TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL TRABAJO

Maiquetía, primero ( 1° de junio de dos mil veintidós (2022)
211º Y 163º

Asunto Principal WP11-L-2021-000001
Asunto: WP11-R-2022-000014

PARTE DEMANDANTE (APELANTE): ROSA ANNA SCIANCALEPORE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N V-12.623.745

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE (APELANTE): VANESSA CAROLINA DELGADO ARTEAGA, RADAMÉS BRAVO CALDERA, LEWIS ALEJANDRO CONTRERAS ABZUETA Y ANA LÓPEZ CABRERA, Abogados en ejercicios e inscritos bajo los números de I.P.S.A Nros 167.432 y 138.556, 114.981, 289.366, respectivamente.

PARTE DEMANDADA (APELANTE): COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A,
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA (APELANTE): ALEJANDRO DISILVESTRO, PEDRO ALBERTO PERERA RIERA, VICTORINO MARQUEZ, DUBRASKA GALARRAGA PONCE, AIXA AÑEZ PICHARDI, BIBA ARCINIEGAS MATA, INGRID DANIELE POLEO Y ARGENIS GUANCHE, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 22.678, 21.061, 47.660, 84.651, 117.122, 146.301, 296.962 y 298.011, respectivamente.

ASUNTO: APELACIÓN (A DOS EFECTOS)

MOTIVOS:
Apelación interpuesta por las profesionales del derecho AIXA AÑEZ PICHARDI e INGRID DANIELE, abogadas en ejercicio e inscritas en el I.P.S.A bajo los números 117.122 y 296.962, respectivamente, en fecha nueve (09) de Marzo de 2022, en su carácter de apoderadas de la Entidad de Trabajo accionada COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A., (COPA AIRLINES), contra la sentencia emanada de fecha 7 de marzo del año 2022 emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas .
Apelación interpuesta por el profesional del derecho RADAMES BRAVO CALDERA, inscrito en el I.P.S.A bajo el número 138.556, en fecha nueve (09) de Marzo de 2022, en su carácter de apoderado de la parte actora contra la sentencia emanada de fecha 7 de marzo del año 2022, emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.

CAPITULO I
ANTECEDENTES PROCESALES

Han subido a este Juzgado Superior, expediente original signado en esta Superioridad con el número WP11-R-2022-000014, en virtud de los recursos de apelación, interpuestos tanto por la representación de la Entidad de Trabajo, como la representación de la parte actora, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas de fecha 7 de marzo del año 2022, el cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, en el procedimiento por cobro de diferencia de prestaciones sociales, incoada por la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE, titular de la cédula de identidad número 12.623.745, en contra de la Entidad de Trabajo “COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.”.
Recibido como ha sido en fecha dieciocho (18) de Abril de 2022 la presente causa, en virtud de la apelaciones interpuestas por ambas partes, ya identificadas en autos, se fijó la oportunidad de la celebración de la audiencia oral y pública para el día diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), según se evidencia de auto de fecha veintiséis (26) de Abril de 2022, inserto en autos al folio ciento noventa y siete (197) de la pieza tres (3).
En fecha diecisiete ( 17) de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública y oral, donde ambas partes ejercieron su derecho a palabra, y expusieron sus argumentos y contraréplicas, oportunidad en la cual se recibió escrito presentado por la parte actora, todo lo cual riela en autos desde el folio dos ( 02) al folio siete ( 07), pieza 4
En fecha 17 de mayo de 2022 se recibió escrito y anexos presentado por la parte accionada mediante el cual denuncia el fraude procesal en la presente causa, insertos en autos desde el folio sesenta y siete ( 67) de la pieza 4 al folio sesenta y seis ( 66) de la pieza 9.
Así pues, oídos los alegatos de las partes en la audiencia de apelación, oral y pública celebrada en fecha diecisiete (17) de mayo de 2022, pasa este Juzgador a analizar el fondo de la controversia y en consecuencia, a motivar el fallo escrito, en base a las siguientes consideraciones:

CAPITULO II
OBJETO DE LAS APELACIONES

Conocer de las apelaciones interpuestas por la representación de la parte accionada y por el apoderado de la parte accionante, contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, ambos en fecha nueve ( 09) de marzo de dos mil veintidós (2022), respectivamente, en el procedimiento por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, incoada por la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE, titular de la cédula de identidad número 12.623.745, en contra de la Entidad de Trabajo “COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)”, la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales.

