TSJ Regiones - Decisión

Corresponde a este Tribunal Segundo en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, dictar auto fundado de conformidad con los artículos 157 y 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida al Ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, Nacionalidad: Venezolano, Lugar De Nacimiento: Macuto, Estado Vargas Fecha De Nacimiento: 02/09/1997 Edad: 19 Años, Profesión: Obrero, Estado Civil: Soltero, Hijo De: Dennises Tapia (V) Julio Hernández (V), DIRECCIÓN: LA ALCABALA, CALLEJÓN HOLLS MENTOLITO, CASA Nº 46. TELEFONOS: 0424-137-26-83/ 0424-252-67-54. Imputado en la presente causa, a tal efecto este Juzgado hace las siguientes consideraciones:

En la audiencia oral para oír al Imputado celebrada por este Juzgado Segundo en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el día (09) de MAYO de dos mil diecisiete 2017 la ciudadana Fiscal ABG. LILIANA ORIHUELA, Fiscal Octava (8º) del Ministerio Público del Estado Vargas, quien expuso lo siguiente: ““En el pleno ejercicio de mis atribuciones Constitucionales y legales presento en este acto al ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIAS, titular de la cédula de identidad Nº V- 25,574,210, quien fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Sub-delegación La Guaira, luego que acudiera la Ciudadana MARIELA RUIZ, a fin de denunciar que el referido ciudadano mantenía una relación con su hija la adolescente E.N.L.R, de 13 años de edad, y que estaban manteniendo relaciones sexuales, razón por la cual se le tomo testimonio a la adolescente quien manifestó que efectivamente el ciudadano era su novio, y que han mantenido relaciones sexuales en 5 oportunidades, tres veces en su residencia y dos en la del ciudadano, así mismo se le practicó un reconocimiento médico legal vagino rectal, a la adolescente que arrojó como resultado Vaginal: desfloración positiva antigua. Anal. Traumatismo Anal Antiguo. Razón por la cual los funcionarios efectuaron la aprehensión del ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIAS .Es todo”. En tal sentido esta Representación Fiscal considera que la conducta desplegada por el ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIAS ,encuadra dentro del tipo penal de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En razón de lo cual solicito muy respetuosamente al Tribunal lo siguiente: PRIMERO: Ahora bien, ciudadano Juez, aprecia esta Representación Fiscal que la aprehensión del hoy imputado no se llevo a cabo en estricta observancia del contenido del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal para considerarla flagrante visto que nos encontramos ante un hecho punible que ocurrió aproximadamente el día anterior, en atención a estos particulares solicito que no se estime flagrante su aprehensión, no obstante vale traer a colación y a su vez considerar lo establecido por nuestro máximo Tribunal de Justicia en la Sentencia número 526 de fecha 9-04-01, con ponencia del Magistrado Dr. IVAN RINCON URDANETA en Sala Constitucional donde se señala que el error en que haya incurrido los funcionarios policiales actuantes aprehensores no puede ser traspasado al Ministerio Público ni al órgano jurisdiccional y cuando conste en las actuaciones procesales elementos suficientes para considerar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal reformado (actualmente artículo 236), siendo esta ratificada en la Sentencia número 521 de fecha 12-05-09, con ponencia del Dr. MARCOS TULIO DUGARTE PADRON, y las decisiones 2176 de fechas 12-09-02, emanadas de la Sala Constitucional con ponencia del Dr. ANTONIO GARCIA GARCIA, y la Sentencia número 457 de fecha 11-08-08, con ponencia de la Dra. DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, emanada de la Sala de Casación penal donde establece que el Tribunal de Control puede decretar privación de libertad de una persona sin que opere la flagrancia ni orden judicial previa en una causa penal de homicidio.. SEGUNDO: Se acuerde la continuación del presente procedimiento por la vía especial establecida en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Ahora bien, con vista a lo anteriormente expuesto y por cuanto se encuentran satisfechos a cabalidad los extremos de los artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal solicito se le decrete al ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIAS. CUARTO: Invoco en este acto el INTERES SUPERIOR DE LA NIÑA VICTIMA establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual es de obligatorio cumplimiento y más aun en el presente caso donde la acción dolosa del imputado vulneró el derecho de la víctima a su pudor, recato, integridad personal, indemnidad sexual. QUINTO: Solicito se tome el Testimonio de la Victima por vía de la prueba anticipada de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. SEXTO: Solicito copia de la presente acta para fines que competen al Ministerio Público. Es Todo.”

