TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 13 de Junio de 2019
209º y 160º
ASUNTO: SE21-G-2003-000007
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA N° 026/2019

En mi carácter de Juez Provisorio de este tribunal, convocado mediante oficio N°. CJ-14-2032 de fecha 16 de julio de 2014, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y debidamente Juramentado el día 30 de Julio de 2014, ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia; me aboco de oficio al conocimiento de la presente Acción de amparo constitucional.
En fecha 06 de Mayo del 2003, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Barinas, por ser el competente para decidir el presente caso.
En fecha 30 de Octubre de 2006, el Juzgado Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Barinas, estableció que en virtud de que el presente Expediente proveniente del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativo, fue recibido en este Juzgado Superior, por DECLINACIÓN DE COMPETENCIA contentivo del RECURSO DE NULIDAD, interpuesto por el ciudadano abogado Gabriel Bustamante Morales, titular de la cédula de identidad N° V-2.814.876, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.291, con carácter de apoderado Judicial de los ciudadanos José Antonio Álvarez Castillo e Isabel María Florez de Álvarez, Venezolanos mayores de edad, titulares de cédula de identidad Nos. V-12.253.403 y V-8.993.494, respectivamente, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO BOLIVAR DEL ESTADO TÁCHIRA, este Juzgado declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE OFICIO, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho.
En fecha 27 de Abril de 2007, mediante auto se interpuso recurso de apelación por parte de abogado Gabriel Bustamante Morales, en contra de la decisión dictada por este Tribunal Superior en fecha treinta (30) de Octubre del 2006.
En fecha 14 de mayo de 2008, Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gabriel Bustamante Morales, actuando con el carácter de apoderado Judicial de los ciudadanos José Antonio ALVAREZ Castillo e Isabel María Florez de Álvarez, contra la Sentencia del 30 de Octubre de 2006, dictada por el mencionado Órgano Jurisdiccional, que declaró consumada de oficio la PERENCIÓN en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra el CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO BOLIVAR DEL ESTADO TÁCHIRA.
2. CON LUGAR la apelación interpuesta.
3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de Octubre de 2006.
En fecha 13 de Octubre de 2009, mediante auto se indica que las partes fueron debidamente notificadas de la reanudación de la causa en presente juicio.
En fecha 09 de Diciembre de 2009, mediante auto se hace constar que este Tribunal Superior, tiene competencia tanto en materia Civil como en lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en los Estados Barinas, Mérida y Táchira, difiere la sentencia.
I
MOTIVA

En primer lugar este Juzgado considera que constituye objeto de la pretensión del Recurso de Nulidad interpuesto por el ciudadano abogado Gabriel Bustamante Morales, titular de la cédula de identidad N° V-2.814.876, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.291, con carácter de apoderado Judicial de los ciudadanos José Antonio Alvarez Castillo e Isabel María Florez de Alvarez, Venezolanos mayores de edad, titulares de cédula de identidad Nos. V-12.253.403 y V-8.993.494, respectivamente, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO BOLIVAR DEL ESTADO TÁCHIRA, a los fines de solicitar la nulidad del acto administrativo, dictado por el Concejo Municipal del Distrito Bolívar del Estado Táchira, en fecha 29 de septiembre del 1986, en sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Distrito Bolívar del estado Táchira N° 28, a través de la cual aprobó dar en venta un lote de terreno propiedad Municipal.
En atención a lo anterior en fecha 13 de octubre del 2009 el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región los Andes, dicto auto mediante la cual deja expresa constancia que las partes se encuentran debidamente notificadas de la reanudación de la causa en el presente Juicio.
Asimismo, visto que en fecha 09 de diciembre del 2009, se dictó auto mediante el cual se difiere el pronunciamiento.
Ahora bien, en virtud de que la parte recurrente no ha realizado diligencia alguna para que este Juzgador se abocara al conocimiento de la presente causa, al igual que se emitiera sentencia definitiva. Considera entonces, este Tribunal que es conveniente analizar criterios jurisprudenciales relacionados con el desistimiento de la causa y la perdida del interés de la parte actora, destaca este Juzgador las siguientes sentencias:
Sala Constitucional
En efecto, esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó la necesidad de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, en sentencia núm. 982, del 6 de junio de 2001, recaída en el caso: José Vicente Arenas Cáceres, en los siguientes términos:
(…) la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.(...)

La Sala Político administrativa Exp. Nro. 2013-0642, estableció:
En conexión con lo anterior, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencia Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros, al referirse a la pérdida del interés procesal, manifestó que la misma puede darse en dos (2) casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después que la causa ha entrado en estado de sentencia.
A la luz del señalado criterio, el cual comparte plenamente esta Alzada, se observa que la inactividad de las partes es suficiente para que opere la perención de la instancia o la pérdida de interés, aún en el supuesto de que la inactividad procesal provenga del Juzgador, ya que las partes debieron instar a la producción del acto.
Igualmente, conforme a la doctrina judicial aludida, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito. (Vid., sentencia Nro. 00861 dictada por la Sala Político-Administrativa el 25 de julio de 2012, caso: Hotel Bella Vista, C.A).

En ese orden, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (Caso: Carlos Vecchio y otros), indicó:
“El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”)

De lo anteriormente transcrito se evidencia que la perdida del interés es una figura que puede resultar durante el proceso en dos oportunidades, siendo la primera antes de la admisión de la demanda y la segunda cuando la demanda se encuentre en periodo de sentencia, siendo esas las oportunidades en las cuales puede decretarse la perdida del interés, analiza este Tribunal que dicha perdida deviene de la falta de impulso de la parte actora, es decir cuando la misma no realiza las actuaciones correspondientes par darle continuidad al desarrollo del proceso o la manifestación negativa que realice el actor para sostener la querella.
Entendida de tal forma la perdida del interés, se destaca que en el caso de marras en fecha 13 de Octubre de 2009, mediante auto se indica que las partes fueron debidamente notificadas de la reanudación de la causa en presente juicio y en fecha 09 de Diciembre de 2009, mediante auto se hace constar que este Tribunal Superior, tiene competencia tanto en materia Civil como en lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en los Estados Barinas, Mérida y Táchira, difiere la sentencia. Ahora bien, en virtud de que la parte recurrente no ha realizado diligencia alguna para que este Juzgador se abocara al conocimiento de la presente causa, al igual que se emitiera sentencia definitiva; Y en virtud de que ha transcurrido más ocho (08) años sin que la parte realizará actuación alguna a los fines de dar continuidad a la presente causa, en consecuencia este Tribunal declara la perdida del interés de la parte interesada y extinción de la presente acción, en la prosecución del presente juicio. Así se decide.
II
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el Abogado Gabriel Bustamante Morales, titular de la cedula de identidad N° V-2.814.876, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.291, actuando con el carácter de Apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ANTONIO ALVAREZ CANTILLO e ISABEL MARÍA FLOREZ DE ÁLVAREZ, Venezolanos mayores de edad, titulares de cédula de identidad Nos. V-12.253.403 y V-8.993.494, respectivamente, contra del CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO BOLIVAR DEL ESTADO TÁCHIRA. En consecuencia, este Tribunal ordena el cierre de la presente causa y remitir la misma mediante oficio al Archivo Judicial del Estado Táchira.
Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente sentencia en formato PDF de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
El Juez,

Dr. José Gregorio Morales Rincón
La Secretaria Temporal;

Abg. Mariam Paola Rojas Mora
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las doce y cuarenta y uno (12:41PM) de la tarde.
La Secretaria Temporal;

Abg. Mariam Paola Rojas Mora

JGMR/mr