TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

PARTE DEMANDANTE: MARIANELA PEREZ. Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.224.455, en su carácter de apoderada General de JOSE RAUL SARMIENTO PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.208.118, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ROSSANA ANDREA RODRIGUEZ MENDOZA e IRINA DEL VALLE RUIZ USECHE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-19.976.058 y V-20.120.297, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 199.487 y 199.191, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: MARLENE OVIEDO DE SARMIENTO y JHONATHAN ADRIAN SARMIENTO OVIEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-9.210.590 y V-19.977.400, domiciliados en la carrera 8, No. 8-43 de Las Vegas de Tariba, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.
SIN REPRESENTACIÓN JUDICIAL ACREDITADA EN AUTOS:

MOTIVO: PARTICIÓN DE HERENCIA.
I
ANTECEDENTES

Revisado como ha sido el presente expediente se observa lo siguiente:
Al folio 1 al 3 y vuelto corre demanda interpuesta por la ciudadana Marianela Pérez, actuando en su carácter de apoderada General del ciudadano José Raúl Sarmiento Pérez, según consta en Poder General protocolizado el 4 de enero de 2017, en el Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal, inscrito bajo el N° 5, folio 15, del Tomo 1, del Protocolo de transcripción del año 2017, contra los ciudadanos Marlene Oviedo De Sarmiento y Jonathan Adrián Sarmiento Oviedo, por Partición. Dicha demanda fue admitida por auto de fecha 05 de mayo de 2017, corriente al folio 28, en el cual se ordenó la citación de la parte demandada, para que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes después de citados, y de vencido un (1) día más que se les concedió como termino de distancia, a cualquier hora de las indicadas para despacho del Tribunal, a fin de dar contestación a la demanda incoada en su contra. Asimismo para la practica de la citación de los demandados, se comisionó ampliamente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Cárdenas, Guasimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a donde se acordó remitir copia fotostática certificada del libelo de la demanda y del presente auto, una vez que la parte interesada consignara las respectivas copias. En cuanto a la medida solicitada el Tribunal decidiría por auto separado. Se ordenó formar el respectivo Cuaderno de Medidas por separado.
En fecha 25 de mayo de 2017, se libró la compulsa de citación ordenada y se remitió al Tribunal comisionado, la misma se libró con oficio 0860-358. (Folios 29 y 30).
En fecha 27 de Septiembre de 2017, la ciudadana Marianela Pérez, actuando en su carácter de apoderada del ciudadano José Raúl Sarmiento Pérez, asistida por el abogado Luis Martín Medina Gallanti, le confirió Poder apud acta a los abogados Luis Martín Medina Gallanti y Mónica Rodríguez Mejia, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 48.483 y 83.904. (Folio 31 y vuelto).
En fecha 7 de febrero de 2018, la ciudadana Marianela Pérez, asistida por la abogada Rossana Andrea Rodríguez Mendoza, actuando con el carácter de apoderada del demandante otorgó Poder Apud Acta a las abogadas Rossana Andrea Rodríguez Mendoza e Irina Del Valle Ruiz Useche, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 199.487 199.191 respectivamente. (Folio 33).
En fecha 28 de Octubre de 2019, la Juez Provisoria Fanny Trinidad Ramírez Sánchez, se abocó al conocimiento de la presente causa. De conformidad con lo establecido en el Articulo 90 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 34).
II
PARTE MOTIVA

De las actuaciones anteriormente relacionadas resulta evidente que luego de que este Tribunal en fecha 25 de mayo de 2017, libró las compulsas de citación ordenadas y se remitieron al Juzgado comisionado para la práctica de la citación de la parte demandada no consta a partir de esa fecha ninguna otra actuación de la parte actora para impulsar el proceso.
Así las cosas, este Tribunal observa que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…). Resaltado propio

