TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL CIRCUITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO VARGAS
Maiquetía, doce (12) de Enero de dos mil dieciocho (2018)
Años: 207º y 158º
I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
ASUNTO: WP12-O-2018-000001
PRESUNTO AGRAVIADO: NESTOR ADOLFO DIAZ NUÑEZ, titular de la cédula de identidad No. V- 7.992.740, representado por la ciudadana MAYLIN BOLIVAR, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 14.769.496, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 97.504.
PRESUNTA AGRAVIANTE: ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 16.508.087.-
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
DECISION: SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
II
ANTECEDENTES
Comienza la presente causa, según consta de escrito presentado por ante la Unidad Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Vargas, en fecha 08 de Enero de 2018, en virtud de escrito que interpusiera el ciudadano NESTOR ADOLFO DIAZ NUÑEZ, debidamente asistido por la Abg. MAYLIN BOLIVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 97.504, contra la ciudadana ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, ambas partes antes identificadas, por presunta violación al artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la violación constitucional de los artículos 27, 46 y 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 784 del Código Civil.
Siendo la oportunidad para pronunciarse, éste Tribunal pasó a hacerlo, previa las siguientes consideraciones:
III
SOBRE LA COMPETENCIA
Con el fin de determinar la competencia de éste Tribunal en cuanto la Acción de Amparo interpuesta, es menester para quien Sentencia, transcribir textualmente lo establecido en el Artículo. 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; la cual señala lo siguiente:
Artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:
“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia…”
El artículo antes trascrito, contiene la norma rectora que fija la competencia, ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional, cuando estas se ejerzan de manera autónoma.
En efecto, ha establecido la Sala Constitucional que para identificar la competencia por razón de la materia en las causas de amparo, resulta necesario poner en relación de afinidad dos términos: el derecho o garantía constitucional cuya violación o amenaza de violación se denuncia, y la materia de conocimiento que ostenta el órgano jurisdiccional. Razón por la cual, éste Tribunal con competencia Civil y denunciada la violación de derechos constitucionales referido al Debido Proceso, y al Derecho de Propiedad y Posesión, es competente para conocer la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.
IV
DE LA PRETENSIÓN DEL PRESUNTO AGRAVIADO
El presunto agraviado al momento de interponer la presente Acción de Amparo Constitucional, y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, procedió a hacer en forma escrita entre otras cosas, las siguientes alegaciones:
Que es el legítimo dueño de un inmueble constituido por un apartamento, que consta de: Sala- comedor, Cocina, Dos (02) Baños, dicho inmueble está situado en el Edificio Residencial Coral Beach, Avenida La Costanera, Urbanización Los Corales, Parroquia Caraballeda, Municipio Vargas del Estado Vargas, dentro de los siguientes linderos: Norte: Fachada norte del Edifico y Apartamento 2-B, Este: Apartamento 2-B, pasillo de circulación y fachada interna Este del edificio, Sur: Fachada Sur del Edificio y Oeste: fachada Oeste del edificio.
Que dicho inmueble le fue otorgado por los ciudadanos FERNANDO MARQUEZ DA SILVA y STELLA SARDHINA DE MARQUEZ, ambos venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-6.869.116 y V-4.590.728 respectivamente, mediante documento de compra-venta el cual quedo debidamente inserto por ante el Registro Publico del Primer Circuito del Estado Vargas, bajo el N° 37, Protocolo 1, Tomo 1, de fecha quince (15) de Enero de 2009.
Que a partir de ese momento tomo posesión y propiedad del inmueble, ejerciendo la misma de forma continua, ininterrumpida, publica y pacífica.
Que en fecha dieciséis (16) de Diciembre de 2011, contrajo matrimonio con la ciudadana ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° v-16.508.087, quien posee hasta los actuales momentos una vivienda ubicada en el Conjunto Residencial Las Acacias 1, Edificio 4, Apartamento a-42, sector Hacienda El Ingenio, Municipio Zamora, Parroquia Guatire, Estado Miranda, según consta de Registro de Vivienda Principal N° 1073769, pero la misma posee como domicilio procesal Edificio Residencial Coral Beach, Avenida La Costanera, Urbanización Los Corales, Parroquia Caraballeda, Municipio Vargas del Estado Vargas.
Que vivía en el apartamento con la prenombrada ciudadana pero en el transcurso del desarrollo de su matrimonio surgieron desavenencias que impidieron la vida en común por lo que se vio obligado a retirarse del mismo, en virtud de las Medidas de Protección y Seguridad dictadas por la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Publico en fecha treinta (30) de marzo de 2017, motivo este que lo obliga a permanecer fuera de su propiedad.
Que fue solicitada ante la representación fiscal que lleva la causa que se pronunciara con relación al regreso y pernocta a su propiedad, pronunciándose la misma que no era materia de su competencia y que en las medidas no se señalaba ni el desalojo ni alejamiento del mismo, so pena de que la ciudadana ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, le ha impedido el retorno a su propiedad tratando de hacerla suya, siendo que la misma a intentado por cualquier medio demandarlo, denunciarlo y mal ponerlo por ante cualquier institución u organismo y como se ha podido evidenciar que como prueba de que lo que hay detrás de esa serie de acusaciones, demandas y denuncias es una perturbación a su derecho de posesión legitima como propietario sobre el bien señalado.
V
DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
El Presunto Agraviado, al momento de interponer la acción de Amparo, procedió a denunciar la violación de las garantías establecidas específicamente referido al Debido Proceso, y al Derecho de Propiedad de su representado supra identificado, situación esta que ha conculcado en los artículos por presunta violación al artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la violación constitucional de los artículos 27, 46 y 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 784 del Código Civil.