CAPITULO III
DE LA AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR

En fecha diecisiete ( 17) de mayo de dos mil veintidós (2022), tal como lo prevé el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se llevó a cabo la audiencia pública y oral, oportunidad en la cual comparecieron ambas partes y expusieron sus alegatos en relación a las apelaciones interpuestas en los siguientes términos:
Parte Apelante Actora:
“Buen día ciudadano Juez, Buen día ciudadana secretaria y buenos días a todos los presentes. Ciudadano Juez la presente apelación se pretende contra la sentencia dictada el 7 de marzo del año 2022, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Laboral en el expediente WP11-L-2021-000001. En esta sentencia el Tribunal de Primera Instancia negó la indemnización prevista en el Artículo 92 de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, bajo el argumento que no existe en el expediente prueba que demostrara que la trabajadora fue coaccionada o constreñida a renunciar ciudadano Juez.
Ahora bien claramente alegamos tanto en el libelo de la demanda, como el devenir del todo proceso que la trabajadora igual había sido engañada por la empresa Copa Airlines para inducirla a renunciar. La empresa creo un ilegal Plan de Retiro para incentivar la renuncia no solo de esta trabajadora sino de un cumulo de trabajadores, en este sentido se promovió la documental que está marcada con la letra “E” contentiva de copia fotostática de comunicado de prensa que fue reconocido igualmente por la empresa, de la cual se evidencia como efectivamente la empresa le ofrece a los trabajadores un Plan de Retiro Voluntario; Así mismo ciudadano Juez esta representación promovió la exhibición de cartas de renuncias de las trabajadoras Ogla LLovera, Cieglynde Julio Pérez, Marilyn Bolívar, Luis Lugo mas no la exhibición de la carta de la renuncia de la ciudadana Rosa Sciancalepore porque ya constaba en el expediente. En el acto de exhibición la empresa se niega a exhibir manifestándola al Juez de Primera Instancia que la tenía en su poder pero que no las quería exhibir y en este sentido se debe aplicar la consecuencia jurídica prevista en el Artículo 82 ( sic) de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y declarar que las renuncias son formatos en series, idénticamente iguales a la carta de la renuncia de la trabajadora demandante, no existen diferencias ya que el patrono se las dictó y esto solo deja en evidencia el ilegal despido el cual fue objeto la trabajadora. En ello en atención a la sentencia 1132 con fecha 8 de agosto del año 2013 que fue dictada por la Sala Constitucional ciudadano Juez.
Así mismo ciudadano Juez la empresa promueve documental marcado con la letra y numero “I 1” contentiva del Plan de Retiro Voluntario en la cual se demuestran la cantidad de beneficios que supuestamente ofrecían a los trabajadores pero que no cumplieron y que a esta altura tampoco han cumplido, como ofrecieron a la trabajadora por los menos 30 boletos aéreos los cuales no han entregado, no han cumplido, no existen pruebas en el expediente que lo hayan disfrutado u otorgados, le prometió a la trabajadora 6 meses de seguro de salud y a pesar de que no se demandan solo le dieron uno, y también le demuestran, le ofrecen a la trabajadora la prioridad de contratación, lo cual hasta la presente fecha evidentemente no ha ocurrido y la empresa niega, lo único que cumple la empresa es otorgarle 7 meses de salarios a la trabajadora de su salario en dólares y efectivamente se lo cancelan que es 5.369. Ciudadano Juez podemos apreciar como el cúmulo de beneficios que supuestamente iban a ofrecer a la trabajadora y le iban a otorgar al terminar al término de la relación laboral y no fueron concedidos, fue una vulgar mentira que creó la empresa para incentivar las renuncias de sus trabajadores y llevarlos a renunciar bajo falsas promesas de decirles tranquilos en dos meses vas a volver a tu puesto de trabajo cosa que jamás cumplió. Es por ello ciudadano Juez que solicitó que declare con lugar la presente apelación y que condene la indemnización prevista en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras. Es todo ciudadano Juez”.
Juez:
“Okey, escuchado sus alegatos por parte de la representante actora donde niega el Tribunal artículo 92, según el opuesto carta de renuncia, según formato. Doctora pero yo veo aquí que a puño y letra…”
Parte Apelante Actora:
“Si, correcto”.
Juez:
“…Según aparece aquí tiene 30 boletos aéreos, 6 meses de seguro de salud el cual le otorgaron 1 mes según lo que explanó , solicitud también de un recontrato tampoco se ha dado, si se hubiese dado ese recontrato no estuviésemos aquí, y 7 meses de pago de una cantidad del supuesto salario que estaba pagando. Okey.
Seguidamente le damos a la parte demandada su oposición. Doctora sea precisa, adelante doctora tiene 10 minutos”.

