REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES Jueza Ponente: Abogada Nélida Iris Mora Cuevas. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PENADO .- ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, Venezolano, titular de la cédula de identidad N° 16.070.849, ampliamente identificado en autos. DEFENSA Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública. FISCALÍA ACTUANTE Abogados Daniel Arcángel Correa Medina y Janina Leivet Peñaloza Guerrero, en carácter de Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar Interina respectivamente, de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. DE LA RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de revisión interpuesto por la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública del ciudadano Aníbal Orlando Amaya Calles, contra la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2011 y publicada en fecha 10 de noviembre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al referido penado a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. En fecha 09 de febrero de 2018, se dio cuenta en sala y se designó ponente a la Jueza Nélida Iris Mora Cuevas, quien se aboca al conocimiento de la presente causa y con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha, 22 de febrero de 2018, por cuanto el recurso fue interpuesto dentro de la oportunidad legal, ante el Tribunal que dictó el fallo impugnado y no está incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Corte lo admitió y fijo celebración de Audiencia Oral para la décima audiencia siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 447 ejusdem. En fecha 12 de marzo de 2018, se realizó la audiencia oral y pública en la presente causa. Las partes expusieron sus alegatos y la Jueza Presidenta informó a las partes que el íntegro de la decisión sería publicado a la tercera audiencia siguiente, a las once horas y treinta minutos de la mañana. CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO En fecha 26 de octubre de 2011, el Tribunal Primero de primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, dicto decisión, publicándola en fecha 10 de noviembre de 2011, mediante la cual condenó al ciudadano Aníbal Orlando Amaya Calles, a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Contra dicha sentencia, la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública del referido imputado, interpuso recurso de revisión ante esta Corte de Apelaciones, solicitando la revisión de la referida decisión y la rebaja de la pena que le fue impuesta al penado de autos. DE LA SENTENCIA RECURRIDA La sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2012 y posteriormente publicada el 10 de noviembre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, entre otros pronunciamientos señala lo siguiente: “(Omissis) III FUNDAMENTOS DE LA DECISION Celebrada la audiencia en cumplimiento del derecho al debido proceso, respetadas las garantías constitucionales de intervención, asistencia y representación del imputado, éste Tribunal adminiculado el conjunto de diligencias de investigación consignadas por el Ministerio Público junto al acto conclusivo, los alegatos de cargo esgrimidos por el Ministerio Público junto al acto conclusivo, los de descargo presentados por la defensa, y la declaración del acusado, para decidir los planteamientos, estima necesario examinar cada una de las peticiones por separado, lo cual hace en los siguientes términos: (Omissis) VI DEL PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS El Tribunal oído lo expuesto por el acusado y estudiado los alegatos presentados por las partes, considerando: 1°) Que la presente causa se tramita por el Procedimiento Abreviado y al ser calificado como flagrante. 2°) Que el Ministerio Público presento formalmente la acusación en la audiencia pública de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. 3°) Que el acusado ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, teniendo pleno conocimiento de sus derechos admitió el hecho acusado por el Representante Fiscal. 4°) Que en las actuaciones existen elementos de convicción para imputarle al acusado ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano. Declarando no haber lugar al DEBATE CONTRADICTORIO, en la presente causa, se debe traer a colación, que quien aquí decide está impregnado del verdadero sentido de justicia, que el procedimiento escogido por el acusado es viable, se compagina con la norma señalada, que este sentenciador es respetuoso de los derechos del acusado, así como, de la sociedad en general, y existiendo una vía expedita para la obtención de una condena reducida, no debe serle negada a aquel que esta siendo sometido a un juicio y menos aún cuando el resultado es una pena conforme a la Ley. Por tal motivo se acuerda la aplicación del procedimiento por Admisión de los Hechos, con los efectos del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE. Ante la petición expresa del acusado ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, de desear en forma voluntaria admitir los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal penal Venezolano, y estando llenos todos los extremos de ley, como son la existencia de suficientes elementos