Seguidamente se deja constancia que no compareció la ciudadana Victima (E.L.N.R.) Se omite su identificación de conformidad con el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente.

Seguidamente el ciudadano Juez procede a imponer del Precepto Constitucional al Imputado: DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, establecido en el artículo 49 numeral 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a que no está obligado a rendir declaración, ni reconocer culpabilidad contra sí mismos, ni contra su familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en caso de consentir en rendir declaración, lo harán sin juramento y la misma constituirá un medio para su defensa, se le informó sobre el objeto de la presente audiencia así como de los hechos por los cuales está siendo presentado ante el Tribunal. Acto seguido, el ciudadano Juez antes de preguntarle a los Imputados si deseaban rendir declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a la identificación plena del mismo, quien dijo ser y llamarse como queda escrito: DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, Impuesto del artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y quien EXPUSO: “NO DESEO DECLARAR, ES TODO.”

Seguidamente el ciudadano Juez le concede el derecho de palabra a la Defensa Publica ABG. NEVIDA VARGAS, quien expone: “Vista la exposición fiscal y revisada las actuaciones que conforma el presente expediente esta defensa solicita que se aparte de la precalificion fiscal ya que no existe suficientes elementos de convicción para demostrar la responsabilidad de mi representado, primero no se encuentra presente la victima para que corrobore o no la denuncia planteada, tampoco está en acta la partida de nacimiento a los fines de esclarecer la edad de la misma, solicito que se siga por la vía especial ya que hay muchas diligencia que practicar, que se aparte de la privativa de libertad y que se le acuerde a mi representado una medida cautelar y menos gravosa de fiel cumplimento para los fines de garantizar las resultas del proceso solicito copia de la presenta audiencia. Es todo.”

Ahora bien, a los fines de decidir, oídas las argumentaciones esgrimidas por las partes y analizados todos y cada uno de los elementos de convicción que cursan en la presente causa, este Tribunal procede a decidir en los siguientes términos:

En cuanto a la solicitud del Ministerio Público de que la presente causa se ventile por el procedimiento especial previsto en los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este juzgador acuerda el mismo en virtud de que para el juzgamiento de los delitos tipificados en este cuerpo normativo se determinó que debe seguirse un procedimiento especial contenido en la Sección Sexta del Capitulo IX de la ley especial, aún en los supuestos de flagrancia, con la única excepción de aquellos casos en los cuales se decrete la medida privativa de libertad, caso en el cual se debe orientar el procedimiento por el contenido del parágrafo único del artículo 79. Tal como se indica en la exposición de motivos de la Ley Especial “Atendiendo a las necesidades de celeridad y no impunidad, se establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, ante un juez o jueza unipersonal para todos los casos, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad…omisis… Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.”.

