TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO PEDRO MARIA UREÑA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, San Juan de Ureña, veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete-
207° y 158°
PARTE DEMANDANTE: MARISOL GALEANO SIERRA , mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de identidad Nº V- 13.170.015, civilmente hábil, con domicilio en el Barrio el Cují, Calle 3, Casa Nro. 1-135, en esta ciudad de Ureña, del Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira.-
PARTE DEMANDADA: HECTOR ALFONSO MOROS SÁNCHEZ, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de identidad N° V- 12.209.334, civilmente hábil, domicilio en el Barrio El Cementerio, Calle 6, Casa Nro. 0D-161, en esta ciudad de Ureña, Jurisdicción del Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira.-
MOTIVO: INCUMPLIMIENNTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
EXPEDIENTE: 1223-2012
PARTE NARRATIVA
En fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, corre inserta al folio sesenta y nueve (F.69), demanda de incumplimiento de la obligación de manutención y anexos que rielan del folio setenta (F.70) al folio (F.75), constantes de copia simple del estado de cuenta y presupuesto de exámenes paraclínicos que no se han podido realizar a su menor hijo (Identidad Omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo65 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), para ser tenidas en cuenta como prueba del incumplimiento del accionado e incoada por la ciudadana MARISOL GALEANO SIERRA , mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de identidad Nº V- 13.170.015, civilmente hábil, con domicilio en el Barrio el Cují, Calle 3, Casa Nro. 1-135, en esta ciudad de Ureña, del Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, en su carácter de madre y representante de los menores (Identidades Omitidas de conformidad con lo establecido en el Artículo65 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en contra del ciudadano HECTOR ALFONSO MOROS SÁNCHEZ, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de identidad N° V- 12.209.334, civilmente hábil, domicilio en el Barrio El Cementerio, Calle 6, Casa Nro.0D-161, alega que el padre de sus hijos no ha realizado los aportes correspondientes a la cuota de manutención desde el mes de enero hasta la presente fecha del año en curso por un monto de Diecinueve Mil Ochocientos Bolívares Fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 19.800,oo) incluido el 1% mensual moratorio, así mismo la deuda por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los gastos médicos y de medicinas por un monto de Ochenta y Nueve Mil Bolívares fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 89.000,oo), para un total de deuda en la suma de Ciento Ocho Mil Ochocientos Bolívares Fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 108.800,oo) y solicitó la notificación del obligado en autos, a los fines de que de cumplimiento con su obligación de manutención y deberes de padre con sus menores hijos.
En fecha nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, corre inserto al folio setenta y seis (F.76), Auto en el cual este Tribunal admite la presente demanda de incumplimiento de manutención y ordena la notificación del demandado, a los fines de realizar el acto conciliatorio.-
En fecha quince de noviembre del año dos mil diecisiete, corre inserta al folio setenta y siete (F.77), (F.78), diligencia suscrita por el alguacil adscrito a este Tribunal consignando boleta de notificación del obligado alimentario en la presente causa.-
En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, corre inserto al folio setenta y nueve (F.79) (F.80), que siendo la fecha y hora señalada para que tenga lugar el acto conciliatorio no se hizo presente el demandado ni por si ni por representante legal alguno a lo cual la accionante solicitó a este tribunal que decida sobre la presente causa y se abrió la incidencia probatoria de ley.-