de convicción que lo señala como presuntos perpetradores del delito endilgado, la manifestación expresa de admitir los hechos teniendo pleno conocimiento de sus derechos y garantías constitucionales, y de los efectos del procedimiento especial solicitado, como es la imposición inmediata de la pena con la rebaja de Ley, este Tribunal acuerda la Aplicación del Procedimiento por Admisión de los Hechos para el ciudadano acusado de autos, por cuanto se evidencia la admisión del ilícito penal atribuido por el Ministerio Público, cometido por el ciudadano antes identificado, por el delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, por lo que la sentencia debe ser condenatoria, conforme las previsiones del artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, plasmando la dosimetría penal, de la siguiente forma: Al abordar la dosimetría penal correspondiente, se aprecia que el hecho acusado y admitido con respecto el ciudadano ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, (ut supra identificado), es el delito de: TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, el cual prevé una sanción corporal entre los QUINCE (15) AÑOS y los VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio conforme al artículo 37 del Código Penal, VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. Ahora bien, por cuanto el acusado: ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, decidió acogerse al procedimiento de admisión de los hechos, objeto de la presente acusación y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y no habiendo sido acreditado por parte del Ministerio Público, ante este Tribunal que el ciudadano acusado posea antecedentes penales, en consecuencia esta juzgadora rebaja CINCO (05) AÑOS, de la pena a imponer de VEINTE (20) AÑOS, dando así efectivo cumplimiento a lo establecido por el Legislador Patrio en el artículo 376 en su quinto aparte, el cual prevé que no se podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente, quedando así la pena en definitiva a imponer en QUINCE (15) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPAFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano. Y ASÍ SE DECIDE. Igualmente se le condena a las penas accesorias de ley, prevista en el artículo 16 del Código Penal. Se exonera al acusado del pago de las costas procesales, de conformidad lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide. (Omissis) VI DISPOSITIVA POR LOS RAZONAMIENTOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PRIMERA INSTACNIA EN FUNCIONES DE JUICIO NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA EXTENSION SAN ANTONIO, ADMINISTANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE: (Omissis) CUARTO: SE CONDENA al acusado ANIBAL ORLANDO AMAYA CALLES, plenamente identificados en autos; a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN; todo de conformidad con lo establecido376 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber declarado y admitido de manera libre, sin apremio y voluntaria su admisión de los hechos, en la comisión del delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del articulo 149 de la Ley Orgánica de Droga. Se condena igualmente a los acusados a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. (Omissis)” DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO Mediante escrito de fecha 08 de febrero de 2017, la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública, interpuso recurso de revisión de la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2011 y publicada el 10 de noviembre del mismo año, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al ciudadano Aníbal Orlando Amaya Calles, a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, señalando lo siguiente: “(Omissis) En el presenta caso en fecha 10 de Noviembre de 2011 el Tribunal Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Táchira - Extensión San Antonio, publica sentencia que condena a mi patrocinado a cumplir una condena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el Artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, previa aplicación del procedimiento de Admisión de Hechos establecido en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para esa fecha y en la dosimetría aplicada se observa que en la sentencia recurrida, la juzgadora inicia el cálculo tomando en cuenta en primer lugar el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal para establecer el término medio de la pena y luago pasa a considerar la atenuante contemplada en el artículo 74 numeral 4 del Código Penal y la admisión de hechos realizada conforme al artículo 376, determinando que rebaja CINCO (05) AÑOS por ambos artículos, englobando de esta manera las rebajas que correspondía realizar de manera separada, y concluyendo que con esto da cumplimiento a lo establecido por el Legislador Patrio en el artículo 376 en su quinto aparte, en cual prevé que no se podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente, y por esto la pena en definitiva queda en QUINCE (15) AÑOS DE PRISION. Ahora bien, es el caso que en fecha 14 de junio de 2012 fue dictado el Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal, Publicado en Gaceta Oficial Extraordinario