Parte Apelante Demandada:
“Buenos días a todos los presentes, por cuanto este Tribunal adquiere plena jurisdicción en virtud del Principio de la Doble Instancia debida a la apelación interpuesta por mi representada solicitamos respetuosamente a este Tribunal que se revoque la sentencia de primera instancia por Tribunal Segundo de Juicio.
Como punto previo pues solicitamos que se ordene la reposición de la causa al estado de admisión de la misma a los fines que se notifique al Procurador General de la República y se ordene la consecuente nulidad de todo lo actuado, todo ello para garantizar los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela, su derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
En efecto Copa Airlines es una empresa de transporte público aéreo cuya actividad es declarada actividad pública por la ley que regula la aeronáutica civil, siendo los servicios de navegación aérea un servicio de carácter público esencial, por lo tanto se ejerce por vía de concesiones y es competencia del Estado venezolano conocer nuestra actividad. Antes este Circuito Judicial cursa actualmente 22 demandas en contra de Copa Airlines, cuyo petitorio total con la cantidad de 667.946 dólares de los Estados Unidos de América con 83 centavos, por lo tanto es competencia y es necesario que la República Bolivariana de Venezuela que determine si existe o no un impedimento para Copa Airlines seguir prestando sus servicios de actividad pública para el estado venezolano.
No obstante a lo anterior como es obligación de mi representada presentar sus defensas a fondo hasta que no se decida esta solicitud planeamos hacerlo en los siguientes términos: En el presente Juicio pues veremos y denunciaremos el fraude procesal que se cometido en contra de mi representa, analizaremos como el hecho principalmente cuestionado surgió con ocasión a la solicitud planteada por la propia demandante en contradicción del principio de la buena fe.
Como punto previo denunciamos el fraude procesal que puede ser verificada por vía de notoriedad judicial por este Tribunal que se acometido en contra de mi representada. Entiendo pues que el fraude es todo acto y engaño dirigido a impedir la consecución de la justicia en beneficio propio o de un tercero. Antes este Circuito cursa 22 demandas en contra de mí representada los ex trabajadores actualmente que han intentado demandas en contra de Copa Airlines han hecho un fraude fraudulento creando una coalición donde han intercambiado material probatorio, se han promovido entre los mismo juicios como testigos, han llamado a terceros que tienen interés en la resulta a testificar entre los mismos juicios generando pues este fraude que hemos venido denunciando. Así mismo para la consecución y materialización del fraude es necesario presentar demandas autónomas para poder generar ese material e intercambió de material probatorio que hemos venido denunciando; y así ha decidido hacerlo pues la representación judicial de la parte actora, si bien sabemos que es opcional acumular todas las demandas en una sola y hacer un litisconsorcio activo, pues es menos cierto que el intento de haber hecho estas demandas de manera autónoma era solo con el único objetivo de poder generar ese intercambio de material probatorio pues porque el fin que persiguen cada una de las demandas es muy similar por no decir idénticas.
No obstante a lo anterior, pues solicitamos a este Tribunal que no solamente imponga las sanciones a las que se prevé el Artículo 48 de la Orgánica Procesal del Trabajo, sino que extraiga elementos de convicción de la conducta que ha sido asumida tanto por la demandante, como los apoderados judiciales en el presente Juicio para la resolución de la misma. Ahora bien como es obligación de mi representada continuar con las defensas de fondo procedemos hacerlo en los siguientes términos: Copa Airlines es una empresa líder en la aviación latina americana y siempre se ha visto guiada por los valores, como el respeto, la objetividad, la integridad. Y es esa confianza con sus colaborados lo que evidenció pues que hubo muy poca rotación durante los largos años de servicios y se puede evidencias de las largas antigüedades que acumulaban los trabajadores dentro la empresa, así pues en el año 2015 un grupo de trabajadores incluyendo a la demandante los llevo a solicitar un cambio de condiciones debido a las situaciones económicas que vivía el país, solicitando recibir un pago en dólares americanos sin que tuviese incidencias salarial, manteniendo el salario en bolívares que devengaba la trabajadora para ese momento; así se vino cumpliendo a lo largo pues de más de 5 años sin que se generase conflictos a reclamos, y en el presente Juicio pues no solamente deja de mencionar la insistencia de esta solicitud planteada por la propia demandante sino que pretende que se le niegue, no se le reconozca la validez al acuerdo que han sido planteado por la demandante, es por ello que solicitamos a este Tribunal que interprete y califique jurídicamente el acuerdo que han alcanzado las partes, tomando en consideración pues la voluntad exteriorizada por la demandante, la ejecución del contrato y que tome en consideración la teoría de los actos propios donde nadie puede ir válidamente en contra de sus propios actos y el actuar de buena fe necesita necesariamente un comportamiento coherente.
Para nadie es un secreto que los trabajadores tienen libertad de reglamentar sus condiciones laborales, la trabajadora de altísimo desempeño dentro de la compañía conocía el beneficio el económico que significaba recibir en el año 2015, 545 dólares por que a la tasa oficial valía la cantidad de 29.000 bolívares mientras que a la taza libre del mercado equivalía a 430.000 bolívares, por lo tanto pues era beneficio económico favorable para la trabajadora, por lo tanto solicitamos a este Tribunal en su tarea interpretativa califique jurídicamente que el acuerdo que las partes estaban pactando no era más que un contrato paquete donde llevaba refundido todos los conceptos jurídicos que le corresponden a los trabajadores entre ellos salario, las vacaciones, bono vacacional, utilidades y otros conceptos ordinarios dentro de la relación de trabajo. Es innegable reconocer que este contrato paquete cumplió con los requisitos que señala la jurisprudencia venezolana, consta por escrito, hay una manifestación inequívoca de las partes el no darle carácter salarial al pago en dólares recibido por la demandante y además Copa nunca actuó con la intensión de engañar a la demandante, tanto así que si no se hubiese generado la solicitud de la demandante este Juicio no se hubiese generado, es por ello que tan era un contrato paquete que llevaba incluido el pago de las vacaciones recibidas, por lo tanto al salir al disfrute de las vacaciones ella seguía recibiendo el pago del contrato paquete, por lo tanto incluso ha sido reconocido por la representación judicial de la parte actora que el pago ha sido recibido ininterrumpidamente mensualmente por lo tanto pues por conceptos de vacaciones no se adeudan.
Obstante a lo anterior en el supuesto negado que este Tribunal considere que no existe un contrato paquete solicitamos que decida el presente Juicio con base y tomando en consideraciones los principios de justicia y de equidad. Venezuela es un estado social, democrático, derecho y de justicia que permite y le da preminencia a la equidad como un medio para la resolución de los conflictos incluso la Sala Constitucional ha permitido la aplicación de la justicia y la equidad para resolución de aquellos casos en lo que la aplicación de la ley sin matiz alguno llevarían a grandes actos de injusticia. No obstante a lo anterior pues en el supuesto negado que no sea considerado así solicitamos a este Tribunal que valore económicamente los beneficios que recibió la trabajadora al momento de finalizar la relación de trabajo y porque todos son compensables y tienen un valor económico. Al momento de terminar la relación de trabajo mediante la renuncia presentada por la trabajadora por el plan de retiro voluntario recibió una bonificación prevista en su liquidación en bolívares, recibió el pago de 6.369 dólares, una extensión del seguro de salud y además 30 boletos aéreos a multiplex destinos internacionales a los cuales viaja Copa Airlines, por lo tanto todos estos beneficios en su conjunto representan una ventaja económica que es perfectamente cuantificable y que sin duda cualquier eventual diferencia que pudiese devenir con ocasión a este juicio pues deba ósea compensada con los beneficios que aquí fueron planteados, es por ello que solicitamos a este Tribunal que declare con Lugar el presente recurso de apelación en los términos aquí previsto”.
Juez:
“Gracias doctora, escuchada la exposición de la parte demandada donde señala como punto previo la reposición de la causa en vista que no ha sido notificada al Procurador General de la República, se revoque la sentencia, habla sobre 22 demandas que suman más de un total de 600.000 dólares, existe por parte de lo opuesto que hay un fraude procesal, también habla sobre la identidad del trabajo que es líder en el estado, interpretar los pactos que han llegado las partes sobre el acuerdo de supuesto contrato paquete, inicia a partir del 2015 un pago en dólares concepto de supuesto pago contrato paquete que llevan las partes, no existe ningún pagos por partes las vacaciones, utilidades en cuanto a eso porque si se llegara a demostrar que hay un beneficio otorgado a la finalización de la relación laboral, como es el seguro, más 30 que sean cuantificable. Okey escuchada los alegatos de las partes tiene algo que aportar doctora que sea lo más breve posible”.
Parte Apelante Actora:
“Ciudadano Juez en este acto le consigno un escrito de 4 folios útiles y su vuelto, y obviamente esta representación niega y rechaza y contradice lo alegado por la contra parte ya que carece de fundamentos de hechos y derechos. Es todo ciudadano Juez”.
Juez:
“Gracias doctora, ciudadana doctora desea verificar lo consignado a este Tribunal por parte de la parte actora?”.
Parte Apelante Demandada:
“Si doctor, gracias.
Juez:
“Okey una vez escuchada las partes, doctora tiene algo más que aportar que sea precisó doctora”.
Parte Apelante Demandada:
“Si doctor a modo ilustrativo señalamos a este Tribunal que la renuncia presentada por la trabajadora surgió por ocasión al Plan de Retiro Voluntario, consta en el acervo probatorio, estaba previsto para los trabajadores tanto los de Panamá como los de Venezuela, habían tres modalidades licencias, retiros y jubilaciones entre ellos estaba el retiro que fue el que dio la trabajadora tenía una series de beneficios ya explicamos en que consistían, la trabajadora renuncio voluntariamente consta de su puño y letra, no cumple con los alegatos expuestos por la representación judicial de la parte actora no son formatos en series, fueron elaborados por su puño y letra.
Juez:
“Eso se encuentra dentro del expediente doctora”.
Parte Apelante Demandada:
“Y en cuanto a la exhibición de las cartas de renuncia de los demás demandantes pues claramente no fueron exhibidas en su oportunidad, consta sus originales en los respectivos expedientes pues a eso se debe el fraude procesal que hemos denunciado, ese intercambio de renuncias y material probatorio, todos los ciudadanos que fueron identificados para que se exhibieran sus cartas de renuncias son las cuales demandantes antes este Circuito judicial Cieglynde Julio Pérez, María Alejandra Sevilla Sequera, Luis Ramon Lugo Rodriguez, cada uno de ellos tienen su expediente identificados antes este Circuito Judicial y por eso solicitamos a este Tribunal que sea desechados alegatos presentados por la parte actora y se declare sin lugar su apelación”.