VI
DEL PETITORIO
Por último, solicita a éste Tribunal, que la presente acción de Amparo Constitucional sea declarada Con Lugar y se le restituya la propiedad y posesión del inmueble antes identificado situado en el Edificio Residencial Coral Beach, Avenida La Costanera, Urbanización Los Corales, Parroquia Caraballeda, Municipio Vargas del Estado Vargas.
VII
DE LA MOTIVACION PARA DECIDIR
Este Tribunal actuando en Sede Constitucional, pasa a decidir haciendo las siguientes consideraciones:
Antes de entrar a decidir el fondo de la presente acción, es necesario aclarar que el Amparo Constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Amparo Constitucional es una acción tendente a la protección del goce y ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano, no se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de medios ordinarios para la tutela de derechos o intereses; se trata simplemente de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el Juez deba pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas que desarrollan tales derechos, revisar su interpretación o establecer si los hechos de los que deducen las violaciones invocadas constituyen o no una violación directa de la Constitución.
Por ende la acción de Amparo Constitucional constituye un mecanismo especial y extraordinario para la protección de los derechos y garantías constitucionales, el cual a través de un procedimiento oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, se pretende la restitución de la situación jurídica infringida, o la que más se asemeje a ella, tal y como lo consagra el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo tanto, conviene recordar, como ya se refirió, que la acción de Amparo Constitucional tiene un carácter extraordinario, pues sólo procede cuando a través de la vía procesal ad hoc, resulte imposible el restablecimiento inmediato de la situación existente con anterioridad a las actuaciones, omisiones o vías de hecho que vulneren o amenacen de violación un derecho de rango constitucional.
En tal sentido, denuncia el accionante, la violación o menoscabo de los Derechos y Garantías Constitucionales relativos al Derecho de Propiedad consagrado en los Artículos por presunta violación al artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la violación constitucional de los artículos 27, 46 y 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 784 del Código Civil, el cual a su decir le fue menoscabado o violentado por la ciudadana ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, al haberle menoscabado su derecho de propiedad y posesión sobre el inmueble objeto de litigio, impidiendo el acceso al mismo.
En virtud de lo anterior, precisa esta Sentenciadora que las argumentaciones fácticas ofrecidas por el accionante en su escrito de tutela constitucional, no revisten a todas luces vulneración a normas de rango constitucional, sino, por el contrario, lesionan su derecho subjetivo material que ostenta en virtud del alegado despojo de la posesión que ostentaba sobre el inmueble anteriormente identificado.
En coherencia a lo anterior, estima pertinente este Tribunal Constitucional acoger el criterio jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 74, del 26 de Enero de 2.001, bajo la Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en el juicio de Inversiones 17.79 C.A., cuando señaló:
“…a juicio de la Sala, se puede concluir que no hay dudas que lo pretendido por el accionante exige de un pronunciamiento de rango legal que no puede hacer un Tribunal que actúe en sede constitucional, toda vez que el amparo constitucional sólo procede ante la verificación de violaciones directas o amenazas ciertas de derechos o garantías constitucionales, sin que pueda el Juez apoyar su decisión en disposiciones infraconstitucionales…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)
Por su parte la misma Sala Constitucional, en sentencia numero 825 de fecha 26 de junio de 2013, caso Violetta Mosquera Navarro, estableció lo siguiente:
Ahora, en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo primigenia a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales todo juez está obligado a revisar, esta Sala estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el supuesto de hecho contenido en el numeral 5 de dicha disposición normativa, la cual establece:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado (…).
Al respecto, cabe señalar que esta Sala ha interpretado la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, en el siguiente sentido:
(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…). (Sentencia n° 2369 de esta Sala, del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García y otro…).
Tomando en cuenta el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, esta Sala aprecia que, en el caso de autos, la ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión previsto en el artículo 783 del Código Civil, el cual representa un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Del criterio anteriormente expresado se desprende que para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las acciones interdictales son las vías idóneas para restituir cualquier acción que contemple perturbación o despojo a la posesión cualquiera que sea ella, criterio vinculante para este Tribunal.
En vista de las consideraciones anteriormente realizadas considera quien suscribe que la presente acción de amparo constitucional no debe verse como un remedio inmediato para el restablecimiento del estado posesorio, ya que los procedimientos interdictales ostentan preferencia ante las acciones de amparo constitucional, máxime cuando el propio tratamiento del procedimiento interdictal se caracteriza por ser breve, eficaz y expedito, resguardando la protección del querellante por actos de hechos ( perturbación, desposesión) emanados de los particulares, por lo que concluye este Órgano Jurisdiccional que en el presente caso la acción propuesta resulta inadmisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y los criterios jurisprudenciales anteriormente citados por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria. Y así se decide.-
- VIII -
DECISIÓN
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL AGRARIO Y DEL TRÁNSITO DEL CIRCUITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, actuando en Sede Constitucional, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide así: PRIMERO: declara INADMISIBLE la pretensión de Amparo Constitucional, interpuesto por el ciudadano NESTOR ADOLFO DIAZ NUÑEZ, debidamente asistido por la Abg. MAYLIN BOLIVAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 97.504, contra la ciudadana ELICE REBECA CANTILLO ALMARZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 16.508.087, de conformidad con lo pautado en el artículo 6 numeral 5 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por considerar éste Tribunal que la solicitud de protección constitucional no fue interpuesta de forma temeraria, conforme a lo pautado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL AGRARIO Y DEL TRÁNSITO DEL CIRCUITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, en Maiquetía, a los doce (12) días del mes de Enero de dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZ,
Abg. LISETH CAROLINA MORA VILLAFAÑE
LA SECRETARIA ACC,
Abg. EDITE ALMEIDA.
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 3:20 pm .
LA SECRETARIA ACC,
Abg. EDITE ALMEIDA.
ASUNTO: WP12-O-2018-000001