de Fecha 15-06-2012, que deroga el Código Orgánico Procesal Penal vigente y que entró en vigencia plena a partir del 1° de Enero de 2013, estableciendo una vigencia anticipada a partir de su publicación de la gaceta Oficial de una serie de artículos, entre los cuales se encuentra el artículo 376 que regula el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos y que contempla una variación respecto del artículo 376 del anterior Código Orgánico Procesal Penal en el sentido que elimina la limitante establecida en el mismo respecto que, cuando se trate de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo “la sentencia dictada por el juez o jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.” (Art. 376 COPP derogado) Es así que la eliminación de esta limitante establecida para la realización de la dosimetría penal en los casos de admisión de hechos, cuando se trate de los delitos en mención, permite al juzgador la aplicación de una pena sustancialmente inferior a la luz del artículo 375 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal que la que se pudo haber impuesto en vigencia del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal hoy día derogado, en consecuencia, dado que la nueva ley favorece a mi defendido en cuanto a la pena se refiere, es procedente en Derecho, a tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal penal, la REVISION de la sentencia, pues por esta vía se puede modificar, disminuyendo la pena que en definitiva debe cumplir el penado. (Omissis) TERCERO DEL PETITORIO Por las razones de hecho y de Derecho antes expuestas, y en aras de la Justicia y el Debido Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal vigente solicito se admita el presente RECURSO DE REVISION y sea declarado Con Lugar, y esa Corte realice la rebaja de pena procedente a favor de mi defendido y se modifique la pena que en definitiva debe cumplir y se remita la decisión correspondiente al tribunal de Ejecución para la realización del respectivo Cómputo de Pena. (Omissis)” DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO Mediante escrito de fecha 06 de diciembre de 2017, los Abogados Daniel Arcángel Correa Medina y Janina Leivet Peñaloza Guerrero, en carácter de Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar Interina respectivamente, de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dieron contestación al recurso de apelación interpuesto por la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública del ciudadano Aníbal Orlando Amaya Calles, indicando lo siguiente: “(Omissis) CAPITULO III CONTESTACIÓN DEL RECURSO (Omissis) CAPITULO III CONTESTACIÓN DEL RECURSO Visto y analizado el escrito de revisión interpuesto por la defensa, en la cual invoca como motivo principal de su petición de revisión de pena, lo pautado en el artículo 462, ordinal 6° del Código Orgánico Procesal Penal, que señala “…Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia definitiva, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes…6. Cuando se promulgue una ley penal…o disminuya la pena establecida…”, teniendo base lo señalado según el solicitante en la vigencia anticipada del artículo 3758 del Código Orgánico Procesal Penal mediante el cual según su parecer debe realizarse la rebaja correspondiente al ciudadano JHONATAN LEONARDO CACERES MORALES, Asimismo, la defensora hizo referencia a la decisión impartida en fecha 24 de Noviembre de 2015, por la Corte de Apelación del Área Metropolitana, en la causa 1Rr-SP21-R-000158. (Omissis) En efecto, el presupuesto fundamental de la aplicación del principio de favorabilidad de las normas jurídicas, estriba en la existencia de sucesión de leyes, es decir, cuando una situación fáctica ha sido regulada sucesivamente por diferentes textos normativos, caso en el cual, deberá establecerse cuál es la norma jurídica aplicable, frente a las leyes existentes. Ahora bien, tal pronunciamiento sobre la norma jurídica más favorable, no siempre se resuelve salvo mejor criterio conforme a la literalidad del artículo 24 del texto fundamental esto es “…cuando impone menor pena…”, pues, tal situación estaría referida exclusivamente en el ámbito del derecho penal sustantivo, por ser la norma que contiene penas, y no siempre la norma que imponen menor pena es la más favorable pues ha de considerarse mediante un juicio de valor en concreto, y los efectos jurídicos que generan las penas accesorias, la acumulación jurídica y conversión de penas, y en general su incidencia sustancial y procesal, que ante el fenómeno delictual, las leyes que reduzcan pena, eliminen o modifiquen un tipo delictivo a favor del justiciable, deben tener siempre efecto retroactivo, en el evento que exista un concurso sucesivo de leyes. CAPITULO IV PETITORIO En consecuencia, con apoyo en las razones de hecho y de derecho antes expuestas quien suscribe, solicito a esa honorable Instancia Superior, que al momento del pronunciamiento de la decisión sobre el recurso de revisión interpuesto por la defensa a favor del ciudadano AMAYA CALLES ANIBAL ORLANDO se dosifique la pena si a ello diere lugar, de acuerdo a los postulados constitucionales y legales en apego de la garantías que rigen la actuaciones de las partes en