TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Táchira
San Cristóbal, 17 de Octubre de 2017
207º y 158º

ASUNTO PRINCIPAL : SP21-S-2017-003105
ASUNTO : SP21-S-2017-003105
Resolución N° 1194-2017

CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

DE LAS PARTES

JUEZA: Abg. Mary Francy Acero Soto
SECRETARIA: Abg. Massiel Carolina Romero Duarte.
FISCALÍA SEXTA DEL
MINISTERIO PÚBLICO: Presente el abogado Oscar E., Mora Rivas, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Materia para la Defensa de la Mujer.
DELITO: Femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal.
IMPUTADO: Héctor Darío Gómez Casto, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-10.145.304, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil casado, residenciado en el la Chucuri, calle 2, casa catastral 18, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono 0426-5700035.
VÍCITIMA: Yohana Jackeline Torres Vivas.
DEFENSORA PÚBLICA N° 2 Abg. Gladys González de Barragán.

AUTO MOTIVADO PARA CALIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE APREHENSIÓN DE FLAGRANCIA DE IMPUTADO, Y DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS

I
NARRATIVA DE LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA
PRESENTE SOLICITUD DE FLAGRANCIA

Se inicia el presente procedimiento por la denuncia común (acta procesal K-17-0061-04247) interpuesta en fecha 09 de octubre de 2017 por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, por la ciudadana Yohana Jackeline Torres Vivas, quien manifestó que el día lunes 09 de octubre de 2017 como a las 10:00 de la mañana para el momento en que se encontraba en la casa descansando ubicada ut supra llegó su pareja Héctor Gómez y comenzó a tratarla mal que supuestamente porque tenía un mozo que agarró un cuchillo de la cocina y llegó hasta la habitación e interntó cortarle el cuello que él vio un mensaje que tenía en el teléfono de un comparñero de nombre Gilberto y por este motivo la agredió. (Fl. 3 y su vto).
Al folio 5 y su vto., riela resolución fundada de imposición de medidas de protección y seguridad para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, dictada en fecha 09 de octubre de 2017, en la causa signada con el N° K-17-0061-04247, suscrita por la funcionaria receptora Nancy Y., Díaz T., Inspectora adscrita al CICPC Sub Delegación, estado Táchira, consistes en las medidas establecidas de conformidad con lo establecido en el artículo 90 numerales 5 y 6 de la Ley especial de Violencia.
Informe médico realizado en fecha 09 de octubre de 2017 a la ciudadana Yohana Torres, , quien figura como víctima, realizado por el Dra. Rafael A., Ramírez M., adscrita al Servicio de Medicina y ciencias Forenses (SENAMECF), del CICPC, dejó constancia que la paciente presenta para el momento del examen médico forense contusión equimóticay ojo derecho herido, quien ameritó 20 días de asistencia médica. (Fl. 7).
Mediante acta de investigación penal de fecha 09 de octubre de 2017 se procedió a practicar la aprehensión del ciudadano Héctor Darío Gómez Casto, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-10.145.304, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil casado, residenciado en el la Chucuri, calle 2, casa catastral 18, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono 0426-5700035, por encontrarse en presencia de un hecho punible donde los funcionarios actuantes Mariana Casique y Javier Hernández, detectives agregados al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, le notificaron de su aprehensión en flagrancia de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal donde fue impuesto de los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 127 de la norma adjetiva. Que los detectives dejaron constancia que el aprehendido fue verificado ante el Sistema de Investigación e Información Policial (S.I.I.P.O.L), arrojando como resultado que por ante el SAIME los datos le corresponden al mencionado ciudadano quien en los archivos alfabéticos fonéticos llevados por el área técnica de dicho Despacho, el mencionado ciudadano no presenta registros ni solicitud alguna hasta la presente fecha. (fls. 8 y 9).
Que los mencionados detectives realizaron en fecha 09 de octubre de 2017 a las 17:30 horas, acta de inspección técnica signada con el N° 3941 en el inmueble ut supra identificado, el cual es un sitio cerrado de acceso controlado, con temperatura fresca e iluminación artificial, inserta a los folios 10 y 11, con las tomas fotográficas insertas a los folios 12 al 14.
Por lo antes expuesto, y en virtud de los hechos anteriormente narrados, correspondió a este Tribunal de Control N° 2, resolver sobre la situación jurídica del ciudadano Héctor Darío Gómez Casto, venezolano, titular de la cédula de identidad, N° V-10.145.304, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil casado, residenciado en el la Chucuri, calle 2, casa catastral 18, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, teléfono 0426-5700035, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y el artículo 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, concatenado con el artículo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Jackeline Torres Vivas.
En la audiencia de calificación de flagrancia y medida de coerción personal, celebrada en fecha 11 de octubre de 2017, el abogado Oscar Mora, en su condición de Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público del estado Táchira, expuso de viva voz todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se logró la aprehensión del imputado y en los cuales fundamentó su solicitud con los preceptos jurídicos aplicables, formulando entre sus pedimentos se calificara la flagrancia en la comisión del delito por parte de Héctor Darío Gómez Casto, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y el artículo 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, concatenado con el artículo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Jackeline Torres Vivas, solicitando se ordenara la prosecución causa por los trámites del procedimiento especial por ser necesario la práctica de otras diligencias de investigación y se decrete medidas de seguridad y protección, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 numerales 5, 6 y 13 prohibición de volver a agredirla verbal, física y psicológicamente, y se decrete medida de privación judicial preventiva de liberta de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del Código Orgánico Procesal Penal y solicita una prueba anticipada y una y una evaluación bio-psico-socail-legal tanto para la víctima como para el presunto agresor.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En este orden de ideas, debe puntualizarse el contenido del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual es del tenor siguiente:

Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de comerte cuanto la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuesto a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa.
La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedentita para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ajustados a la naturaleza de los delitos contenidos en la presente Ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas, sin menoscabo de los derechos del presunto agresor.

En la norma transcrita el legislador contempla lo relativo a la definición de la flagrancia y el proceso que se debe aplicar a tal caso, señalando que se considera como delito flagrante todo delito que se esté cometiendo o el que se acaba de cometer así como también aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, estableciendo igualmente los lapsos por el cual la autoridad lo debe presentar haciendo énfasis en que el Ministerio Público en un término que no excederá de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la aprehensión deberá presentar al presunto agresor por ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medias. Que dicho tema ha sido un punto muy controvertido. (Vid. Sentencia N° 272 de fecha 15 de febrero de 2007, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Interpretación de la flagrancia en los delitos de género).
En el caso sub iudice, tal como antes se indicó, tanto de la denuncia común (acta procesal K-17-0061-04247) interpuesta en fecha 09 de octubre de 2017 por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación San Cristóbal, estado Táchira, por la ciudadana Yohana Jackeline Torres Vivas, así como del acta de investigación penal de fecha 09 de octubre de 2017 donde se procedió a practicar la aprehensión del ciudadano Héctor Darío Gómez Casto, así como de las diligencias de investigación adelantas por la Fiscalía Sexta que conforman el presente expediente se determinó que se encuentra en estado flagrante la detención del presunto agresor Héctor Darío Gómez Casto, plenamente identificado, quien fue aprehendido en flagrancia a las 17:00 horas del día lunes 9 de octubre de 2017, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y el artículo 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, concatenado con el artículo 80del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Jackeline Torres Vivas. Así se decide.

II
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial, formulado por el representante del Ministerio Público, considera quien juzga, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y por cuanto aún es necesario otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del procedimiento especial a tenor de lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose remitir las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Táchira, en su oportunidad legal.

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADAS POR LA REPRESENTACION FISCAL

Del artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se desprende la facultad que tiene el Juez o la Jueza especializado o especializada en Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas le corresponde ejercer el control judicial de las actuaciones realizadas tanto por los órganos receptores como también por el Ministerio Público, verificar si las medidas se encuentran ajustadas a la Constitución y las demás leyes, todo esto recordando que el Juez o la Jueza es garante de la constitucionalidad, trayendo como consecuencia su deber de velar por la incolumidad de la Carta Magna.