”.

CAPÍTULO IV
FUNDAMENTO DE LAS APELACIONES

Fundamento de la apelación de la parte actora:
Alegó la representación de la trabajadora que la solicitud de pago de la indemnización contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, cuyo monto establecido en el libelo de la demanda fue “ DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS ($19.553,40),00) o su equivalente en Bolívares calculado a la tasa de cambio existente en el Banco Central de Venezuela para la fecha del efectivo pago, el cual para el momento de la interposición de la demanda fue estimado en la cantidad de TREINTA Y TRES MILLARDOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs.33.998.689.337,40)”, fue negada por el Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio. El motivo por el cual sustentó la apelación la parte actora, en la audiencia celebrada por esta Instancia, es que le corresponde la indemnización contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, por cuanto la finalización de la relación de trabajo debe ser tratado como un “despido injustificado”, en razón de que “la trabajadora igual había sido engañada por la empresa Copa Airlines para inducirla a renunciar. La empresa creó un ilegal Plan de Retiro para incentivar la renuncia no solo de esta trabajadora sino de un cumulo de trabajadores, en este sentido se promovió la documental que está marcada con la letra “E” contentiva de copia fotostática de comunicado de prensa que fue reconocido igualmente por la empresa, de la cual se evidencia como efectivamente la empresa le ofrece a los trabajadores un Plan de Retiro Voluntario ( …)”.

Fundamento de la parte accionada:
La representación patronal en la audiencia de Juicio celebrada por ante esta Instancia solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Segundo de Juicio, y como punto previo solicitó la reposición de la causa y la consecuente nulidad de todas las actuaciones, a fin de garantizar los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente denunció el fraude procesal por cuanto ante este este Circuito de Trabajo cursan 22 demandas contra COPA AIRLINES, S.A., y se creó una coalición donde ha habido intercambio probatorio. Sin embargo, continuando con su defensa, en el supuesto de que este Despacho desestimara los anteriores puntos previos, indicó como defensas de fondo que en el año 2015 un grupo de trabajadores solicitaron un “cambio de condiciones debido a la situación económica”, solicitando “recibir un pago en dólares americanos sin que tuviese incidencias salarial, manteniendo el salario en bolívares que devengaba la trabajadora para ese momento”. Es por ello que solicita de manera expresa que realice una tarea interpretativa y se califique jurídicamente el acuerdo celebrado, indicando que se trata de un “contrato paquete”, donde “llevaba refundido todos los conceptos jurídicos que le corresponden a los trabajadores entre ellos salario, las vacaciones, bono vacacional, utilidades y otros conceptos ordinarios dentro de la relación de trabajo”, todo ello tomando en cuenta la voluntad expresada por la trabajadora y tomando en cuenta la teoría de los actos propios. Igualmente alegó que por haber recibido al momento de terminar la relación de trabajo de beneficios tales como: “pago de 6.369 dólares, una extensión del seguro de salud y además 30 boletos aéreos a múltiples destinos internacionales a los cuales viaja Copa Airlines”, por lo que solicita se consideren estos “cuantificable y que sin duda cualquier eventual diferencia que pudiese devenir con ocasión a este juicio pues deba o sea compensada con los beneficios que aquí fueron planteados”.