el proceso penal(…) (Omissis)” CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Analizados los fundamentos tanto de la decisión recurrida como el escrito de apelación presentado por la defensa, esta Corte de Apelaciones del estado Táchira, hace previamente las siguientes consideraciones: Visto el recurso de revisión interpuesto por la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública, contra la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2011 y publicada en fecha 10 de noviembre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al referido penado a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Primero: La Abogada procedió a ejercer el recurso de revisión fundamentando el mismo en el encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Asimismo, agrega el recurrente que en materia penal las leyes que reduzcan una pena o eliminen o modifiquen un tipo delictivo, deben tener siempre efecto retroactivo, porque ese efecto beneficia al acusado o penado; casos en los que debe proceder la revisión de la sentencia, a objeto de que se dicte una nueva, que reduzca la pena a justo límite o que ordene la libertad de que haya sido condenado por la comisión de un delito, cuyo tipo delictivo fue suprimido en la nueva ley. Segundo: Esta Superior Instancia, siempre garantista de derechos y garantías constitucionalmente establecidos, procede a efectuar la revisión de la sentencia aquí analizada interpretando se forma amplia el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”. (Subrayado de esta Corte de Apelaciones) De esta forma, se aprecia que el contenido de dicha norma, específicamente cuando contiene la expresión “excepto cuando imponga menor pena”, debe ser entendida mediante una interpretación finalística, en el sentido de que será retroactiva la ley que imponga un menor gravamen al reo, y beneficie su situación. En aras de efectuar un desarrollo constitucional armónico e integral, de lo que se concluye que esta nueva norma es más beneficiosa para ciertos penados y en consecuencia debe aplicarse al momento de su entrada en vigencia a los procesos que se hallaren en curso. De manera que, la norma constitucional citada establece uno de los soportes de seguridad jurídica pues señala la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales, en principio y como regla general, no son aplicables a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, salvo las excepciones allí previstas, a saber las leyes de procedimiento se aplicarán aun a los procesos que se hallaren en curso cuando entren en vigencia, con la limitación relativa a los procesos penales, en los cuales se estimarán las pruebas evacuadas conforme a la ley vigente para la fecha en que fueron ofrecidas, en cuanto beneficien al reo o rea; y cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. En consecuencia, no hay razón que justifique la no extensión de esta concepción de la retroactividad de la ley penal más favorable al resto de los delitos que tipifica nuestro ordenamiento jurídico interno, sobre el particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha señalado, de manera inequívoca, que se aplicará la ley más favorable al reo. En este sentido, cabe señalar las siguientes decisiones, Sentencia N° 2036, de fecha 23 de octubre de 2001, exp. 01-1977, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, indica lo siguiente: “Se trata de una disposición contenida en la Constitución de 1999, menos favorable al reo y, además, aplicada retroactivamente, por cuanto el delito fue cometido antes de la entrada en vigencia del actual texto constitucional. Aun cuando se considere que se trata de una norma de procedimiento y, por tanto, aplicable desde su misma entrada en vigencia a los procesos ya en curso, tiene prelación el principio general de la extra-actividad de la ley penal cuando la misma fuere más favorable al reo, contenido en la misma disposición, así como en las Leyes Aprobatorias del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José; artículo 418)” (Subrayado Nuestro) Asimismo, en Sentencia N° 1007, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia en fecha 03 de julio de 2003, dejó sentado: “Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado. La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales, que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal más favorable y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito, o por el contrario, con la nueva ley se desfavorece al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, por lo que ésta adquiere supervivencia” (Subrayado Nuestro) Por su parte, el autor Alberto Arteaga Sánchez, en su obra Derecho Penal Venezolano, en su Novena Edición, por la Editorial McGraw Hill, 2001. Señala en relación con el principio de irretroactividad de la ley y la excepción de la retroactividad de la norma penal más favorable, lo siguiente: “En nuestro ordenamiento penal tiene plena vigencia el principio de la irretroactividad de la ley,... Pero a pesar de lo expresado, en nuestro propio ordenamiento se establecen excepciones al principio general, admitiéndose la retroactividad de la ley nueva cuando ésta sea más favorable al reo. De esta forma el artículo 24 de la Constitución señala: ‘Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena’. Y el artículo 2 del Código Penal, reza: ‘Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena”. Aunado a ello, el Código Orgánico Procesal Penal vigente establece en las disposiciones finales de manera clara el principio de extractividad penal, señalando: “Quinta. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se aplicará desde su entrada en vigencia aún para los procesos que se hallaren en curso, y para los hechos punibles cometidos con anterioridad, siempre que sea mas favorable al imputado o imputada.” Con relación a lo anterior, como bien se sabe el artículo 21 de la Norma Adjetiva Penal contempla la procedencia del recurso de revisión: Articulo 21. “Concluido por sentencia firme no podrá ser reabierto, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este Código“. Pero es el artículo 465 del referido Código Orgánico Procesal Penal el que delimita el ámbito de acción y procedibilidad de dichos recursos expresando lo siguiente: “La revisión, en el caso del numeral 1 del artículo 462, corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal. En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible, y en los de los numerales 4 y 5 corresponderá al Juez del lugar donde se perpetró el hecho”. Ahora bien de la lectura y subsiguiente análisis efectuado al recurso de revisión interpuesto por la defensa del penado de autos se desprende que el mismo se basa en el numeral 6° del artículo 462 ejusdem que establece: “La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes: 6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida”. De la lectura de artículo citado ut supra se infiere que para que proceda la interposición del recurso de Revisión tiene que coexistir varias circunstancias:  Una Ley promulgada con posterioridad a la fecha de la condena.  Que dicha ley haya señalado una disminución de pena al delito por el cual fue juzgado y condenado el ciudadano recurrente o que esa nueva ley quite el carácter de punible al hecho. Así las cosas, es importante precisar que el recurso de revisión es un medio procesal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que se ejerce contra sentencias definitivamente firmes, por lo tanto dicho recurso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, considerando que uno de los importantes soportes de seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho, es la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales. De esta forma, el principio de cosa juzgada trae consigo la inmodificabilidad de la sentencia en protección a la seguridad jurídica, siento necesaria la existencia de ambos para el mantenimiento de la tutela judicial efectiva, la cual constituye una garantía para las partes, pues, las resoluciones judiciales dictadas en un proceso que hayan adquirido el carácter de firmeza, no podrán ser alteradas ni modificadas, siendo que en caso contrario la protección judicial perdería su eficacia. Aunado a ello, debe señalarse que la cosa juzgada se encuentra prevista en ordinal 7° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; constituyendo un requerimiento del ordenamiento jurídico venezolano, la firmeza de los fallos judiciales; de esta forma, el recurso de revisión se presenta como una excepción a la regla, y va dirigido contra los fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, dando paso a la aplicación retroactiva de una ley mas benigna que la aplicada en la sentencia. Igualmente, el recurso de revisión no es mas que un medio de impugnación extraordinario, por tratarse de las situaciones excepcionales anteriormente mencionadas, poseyendo efectos muy propios, el cual tiene por objeto la revisión de una sentencia convertida en cosa juzgada y por lo tanto irrevocable por los medios recursivos ordinarios. Ahora bien, en el caso de autos se trata de una sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, y siendo el recurso de revisión una vía extraordinaria y por demás excepcional el mismo debe sustentarse en las causales que de forma taxativa a determinado el legislador, por que este viene a cambiar una decisión cuyos efectos son firmes y ejecutables. En el caso bajo estudio, no se da el supuesto de hecho de la entrada en vigencia de una nueva ley que quita o suprime el carácter de punibilidad de el hecho que dio origen a la investigación posterior acusación y subsiguiente condena del imputado, así como tampoco se ha sancionado una ley nueva que disminuyera la pena a la conducta desplegada por el imputado la cual fue subsumida en el tipo penal de el delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del estado Venezolano. El estudio que debe hacer esta Superior instancia se circunscribe a que a raíz de la entrada en vigencia una nueva ley adjetiva penal, este texto normativo que regula de manera distinta el procedimiento especial de Admisión de los Hechos ahora previsto en el artículo 375. Del análisis efectuado a esta nueva norma, se infiere que de su contenido se desprende una sustancial modificación del derogado articulo 376, reforma que afecta específicamente lo relacionado al limite de la rebaja de la pena a imponer, ya que de acuerdo al nuevo artículo es