Las medidas de protección y de seguridad tienen una finalidad preventiva por tal motivo el Legislador atribuye la competencia para su aplicación a los órganos receptores de denuncia, los cuales se encuentran debidamente tipificados en el artículo 74 de la Ley Especial que regula la presente materia, y por cuanto dicha ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar abusos como el presente caso, así como asistir a las víctimas de los hechos en ella previstos, la ley abarca la protección y el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; la protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el caso en cuestión, el Representante del Ministerio Público ha solicitado la imposición de Medidas de Protección y Seguridad al presunto agresor y a criterio de esta Juzgadora le han sido impuestas las siguientes: NUMERAL 5.Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida así como a su lugar de trabajo, residencia y estudio. NUMERAL 6. Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, y NUMERAL 13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia, a tenor de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia, hacia la víctima Yohana Jackeline Torres Vivas, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las Medidas impuestas al presunto agresor.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO
APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, le corresponde al Ministerio Público solicitarle al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas en este caso, la imposición a la persona agresora de cualquiera de las medidas cautelares que comprende dicho artículo, declarando con lugar, todo ello con la finalidad de asegurar la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia, considerando las circunstancias de gravedad que reviste el caso en particular, con la finalidad de evitar que el agresor o agresora logre evadir su responsabilidad penal y así se pueda garantizar la sujeción del mismo al proceso penal como tal.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y el artículo 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, concatenado con el artículo 80del Código Penal, cometido por el ciudadano Héctor Darío Gómez Casto en perjuicio de Yohana Jackeline Torres Vivas.
Es por ello que en cuanto a la solicitud de privativa de libertad la misma es procedente en derecho pro el tipo de delito que se está investigando en consecuencia se acuerda lo solicitado por el Representación Fiscal en virtud de que observa esta Juzgadora que a su criterio se encuentra procedente en Justicia y en Derecho imponerle al sujeto agresor la Medida privativa de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico procesal Penal, en consecuencia este Tribunal de Control N° 2 decreta medida de privación judicial preventiva de libertad al imputado Héctor Darío Gómez Castro, venezolano, titular de la cédula de identidad No V-10.145.304, natural se San Cristóbal, estado Táchira, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector La Chucuri carrera 2 casa 01-05 la Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira; quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Torres Vivas. Decretándose como centro de reclusión la sede del Centro Penitenciario de Occidente. Así se decide.

III
DECISIÓN

En orden a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial de Violencia del estado Táchira administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se califica flagrancia en la aprehensión de Héctor Darío Gómez Castro, venezolano, titular de la cédula de identidad No V-10.145.304, natural se San Cristóbal, estado Táchira, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector La Chucuri carrera 2 casa 01-05 la Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira; quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Torres Vivas, por encontrarse llenos los extremos del artículo 96 de la Ley Especial que rige la materia.
SEGUNDO: Por ser una facultad de la Fiscalía Ministerio Público, se ordena la prosecución del proceso por los trámites del procedimiento especial, de conformidad con La Ley Especial que rige la materia, ordenándose la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en su oportunidad legal, conforme al artículo 97 de la Ley Especial que rige la materia.
TERCERO: Se decreta medida de privación judicial preventiva de libertad al imputado Héctor Darío Gómez Castro, venezolano, titular de la cédula de identidad No V-10.145.304, natural se San Cristóbal, estado Táchira, fecha de nacimiento 15/11/1965, de 52 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector La Chucuri carrera 2 casa 01-05 la Concordia, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de femicidio agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 58 numeral 1 y 68 numeral 3 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia concatenado con el articulo 80 del Código Penal, cometido en perjuicio de Yohana Torres Vivas.
CUARTO: Se decreta medida de protección y seguridad a favor de la victima al imputado de autos: imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: NUMERAL 5. Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida así como a su lugar de trabajo, residencia y estudio. NUMERAL 6. Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. NUMERAL 13. Cualquier otra establecido en esta ley especial Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
QUINTO: Ordena la practica de experticia bio-psico-socil-legal al imputado y la victima por parte del equipo interdisciplinario.
SEXTO: Ordena la experticia psiquiátrico forense a ambas partes.
SEPTIMO: Se Ordena la incautación de los teléfonos para su posterior vaciado de contenido.
OCTAVO: Fija como fecha para la celebración de la prueba anticipada el día 13-10-2017 a las 10:00 AM.
Quedan notificadas las partes de la presente decisión. Déjese copia en el archivo del Tribunal. Se acuerdan las copias solicitadas por la Defensa Pública por no ser contrario a derecho ni a la ley. Se ordena la remisión en su oportunidad legal a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para que sea presentado el respectivo acto conclusivo.
A fin de dar cumplimiento con el principio de preclusión de los lapsos procesales, una vez vencido el lapso de apelación remítase las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en su oportunidad legal para que sea presentado el respectivo acto conclusivo. Cúmplase.

Abg. MARY FRANCY ACERO SOTO
JUEZA DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS. N° 02

Abg. Massiel Carolina Romero Duarte.
SECRETARIA