TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, ocho (08) de Mayo de dos mil diecisiete.
207º Y 158º

Vista la anterior diligencia estampada por la abogado Nilda Segovia Rosas, titular de la cédula de identidad N° V.-9.144.768 e inscrita en el Inpreabogado bajo el N°26.187, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora ciudadano Roberto Ramones Montero, tal y como consta en el poder apud acta el cual corre inserto al folio (12) del presente expediente y en el cual la citada abogado está facultada para desistir en nombre de sus representado ante citado; mediante la cual desiste de la presente procedimiento y solicita se levante la medida de preventiva de embargo decretada por este Tribunal y se le entregue los instrumentos cambiarios que se encuentran en la caja fuerte del Tribunal. Y se de por terminado el presente juicio.
Este Tribunal para emitir pronunciamiento con relación a lo solicitado lo hace previa las siguientes consideraciones:
El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Arminio Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones:
a) Que conste en el expediente en forma auténtica; y
b) Que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.
El procesalista venezolano Dr. Arístides Rengel- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte; 1994; paginas 367 y 368, al referirse al desistimiento del recurso, afirma:
“...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. Esta disposición establece:”Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario...”. (Cursivas del transcrito)
Si bien es cierto que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad. En efecto, en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa...”.
Ahora bien, este Tribunal observa, que en el sub iuidice, al folio 12 del presente expediente cursa poder apud Acta otorgado en fecha 11 de enero del 2017, de cuyo texto se lee:
“…Roberto enrique Ramones Montero, quien es venezolano,, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-5.684.397testando debidamente identificado en autos, …otorgo de conformidad con el articulo 152 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, Poder Apud Acta en cuanto a derecho sea necesario a la abogado en ejercicio NILDA DEL CARMEN SEGOVIA ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-9.144.768, inscrita en el I.P.S.A., bajo el número 26.187, …otorgo facultades expresas las de: convenir en la demanda, desistir, transigir, conciliar, comprometer en árbitros …”
De lo anteriormente expuesto, se concluye que la abogado Nilda Del Carmen Segovia Rosas, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, tiene facultad expresa para desistir en la presente acción. Así se decide.
En consecuencia, de lo establecido es forzoso para este Tribunal declarar consumado el desistimiento precitado y dar por terminado el procedimiento de la presente causa. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADO el desistimiento de la presente acción (cobro de bolívares-intimación) admitida o propuesta por la abogado Nilda Del Carmen Segovia Rosas, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Roberto Enrique Ramones y en el cual la citada abogado está facultada para desistir en nombre de su representado ante citado, parte demandante, contra el ciudadano Roberto Pachón Tolosa. En consecuencia, se levanta la medida preventiva de embargo decretada por este Juzgado en fecha 06 de diciembre de 2016. Asimismo, se acuerda la entrega de los instrumentos cambiarios que se encuentra en resguardo del Tribunal a la abogado Nilda Del Carmen Segovia Rosas. SE DA POR TERMINADO el presente procedimiento y se ordena el archivo del expediente. EL JUEZ(FDO)PEDRO ALFONSO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,.LA SECRETARIA(FDO) MARÍA ALEJANDRA MARQUINA DE HERNÁNDEZ.