posible efectuar una rebaja de pena que supere pasar del limite minino de esta, lo que especialmente prohibía el Código Orgánico Procesal Penal derogado en este tipo de delitos. Tal cambio se sustenta en doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia, la cual señala: “… No obstante el pronunciamiento anterior, la Sala observa que, con posterioridad a la sentencia recurrida, el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, fue derogado conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.078, Extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012, acarreando como consecuencia que, a pesar de haber sido declarado sin lugar el recurso de casación interpuesto, resulte pertinente revisar a la luz de una correcta aplicación de la justicia, la pena impuesta al acusado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 24 el principio de irretroactividad de la ley; y, asimismo, dispone la excepción a este principio en los términos siguientes: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.” Conforme a la citada norma, en los procesos penales que se encuentren en curso (que no hayan pasado en autoridad de cosa juzgada), la retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales (ya sean sustantivas o adjetivas) más favorables al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, de manera que, atendiendo al principio de favorabilidad del reo, la ley penal puede ser aplicada en forma retroactiva o con efecto retroactivo por los administradores de justicia, en caso que sea procedente. Por los argumentos expuestos, la Sala pasa a computar la pena en los términos siguientes… (N° 310 del 16/08/2013). Tercero: Expresado lo anterior, esta Superior Instancia pasa a revisar la sentencia sujeta al presente recurso y observa con detenimiento el cálculo dosimétrico de la pena realizado por el Tribunal de Instancia: “(Omissis) Al abordar la dosimetría penal correspondiente, se aprecia que el hecho acusado y admitido con respecto el ciudadano ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, (ut supra identificado), es el delito de: TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, el cual prevé una sanción corporal entre los QUINCE (15) AÑOS y los VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio conforme al artículo 37 del Código Penal, VEINTE AÑOS DE PRISIÓN. Ahora bien, por cuanto el acusado: ANÍBAL ORLANDO AMAYA CALLES, decidió acogerse al procedimiento de admisión de los hechos, objeto de la presente acusación y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y no habiendo sido acreditado por parte del Ministerio Público, ante este Tribunal que el ciudadano acusado posea antecedentes penales, en consecuencia esta juzgadora rebaja CINCO (05) AÑOS, de la pena a imponer de VEINTE (20) AÑOS, dando así efectivo cumplimiento a lo establecido por el Legislador Patrio en el artículo 376 en su quinto aparte, el cual prevé que no se podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente, quedando así la pena en definitiva a imponer en QUINCE (15) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPAFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano. Y ASÍ SE DECIDE. (Omissis)” Ahora bien, en vista de la solicitud de revisión realizada por la defensa del penado, invocando la retroactividad de la norma adjetiva penal, contra la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2011 y publicada el 10 de noviembre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, por ser esta más beneficiosa a su representado, consideramos necesario los miembros integrantes de esta Alzada que en sintonía con las garantías constitucionales que deben prevalecer en todo proceso judicial, en atención a la tutela judicial efectiva, la cual entre una de las definiciones expuestas por la doctrina patria, nos dice que no es otra cosa sino el principio según el cual cualquier persona puede y debe ser protegida y amparada en el ejercicio pacífico de sus pretensiones ante la justicia para que esas pretensiones les sean satisfechas. Lo que no quiere decir aceptadas, sino resueltas razonadamente con arreglo a Derecho y en el lapso de un proceso en que todas las personas titulares de derechos e intereses afectadas por esas pretensiones puedan alegar y probar lo pertinente a la defensa de sus respectivas posiciones; y con fundamento en lo previsto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que “Cuando la decisión sólo haya sido impugnada por el imputado o imputada, o su defensor o defensora, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado o imputada”, en tal sentido lo procedente es efectuar por esta Alzada el calculo de la pena impuesta al penado Aníbal Orlando Amaya Calles, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en los artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano. En consecuencia, la pena aplicable para el caso sometido al conocimiento de esta Alzada, es la resultante de las siguientes consideraciones: El delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 149, de la Ley Orgánica de Drogas que prevé una pena de QUINCE (15) A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, disminuyéndose la misma SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código