TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, 20 DE MARZO DEL 2017.

PARTE DEMANDANTE: OSCAR SÁNCHEZ; BLANCA MARISOL SÁNCHEZ; DAVID ANTONIO SÁNCHEZ; ORFELINA CASTAÑEDA DE GARCIA y NEFTALI CASTAÑEDA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s V.-6.334.409, V-9.249.445, V-9.214.067; V-14.872.016; Y E-81.777.442, domiciliados en la vía La Cueva, al lado del Museo del Táchira, avenida Universidad, Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE GREGORIO CHISME NAVARRO y AMILCAR QUINTERO ROMERO, inscritos en el inpreabogado bajo los N°s 58.916 y 59.970.

PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN CIVIL CIUDAD CULTURAL “LA BENDICIÓN DE DIOS.” Representada por su presidenta LUCY COROMOTO OMAÑA ANDRADE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° v- 9.332.235, según poder otorgado ante la Notaria Pública Primera de San Cristóbal del Estado Táchira, de fecha 03 de marzo del 2009, N° 55, tomo 29, folio 115-116.

MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

EXPEDIENTE: 8295

Por cuanto de la revisión de las actas se observa:
Que en fecha 07 de octubre del 2014, se recibió la presente demanda, previa admisión y distribución (F.1 al 011)
En fecha 15 de octubre del 2014, mediante diligencia de la secretaria adscrita a este Tribunal se dejó constancia de que se consignaron los recaudos del libelo de demanda. (f.12)
En fecha 20 de octubre del 2014, Mediante auto de este Juzgado admitió la presente demanda, y acordó Emplazar a la parte demandada, y se libró edicto a todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el inmueble descrito en la demanda.- (F. 13 y 14)
En fecha 11 de noviembre del 2014, mediante diligencia del los ciudadanos OSCAR SÁNCHEZ; BLANCA MARISOL SÁNCHEZ; DAVID ANTONIO SÁNCHEZ; ORFELINA CASTAÑEDA DE GARCIA y NEFTALI CASTAÑEDA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s V.-6.334.409, V-9.249.445, V-9.214.067; V-14.872.016; Y E-81.777.442, otorgaron PODER APUD ACTA, a los ciudadanos JOSE GREGORIO CHISME NAVARRO y AMILCAR QUINTERO ROMERO, inscritos en el inpreabogado bajo los N°s 58.916 y 59.970. (F.15 AL 17)
En fecha 14 de noviembre del 2014, mediante diligencia del alguacil adscrito a este Juzgado, informó que le suministraron los emolumentos para la elaborar la boleta de citación y transporte. (F.18)
En fecha 14 de noviembre del 2014, mediante diligencia del alguacil adscrito a este Juzgado informó que fijó a las puertas del tribunal el edicto correspondiente. (F.19)
En fecha 17 de noviembre del 2014, mediante auto de este Juzgado se acordó librar y se libró la respectiva Boleta de Citación de la parte demandada (F.20 y 21)
En fecha 03 de febrero del 2016, mediante diligencia del apoderado judicial de la parte actora, solicitó el desglose de Documentos y copias certificadas. (F.22)
En fecha 05 de febrero del 2016, mediante auto de este Juzgado se acordó el desglose y copia certificada correspondiente. (F.23)
PARTE MOTIVA.

El Tribunal advierte que debe hacer pronunciamiento sobre la declaratoria de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, para lo cual previamente observa:
El Código de Procedimiento Civil establece, la institución denominada perención de la instancia.
En este sentido, el artículo 267 de dicho Código dispone:
"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes..."
En su esencia, la disposición contenida en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y conforme lo señala el Artículo 269 eiusdem, tal sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes.
La perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad.
En efecto la referida disposición establece:

“Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declara en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”

