TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
JURISDICCIÓN: CIVIL
I
INDICACION DE LAS PARTES Y ABOGADO ASISTENTE:

PARTES SOLICITANTES: PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-19.066.129 y V-21.001.424, de este domicilio, asistidos por el abogado en ejercicio JOSÉ MANUEL MEDINA BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 24.808.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, aplicando lo referente a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante.
SOLICITUD Nº: 10.082-18.
II
NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento por escrito presentado ante el Tribunal distribuidor en fecha dos (02) de mayo de 2018, correspondiendo su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal, cuyos recaudos fueron presentados en fecha 02 de julio de 2018, solicitud interpuesta por los ciudadanos PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, ya antes identificados, asistidos de abogado, Alegan los cónyuges en su escrito de solicitud lo siguiente: Que en fecha 29 de enero de 2014, contrajeron Matrimonio Civil por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Concordia del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 29 de enero de 2014, tal como consta en acta signada con el N° 09, que anexan a su solicitud; fijaron desde el inicio del matrimonio como domicilio conyugal en la ciudad de San Cristóbal, en la calle 16, N° 10-40, donde convivieron hasta el día 10 de marzo de 2014, fecha que, cuando por razones personales se hizo imposible la convivencia, e interrumpieron la vida conyugal y se separaron, decidiendo cada uno hacer vida aparte por su propia cuenta, de modo tal que desde entonces y hasta la presente fecha han permanecido separados de hecho, habiéndose producido entre ellos la RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMÚN. En dicha unión matrimonial no procrearon hijos. De manera que de acuerdo a lo expuesto, invocan el divorcio incausado, desarrollado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 693 de fecha 2 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, que al interpretar el artículo 185 del Código Civil estableció con carácter vinculante que las causales que las causales de divorcio allí establecidas no son taxativas, de tal manera que cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho articulo o por cualquier otra situación que impida la continuación de la vida en común, en el entendido que no hay motivos para que dos personas se mantengan jurídicamente atados a un vinculo que uno de ellos, o ambos no quieren compartir, cuando ya no existe respeto por la pareja ni deseo de estar juntos, situaciones que atentan contra la institución de la Familia. Aunado a ello, y por consecuencia de haber permanecido separados de hecho, cada quien ha hecho su vida de pareja aparte, lo cual irremediablemente rompió el matrimonio, vista la irreversible ruptura fáctica de la relación conyugal sin posibilidad de reconciliación, con fundamento en la interpretación constitucionalizante del articulo 185-A del Código Civil realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 693 de fecha 2 de junio de 2015, solicitan que en jurisdicción voluntaria decrete la Disolución del vinculo matrimonial, que contrajeron el 29 de enero de 2014, ante el Registrador Civil de la Parroquia La Concordia Municipio San Cristóbal del estado Táchira, por ruptura fáctica de la vida en común. Asimismo solicitan que la misma sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho, y declarado el divorcio con todos los pronunciamientos de Ley.
Por auto de fecha 02 de julio de 2018, en el folio siete (f.07), este Tribunal admite la anterior solicitud, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, según lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil, así como lo dispuesto en la Sentencia con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, la cual dio paso a la interpretación del Divorcio sanción a la concepción del Divorcio solución, explanando en la misma que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 ejusdem, no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento. Se ordenó citar al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su citación, a fin de que expusiese lo que considerase conveniente en relación a la presente solicitud . Por encontrarse los cónyuges a derecho no se libraron boletas de citación a los mismos.
Al folio nueve (f.09) de la presente Solicitud, consta copia de la boleta de Citación al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, debidamente recibida por su despacho en fecha 06 de noviembre de 2018.
Al folio diez (f.10) el Alguacil de este Despacho, consignó la boleta de Citación, de fecha 07 de noviembre de 2018, mediante la cual hace saber que el día 06 del mismo mes y año, siendo las doce y veinte minutos del medio día (12:20 m.), hizo entrega de la boleta de Citación librada para el ciudadano Fiscal Especializado de Protección del Niño y del Adolescente y Familia del Ministerio Público del estado Táchira, al ciudadano MARIO ARZE en su condición de Secretario del Fiscal Décimo Cuarto del Ministerio Público, a quien localizó en la Prolongación de la Quinta avenida, edificio del Ministerio Público, piso N° 1. Seguidamente consta en la misma diligencia, nota de secretario mediante la cual el ciudadano Wilmer Colmenares, Secretario del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Tórbes le la Circunscripción Judicial del estado Táchira, certifica la diligencia anteriormente suscrita por el Alguacil de este Tribunal.
III
MOTIVA
De las actas que integran el expediente se desprende que la presente solicitud fue admitida por disolución del vínculo matrimonial por MUTUO CONSENTIMIENTO conforme a las reglas establecidas en el artículo 185 del Código Civil, así como lo dispuesto en la Sentencia con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, la cual dio paso a la interpretación del Divorcio sanción a la concepción del Divorcio solución, explanando en la misma que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 ejusdem, no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento. Se ordenó citar a la Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, para que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su citación, a fin de que expusiese lo que considerase conveniente en relación a la presente solicitud.
Seguidamente, antes de proceder esta juzgadora a motivar la presente decisión, observa del escrito de solicitud que, alegan los interesados, lo siguiente:
1) Que contrajeron matrimonio civil por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, tal y como consta de Acta N° 09, de fecha 29 de enero de 2014, que en copia acompañaron con la solicitud.
2) Que su último domicilio conyugal fue en la ciudad de San Cristóbal, en la calle 16, N° 10-40.
3) Que durante su unión conyugal no procrearon hijos.
4) Que por razones personales se hizo imposible la convivencia, e interrumpieron la vida conyugal y se separaron, decidiendo cada uno hacer vida aparte por su propia cuenta, de modo tal que desde entonces y hasta la presente fecha han permanecido separados de hecho, habiéndose producido entre ellos la Ruptura Prolongada de la vida en común. Aunado a ello, y por consecuencia de haber permanecido separados de hecho, cada quien ha hecho su vida de pareja aparte, lo cual irremediablemente rompió el matrimonio, vista la irreversible ruptura de la relación conyugal sin posibilidad de reconciliación, con fundamento en la interpretación constitucionalizante del articulo 185-A del Código Civil realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 693 de fecha 2 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, con carácter vinculante. Solicitan que en jurisdicción voluntaria decrete la Disolución del vínculo matrimonial, que contrajeron el 29 de enero de 2014, ante el Registrador Civil de la Parroquia La Concordia Municipio San Cristóbal del estado Táchira. Asimismo solicitan que la misma sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho, y declarado el divorcio con todos los pronunciamientos de Ley.