Penal, por cuanto el imputado no presenta conducta predelictual, lo cual resulta en DIECINUEVE (19) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN. Quantum éste sobre el cual se aplicará la rebaja respectiva por haberse acogido la acusada de autos al procedimiento especial por admisión de los hechos en esta oportunidad el artículo 375 de la Norma Adjetiva Penal vigente. Así pues, cabe hacer mención a lo previsto en el mencionado artículo, teniendo en cuenta que el mismo señala lo siguiente: “El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas. El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva. En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra a libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave dalo al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violación grave a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación, y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.” (Negrillas y Subrayado de esta Corte de Apelaciones) Ahora bien, la norma transcrita establece el cauce procesal idóneo para dictar sentencia anticipada por conducto de este procedimiento especial, habida cuenta la admisión de los hechos realizada por la acusada. Además, establece un rango cuantitativo para la rebaja aplicable, que va, en principio, desde un tercio hasta la mitad de la pena que deba imponerse, ponderando dichos extremos en atención todas las circunstancias del caso. Así pues, es menester acotar que el Diccionario de la Real Academia Española ha establecido el significado de tales preposiciones, de manera que, desde “denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede o se origina o ha de empezar a contarse una cosa” y; hasta “denota el término o límite”, es decir, el punto de llegada. Visto lo anterior, se evidencia que la norma sub examine prevé para la rebaja del mencionado procedimiento por admisión de los hechos, un rango desde un tercio a la mitad de la pena; no obstante, también señala una excepción para determinados casos que la misma norma delimita. En cuanto a lo anterior, cabe señalar que la norma establece – como excepción – un máximo para la rebaja de la pena por admisión de los hechos, hasta un tercio de la misma, pudiendo el Juez o Jueza ponderar las circunstancias de cada caso para la aplicación de la rebaja de la pena; es decir, establece el limite máximo a rebajar, de forma que denota el término o límite de llegada, mas no señala un origen para la aplicabilidad de la misma, pudiendo en consecuencia tomar discrecionalmente el término a rebajar, ajustándolo a la magnitud del daño causado, las circunstancias de la comisión del hecho punible, y el tipo de delito cometido, fundando cabalmente su decisión, pero sin poder rebajar más del tercio antes referido. Así pues, quienes aquí deciden en atención a lo anteriormente referido, considerando el delito y la magnitud del daño causado, asimismo, teniendo en cuenta que el tipo penal admitido se encuentra contendido dentro de la excepción prevista en el artículo 375 de la norma penal adjetiva, que prevé la rebaja de hasta un tercio, y en virtud de que la cantidad incautada según prueba de orientación, pesaje y precintaje N° CO-LC-LR-1-DIR-PO/DQ-2011/2306, de fecha 27 de agosto de 2011, determinó que la sustancia analizada identificada con los N° 01 al 86, corresponde a cocaína con un peso neto de OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO GRAMOS (87.378g), por lo tanto lo ajustado a derecho en el caso de marras es la aplicación de la rebaja de un cuarto, siendo un cuarto de diecinueve (19) años y seis (06) meses de prisión, cuatro (04) años, diez (10) meses y quince (15) días de prisión. De esta manera, la pena resultante a ser impuesta en el presente caso luego de la rebaja a imponer por el procedimiento por admisión de los hechos es la de CATORCE (14) AÑOS UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. DECISIÓN Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de revisión de sentencia definitivamente firme interpuesto por la Abogada Nelda Patricia Landinez Gómez, en carácter de Defensora Pública del ciudadano Aníbal Orlando Amaya Calles. SEGUNDO: MODIFICA la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2011 y publicada en fecha 10 de noviembre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, extensión San Antonio del Táchira, mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó al referido penado a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. TERCERO: Esta Corte de Apelaciones de conformidad con el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a dictar decisión propia en lo que respecta a la dosimetría de la pena, quedando la pena definitiva a imponer al penado ANIBAL ORLANDO AMAYA CALLES en CATORCE (14) AÑOS, UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los quince ( 15 ) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación. Las Juezas de la Corte de Apelaciones, Abogada Nélida Iris Corredor Jueza Presidenta Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Abogada Nélida Iris Mora Cuevas Jueza de Corte Jueza Ponente Abogada Rosa Yuliana Cegarrra Hernández Secretaria En la misma fecha se cumplió lo ordenado. La Secretaria.- 1-Rr-SP21-P-2017-000056/NIMC/ar.