TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES

San Cristóbal, 14 de Mayo de 2019
208° y 159°

Jueza Ponente: Abogada Nélida Iris Mora Cuevas

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Corresponde a esta Alzada pronunciarse sobre la admisibilidad del Recurso de Apelación interpuesto por los abogados Jean Carlo Castillo Giron, Yuly Jemaive Osorio Andara y Yoleisa Coromoto Porras Trejo, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos Gustavo Alberto Rivillas Padilla, Eduardo José Aponte Vera, Adriana Josefina Rivas y Liznairy Josefina Rivas Morillo, contra la decisión dictada en fecha 31 de mayo de 2018 y publicada el 05 de junio del mismo año, por la abogada Yunna Contreras, en su condición de Jueza Séptima de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, entre otros pronunciamientos:

Declaró sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa privada en cuanto a la nulidad de la acusación fiscal, admitió totalmente la acusación presentada por la Representación Fiscal, así como las pruebas tanto de la representación del Ministerio Público como de la defensa privada, ordeno la apertura ajuicio oral y público a los ciudadanos Gustavo Alberto Rivillas Padilla, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico como Autor, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Adriana Josefina Rivas, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico en Grado de Facilitador, previsto y sancionado en el artículo 34 en concordancia con el artículo 84 numeral 3 del Código Penal, Eduardo José Aponte Vera y Liznairy Josefina Rivas Morillo, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico en Grado de Complicidad No Necesario, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en concordancia con el artículo 84 del Código Penal y finalmente mantuvo la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano Gustavo Alberto Rivillas Padilla.

DE LA ADMISIBILIDAD.

En relación al Recurso de Apelación interpuesto, y con la finalidad de decidir sobre la admisibilidad del mismo, es necesario para las Juzgadoras de esta Alzada, acreditar la concurrencia de diversos requerimientos que se encuentran contemplados en el Libro Cuarto, Título I, del Código Orgánico Procesal Penal. A tal efecto, se observa que la parte recurrente –defensa privada-, posee la legitimidad para impugnar la decisión dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal.

Asimismo, se advierte en cuanto al lapso para la interposición del presente recurso, que la imposición de decisión a los imputados de autos fue realizada en fecha 04 de julio de 2018, y presentado su escrito recursivo en fecha 12 de junio del mismo año, donde aprecia esta Sala, que la apelación fue interpuesta en forma anticipada; sin embargo, se evidencia el interés procesal de la recurrente de impugnar el acto que le causa agravio, por lo que, no debe declararse extemporáneo por anticipado, como justo reconocimiento y respeto al principio de tutela judicial efectiva, conforme a lo establecido en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de Mayo de 2001 (caso: Carlos Alberto Campos), en la que expresó:

“…La apelación proferida el mismo día de la publicación del fallo, no es extemporánea por anticipada, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la alzada, por lo que la misma debe considerarse válida, pues es una cuestión de mera forma que ningún perjuicio ocasiona a la parte contra quien obra el recurso, lo que permite revisar el fallo para poder depurar sus supuestos vicios, de no ser así la interpretación de la norma, se estaría creando indefensión al apelante por el Juez que limita o priva a una de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la Ley le* brinda para hacer valer sus derechos…”.

Igualmente, se advierte que el fallo atacado, no se encuentra dentro de las decisiones irrecurribles o inimpugnables por disposición expresa de la Ley.

El recurso de apelación es interpuesto con fundamento en lo establecido en el artículo 439 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que son impugnables las decisiones que “…Causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código”. Refiriendo los recurrentes que la decisión dictada por la Juez no se encuentra debidamente fundamentada, por cuanto no se encuentra explanado en el auto motivados las razones por las cuales arribó a la decisión proferida, y que dicha omisión causa un gravamen irreparable a los imputados de autos.

En armonía con lo anterior, es necesario hacer mención a la decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de noviembre del año 2006, sentencia N° 1966, en la que se estableció: “…la naturaleza de la resolución sobre la admisión de la apelación no comporta un mero trámite o impulso procesal, ya que implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes, sin embargo, la misma no causa gravamen irreparable…”. Así entonces, observando que el recurso no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 428 ibidem, el cual señala textualmente lo siguiente.

La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:

a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.

b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.

c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.

Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda.

Habiendo verificado esta Alzada la normativa enunciada con anterioridad, y observando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en los artículos 423 -Impugnabilidad Objetiva-, 424 -Impugnabilidad Subjetiva-, 427 –Agravio-, 439.5 -Decisiones Recurribles-, 440 -Interposición-, y 441 –Emplazamiento-, todos del Código Orgánico Procesal Penal, sin que exista ninguna causal de inadmisibilidad, de las dispuestas en el artículo 428 Ejusdem; esta Alzada, considera admisible el recurso de apelación interpuesto, los abogados Jean Carlo Castillo Giron, Yuly Jemaive Osorio Andara y Yoleisa Coromoto Porras Trejo, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos Gustavo Alberto Rivillas Padilla, Eduardo José Aponte Vera, Adriana Josefina Rivas y Liznairy Josefina Rivas Morillo; ello, a tenor de lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia acuerda, resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes al de hoy, conforme a lo previsto en el artículo 442 ibidem. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En razón de lo expuesto, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de apelación interpuesto los abogados Jean Carlo Castillo Giron, Yuly Jemaive Osorio Andara y Yoleisa Coromoto Porras Trejo, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos Gustavo Alberto Rivillas Padilla, Eduardo José Aponte Vera, Adriana Josefina Rivas y Liznairy Josefina Rivas Morillo, contra la decisión dictada en fecha 31 de mayo de 2018 y publicada el 05 de junio del mismo año, por la abogada Yunna Contreras, en su condición de Jueza Séptima de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, Declaró sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa privada en cuanto a la nulidad de la acusación fiscal, admitió totalmente la acusación presentada por la Representación Fiscal, así como las pruebas tanto de la representación del Ministerio Público como de la defensa privada, ordeno la apertura ajuicio oral y público a los ciudadanos Gustavo Alberto Rivillas Padilla, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico como Autor, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Adriana Josefina Rivas, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico en Grado de Facilitador, previsto y sancionado en el artículo 34 en concordancia con el artículo 84 numeral 3 del Código Penal, Eduardo José Aponte Vera y Liznairy Josefina Rivas Morillo, por la presunta comisión del delito de Trafico de Material Estratégico en Grado de Complicidad No Necesario, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en concordancia con el artículo 84 del Código Penal y finalmente mantuvo la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano Gustavo Alberto Rivillas Padilla. En consecuencia acuerda, resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes al de hoy, conforme a lo previsto en el artículo 442 ibidem.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Las Juezas de la Corte,

Abogada Nélida Iris Corredor
Jueza Presidenta

Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Abogada Nélida Iris Mora Cuevas
Jueza de Corte Jueza Ponente

Abogada Argilisbeth García Torres
Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
La Secretaria.-

1-Aa-SP21-R-2018-000106/NIMC/ar.-