Conforme al esquema establecido en la consideración anterior, corresponde a este Tribunal decidir la presente causa, para lo cual hace las siguientes consideraciones:
Ahora bien, es menester dejar sentado que antes de nuestra Constitución venezolana publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se encontraba en el marco legal venezolano, la existencia del Código Civil desde el año 1982, y la tipificación de sus normas respondían al momento social de nuestro país, pero con la posterior sanción de la actual constitución se han ido derogando diversos capítulos, en su contenido, y se les ha otorgado un carácter de ley orgánica o de leyes especiales, con un marco legal mucho más amplio, es decir que, de este neoconstitucionalismo nacieron la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Ley Orgánica de Registro Civil, entre otras, las cuales responden en la actualidad a las necesidades de todos los venezolanos y venezolanas, es el caso, pues, que con la disolución del vínculo matrimonial el legislador tipificó la norma en dos formas meramente taxativas, estipuladas en sus artículos 185 y 185-A, mediante la cual los cónyuges de manera unilateral o en conjunto podrán demandar el divorcio, siempre y cuando se haya incurrido en los supuestos enumerados en los artículos de la Ley sustantiva civil, con lo que se presume la desobediencia de uno o varios de los deberes conyugales que la institución matrimonial comporta, es decir, que el precepto legal contiene un numerus clausus, de tal modo que, no se permite invocar un motivo distinto a los que claramente se encuentran previstos en la norma.
Sin embargo, este marco legal que rodea el divorcio en nuestro país ha resultado insuficiente y vetusto, para ésta sociedad moderna y para nuestra constitución, la cual se encuentra enmarcada en derechos tan fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, artículos 20 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, así lo afirma nuestra Sala Constitucional, que en reciente sentencia de fecha 2 de Junio de 2015, Expediente N° 12-1163, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso María Cristina Santos Boavida en contra de Francisco Anthony Correa Rampersad, estableció que el libre desarrollo a la personalidad es un “derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social.“
De tal manera que, en la sociedad actual, el matrimonio solo puede ser entendido como una institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad (art. 77 C.R.B.V.), y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, es por ello que, por interpretación en contrario, nadie puede estar obligado a mantenerse casado sin su libre consentimiento a la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las disposiciones referentes a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem).
De la sentencia ut supra invocada por este Tribunal, mediante Jurisdicción normativa otro tipo de fuente del derecho venezolano, (art. 335 C.R.B.V.), realizó una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil venezolano y declaró “con carácter vinculante el criterio interpretativo contenido en dicho fallo, de tal manera que, se amplía el contenido de las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil y establece que las mismas no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en el fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”, y así como lo afirma la misma Sala, nuestro ordenamiento jurídico aun cuando ofrece un mecanismo para demandar el divorcio, el mismo limita al justiciable con una normativa, como lo asegura la misma Sala: “sumamente estrecha”, que es insustancial, frente a los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo a resolver sobre un importante aspecto de su vida.
En el caso sub iudice, trata de una solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento, presentada por los ciudadanos: PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, ya antes identificados asistidos de abogado, quienes manifestaron en su escrito, que por cuanto se produce una separación por decisión de ambos, rompiéndose la unión entre los mismos, hasta la actualidad sin que haya mediado reconciliación alguna, por lo que solicitan se declare su divorcio con todos los pronunciamientos de ley, de tal manera, para quien juzga, los argumentos esgrimidos por los cónyuges solicitantes merecen fe, por cuanto existe entre ellos otro tipo de situación distinta a la enunciada en los artículos 185 y 185-A del Código Civil venezolano, tal y como lo es la incompatibilidad de caracteres en la que vivían los cónyuges solicitantes, lo que originó la separación de mutuo consentimiento y que por jurisdicción normativa, la Sala Constitucional, lo ha establecido, en tal sentido la presente solicitud, por todo lo anteriormente expuesto debe prosperar en derecho, y así se decide.
Así mismo, se evidencia de las actas que integran la solicitud que los contrayentes fijaron su último domicilio conyugal en el MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, estado Táchira; lo que indiscutiblemente le otorga plena competencia a este Tribunal para conocer sobre la presente solicitud; toda vez que en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 368.339 de fecha 2 de abril de 2009, el Artículo 3 la norma adjetiva civil constituye que: “ Los Jueces de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. De igual manera, en el escrito de marras, los cónyuges solicitantes, manifestaron no tener hijos comunes, hecho indiscutible que le atribuye competencia para conocer a este Tribunal, en virtud de la materia, según lo enunciado por la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su artículo 3 señala que: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, (…)”; y así se decide.
En este mismo orden, se puede verificar que los solicitantes consignaron documental fundamental, contentivo de copia certificada del acta de matrimonio, celebrado entre los ciudadanos.
PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, antes identificados, signada bajo el N° 09, de fecha 29 de enero de 2014, certificada en fecha 14 de febrero de 2017, por ante el Registro Civil, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira; evidenciándose que dicho documento ha sido autorizado con las solemnidades legales, como lo es, el haber sido emitido por un funcionario público, con lo que se le otorga fe pública, y con la cual se evidencia el vínculo matrimonial que existe entre los cónyuges solicitantes, valorándose de conformidad a lo preceptuado en el artículo 1.357 del Código Civil, concatenado con los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y así se decide.
Como se puede apreciar de las anteriores consideraciones y por cuanto del procedimiento se evidencia indiscutiblemente que los cónyuges, ciudadanos PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, antes identificados, se separaron de hecho por cuanto la vida en común no les era posible, tomando esa decisión ambos libremente y que de tal hecho no existe a los autos elementos de presunción de haber operado la reconciliación entre ambos, lo que para este Tribunal se relaciona con los asuntos de familia por vía voluntaria, y notificado como fue por el Alguacil de este Juzgado el representante del Ministerio Público; sin que el mismo se hiciera presente aunque se le concedió el tiempo integro previsto en la norma para ello, en consecuencia, se considera que no hubo objeción alguna respecto a la presente solicitud de divorcio, por MUTUO CONSENTIMIENTO; y así se decide.-
Analizado como ha sido lo anterior, esta sentenciadora considera que por cuanto los solicitantes ciudadanos PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, ya identificados, comparecieron ante este Tribunal de manera conjunta, voluntaria y debidamente asistidos por el abogado en ejercicio JOSÉ MANUEL MEDINA BRICEÑO, ya identificado, a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento; en tal sentido, quien juzga resulta, a todas luces que la misma debe prosperar en derecho, amparándose en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, Expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, y así se decide.