CAPÍTULO V
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

La presente apelación se circunscribe a la revisión de la sentencia de fecha 07 de Marzo de 2022, emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales incoada por la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N V-12.623.74, en contra de la Entidad de Trabajo COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES), la cual declaró parcialmente con lugar la demanda incoada.

CAPÍTULO VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actuaciones procesales que conforman la presente causa, y oídas las argumentaciones de ambas partes en la audiencia oral y pública de apelación, se aprecia que en su oportunidad legal la representación patronal, presentó escrito de contestación, quedando en virtud de ello fuera de controversia los siguientes hechos:

Que la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE, ya identificada en autos, prestó sus servicios en la Entidad de Trabajo COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, siendo el inicio de la relación de trabajo el 1° de Noviembre de 2002, y llegó a su término el 30 de junio de 2020.

Que su último cargo desempeñado fue el de “Agente de Ventas”, donde tenía una jornada de lunes a viernes, en el horario comprendido desde las 8:00 am., hasta las 5:00 p.m.

Que la actora desde el 1°de Octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2020, recibió el pago mensual de quinientos cuarenta y cinco dólares americanos ($545); y desde el 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020, recibió el pago mensual de setecientos sesenta y siete dólares americanos ($767).

Que la trabajadora recibió la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS ( Bs. 28.664.835,83) y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 5.369).

Por otra parte, en virtud del rechazo a los alegatos esgrimidos por la parte actora, quedaron controvertidos los siguientes hechos:

1.- Si los pagos mensuales recibido en dólares americanos por la trabajadora desde el 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020, constituyen salario para todos los efectos legales establecidos en nuestra legislación o no, por cuanto posteriormente lo niega en el escrito de contestación, cuando alega “lo cierto es que la demandante devengó un salario pagado exclusivamente en bolívares, siendo su último salario mensual CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES ( Bs. 400.000)” y al referirse al pago recibido en dólares americanos señala que no “tiene impacto salarial. Es decir, no sería base de cálculo de los conceptos laborales, y el cual debe ser considerado como un Contrato Paquete, como será explicado en este escrito”.

2.- La forma en que terminó la relación de trabajo, ya que la accionada negó que la trabajadora hubiese renunciado bajo engaños y artimañas, y por el contrario alega que “ presentó su carta de renuncia de forma libre y voluntaria” “toda vez que decidió acogerse al Plan voluntario de Retiro de COPA AIRLINES”, por lo que alegó igualmente que “en todo caso, los supuestos vicios del consentimiento que alega la Demandante deberán ser debidamente demostrados por ella “ ya que no existe ni un solo elemento que permita poner en duda la veracidad de la carta de renuncia de la Demandante, que ha sido redactado por ella misma con su puño y letra”, según consta de escrito de contestación inserto en autos desde el folio ciento nueve ( 109) al folio ciento cincuenta y seis ( 156) de la pieza dos (2).

3.- Si el monto recibido en dólares americanos por la trabajadora accionante al finalizar la relación de trabajo hubiese sido “para cubrir las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que supuestamente se originaron debido a la porción en dólares del supuesto Salario Mixto”, ya que lo cierto según su decir, se trataba de una “bonificación especial de terminación incluida en el Plan Voluntario de Retiro”; y en su decir, ese pago en dólares correspondía a un contrato paquete.

4.-Quedó controvertido si el Plan de retiro COPA AIRLINES, contraviene lo dispuesto en la legislación laboral venezolana, por cuanto su argumento es que se trata de un beneficio convencional de carácter optativo que posee tres modalidades a disfrutar ( jubilación, retiro voluntario y licencias).

5. Si los boletos aéreos que pone a disposición COPA AIRLINES a su personal “activo y egresado” deba ser considerado un beneficio socio económico, así como la afirmación de parte de la actora en su libelo de demanda, que la Entidad de Trabajo accionada entregue una determinada cantidad de boletos aéreos, dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, ya que según su alegato, lo cierto es que estos boletos son otorgados únicamente “por todo el personal activo cuando termina la relación laboral” y “estos boletos son otorgados únicamente cuando los trabajadores se acogen a la modalidad de retiro voluntario, incluido el Plan Voluntario de Retiro, que pone en práctica COPA AIRLINES, en determinadas oportunidades”

6.- Si el pago recibido por la trabajadora mensualmente en dólares americanos debe ser tomado en cuenta para el pago de las diferencias salariales demandadas por la parte actora, y que quedaron resumidas en doce (12) puntos a saber: Diferencia por concepto de diferencia de antigüedad, diferencia de vacaciones y bonos vacacionales vencidas y fraccionadas, correspondientes a los períodos 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; diferencia de utilidades vencidas y fraccionadas correspondientes a los períodos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; diferencia salarial en dólares americanos generadas desde el mes de Mayo y Junio de 2020.

7.-Negó que adeude la cantidad total de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (US 19.553,40), por concepto de indemnización por terminación de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad de la demandante.

8.- En relación a los boletos aéreos negó la representación de la Entidad de Trabajo que “el lapso de los cinco ( 5) años para disfrutar de los boletos aéreos otorgados como parte del Plan de Retiro Voluntario, deba ser computado desde que la demandante tenga acceso a ello” , cuando en su dicho, lo correcto es que los referidos boletos deben ser utilizados en un lapso de cinco ( 5) años, luego de la terminación de la relación laboral , según lo señala las políticas de COPA AIRLINES, S.A.

