TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, 22 DE MAYO DEL 2017

PARTE DEMANDANTE: ANA CECILIA GIL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 22.645.888, domiciliada en el edificio 5, apartamento 03-07, urbanización Nueva Ureña del Estado Táchira.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: ENNY ROSALES DE MENDEZ, Titular de la cédula de identidad N° v- 9.190.541, inscrita en el IPSA bajo el N° 58.823

PARTE DEMANDADA: HECTOR REAÑO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-3.074.812, Con domicilio en el edificio 5, apartamento 03-07, urbanización Nueva Ureña, del Estado Táchira

MOTIVO: COBRO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

EXPEDIENTE: 8025

Por cuanto de la revisión de las actas se observa:
Que en fecha 23 DE JULIO DEL 2013, se recibió la presente demanda, previa admisión y distribución (F. 1 al 40)
En fecha 29 de julio del 2013, mediante diligencia de la secretaria adscrita a este Tribunal se dejó constancia de que se consignaron los recaudos del libelo de demanda. (f. 41)
En fecha 01 de agosto del 2013, Mediante auto de este Juzgado admitió la presente demanda, y ordenó Emplazar a la parte demandada, se otorgó 01 día como término de distancia, se comisionó al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Ureña de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; se libró la Boleta de Notificación del Fiscal y la respectiva Boleta de Citación y el oficio N° 605, para el Juzgado comisionado.- (F.42 al 44)

DE LA CITACIÓN.

En fecha 22 de abril del 2014, mediante auto de este Juzgado se agregó comisión N° 3011, se recibió en fecha 21 de abril del 2014, procedente del Juzgado del Municipio pedro María Ureña de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con oficio N° 5710-110 de fecha 03 de abril del 2014, donde fue imposible realizar la citación personal y emitió el Cartel de Citación correspondiente de conformidad con el articulo 223 del código de procedimiento Civil, siendo devuelta la comisión por falta de impulso procesal para realizar las publicaciones correspondientes. (F. 45 al 66)
En fecha 26 de septiembre del 2014, mediante diligencia de la abogada Enny Rosales de Méndez, inscrita en el inpreabogado N° 58.823, Renunció al poder conferido por la demandante, en fecha 13 de diciembre del 2011. (F.67)
En fecha 20 de noviembre del 2014, mediante diligencia la abogada Enny Rosales de Méndez, inscrita en el inpreabogado N° 58.823, consignó en dos folios útiles telegrama informando de la renuncia del poder conferido. (F.68 al 70)
En fecha 23 de marzo del 2017, mediante diligencia de la abogada Enny Rosales de Méndez, inscrita en el inpreabogado N° 58.823, solicitó se libre carteles de citación del demandando, por cuanto el alguacil del tribunal no logró la citación personal del demandado y se de cumplimiento al auto de fecha 11 de noviembre del 2016 (F.71)

El Código de Procedimiento Civil establece, la institución denominada perención de la instancia.
En este sentido, el artículo 267 de dicho Código dispone:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes..."
En su esencia, la disposición contenida en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y conforme lo señala el Artículo 269 eiusdem, tal sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes.
La perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad.
En efecto la referida disposición establece el Artículo 269:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declara en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”

El tratadista Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en materia de perención, sostiene: "Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno.
La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. El fundamento del instituto de perención de la instancia reside en dos distintos motivos: De un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesario”. <> (cfr CHIOVENDA, José: Principios..., II, p.428). (HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo. "Código de Procedimiento Civil", Tomo II, páginas., 328 y 329).
El autor patrio Rengel Romberg (1.995), en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano", alude que la perención se encuentra determinada por tres condiciones, una objetiva, la inactividad se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez y finalmente una condición temporal, relativa a la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, en concordancia con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Civil, de fecha Seis (06) de Julio del Año Dos Mil Cuatro (2004), con ponencia del Magistrado TULIO ALVAREZ LEDO.
En sintonía con la doctrina anterior, la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, ha dejado establecido que la perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo, causado por la inactividad de las partes durante los plazos determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y está concebida por el Legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que éste entre en la fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expande a todos los actos procesales anteriores y posteriores a los informes, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, es decir que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de autos, que como bien lo acota el Legislador, sólo extingue el proceso.
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 27 de Febrero de 2003, respecto al ordinal segundo del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: vale decir, respecto a la perención de la instancia tiene establecido lo siguiente:
“Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual esta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efecto no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que esta operó, por lo cual tanto los hechos jurídicos transcurridos en el tiempo sin impulso de las partes como sus efectos de extinción del proceso, se rige por las normas procesales vigente para la época en que estos se verificaron.
En consecuencia, la nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. Las salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escrito, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por lo tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Los supuestos anteriores, cabe indicar expresamente, son válidos para todos los juicios, incidencias y recursos que cursen o se tramiten ante esta jurisdicción suprema, habida cuenta de que en ella, además del recurso de casación en igual manera se presenta para su conocimiento regulaciones de competencia, recursos de hechos, transacciones, desistimientos y reclamos, y como quiera que, no obstante las previsiones normativas que específicamente traten sobre cada materia en particular, la Sala estima que priva la norma general relativa a la perención en su contenido, alcance y propósito plasmando en la misma cuando determina que, toda instancia se extingue, siendo así, como ya se indico, esto justifica en interés del Estado para que en definitiva se cumpla con la finalidad jurisdiccional” .
Por su parte la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de Noviembre de 2005, respecto a la perención de la instancia dejo establecido lo siguiente:
“ La Sala considera, que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por mas de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin mas tramites declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata así del simple cumplimiento de una condición objetiva, que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que tuvieron estas y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención.
En definitiva, para que opere la perención de pleno derecho, basta que se haya paralizado la causa por mas de un año, pues el único limite impuesto por el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, es que se haya dicho “VISTO” en la causa, en cuyo caso la inactividad no produce la perención”.
Siguiendo los lineamientos anteriormente expuestos, los cuales comparte en todas sus partes este Tribunal, y tomando en consideración que en el caso particular de la perención, debe tomarse en cuenta que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que esta se produce y no desde que es declarada por el Juez, por lo tanto la declaratoria por el Juez solo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos.

Sentadas las premisas anteriores, y observando el Tribunal que consta plenamente en autos que desde el 20 de noviembre del 2014, (.F68), Consta en el presente proceso como última actuación de la parte demandante la consignación del telegrama de fecha 06 de octubre del 2014 a Ipostel, y su correspondiente recibo de pago de la misma fecha, mediante la cual notificó a la demandante por aviso de recibo de la renuncia de poder conferida por la demandante, por lo que era un deber ineludible de la parte interesada la tramitación del proceso, lo que implica que su desatención entraña una renuncia a continuar la causa, incurriendo infaliblemente en el presupuesto normativo del encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como puede apreciarse ha transcurrido hasta la presente fecha desde el 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 (f.68), más de un (1) año de inactividad procesal plena, por lo que este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12, 15, 242, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de COBRO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

NOTIFÍQUESE de la presente decisión a las partes.

Así mismo Se COMISIONA amplia y suficientemente al Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro Maria Ureña, para la Práctica de la notificación de la parte demandante.

Abg. Diana Beatriz Carrero Quintero
Juez Temporal
Abg. Katherine Dineyvi Díaz Cárdenas
Secretaria accidental

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en la sentencia anterior, y se libró la respectiva Boleta de notificación y el oficio N° ____, para el Juzgado comisionado

Abg. Katherine Dineyvi Díaz Cárdenas
Secretaria accidental
Exp. 8025
Adrian