TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
207° y 158°
PARTE DEMANDANTE: BELTRÁN GUERRERO YSARRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.679.845, de este domicilio y civilmente hábil, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 66.345, en su carácter de endosatario en procuración.

PARTE DEMANDADA: MILAGRO DEL SOCORRO GARCÍA DE BORRERO y JOSÉ MANUEL BORRERO ROMERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro. V-5.343.024 y V.-5.022.042, respectivamente, domiciliados La Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira y civilmente hábiles.

MOTIVO: Cobro de Bolívares Intimación.

EXPEDIENTE: 19364
NARRATIVA
Revisado como ha sido el presente expediente se observa lo siguiente:
A los folios 1 al 4 corre demanda interpuesta por el abogado Beltrán Guerrero Ysarra, en su carácter de endosatario en procuración contra los ciudadanos Milagro del Socorro García de Borrero y José Manuel Borrero Romero por Cobro del Bolívares Intimación. Dicha demanda fue admitida por auto de fecha 22 de enero de 2015 (f.16), en el cual se ordenó la intimación de los demandados para que consignaran por ante el Tribunal en el lapso de diez días de despacho y apercibidos de ejecución las cantidades señaladas, sin perjuicio de que formule oposición y que no habiendo ésta se procederá a su ejecución. Asimismo, se instó a la parte actora a suministrar las copias para la elaboración de la correspondiente compulsa.
Por auto de fecha 22 de enero de 2015, se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada y se libró oficio Nro. 53 al Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del estado Táchira. Se abrió cuaderno de medidas (folio 17).
En fecha 11 de febrero de 2017, se agregó oficio Nro. 00026/2015 del Registro Público del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del estado Táchira (f.03 Cuaderno de Medidas)
Por diligencia de fecha 23 de febrero de 2015, el abogado Beltrán Guerrero Ysarra informó que suministró al Alguacil lo necesario para elaborar las boletas de intimación y el traslado (f. 18). Igualmente, el Alguacil informó que la parte actora le suministró los fotostatos para elaborar las boletas (f. 19).
En fecha 26 de febrero de 2015, se libraron las boletas de intimación a la parte demandada (Vto f. 19).
En el Cuaderno de Medidas, el abogado Beltrán Guerrero Ysarra mediante diligencia de fecha 11 de agosto de 2015, solicitó el levantamiento de la medida decretada en fecha 22 de enero de 2015 (f. 04)
Por auto de fecha 12 de agosto de 2015, se levantó la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada. Se libró oficio Nro. 614 al Registro Público respectivo (f.5 Cuaderno de medidas)
En fecha 16 de septiembre de 2015, se agregó oficio Nro. 188/2015 del Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal y Torbes del estado Táchira (f. 6 y 7 Cuaderno de Medidas)
El Alguacil, mediante diligencia de fecha 31 de octubre de 2017, informó que no le suministraron los medios de transporte para practicar la intimación (f. 20).
Por auto de fecha 10 de noviembre de 2017, el Juez Provisorio Juan José Molina Camacho se abocó a la causa (f. 35).
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
De las actuaciones anteriormente relacionadas se aprecia que la parte actora no impulsó la practica de la citación y su última actuación fue en el cuaderno de medidas en fecha 11 de agosto de 2015, solicitando el levantamiento de la medida decretada en fecha 22 de enero de 2017.
Así las cosas, este Tribunal observa que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…). Resaltado propio
En el encabezado de la norma transcrita el legislador estableció la perención a la instancia como una forma anormal de terminación del proceso que se configura por la inactividad de las partes durante el período mayor de un año al no efectuar actos de procedimiento para mantener el desarrollo del proceso.
La finalidad de la perención es evitar que los procesos se perpetúen por tiempo indefinido y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de las causas, en las cuales resulte un evidente desinterés de las partes en la continuación del juicio quienes como manifestación del principio dispositivo tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia.
En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 063 de fecha 4 de marzo de 2013, puntualizó lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
…Omissis…
De acuerdo al artículo antes transcrito, se tiene que de acuerdo a los principios de economía y celeridad procesal, la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente en no impulsar el proceso de manera diligente.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En sintonía con lo anterior, la Sala considera pertinente citar sentencia N° RC-591 de fecha 29 de noviembre de 2010, caso de Seguros Mercantil, C.A. contra Jorge Díaz y otro, expediente N° 10-361, en la cual se dejo establecido lo siguiente:
“…El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que
…Omissis..
Respecto al contenido de la norma jurídica precedentemente citada, la Sala ha establecido que no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al juez. Es decir, si se espera alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, no puede imputársele a las partes el transcurso del tiempo, por cuanto la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no es atribuible a las partes. De allí que, lo establecido en la parte in fine del primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la inactividad del juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria y a cualquier otro pronunciamiento que sea menester que el juez dicte para la prosecución del juicio. (Vid. sentencia Nº 073, de fecha 15 de marzo de 2010, en el juicio incoado por Mirla Arrieta, contra Goma Espuma Nacional Compañía Anónima)...”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, se tiene que no puede imputársele a las partes en el proceso el transcurso del tiempo, si existe la espera de alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, ya que la resistencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para continuar la causa, no es atribuible a las partes, pues esa inactividad en el juicio sólo le es imputable al juez.
Al respecto, resulta pertinente citar al tratadista Ricardo Henríquez La Roche, que en su obra Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas 2.005, Pag. 194, indica sobre la paralización del juicio por causa de inactividad, lo siguiente:
“…Paralización por inactividad. La quietud del proceso como dice GUASP, se debe a la inactividad de las partes o del Juez. Si un acto procesal no se realiza en la oportunidad legal por causa de dicha inactividad, las partes dejan de estar a derecho y es necesario notificarlas para la prosecución del juicio.
La paralización del proceso por más de un año, fuera del estado de sentencia, acarrea la perención de la instancia, en virtud de la cual opera de derecho (ipso iure) la caducidad y extinción del juicio. Si la paralización ocurre luego de vistos porque el juez no dicta sentencia en el lapso legal, no se produce la perención de la instancia, de acuerdo a lo señalado por la ley (Art. 267)…”. (Mayúsculas y cursivas del texto, subrayado de la Sala).
(Exp. N° AA20-C-2012-000455)

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el proceso al no impulsar el mismo hasta la fase de sentencia en la cual la inactividad del órgano jurisdiccional en dictar la decisión no puede imputársele a las partes y en tal virtud en dicha etapa ya no es posible declarar la perención.
En el caso de autos, tal como antes se señaló desde el día 11 de agosto de 2015, fecha en la cual la parte actora solicitó el levantamiento de la medida decretada en fecha 22 de enero de 2015, se produjo una evidente inactividad de la parte actora en el proceso la cual excedió el lapso de un año establecido en el encabezado el artículo 267 procesal, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVA
En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA por haber transcurrido más de un año sin que hubiese habido actuación alguna de la parte actora.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria del Juzgado Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la Ciudad de San Cristóbal, a los diez días del mes de noviembre de 2017.-

Abg. Juan José Molina Camacho
Jueza Temporal
María Alejandra Marquina de Hernández
Secretaria

En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp.19364-2015
/Nidelys