El tratadista Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en materia de perención, sostiene: "Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno.
La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. El fundamento del instituto de perención de la instancia reside en dos distintos motivos: De un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesario”. <> (cfr CHIOVENDA, José: Principios..., II, p.428). (HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo. "Código de Procedimiento Civil", Tomo II, páginas., 328 y 329).
El autor patrio Rengel Romberg (1.995), en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano", alude que la perención se encuentra determinada por tres condiciones, una objetiva, la inactividad se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez y finalmente una condición temporal, relativa a la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, en concordancia con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Civil, de fecha Seis (06) de Julio del Año Dos Mil Cuatro (2004), con ponencia del Magistrado TULIO ALVAREZ LEDO.
En sintonía con la doctrina anterior, la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, ha dejado establecido que la perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo, causado por la inactividad de las partes durante los plazos determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y está concebida por el Legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que éste entre en la fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expande a todos los actos procesales anteriores y posteriores a los informes, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, es decir que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de autos, que como bien lo acota el Legislador, sólo extingue el proceso.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 27 de Febrero de 2003, respecto al ordinal segundo del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: vale decir, respecto a la perención de la instancia tiene establecido lo siguiente:
“Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual esta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efecto no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que esta operó, por lo cual tanto los hechos jurídicos transcurridos en el tiempo sin impulso de las partes como sus efectos de extinción del proceso, se rige por las normas procesales vigente para la época en que estos se verificaron.
En consecuencia, la nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. Las salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escrito, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por lo tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Los supuestos anteriores, cabe indicar expresamente, son válidos para todos los juicios, incidencias y recursos que cursen o se tramiten ante esta jurisdicción suprema, habida cuenta de que en ella, además del recurso de casación en igual manera se presenta para su conocimiento regulaciones de competencia, recursos de hechos, transacciones, desistimientos y reclamos, y como quiera que, no obstante las previsiones normativas que específicamente traten sobre cada materia en particular, la Sala estima que priva la norma general relativa a la perención en su contenido, alcance y propósito plasmando en la misma cuando determina que, toda instancia se extingue, siendo así, como ya se indico, esto justifica en interés del Estado para que en definitiva se cumpla con la finalidad jurisdiccional” .
Por su parte la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de Noviembre de 2005, respecto a la perención de la instancia dejo establecido lo siguiente:
“ La Sala considera, que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por mas de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin mas tramites declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata así del simple cumplimiento de una condición objetiva, que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que tuvieron estas y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención.
En definitiva, para que opere la perención de pleno derecho, basta que se haya paralizado la causa por mas de un año, pues el único limite impuesto por el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, es que se haya dicho “VISTO” en la causa, en cuyo caso la inactividad no produce la perención”.
Siguiendo los lineamientos anteriormente expuestos, los cuales comparte en todas sus partes este Tribunal, y tomando en consideración que en el caso particular de la perención, debe tomarse en cuenta que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que esta se produce y no desde que es declarada por el Juez, por lo tanto la declaratoria por el Juez solo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos.

Sentadas las premisas anteriores, y observando el Tribunal que consta plenamente en autos que desde el 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, fecha en la cual este tribunal acordó la práctica de la citación de la parte demandada y libró la respectiva Boleta de Citación, siendo una obligación de la parte actora, impulsar la presente causa y por cuanto no hay actuaciones de impulso procesal en la presente causa de la parte demandante; Así mismo apreciado que en fecha 03 DE FEBRERO DEL 2016, la parte actora realizó solicitud de Copias Certificada y Desglose de Documento inserto en el folio (F.22), este tribunal acoge el Criterio asentado en la Sala de Casación Civil, mediante sentencia N° 01288 del 29 de octubre del 2004, en la que señala:
“El mero hecho de solicitar copias del expediente, no puede constituirse en un acto de procedimiento que tienda a su impulso, ello en virtud de que el mismo no es un acto efectivo para la prosecución del juicio, razón por la cual dicha actuación no impidió que la perención de la instancia se consumara, extinguiéndose el impulso de la demanda y poniéndole fin al proceso, resultando acertada la determinación que sobre el punto sostuvo el tribunal de la recurrida.”
Así mismo visto lo anterior señalado es de apreciarse que era un deber ineludible de la parte interesada impulsar la tramitación del proceso, lo que implica que su desatención entraña una renuncia a continuar la causa, incurriendo infaliblemente en el presupuesto normativo del encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como puede apreciarse ha transcurrido hasta la presente fecha desde el 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, hasta el 20 DE MARZO DEL 2017, Transcurrió más de un (01) año de inactividad procesal plena, por lo que este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12, 15, 242, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de PRESCRPCIÓN ADQUISITIVA

NOTIFÍQUESE de la presente decisión a las partes.

Abg. Diana Beatriz Carrero Quintero
Juez Temporal

Abg. Katherin Dineyvi Díaz Cárdenas.
Secretaria accidental.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en la sentencia anterior librando la respectiva Boleta de Notificación.

Abg. Katherin Dineyvi Díaz Cárdenas.
Secretaria accidental.

Exp. 8295
Adrian-