En el encabezado de la norma transcrita el legislador estableció la perención a la instancia como una forma anormal de terminación del proceso que se configura por la inactividad de las partes durante el período mayor de un año al no efectuar actos de procedimiento para mantener el desarrollo del proceso.
La finalidad de la perención es evitar que los procesos se perpetúen por tiempo indefinido y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de las causas, en las cuales resulte un evidente desinterés de las partes en la continuación del juicio quienes como manifestación del principio dispositivo tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia.
En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 063 de fecha 4 de marzo de 2013, puntualizó lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
…Omissis…
De acuerdo al artículo antes transcrito, se tiene que de acuerdo a los principios de economía y celeridad procesal, la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente en no impulsar el proceso de manera diligente.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En sintonía con lo anterior, la Sala considera pertinente citar sentencia N° RC-591 de fecha 29 de noviembre de 2010, caso de Seguros Mercantil, C.A. contra Jorge Díaz y otro, expediente N° 10-361, en la cual se dejo establecido lo siguiente:
“…El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que
…Omissis…
Respecto al contenido de la norma jurídica precedentemente citada, la Sala ha establecido que no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al juez. Es decir, si se espera alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, no puede imputársele a las partes el transcurso del tiempo, por cuanto la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no es atribuible a las partes. De allí que, lo establecido en la parte in fine del primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la inactividad del juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria y a cualquier otro pronunciamiento que sea menester que el juez dicte para la prosecución del juicio. (Vid. sentencia Nº 073, de fecha 15 de marzo de 2010, en el juicio incoado por Mirla Arrieta, contra Goma Espuma Nacional Compañía Anónima)...”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, se tiene que no puede imputársele a las partes en el proceso el transcurso del tiempo, si existe la espera de alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, ya que la resistencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para continuar la causa, no es atribuible a las partes, pues esa inactividad en el juicio sólo le es imputable al juez.
Al respecto, resulta pertinente citar al tratadista Ricardo Henríquez La Roche, que en su obra Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas 2.005, Pag. 194, indica sobre la paralización del juicio por causa de inactividad, lo siguiente:
“…Paralización por inactividad. La quietud del proceso como dice GUASP, se debe a la inactividad de las partes o del Juez. Si un acto procesal no se realiza en la oportunidad legal por causa de dicha inactividad, las partes dejan de estar a derecho y es necesario notificarlas para la prosecución del juicio.
La paralización del proceso por más de un año, fuera del estado de sentencia, acarrea la perención de la instancia, en virtud de la cual opera de derecho (ipso iure) la caducidad y extinción del juicio. Si la paralización ocurre luego de vistos porque el juez no dicta sentencia en el lapso legal, no se produce la perención de la instancia, de acuerdo a lo señalado por la ley (Art. 267)…”. (Mayúsculas y cursivas del texto, subrayado de la Sala).
(Exp. N° AA20-C-2012-000455)
Conforme al criterio jurisprudencial expuesto la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el proceso al no impulsar el mismo hasta la fase de sentencia en la cual la inactividad del órgano jurisdiccional en dictar la decisión no puede imputársele a las partes y en tal virtud en dicha etapa ya no es posible declarar la perención.
En el caso de autos tal como antes se señaló luego que este Tribunal en fecha 25 de mayo de 2017, libró las compulsas de citación ordenadas y se remitieron al Juzgado comisionado para la práctica de la citación de la parte demandada, no consta a partir de esa fecha ninguna otra actuación de la parte actora para impulsar el proceso.

Así las cosas, se produjo una evidente inactividad de las partes en el proceso la cual excedió el lapso de un año establecido en el encabezado el Artículo 267 procesal, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia. Así se decide.
III
DECISIÓN

En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA por haber transcurrido más de un año sin que hubiese habido actuación alguna de la parte actora.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria Temporal del Juzgado Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la Ciudad de San Cristóbal a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.

DRA. FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ
JUEZ PROVISORIA

ABG. HEILIN CAROLINA PÁEZ DAZA
LA SECRETARIA

En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10.30 a.m.), y se dejó copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.

Exp. 35.672
FTRS/elena