9.- Por todo lo anterior negó que la COPA AIRLINES, S.A., adeudare a la demandante la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON QUINCE CENTAVOS (US$ 52.181,15)

Ahora bien expuestos el fundamento de cada una de las partes de las apelaciones interpuestas, en consideración al principio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, el cual se traduce en que: “ …La regla fundamental es la que el Tribunal de apelación no puede conocer sino de aquellos puntos que hubiere sido objeto del recurso…” y conforme al cual se impone a los jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, esta Alzada, pasa a conocer y pronunciarse únicamente sobre los puntos en que las partes fundamentaron la apelación, lo cual hace en los siguientes términos:

En relación al alegato de la representación de COPA AIRLINES, S.A., sobre la reposición de la causa, se observa que si bien no fue alegado por la parte accionada en el escrito de contestación presentado en fecha 05 de Agosto de 2021, y fue presentado incluso luego de celebrar la audiencia pública y oral de juicio, ratificado luego en esta instancia, se aprecia que la reposición de la causa cuando se basa en hechos que quebrantan el debido proceso, y puede ser alegado en cualquier momento y grado de la causa, por cuanto el debido proceso debe garantizarse como un principio constitucional conforme lo prevé el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que corresponde a esta Instancia verificar si tal alegato procede o no.

En ese sentido, se observa que el Tribunal a quo negó la solicitud de reposición de la causa, basado en el hecho de que “la Entidad de Trabajo COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES), no tiene un interés directo contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la Procuraduría General, ya que bien cierto es que la entidad de trabajo presta un servicio público esencial, pero no constituye un interés patrimonial de la República, ya que es una empresa privada que ejerce una actividad de utilidad pública, y sin que el estado (sic) tenga una beneficio al respecto, dado que tal reposición pasaría por tal la realización de un proceso ajustado a derecho y la cual vulneraría los principios de celeridad y economía procesal, así como la estabilidad del juicio y conlleva a este servidor a la convicción que la nulidad y reposición de la causa en los términos en fue planteada por la demandada quebranta la forma procesal establecida en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, ya

que no existe menoscabo al derecho de la defensa ( …)”.

Pues bien, en el caso de autos, la parte accionada invoca como fundamento de la reposición de la causa, la omisión realizada con respecto a la notificación al Procurador General de la República, formalidad que se encuentra plasmada en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, específicamente en los artículos 98, 108 y 109, por prestar la entidad de trabajo demandada, servicios aeronáuticos, los cuales conforme a la Ley de Aeronáutica Civil son de Utilidad Pública; y a tal efecto, la representación patronal invoca como criterio vinculante la sentencia emanada de la Sala Constitucional Nro. 484 del 12 de Abril de 2011 (Caso: Hospital de Clínica Caracas, C.A) y la emanada de la misma Sala Nro. 210 de fecha 4 de marzo de 2011 (Exp. 2010-1096, caso: Centro Nefrológico Integral, C.N.I., C.A.).

Pues bien, considera este Tribunal hacer las siguientes consideraciones al respecto:
El artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala expresamente que en aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales (Subrayado Nuestro).

De acuerdo a nuestra legislación, los entes descritos en los que pueden verse afectados directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República, son: los institutos autónomos; empresas del Estado o en las que éste tenga participación; entidades públicas y privadas afectadas al uso público, a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional, o a un servicio privado de interés público.

En ese sentido, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , desde el artículo 107 al 111, establece los supuestos en los que debe ser notificado el Procurador General de la República por encontrarse afectados directa e indirectamente los bienes o intereses patrimoniales de la República. Así tenemos que el artículo 98 Ejusdem, señala que cuando es parte la República los funcionarios judiciales, sin excepción, en toda sentencia interlocutoria o definitiva, están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República; y en los casos en que no es parte, igualmente establece dos supuestos: En las demandas que “son afectados directa o indirectamente los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República” (Artículo 107) y en aquellos casos “de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República” ( Artículo 109). Y finalmente se señala que se debe notificar al Procurador cuando se decreten medidas procesales, de embargo, secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras entidades públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República, estipulándose un lapso de suspensión de la causa, según sea el caso.
Adicionalmente, y teniendo la Ley supra citada como norte, el cumplimiento de ello, establece en el artículo 110 Ejusdem como remedio procesal la reposición de la causa, que podrán ser declaradas de oficio por el tribunal o a instancia del mismo funcionario en cualquier estado y grado de la causa.

Sobre el cumplimiento de estas normas, la parte accionada trae a colación sentencia de la Sala Constitucional que señala:

“Por su parte, el artículo 99 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que:
Cuando se decrete medida procesal de embargo, secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras entidades públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República, acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar ente rio acerca del asunto, a fin de que el organismo público que corresponda adopte las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. Adoptadas las previsiones del caso, el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa
Lo anterior evidencia lo imprescindible que resulta la notificación de la Procuraduría General de la República respecto a cualquier medida preventiva o ejecutiva que afecte los bienes destinados a un interés público, conllevando su ausencia a la reposición de la causa por la falta de apertura del lapso de cuarenta y cinco (45) días a que se contrae el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; como sucedió en el caso de autos, al decretarse una medida sobre una cuenta bancaria de dicha institución, cuya ejecución podría afectar el normal funcionamiento del Centro Nefrologico Integral, C.N.I., C.A, ( Texto citado en la Sentencia de la Sala Constitucional del 04/03/2011, Exp.10-1096, caso: Centro Nefrológico Integral, C.N.I., C.A )

De lo anterior se desprende que la obligación de notificación al Procurador General de la República solo procede entre otros casos, cuando, tratándose de una empresa privada de interés público o de utilidad pública, se dicte una medida preventiva que pueda afectar la continuidad de ese servicio en particular.

Pues bien, en el caso de autos se puede apreciar que la Entidad de Trabajo demandada es una empresa de capital privado dedicada al servicio aeronáutico, el cual conforme al artículo 4 de la Ley de Aeronáutica Civil, es declarado por Ley como de “Utilidad Pública”. En ese sentido, siguiendo este Juzgador, el criterio expresado en la sentencia supra citada, considera que solo debe notificarse al Procurador General de la República cuando tratándose de juicios en donde no sea parte la República, se decreten medidas preventivas o ejecutivas. Pues bien, en el caso que nos ocupa, si bien como se dijo el servicio de aeronáutica es declarado de utilidad pública y COPA AIRLINES es un ente privado, no es procedente la notificación al Procurador General de la República por no haberse decretado hasta la fecha alguna medida preventiva o ejecutiva.