IV
DISPOSITIVA
De acuerdo a las consideraciones expuestas este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR EL DIVORCIO, con base a la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2015, signada con el N° 693, expediente N° 12-1163, con carácter vinculante, en consecuencia, queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL existente entre los ciudadanos PEDRO LUIS AVILA BUSTAMANTE Y ODRYS ORIANA CONTRERAS CASTRO, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-19.066.129 y V-21.001.424, en su orden, contraído por ante el Registro Civil, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, en fecha 29 de enero de 2014, tal y como consta en el Acta de Matrimonio N° 09 del año 2014. Liquídese la sociedad conyugal existente.
Por cuanto la presente sentencia no tiene apelación se declara DEFINITIVAMENTE FIRME. Ejecútese el citado fallo. De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código Civil, se ordena expedir por secretaría dos juegos de copias certificadas de la presente sentencia y remitirlas con oficio al Registro Civil, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal y al Registro Civil Principal, respectivos del estado Táchira, a los fines de que estampen la nota correspondiente en la referida acta de matrimonio. Líbrense oficios. Asimismo, expídase por Secretaria un juego de copias certificadas de la presente decisión para cada uno de los solicitantes de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.
Cumplido como sea lo ordenado, procédase al archivo del expediente.
Dada, firmada y Sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. En San Cristóbal, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. AÑOS: 208° de la Independencia y 159º de la Federación.

ANA LOLA SIERRA
JUEZ

WILMER COLMENARES
SECRETARIO
En la mima fecha se dictó y publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº 5523, siendo las nueve de la mañana (09:00a.m.), así mismo, se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal y se libró oficios N° 3190-456 y 3190-457, al Registro Civil, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira y al Registro Civil Principal del estado Táchira, respectivamente, en cumplimiento a lo ordenado anteriormente.-

EL SECRETARIO

SOLICITUD N° 10082-18