TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 6 de noviembre de 2015
207º y 158º
ASUNTO ANTIGUO: 8403
ASUNTO: SE21-G-2011-000011
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA N° 105/2017

En fecha 30 de noviembre de 2010, el ciudadano Cesar Gustavo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 3.794.942, asistido por el abogado Teodulfo Chacón Contreras inscrito en el IPSA bajo el N° 74.415, interponen ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, escrito contentivo de querella funcionarial contra el Instituto Nacional de Cooperativa Educativa Socialista (INCES-TACHIRA).
El 01 de diciembre de 2010, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Medicación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, ordeno su revisión por el Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Táchira a los fines de l pronunciamiento de la admisión, siendo el 02 de diciembre el Juzgado antes mencionado se abstuvo de admitir el presente recurso por no llenar los requisitos establecidos en el articulo 123 numerales 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 16 de diciembre de 2010, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante auto declaro su falta de competencia por materia y declinó competencia a el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región los Andes.
El 7 de febrero de 2011, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región los Andes, recibió el presente asunto, donde le dio entrada quedando asignado bajo N° 8403, posteriormente mediante auto el Juzgado Superior antes identificado admitió la presente querella, ordenando citación al Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) y notificación a la Procuraduría General de la República y Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
El 01 de noviembre de 2012, mediante auto el Juzgado antes mencionado, en vista que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista , se adscribió al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, actualmente Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, ese Tribunal dejo sin efecto la notificación ordenada al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y acordó notificación al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ahora bien, con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de fecha 22 de junio de 2010, publicada en Gaceta Oficial N° 39.451, y en atención a la Resolución N° 2012-0009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, se ordenó la creación de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Ello así, el pasado 3 de diciembre de 2012, fue inaugurado este Órgano Jurisdiccional Estadal.
Así las cosas, se procedió a recabar todos los expedientes que cursaren ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial, Región Los Andes en que la Administración Pública del estado Táchira, en cualquiera de sus niveles, tuviere intervención ya fuere como parte recurrente o recurrida
En fecha 27 de noviembre de 2015, la representación judicial de la parte querellada, solicitó la perención de la presente causa, donde el Juez de este órgano Jurisdiccional, mediante auto de fecha 01 de diciembre del 2015, se aboco de oficio a conocer el presente asunto e indicio que la presente causa al estar paralizada 1 año y 28 días aproximadamente ordeno notificar a la parte querellante a los efectos de que informaran si mantenían interés de lo contrario se proceda al cierre mas archivo de la misma.
El 15 de diciembre de 2015, la represtación judicial de la parte querellada, solicito que de dejara sin efecto el auto de fecha 01 de diciembre de 2015, y que declare la perención en la mima, donde este Tribunal mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2015, negó tal pedimento solicitado por la querellada (f113 al f114).
El 04 de agostó de 2016, el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno boleta de notificación, del auto de 01 de diciembre de 2015, a los efecto de que informara si aun mantenía interés en continuar con el presente litigio.
El 11 de agosto de 2016, la parte querellante, mediante diligencia informo, que si mantenía interés en continuar con el proceso, solicitando que se cite al Procurador General de la República y Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
El 22 de septiembre de 2016, este Tribunal mediante auto, acordó lo solicitado por la parte querellante, ordenando notificar a la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
I
DE LA PERENCIÓN DE INSTANCIA
El Tribunal al hacer una revisión de las actas que conforman la presente causa, se permite hacer las consideraciones siguientes:
El artículo 269 de la Norma Adjetiva Civil por remisión del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En este sentido, quien aquí decide, procede de oficio, a verificar si están dadas las condiciones para considerarse consumada la perención.
Nuestro Máximo Tribunal ha definido dicha figura jurídica así:
“(…) la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.” (Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 21/09/2010, exp. 2007-0453, sentencia Nº 00853).

De igual manera, se ha establecido:
“La perención de la instancia es un medio para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria del operador de justicia no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo la parte accionante interponer nuevamente la acción en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se trata, así, de un instituto procesal establecido en la ley con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia se vean obligados en procurar la composición de causas, en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales.
[…]
De la norma transcrita se colige que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá declarar consumada la perención -bien sea de oficio o a instancia de parte-, excepto en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez el acto procesal siguiente, tales como: la admisión de la demanda, la fijación de una audiencia y la admisión de pruebas. (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 0080 y 00279 del 21 de noviembre de 2010 y 3 de marzo de 2011, respectivamente).” (Sala Político-Administrativa, sentencia del 19/10/2011, exp. Nº 2009-0859, sentencia Nº 01389).

