal.

SEGUNDO: MANTIENE LA PENA al ciudadano Benjamín Franco Guerrero, a cumplir la pena de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivo Fútil o Innoble en perjuicio de su cónyuge, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral tercero literal a del Código Penal; y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 ejusdem.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Las Juezas de la Corte,

Abogada Nélida Iris Corredor
Jueza Presidenta – Ponente

Abogada Ladysabel Pérez Ron ( Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez
Jueza de Corte Jueza de Corte

Abogada Yenny Zoraida Niño González
Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
La Secretaria.-

1-Rr-SP21-R-2016-000369/NIC.-