Vista asimismo la aprehensión realizada la cual no fue en flagrancia, en virtud que no cumple con los parámetros exigidos en la causa seguida al ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210,, en virtud de los hechos acaecidos, este tribunal declara sin lugar la misma por cuanto no cumple con los parámetros del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se puede afirmar que en el procedimiento especial previsto para el juzgamiento de delito de género no existe una clara descripción de las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia a saber:
1. El que se esta cometiendo.
2. El que se acaba de cometer.
a. Se entiende que se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento.
b. En este supuesto la autoridad competente debe dirigirse en un lapso que no debe exceder de doce (12) horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, donde debe recabar los elementos que acreditan su comisión, y verificados los supuestos de flagrancia procede a practicar la aprehensión en situación de flagrancia.
3. Cuando el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, o por la mujer agredida, por u particular o por el clamor público.
4. Cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca.
5. El que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Esta descripción de las situaciones en las cuales se debe estimar que no existe una aprehensión en flagrancia, amplia de manera considerable lo descrito en la norma adjetiva penal en relación al juzgamiento de delitos ordinarios, es por lo que no se decreta la aprehensión en flagrancia, ya que no cumple los parámetros del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, debe entenderse claramente que existe una considerable diferencia entre lo que es el delito flagrante y lo que es la aprehensión en flagrancia, asuntos que son absolutamente disímiles aunque tienden a confundirse en la práctica forense.

Se entiende que el delito flagrante se verifica “…por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva…”
La detención in fraganti, esta referida a “…la detención de la persona en el sitio de los hechos o a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco e haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina cuasi-flagrancia, lo cual no sucedió en este procedimiento…”

Así mismo, Verificado las Actas que conforman el presente Expediente, se evidencia que el Ciudadano, DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, no fue aprehendido en Flagrancia por lo que este Tribunal no acoge la aprehensión en flagrancia por cuanto se viola lo establecido en el articulo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo cual no cumple con los requisitos del articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, concatenado con la Sentencia de la Sala Constitucional Nº 526, Ratificada en la Sentencia Nº 521 con Ponencia del Magistrado Marco Dugarte y Sentencia 457 de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas.
Al respecto, la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 272, de fecha 15 de febrero de 2007 señaló que:”…la flagrancia en los delitos de género viene determinada por la percepción que se tiene de los elementos que han de deducir, prima facie, la relación de causalidad entre el delito y el supuesto autor, causalidad que deberá demostrarse y/o desvirtuarse en el proceso. Como consecuencia jurídica directa, acarrea la detención in fraganti, esto es, sin orden de inicio de investigación y sin orden judicial, ello para asegurar la tutela del objeto jurídico protegido; esto es de integridad física de la mujer víctima…”, Por lo anterior, este Tribunal no acuerda la aprehensión en Flagrancia del Ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, y en tal sentido, sea tramitada la presente causa por el procedimiento especial previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

DE LA SOLICITUD DE PRUEBA ANTICIPADA

En cuanto a la PRUEBA ANTICIPADA solicitada por el Ministerio Publico de manera Oral y presentada en Escrito ante este Tribunal de conformidad con el articulo 84 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concatenado con el articulo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual: “el acto de la prueba anticipada es un mecanismo procesal que se realiza en la fase preparatoria, y de ahí su nombre, por razones de urgencia y de necesidad y de aseguramiento de sus resultados, por lo cual debe ser apreciada como si efectivamente se hubiera practicado en el juicio; esta consiste en tomar esa declaración o hacerle rendir esa experticia frente a un juez y con la asistencia de todas las partes del proceso y por ende con la posibilidad de que estas puedan controlar esa prueba o puedan oponerse a ella…” SENTENCIA Nº 192, de Fecha 17/06/2014 Sala de Casación Penal.

Según Longa Sosa, “la Prueba Anticipada, se practicara cuando exista riesgo de que desaparezcan o se alteren rastros, lugares o personas que van a proporcionar los medios probatorios, y se requiere la practica de tal prueba con premura en virtud de que pudiera tratarse de un acto único e irrepetible que pudiera desaparecer.”

“…La vulnerabilidad puede proceder de las propias características personales de la Victima o testigo o bien de las circunstancias personales de la victima o testigo o bien de las circunstancia de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras Victimas, las personas menores de edad, las victimas de violencia de género, las víctimas de delitos de Explotación sexual, los adultos mayores, así como los familiares de victimas de muerte violenta. Es por ello que se debe alertar de la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Así mismo se debe procurar que el daño sufrido por la victima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).” (DRA. RENE MOROS TROCCOLI. Derecho Contra la Violencia. Editorial por CORPUOLA. Caracas. Venezuela Año 2010).