Siguiendo con lo que antecede y por remisión del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Artículo 267°
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
(…)”

Al analizar el caso de marras, observa quien aquí decide:
1) El 11 de agosto de 2016, la parte querellante, mediante diligencia informo, que si mantenía interés en continuar con el proceso, solicitando que se cite al Procurador General de la República y Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
2) El 22 de septiembre de 2016, este Tribunal mediante auto, acordó lo solicitado por la parte querellante, ordenando notificar a la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
De lo anterior se observa que, admitida la querella funcionarial el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región los Andes libró oficios 592, 593 y 594 para la práctica de la notificaciones de las admisión allí acordadas al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Y Procuraduría General de la República, pero como señalo el Juzgado antes mencionado mediante auto de fecha 26/09/2012 (f88): “…la notificación de los ciudadanos Procuradora General de la República y Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, no se encuentran debidamente cumplidas; siendo así, este Juzgado Superior a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso de la parte querellada, estima procedente en el caso bajo estudio librar nuevos oficios de notificación…”
Así, como también en vista que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), se adscribió al Ministerio del Poder Popular, Ciencia Tecnología e Innovación, el Juzgado antes identificado dejo sin efecto la notificación al Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
Por lo tanto, apreciando el interés de la parte querellante, en continuar el presente proceso, se ordeno notificar del auto de fecha 10/02/2011, donde el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región los Andes admitió la presente querella al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Segundad Social y Procuraduría General de la República, mediante oficios N° 1053/2016, 1054/2016 y 1055/2016 de fecha 22/09/2016, sin embargo, luego del 22/9/2016 la parte querellante no efectuó acto alguno para impulsar o gestionar lo relativo a la notificación de la admisión acaecido; o sea, para inducir el avance de este proceso.
Por otro lado, siendo que las partes litigiosas asistidas o representadas por el profesional del Derecho, también conforman el sistema jurídico y tienen como deber el actuar en el proceso para así impulsarlo hasta llegar a su fin último, como lo es la emisión del fallo que dirima sobre su relación jurídica. Y en virtud de que desde el 22/9/2016, hasta la presente fecha, no consta en autos actuación alguna por parte de la querellante para proseguir con el curso de este litigio; y habiendo transcurrido más de 01 año, y 16 días, desde que fue agregada al expediente la último impulso procesal; se crea plena convicción en quien aquí decide, de la falta de interés en la continuación del presente proceso.
Así las cosas tenemos, el propósito de la perención está diseñado a evitar que los procesos se perpetúen ante la falta de interés de los sujetos procesales, es decir, ante su actitud pasiva para la consecución del curso del procedimiento; constituyéndose así en una forma anómala de terminación del proceso. Y, por cuanto la actuación procesal desplegada por la parte demandante se subsume en la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 de la Norma Adjetiva Civil, y además por haber demostrado una actitud pasiva o su falta de interés en impulsar la continuidad de este proceso; en consecuencia, el Tribunal estima consumada la perención de la instancia. Así se decide.
Por último, no desea pasar por inadvertido quien aquí decide, si bien la gratuidad de la justicia es un derecho constitucional (artículo 26); sin embargo, el Legislador también previó determinada carga procesal a la parte interesada para con ello inducir el impulso del procedimiento respectivo; una de esas cargas es la de consignar los emolumentos para tramitar los recaudos de citación o compulsa (copias fotostáticas) para ser acompañados junto con las citaciones, intimaciones y notificaciones que haya lugar.
Al respecto, por remisión del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Tribunal considera propicio invocar el siguiente criterio jurisprudencial, atinente a la carga procesal para gestionar lo relativo a la citación contemplada en el Código de Procedimiento Civil:
“Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, asi como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
[…]
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.” (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 06/07/2004, Exp. Nº. AA20-C-2001-000436).
De igual manera, este Árbitro Jurisdiccional, comparte y se permite transcribir el siguiente criterio:
“(…) en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar que para casos como el de autos una vez admitido el recurso contencioso administrativo funcionarial, deviene una carga procesal para la parte querellante de proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión dictado, para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.” (Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, sentencia del 06/06/2013, causa N° DE01-G-2010-000153, Antiguo N° 10.585).
De lo anterior se ratifica que, esta causa se mantuvo inactiva no por actuaciones pendientes del procedimiento que fuesen inherentes al Tribunal, sino por actuaciones que estaban a cargo de la parte que activó al Órgano de Administración de Justicia. Así se establece.
II
DECISIÓN
Por la motivación que antecede, este Tribunal Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA la perención en la presente querella funcionarial, interpuesta por el ciudadano Cesar Gustavo Gutiérrez, contra el Instituto Nacional Capacitación y Educación Socialista (INCES).
En consecuencia, SE DECLARA EXTINGUIDA la instancia en esta causa.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de este fallo para el copiador de sentencias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha seis (6) de noviembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Juez,

Dr. José Gregorio Morales Rincón
La Secretaria,

Abg. Yorley Marina Aras Sabala
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las nueve y cero minutos de la mañana (9:00 a.m.).

La Secretaria,

Abg. Yorley Marina Aras Sabala

póveda