TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
207° y 159°

ASUNTO: WP12-V-2017-000267

PARTE ACTORA: MARÍA FÁTIMA FERNANDES DE FERNANDES, extranjera, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° E-81.597.028.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: YVONNE VARGAS SIRIT y ZURAMA VILLARROEL inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.347 y 13.281 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: KATHERINE MARIEL GONZÁLEZ SETTIN y ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.163.581 y V-11.061.725, respectivamente.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO.
I
Se da inicio al presente juicio en fecha 10 de octubre de 2017 mediante Demanda de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO, presentado por las Abogadas YVONNE VARGAS SIRIT y ZURAMA VILLARROEL inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.347 y 13.281 respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la parte actora, ciudadana MARÍA FÁTIMA FERNANDES DE FERNANDES, extranjera, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° E-81.597.028, contra los ciudadanos KATHERINE MARIEL GONZÁLEZ SETTIN y ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.163.581 y V-11.061.725 respectivamente. Dándosele entrada en fecha 13 de octubre de 2017.
En fecha 16 de octubre de 2017, éste Tribunal dictó auto mediante el cual se admitió la presente demanda.
En fecha 31 de octubre de 2017, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual desiste del presente procedimiento.
En fecha 01 de noviembre de 2017, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, ya identificada, mediante la cual solicita la devolución de los documentos originales.

En fecha 01 de noviembre de 2017, se dictó auto mediante el cual éste Tribunal instó a la apoderada judicial de la parte actora a consignar poder que la faculte a desistir del presente proceso.
En fecha 02 de noviembre de 2017, se dictó auto mediante el cual éste Tribunal acordó la devolución de los documentos originales.
En fecha 12 de diciembre de 2017, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, ya identificada, mediante la cual consigna en copia simple el poder especial otorgado por la ciudadana MARÍA FÁTIMA FERNANDES DE FERNANDES, parte actora en el presente juicio.
En fecha 14 de diciembre de 2017, se dictó auto mediante el cual éste Tribunal acordó expedir por secretaria poder original debidamente autenticado.
En fecha 09 de enero de 2018, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, ya identificada, mediante la cual retira el documento original por ante la Oficina de Atención al Público (OAP) de éste Circuito Civil.
En fecha 11 de enero de 2018, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, ya identificada, mediante la cual ratifica la solicitud de fecha 01/12/2017, asimismo consigna las copias simples a los fines de la devolución de los documentos originales.
En fecha 19 de febrero de 2018, se recibe diligencia presentada por la abogada YVONNE VARGAS SIRIT, ya identificada, mediante la cual retira el documento original por ante la Oficina de Atención al Público (OAP) de éste Circuito Civil.
Ahora bien, en vista de la falta de impulso de la parte actora, al no comparecer ni para ratificar el desistimiento intentado sin poder ni para consignar los recaudos necesarios relacionados con la citación de los demandados, desde la fecha 16 de octubre de 2017, fecha desde la cual han transcurrido más de (30) días de despacho, el Tribunal observa:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente:
“…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.…
…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...”
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó:
“…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…”

Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente:
1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
“La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”.-
Ahora bien, la presente causa se admitió en fecha 16 de octubre de 2017, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, y siendo que desde la fecha antes señalada han transcurrido más de treinta (30) días de despacho y la parte actora no ha impulsado la citación de la parte demandada, por cuanto no consta en autos que hubiese cumplido con las obligaciones que impone la Ley a tales efectos, considera esta sentenciadora de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida. Y ASÍ SE DECIDE.
En razón de lo anterior este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los veintidós (22) día del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). A los 207 años de la Independencia y a los 159 años de La Federación.-
LA JUEZA,
Abg. YESIMAR GONZÁLEZ
LA SECRETARIA ACC,
Abg. NANCY USECHE
En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo la una y quince minutos de la tarde (01:15).
LA SECRETARIA ACC,
Abg. NANCY USECHE
YG/UN/Jesús.-