Vista la solicitud planteada tanto Oral como Escrita ante este Tribunal, se acuerda la realización de la PRUEBA ANTICIPADA de conformidad con el articulo 84 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concatenado con el articulo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que este Tribunal acuerda la realización de la prueba anticipara para el día LUNES 15/05/2017, a las 10:30 horas de la mañana.

DE LA PRECALIFICACION JURIDICA

A los fines de realizar la Precalificación Jurídica dada a los Hechos, es oportuno referir la Jurisprudencia pacifica y reiterada de nuestro máximo Tribunal, en SALA CONSTITUCIONAL, de fecha (15) de Febrero de 2007, con ponencia de la MAGISTRADA Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, en el expediente Nº 06-0873, EN LA CUAL SE ESTABLECE. “…En lo que atañe a la autoria, el órgano receptor de la Información recabara de inmediato los elementos de convicción que hagan sospechar de la persona señalada por la mujer Victima como el agresor…” Por lo que, en cuanto a los elementos de convicción incoados por el Ministerio Público, este Juzgador observa que los mismos resultan suficientes y concordantes, lo que hace presumir la comisión de los hechos punibles que se les atribuyen a todos y cada uno de los Imputados de autos en la presente causa. Dichos elementos de convicción acreditan los delitos precalificados por la vindicta Publica, considerándose suficientes, tomando en cuenta esta fase incipiente donde se da inicio a la Investigación. Es así, que el análisis de cada uno de ellos, a criterio de este Tribunal, permite adecuarlos a los tipos penales que se le imputan al Ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Cual establece: “Quien ejecute acto carnal, aun sin violencia o amenazas. Numeral 1º: En perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a trece años. Sera penado o penada con Prisión de Quince a Veinte años.” (negrillas subrayado por el Tribunal),
De los elementos de convicción y de los expuesto por las partes en la presente audiencia, se puede apreciar en el caso en comento, existen suficientes elementos de convicción incriminatorio en contra del Imputado, por lo que considera quien aquí decide, que en este momento procesal, de las actas que conforman el presente expediente, se desprende las circunstancia de modo, tiempo y lugar de la forma que ocurrieron los hechos, las cuales correlacionadas con los elementos de convicción, hacen presumir la comisión de los hechos punibles por los Imputados mencionado, en razón de ello, conforme a la jurisprudencia pacifica y reiterada de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en SALA CONSTITUCIONAL, mediante decisión del 15 de Febrero de 2007, con Ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, en el Expediente Nº 06-0873, en la cual establece: “…En lo que atañe a la Autoria, el órgano receptor de la Información, recabara de inmediato los elementos de convicción que hagan sospechar que la persona señalada como el agresor…” y en aras de la Tutela Judicial Efectiva, se admite la precalificación Jurídica dada a los hechos, para el Ciudadano, DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por otro lado la fiscalía del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como el delitos de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia., este Juzgador debe señalar que la violencia es la cara más brutal de la discriminación por razones de género, por lo que al constituir la violencia contra las mujeres un tema de derechos humanos y de salud pública es nuestro deber dar cumplimiento a las obligaciones que el Estado venezolano ha asumido a lo interno y frente a la comunidad internacional, por medio de uno de los Poderes Públicos, cual es el Poder Judicial, y así lo consagra el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en tal sentido observa que en el presente asunto es necesario en primer lugar pronunciarse sobre la calificación del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así pues, este juzgador revisada como han sido las actas procesales considera que se encuentra ajustada la precalificación fiscal, toda vez que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hecho, así como de las respectivas Actas de entrevistas, Actas de Inspección, y de lo manifestado por las partes en la presente Audiencia para Oír al Imputado de autos, es por lo que este juzgador se pudo apercibir en la Audiencia el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia., de la que fue objeto la víctima, niña, ya que el Imputados de autos, aprovecharon su vulnerabilidad para causarle el daño, razón por la cual este juzgador admite las precalificación fiscal.- Y ASI SE DECIDE.