Por otra parte, considera necesario destacar este Tribunal, que en el caso de autos, si bien el artículo 8° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le otorga a sus disposiciones carácter de orden público, no debe olvidarse que en la presente causa, estamos ante una demandada por cobro de diferencia de prestaciones sociales, que se encuentra enmarcado en un proceso gobernado de principios constitucionales rectores inherentes a la justicia, los cuales son: la economía, simplicidad o informalidad en los trámites, y prontitud o celeridad procesal; tal y como lo prescribe la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 3, cuando dice, que “el proceso será oral, breve y contradictorio”, todo lo cual responde directamente a una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, tal y como lo preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y siendo que las normas laborales también son de orden público, deben prevalecer las normas sustantivas y procedimientales laborales, tal como lo establece el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y en ese sentido la doctrina ha señalado:

“Además, la experiencia ha demostrado que la ventaja injustificada que el mencionado Decreto Ley le otorga al referido funcionario en juicios en donde la República no es parte, se ha convertido en un refugio normativo, en el que la administración pública en general se ha apoyado de forma recurrente para eludir los juicios que se verifican en su contra, sean estos laborales o no, para dilatarlos, y al mismo tiempo para provocar fatiga en el accionante, y muy especialmente en el operario demandante, como una táctica procesalmente maliciosa para obtener ventaja.

Sólo los poderes del juez y la simplificación de las etapas procesales se podrán constituir en un freno al abuso de derecho y al proceder malicioso de la administración pública.
La reprochada situación antes descrita fue reconocida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 1892 de fecha 11 de julio de 2003,cuando dijo: …”las prerrogativas y privilegios requieren de un especial tratamiento, pues el derecho de los demás no puede hacerse nugatorio, aceptar ello conduciría a consentir un abuso de derecho por parte de los organismos públicos que, en virtud de habérseles creado legislativamente una prerrogativa, a veces de manera genérica y sin base constitucional, pudiéndose desconocer el derecho de los particulares y las órdenes judiciales. Si observándose además, por una parte, que la ley que creó el instituto de autos no prevé tal privilegio y, por otra parte, el procedimiento que motivó la decisión que se impugnó, es un juicio laboral, específicamente, por pago de prestaciones sociales y las normas que contiene la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público, además, por la existencia del principio de protección especial del trabajador (por ser el débil económico) y por cuanto la Constitución considera al trabajo como un hecho social que protege el Estado y que se rige por una serie de principios tales como: intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, in dubio pro operario, entre otros” (RÍOS DÍAZ, LUIS ENRIQUE, Revista Electrónica LEX LABORO, Vol. IV Año 2011, El derecho de defensa privilegiado de la república cuando ésta no es parte en juicio en el proceso laboral, https://www.urbe.edu/)

Por otra parte, en relación a la notificación del Procurador de la República y reforzando la premisa de que conforme a las normas laborales, se deben evitar reposiciones inútiles, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nro. 450 del 3/07/2017, señaló:

“En relación a la notificación al Procurador de la República considera oportuno señalar lo citado por la Sala de Casación Civil en sentencia Nro. 450 del 3/7/2017, donde especifica que cuando se trata de empresas del Estado, la notificación a Procurador General de la República ab initio de la causa, no constituye requisito para interporner la demanda, y es por ello, que no debe reponerse la causa al estado de admisión de la demanda o de la primera actuación, pues tal como lo señala la sentencia, “la reposición dependerá del estado en el que se encuentre la causa por cuanto, dicho requerimiento no tiene por finalidad hacer a la República parte en el proceso ni abogado de la empresa del Estado, pues sólo constituye el cumplimiento de una formalidad que faculta al Procurador para intervenir de conformidad con las instrucciones que le imparta el Ejecutivo Nacional, sin que tal notificación lo obligue necesariamente a actuar en el proceso.” (Caballero Ortiz, Jesús. Los Institutos Autónomos. Caracas. Editorial. Jurídica Venezolana. 3ra edición. 1995. p. 267).” ( Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 450 3/7/17).”

En el caso de autos, habiendo fundamentado la representación patronal, la solicitud de reposición de la causa, en la omisión de la notificación al Procurador General de la República, este Sentenciador, por las razones antes descritas y destacando el carácter de orden público de nuestra legislación laboral considera que no se evidencia la violación de los derechos a la defensa y el debido proceso en la relación procesal por lo que desestima el alegato de la parte accionada y siendo la Entidad de Trabajo un ente de capital netamente privado y siendo sus servicios de aeronáutica de utilidad pública, no es necesario la notificación al Procurador General de la República por no haberse declarado hasta los momentos ninguna medida preventiva ni de ejecución. Así se decide.

Seguidamente pasará analizar este sentenciador lo relativo al FRAUDE PROCESAL alegado por la representación de COPA AIRLINES, S.A. lo cual motivó durante el procedimiento llevado por el Tribunal a quo y en esta Instancia, siendo que en el último caso presentó escrito y anexos consignados en el expediente en fecha 17 de mayo de 2022, por los apoderados de la parte accionada, inserto en autos desde el folio cuatro ( 04) pieza 4 al folio veinte ( 20), pieza 9, mediante el cual denuncian el “fraude procesal masivo” a través de “ la colusión de los demandantes, los terceros involucrados y los apoderados judiciales”. Alegó en el escrito supra citado, que se ha “configurado un fraude procesal masivo, a través de la colusión de los veintidós (22) extrabajadores de COPA AIRLINES que___ hasta ahora___ han intentado demandas en su contra antes este Circuito Judicial, donde los demandantes han hecho un pacto fraudulento en perjuicio de nuestra representada. En efecto, se evidencia que los demandantes son testigos entre ellos, se promueven ellos mismos en los distintos juicios, se intercambian material probatorio, incluyen terceros extrabajadores que tienen interés en las resultas de los juicios para intentar beneficiarse todos con sus argumentos y obtener una sentencia favorable.”

