REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira San Cristóbal, 20 de Marzo 2017 206º y 158º ASUNTO: SE21-G-2012-000048 ASUNTO ANTIGUO: 9337 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA N° 047/2017 En fecha 02 de mayo de 2012, la ciudadana Adriana Ivette Monsalve de Bohorquez abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los N° 53273, actuando con carácter de apoderada judicial del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET), interpuso Demanda, ante el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en contra de la Empresa Mercantil “ASEPROJECT CONSTRUCCIONES C.A”. En fecha 21 de junio de 2012, mediante auto el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, se declaró incompetente para conocer y declinó la competencia al Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes. En fecha 16 de octubre de 2012, el Juzgado Superior y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, le dio entrada al expediente remitido por el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, quedando anotado bajo el N° 9337-2012. En fecha 22 de octubre de 2012, el Juzgado Superior y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, acordó notificar a la parte demandante, a los fines de la reanudación de la causa. Ahora bien, con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de fecha 22 de junio de 2010, publicada en Gaceta Oficial N° 39.451, y en atención a la Resolución N° 2012-0009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, se ordenó la creación de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Ello así, el pasado 3 de diciembre de 2012, fue inaugurado este Órgano Jurisdiccional Estadal. Así las cosas, se procedió a recabar todos los expedientes que cursaren ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial, Región Los Andes en que la Administración Pública del estado Táchira, en cualquiera de sus niveles, tuviere intervención ya fuere como parte recurrente o recurrida En mi carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, convocado mediante oficio N° CJ-14-2032 de fecha 16/07/2014, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, y debidamente Juramentado el día 30/07/2014, por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; me aboco de oficio al conocimiento de la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. I MOTIVA Podemos apreciar que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región los Andes, ordenó oficiar a la parte demandante apoderada judicial del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET), con el fin de notificarle la reanudación de la causa. Así las cosas, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (Caso: Carlos Vecchio y otros), indicó: “El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”) Aunado a lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fallos del cinco (05) de junio de dos mil dos (2002), doce (12) de marzo de dos mil tres (2003) y del once (11) de junio de dos mil tres (2003), estableció en relación a la figura del abandono del trámite lo siguiente: “La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin” (resaltado del Tribunal). De lo anteriormente transcrito se evidencia que la figura de abandono del trámite constituye o es una modalidad de la perención de la instancia que se puede configurar bien sea en la etapa de admisión de la demanda, o en su defecto acordada ésta en las etapas subsiguientes del proceso, y sus consecuencias una vez declarada al igual que en la perención, trae consigo la extinción de la instancia, todo ello justificable por cuanto ayuda a desbrozar los tribunales de expedientes estáticos que dificultan la dinámica jurisdiccional, reclamada por la garantía constitucional de celeridad y oportunidad de la respuesta del Estado a la acción judicial propuesta; en consecuencia el recurrente debe instar el fallo o demostrar interés en la continuidad del proceso. En virtud de lo transcrito, y observando que desde el 22 de octubre de 2012, fecha de la ultima actuación del Juzgado Superior y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, sin que hasta la fecha hubiere demostrado la parte interesante, interés en la continuidad del juicio, pues se muestra ausente de actuaciones de su parte, sin que la causa pudiera ni siquiera admitirse, este Tribunal declara el decaimiento y extinción de la presente acción, por pérdida del interés de la parte interesada en la prosecución del presente juicio. Así se decide. II DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en la Demanda Recurso de Nulidad interpuesto por la abogada Adriana Ivette Monsalve de Bohorquez inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los N° 53273, actuando con carácter de apoderada judicial del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET), en contra de la Empresa Mercantil “ASEPROJECT CONSTRUCCIONES C.A”. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. El Juez, Dr. José Gregorio Morales Rincón El Secretario; Abg. Ángel Daniel Pérez Urbina. En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las nueve y cincuenta de la mañana. El Secretario; Abg. Ángel Daniel Pérez Urbina.