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD:

Ahora bien, por constituir una obligación indeclinable de este Juzgador garantizar a las Victimas a que se respete su integridad personal, y en fin a disfrutar una vida libre de violencia, y con fundamentos de principios fundamentales de justicia, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 21.2 y 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, los artículos 4 en su encabezamiento y literales “f” y “g” artículos 7 literal “f” todos de la convención interamericana para prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convenio Belem Do Para), los artículos 1, 10 y 37 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y conforme al articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la Búsqueda de la verdad de los hechos, considera este Tribunal que lo ajustado a derecho es decretar las Medidas de Protección y Seguridad, las cuales son dictadas para garantizar la integridad física, Psicológica y Patrimonial de la Mujer victima de Violencia por razones de genero, y se dictan principalmente para garantizar la seguridad del sujeto pasivo (victima), frente a unas futuras y probables agresiones.

Dado el Cumplimiento a lo establecidos en estos convenios Internacionales y a lo dispuesto en el ARTICULO 5 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual establece; “El estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las Medidas administrativas, legislativas y judiciales de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta ley y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres Victimas de Violencia.” Por lo que este Juzgado dicta las Medidas de Protección y Seguridad Establecida en el articulo 90 ordinales 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Consistente en: prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo estudio y residencia de la mujer agredida; la prohibición a que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida, o algún integrante de su familia. Estas Medidas son para proteger a las Victimas, no obstante las mismas son de obligatorio Cumplimiento por parte de los Imputados. Y ASI SE DECIDE.

DE LA PRIVACION JUDICIAL DE LIBERTAD:

En relación a la Medida de Privación Preventiva de Libertad, conforme a lo dispuesto en el articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe verificar este Tribunal si se encuentran llenos los extremos para la procedencia de esta Medida extrema de coerción personal. Al respecto, resulta oportuno señalar, que para que proceda la Privación Judicial Preventiva de Libertad, no se requiere plena prueba de la culpabilidad del imputado, solo se exige la presunción de la participación del Imputado en el hecho por el cual fue presentado ante el tribunal para decretar la procedencia de la medida de coerción personal, lo que al efecto surge de los elementos de convicción necesarios en esta fase del proceso, para la procedencia de la solicitud fiscal. Resultado claro el hecho de que será en la fase de investigación, en la que el titular de la acción penal realizara todas las diligencias para el establecimiento de la veracidad de, los hechos.
De igual manera este Tribunal en razón de la Jurisprudencia del máximo Tribunal sobre este aspecto, resulta pertinente Traer a Colación la Decisión Nº 1998 de fecha 22/11/2006, emanada de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “…Los Tribunales, al momento de adoptar o mantener sobre un ciudadano la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, debe llevar acabo la articulación de un minucioso análisis de las circunstancias fácticas del caso que se someta a su consideración, y tomar así, en cuanta, además el principio de legalidad la existencia de indicios racionales de Criminalidad en el caso concreto, y adoptar- o mantener- la antedicha provisión cautelar, como una medida excepcional, subsidiaria, provisional, necesaria y proporcional a la consecución de sus fines…”
De lo anteriormente expuesto, se desprende que para que proceda la Imposición de una medida de Coerción personal, como lo es la PRIVACION DE LIBERTAD, deben configurarse los supuestos legales a los que se contrae en artículo 236 del Texto adjetivo penal, aplicado supletoriedad conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ahora bien, el articulo 236 del Texto adjetivo penal, aplicado supletoriedad conforme a lo establecido en el articulo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, autoriza al Juez de Control para decretar medidas de coerción personal al imputado, siempre que:
1º.- Se acredite la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita.
2º.- Que exista fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o participe de la comisión de un hecho punible.
3º.- Exista presunción razonable, por la apreciación de las circunstancia del Caso particular, de peligro de fuga, o de obstaculización a la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de investigación.
De acuerdo a lo expuesto y aplicando dichas condiciones al caso in comento se observa, en cuanto a la existencia de:
1º.- Se acredite la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita.
En el presente asunto nos encontramos frente a la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad como es el delito ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual establece la pena de prisión de 15 a 20 años por el ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE..