PARTE MOTIVA
Este Juzgador hace uso de las facultades contenidas en el Artículo12 del Código de Procedimiento Civil en el que se consagra el principio de la verdad y de la legalidad procesal. Aun mas que en el Código Civil Venezolano, en su Articulo1.354, dispone acerca de la distribución de la carga de la prueba, en este caso quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y revisadas las pruebas consignadas por la parte actora en la presente causa consistentes en estado de cuenta que prueba el incumplimiento por parte del obligado en autos y los presupuestos facturas de presupuesto de exámen de torax y laboratorio clínico requerido por el beneficiario de manutención se le da carácter probatorio por no haber sido impugnadas por la contraparte, así mismo nuestro Código Civil establece en su Articulo 506, que quien pretenda que ha sido liberado de una obligación debe probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. En el caso bajo análisis, está comprobada la necesidad del niño mencionado a una manutención por parte del obligado y el mismo una vez notificado no compareció ni por si, ni por medio de apoderado Judicial para dar contestación a la demanda por obligación de manutención, por lo que entra a analizar quien aquí Juzga, la procedencia y aplicabilidad al caso de autos, del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, dispositivo regulador del Derecho Venezolano de la Confesión Ficta. A tal efecto, dispone el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil que: “ Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca…” Esta presunción de confesión ficta rebatible lógicamente en el ámbito probatorio, es doctrinariamente justificable por la consideración de que si es necesario para el actor, acudir ante los órganos administrativos a plantear su reclamación, esta actitud y el cumplimiento de tal requisito por su parte, le da derecho de exigir del reclamado su comparecencia a atender su reclamación, lo que consecuencialmente dará lugar a que si el demandado no atendiere su petición procesalmente obligante, tal actitud privilegia a quien cumple con la norma jurídica y exige su favorecimiento.
Este es el criterio sostenido por los doctrinarios venezolanos, entre los cuales se encuentra Arístides Rengel-Romberg, quien en su obra titulada Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (pag. 131, 133 y 134), establece:
“La falta de contestación de la demanda en nuestro derecho, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley debe aplicarse a los hechos establecidos…”.
El mencionado jurisconsulto, además agrega:
“La rebeldía no se produce sino por incomparecencia del demandado a la contestación, pues las partes a derecho con su citación para dicho acto y su comparecencia al mismo funciona como la antigua personación, de tal modo que la realización de aquel acto constituye la liberación del demandado de la carga de contestación, y su omisión o falta, produce la confesión ficta. El lapso de comparecencia tiene así el carácter de perentorio o preclusivo y agotado que sea, ya por la realización de la contestación o por su agotamiento por no haberse realizado 364 C.P.C.)…”. Ahora bien; como quiera que se evidencie de autos que se han cumplido todos y cada uno de los lapsos procesales, donde el demandado le fuere practicada debidamente la notificación la cual corre inserta al folio setenta y ocho (F.78), es a partir de ese momento cuando tuvo conocimiento del Juicio seguido en su contra, sin que este hubiese hecho uso de su derecho a la defensa, tanto en la contestación como en el lapso probatorio, en el sentido de traer a los autos alegatos o probanza alguna que le beneficiara.
El Doctor RICARDO ENRIQUEZ LA ROCHE, en su Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Página130, señala que la confesión ficta produce el efecto de presumir aceptados los hechos que soportan la pretensión En cuanto al segundo supuesto de que la parte demandada no promovió prueba alguna que le favoreciera en la etapa procesal correspondiente, tal y como lo prevé el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, al respecto el Tribunal observa: Que de las actas que conforman el presente expediente no se evidencia en forma alguna que dentro del referido término, la parte demandada haya promovido prueba alguna que le favoreciera, configurándose en este sentido el segundo supuesto para la procedencia de la confesión a que se refiere el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la pretensión del demandante no sea contraria a derecho, pasa el Tribunal de seguidas al análisis tanto de la petición de la parte actora, debe considerar quien aquí Juzga, que se admiten como ciertas las aseveraciones alegadas por la demandante en su libelo; siendo procedente la declaración de certeza de tales hechos; habida cuenta de que existe contumacia o rebeldía absoluta del demandado para la contestación y por lo tanto, se decreta con fundamento a lo previsto en el articulo 362 del Código de Procedimiento civil, la confesión ficta del demandado. Nuestra Jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha señalado que son tres (03) los requisitos o elementos para su procedencia, a saber: 1.- Que el demandado no haya contestado la demanda. 2.- Que el demandado no halla promovido prueba alguna que le favorezca. 3.- Que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho. A este respecto el Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, al decir:
Sala de Casación Civil, Sentencia Nº 202 del 14 de junio del 2000.
“...la inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir, extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción jurstatum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte, y por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante.” Igualmente ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia:
“...Si del análisis de los autos resulta que los hechos confesados por la vía de la confesión ficta evidencian la procedencia de la petición del actor, y a demás, que tal petición no es contraria a derecho, entonces inevitablemente el tribunal deberá fallar declarando con lugar la demanda...”.
Así mismo tomando en cuenta los siguientes Artículos de las Ley Orgánica para la Protección el Niño y del Adolescente que establecen:
Este Juzgador hace uso de las facultades contenidas en el Artículo12 del Código de Procedimiento Civil en el que se consagra el principio de la verdad y de la legalidad procesal. Aun mas que en el Código Civil Venezolano, en su Articulo1.354, dispone acerca de la distribución de la carga de la prueba, en este caso quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y así mismo nuestro Código Civil establece en su Articulo 506, que quien pretenda que ha sido liberado de una obligación debe probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. En el caso bajo análisis, está comprobada la relación paterno filial entre el obligado y los beneficiarios en cuyo nombre y representación se ha pretendido la acción por concepto de la obligación de manutención y Tomando en cuenta los siguientes Artículos de las Ley Orgánica para la Protección el Niño y del Adolescente que establecen:
Artículo 5: La familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. El estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres y las madres asuman en igualdad de condiciones sus responsabilidades y Obligaciones.
Artículo 8: El interés superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este Principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescente., así como el disfrute pleno de sus derechos y garantías.
Y Así se decide:
PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto, este Tribunal del Municipio Pedro María Ureña, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR EL INCUNPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN de los menores (Identidades Omitidas de conformidad con lo establecido en el Artículo65 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y en consecuencia el ciudadano HECTOR ALFONSO MOROS SÁNCHEZ deberá sufragar la cantidad adeudada por concepto de las cuotas de obligación de manutención y el cincuenta por ciento (50%) de los gastos médicos no sufragados en la cantidad Diecinueve Mil Ochocientos Bolívares Fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 19.800,oo) incluido el 1% mensual moratorio, así mismo la deuda por concepto del cincuenta por ciento (50%) de los gastos médicos y de medicinas por un monto de Ochenta y Nueve Mil Bolívares fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 89.000,oo), para un total de deuda en la suma de Ciento Ocho Mil Ochocientos Bolívares Fuertes Con Cero Céntimos (Bs. Fs. 108.800,oo), a partir de la presente fecha .
Se ordena conforme al plan estratégico del Poder Judicial 2013 al 2019, cambiar interlineado y el tamaño de la fuente, para la impresión e incorporación de la presente sentencia a fin de cumplir con el uso racional y aprovechamiento de los recursos asignados a este Tribunal.
Notifíquese a las partes.
Regístrese, publíquese y déjese copia para el archivo del Tribunal.- Dada, firmada y sellada en la sala del Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas Del Municipio Pedro María Ureña, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete 207° Años de la Independencia y 158° Años de la Federación.-
Juez,

Luís Alberto León M.

Secretaria Temporal,

Harly Padilla Valiente
En esa misma fecha previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la anterior sentencia siendo las once de la mañana (11:00 a.m.)