REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 17 de diciembre 2019
209º y 160º

ASUNTO: SP22-G-2017-000013
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 104/2019

En fecha 10/12/2017 fue consignada por ante este Tribunal diligencia suscrita por la Abogada Wendy Texier Gómez Díaz, inscrita en el IPSA bajo el N° 58.587, en su carácter de representan judicial de la parte querellante, mediante la cual indicó:
“Solicitar respetuosamente que se proceda a la ejecución voluntaria de la Sentencia Definitiva Nro. 082/2017 de este expediente, por cuanto ya consta en autos la experticia complementaria del fallo, en el que se determina el monto exacto para ejecutar…”

En este sentido, se aprecia de las actas procesales que componen el expediente, que en la presente causa se encuentra sentencia definitivamente firme, por cuanto, la representación judicial de la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal del estado Táchira no interpuso ningún recurso en contra de la sentencia de primera instancia, por lo cual, debe pasarse a la etapa procesal de Ejecución de la Sentencia.
Por lo tanto, procede este Tribunal a realizar las siguientes consideraciones:
El artículo 523 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece:
“Artículo 523.- La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia….”

Observa este Juzgador luego de analizado el contenido del articulo que antecede que, el mismo, le otorga facultad al Juez que conoce en primera instancia la causa para que acuerde la ejecución de la sentencia y verifique el cumplimiento de la misma.
Por otra parte, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:
“Articulo 334: Todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la Ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta constitución.”

La norma suprema que antecede le otorga facultades la todos los Jueces de la República para que estos, dentro de sus competencias y atribuciones hagan valer el carácter imperativo de nuestra Carta Magna.
Visto lo anterior, quien suscribe se permite traer a colación el contenido del artículo 109 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual dispone con respecto a la figura de la ejecución voluntaria que:

“Artículo 109. Cuando los Institutos Autónomos, entes Públicos o Empresas en los cuales estas personas tengan participación decisiva resultasen condenados por sentencia definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará a la parte condenada para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes a su notificación. Durante ese lapso, se podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que acuerden”.

De la norma ut supra citada, se desprende que cuando los Institutos Autónomos, Entes Públicos o Empresas del estado hallan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme, el Tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución y notificará a la parte condenada para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes a su notificación.
En atención a la norma jurídica citada antes transcrito, se desprende, que para decretar la ejecución voluntaria de un fallo se requiere necesariamente cumplir con dos requisitos, a saber: i) que el Ente condenado se trate de institutos autónomos, entes públicos o empresas del estado, ii) que dicho Ente resultara condenado por sentencia definitivamente firme, y que cumplidos con dichos requisitos se procederá a decretar la ejecución voluntaria, en un lapso de 10 días de despacho siguientes a que conste en autos las notificaciones de los entes demandados.
Visto lo anterior, y dado que la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira es un ente del estado, y que ya fue notificada de la sentencia supra identificada, y adicionalmente que dicha sentencia quedó definitivamente firme, este Tribunal observa que están cumplidos los extremos de los requisitos ut supra mencionados para que proceda la ejecución voluntaria.
En este sentido, la sentencia definitiva de fecha 19/10/2017, marcada con el No.- 082/2017, se decidió lo siguiente:
“…Primero: SE DECLARA CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana ANDREA SABA CORTES DUQUE, contra la Contraloría del Municipio San Cristóbal del estado Táchira.
Segundo: Se ordena a la Contraloría del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, el pago a la ciudadana ANDREA SABA CORTES DUQUE, de los siguientes conceptos:
? Las prestaciones sociales, que deben ser calculadas con el último salario integral devengado por la trabajadora al finalizar la relación laboral, cuyo lapso para el cálculo abarca desde el 01/04/1998 hasta el 15/11/2016 ambas fechas inclusive.
? Las vacaciones fraccionadas, cuyo lapso para el cálculo comprende desde el 01/04/2016 hasta el 15/11/2016 ambas fechas inclusive, es decir, 7 meses y 14 días, durante el período 2016 - 2017.
? Los intereses moratorios, desde la fecha de terminación del vínculo laboral, o sea, el 15/11/2016 inclusive, hasta la oportunidad del pago de las prestaciones sociales.
? La indexación o corrección monetaria de las prestaciones sociales, desde la fecha de la admisión de la querella (07/02/2017) hasta la ejecución de la sentencia -entendida como la fecha del efectivo pago-.
A tal efecto, se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo, para lo cual se acuerda el nombramiento de un Experto Contable, quien debe tomar en consideración los parámetros establecidos para el cálculo de cada uno de los conceptos acordados…”

En tal sentido, se determina que la sentencia en parte transcrita contiene una obligación de dar, la cual contiene varios mandatos que deben ser cumplidos por la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, a saber:
1.- la Obligación de dar que consiste en que la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal proceda al pago de las prestaciones sociales, las vacaciones fraccionadas, los intereses moratorios y la indexación o corrección monetaria de las prestaciones sociales hasta la ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago.
A tal efecto se ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo, para lo cual se acordó el nombramiento de un Experto Contable, quien debe tomar en consideración los parámetros establecidos para el cálculo de cada uno de los conceptos acordados.
En tal sentido, visto que el experto designado consignó el informe final de la experticia complementaria del fallo recaído en la presente causa en fecha 12 de Noviembre de 2019, en el que se determina el monto exacto para ejecutar, quedando pendiente el cumplimiento de la obligación de dar, esto es que la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal proceda al pago de lo ordenado mediante sentencia anteriormente mencionada.
Así las cosas es oportuno traer a colación lo expresado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
“Articulo 2: los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Orientan su actuación por los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación”
Por lo antes mencionado, en busca del Principio de celeridad procesal, así como brindar la oportuna ejecución a la Sentencia Dictada en la presente causa, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA, de la sentencia definitiva de fecha 19/10/2017, marcada con el No.- 082/2017, en los siguientes términos:
ÚNICO: Dé cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Definitiva de fecha 19/10/2017, marcada con el No.- 082/2019, se ordena la notificación: Alcalde del Municipio San Cristobal del estado Táchira, Síndico Procurador del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira y a la Contraloría Municipal del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, sobre la ejecución voluntaria anexándose copia certificada de la presente, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado su notificación, proponga la forma y oportunidad de dar cumplimiento voluntario en cuanto a la obligación de dar. Líbrense Oficios. Así se decide
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia digitalizada de la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
El Juez Suplente,

Dr. Julio Cesar Nieto Patiño
La Secretaria,

Abg. Mariam Paola Rojas Mora
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las diez y cincuenta y tres (10:53 A.M) de la mañana.
La Secretaria

Abg. Mariam Paola Rojas Mora
JCNP/bm