2º.- Que exista fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o participe de la comisión de un hecho punible.
En el caso in comento se cuenta con los elementos corroborantes señalados tanto en el acta policial como en las actas de entrevista realizados por los funcionarios del Destacamento Nº 451 Comando de Zona Nº 45 Primera Compañía del Estado Vargas de Fecha Sábado 24 de septiembre de 2016 donde se identifican a los imputados y las victimas, también existe el elemento de convicción relacionado al reporte de movimiento migratorio de los imputados de los pasajes que tenían los ciudadanos imputados así como los de las victimas, asimismo de la declaración de los imputados y la exposición de las partes en la Audiencia para Oír al Imputado.
3º.- Exista presunción razonable, por la apreciación de las circunstancia del Caso particular, de peligro de fuga, o de obstaculización a la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de investigación.
Existe en el presente asunto una presunción razonable de peligro de fuga tomando en consideración la magnitud del daño causado al tratarse en el caso particular de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, un delito pluriofensivo ya que atenta no solo en contra de la libertad de las victimas sino que lesiona su integridad física y su estabilidad emocional aunado a ello que constituye un delito especialmente grave interpretándose en la actualidad como una de las peores formas de explotación y su conceptualización se ha transformado a través de los años sin embargo siempre ha sido ligada a vulnerar los derechos humanos de las victima a través de alguna forma de engaño, sometimiento, coacción, abuso de poder, intimidación o amenaza, e incluso en contra de su voluntad o viciando su consentimiento; y mas recientemente ampliándose lo establecido en la normativa legal venezolana que regula este tipo penal, donde incluye la expresión “aun con el consentimiento de la victima”.
En virtud de lo señalado anteriormente, sobre la base de un fundamento juicio explicando las razones de hecho y de derecho se puede verificar que en el presente asunto se encuentran llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con lo dispuesto en los ordinales 1º, 2º y 3º así como los parámetros de los artículos 237 numerales 2º, 3º, 5º y parágrafo primero, igualmente los parámetros legales del articulo 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal por lo que este juzgador arribo a la conclusión de dictar la medida extrema de coerción personal y fundamentada en lo antes expuesto es por lo que considera que lo procedente y ajustado a derecho es decretar la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del Ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el artículo 44 numeral 1° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenando su Reclusión del Ciudadano DEIVER DAVID HERNANDEZ TAPIA, Titular De La Cédula De Identidad Nº V-25.754.210, en el CENTRO PENITENCIARIO REGION CAPITAL DE YARE III, por lo que se acuerda que el Ciudadano sea Resguardado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Vargas, mientras finalizan las múltiples diligencias por practicar en la fase de investigación. Y ASI SE DECIDE.

Ahora bien, en virtud de lo anteriormente expuesto, por constituir una obligación indeclinable de este Juzgador garantizar a las víctimas a que se respete su derecho a la integridad personal y psicológica, y en fin a disfrutar de una vida libre de violencia, y con fundamento en principios elementales de justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 21.2 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 4 en su encabezamiento y literales “f” y “g”, artículos 7 literal “f” todos de la Convención Interamericana par Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), los artículos 1, 10 y 37, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y conforme al articulo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, a lo fines de garantizar la búsqueda de la verdad de los hechos considera este tribunal que lo ajustado a derecho es decretar la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en virtud que existen suficientes elementos de convicción para decretar la Privación de Libertad de conformidad con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numerales 2, 3 y 5 parágrafo Primero, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, Y ASI SE DECIDE.