Pues bien, sobre este punto el Tribunal a quo concluyó: “En esencia, el fraude procesal es la utilización del proceso para fines contrarios a lo que le son propios, es de la naturaleza del hecho ilícito, del fraude a la ley y de la simulación. En virtud de que desvirtúa el principio de Celeridad procesal que rige en materia laboral, permitir dentro del juicio laboral se interpongan acciones subsidiarias sería ir en contra de ese Principio. Es por todo lo anteriormente dicho este juzgado le es forzoso decretar Sin lugar, el fraude procesal, alegado por la representación judicial de la parte demandada. Así se decide.

En este orden de ideas, como quedó dicho, la representación de la parte accionada luego de celebrada la audiencia por ante este Tribunal Superior, insiste en el fraude procesal y a tal efecto, para demostrar sus alegatos consignó documentales marcadas “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13, “14”, “15”, “16”,”17”, “18”, “19”, “20” y “21”, correspondientes a escritos presentados por los ciudadanos
OSCAR ENRIQUE BRICEÑO HINOJOSA, titular de la cédula de identidad Nro. 6.912.689 (Exp. WP11-L-2021-000013); CIEGLYNDE JULIO PEREZ, titular de la cédula de identidad Nro. 13.162.984 (Exp. WP11-R-2022-000006); OGLA NEIEL LLOVERA ROMERO, titular de la cédula de identidad Nro. 16.726.082 ( Exp. WP11-R-2022-000003); MARILYN GISELA BOLIVAR RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro.16.726.811 ( Exp. WP11-L-2021-000008); LUIS ALBERTO CHAVEZ TESORERO, titular de la cédula de identidad Nro. 15.780.964 (Exp. WP-L-2021-0000010); ALEKA MARIBEL SALOMON GONZALEZ , titular de la cédula de identidad Nro. 24.177.850 (Exp. WP11-L-2021-000011); MARIALEJANDRA SEVILLA SEQUERA, titular de la cédula de identidad Nro. 13.564.278, (Exp. WP11-L-000003); MARIO JOSE RUZA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 13.042.988 (Exp. WP11-L-2021-000014); LUIS RAMON LUGO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 6.306.886 (Exp. WP11-L-2021-000017); REINIREE DANIELA FLORES VERA, titular de la cédula de identidad Nro. 19.855.392 (Exp. WP11-L-2021-000018); NEIRY DARIANA GONZALEZ SANCHEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 18.645.213 (Exp. WP11-L-2021-000039); PEDRO LUIS CONTRERAS RAMIREZ, titular de la cédula de identidad Nro. 15.830.434 ( Exp. WP11-L-2021-000031); ADRIANA RAFAELA CASTILLO CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nro. 15.025.533 (Exp. WP11-L-2021-000039); JASMIN GABRIELA ESCALONA QUINTERO, titular de la cédula de identidad Nro. 16.495.389 (Exp. WP11-L-2021-000037); LIZANYEL ALDANA ARANGUREN, titular de la cédula de identidad Nro. 16.227.632 (Exp.WP11-L-2021-000035); VIRGINIA NAZARETH ABRANTES SANCHEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 20.559.327; VICTOR SANDOVAL LOVERA, titular de la cédula de identidad Nro. 11.642.350 (Exp. WP11-L-2022-000001); MARIALÉ CATALINA CAMACHO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 16.972.957; (Exp. WP11-L-2022-000004); KARLA VANESSA CORRALES ALCALA, titular de la cédula de identidad Nro. 19.084.294 ( Exp. WP11-L-2022-000013); KATHERINA BARITO PIÑATE, titular de la cédula de identidad Nro. 14.314.868 ( Exp. WP11-L-2022-000028); LEONEL RIVAS, titular de la cédula de identidad Nro. 9.996.040 (Exp. WP11-L-2022-000035), respectivamente

Asimismo alegó que de los 22 juicios que actualmente se tramitan por ante este Circuito Judicial , “ en al menos 13 de ellos, ha sido promovida la prueba de testigo, y en doce (12), casos esta prueba ha sido admitida. Tal es el caso de las demandas incoadas por los ciudadanos ROSA SCIANCALEPORE, CLIEGLYNDE JULIO PEREZ; OGLA LLOVERA ROMERO; OSCAR BRICEÑO; MARILYN BOLIVAR RIVERO; LUIS ALBERTO CHAVEZ TESORERO; ALEKA MARIBEL SALOMON; MARIALEJANDRA SEVILLA SEQUERA; MARIO JOSE RUZA VAZQUEZ; LUIS RAMON LUGO; REINIREE DANIELA FLORES VERA; VIRGINIA NAZARETH ABRANTES; PEDRO CONTRERAS RODRIGUEZ, en las causas (WP11-L-2021-000001); ( WP11-L-2021-000002); ( WP11-L-2021-000007); ( WP11-L-2021-000013); ( WP11-L-2021-000008); ( WP11-L-2021-000010); ( WP11-L-2021-000011); ( WP11-L-2021-000003); ( WP11-L-2021-000014); ( WP11-L-2021-000017); ( WP11-L-2021-000018); ( WP11-L-2021-000041); ( WP11-L-2021-000031), respectivamente.

Igualmente señala que de los 22 juicios que actualmente cursan ante este Circuito Judicial, al menos nueve (9) de ellos ha sido promovida la prueba de exhibición sobre las cartas de renuncias de varios trabajadores, lo cual ocurrió en las causas incoadas por los ciudadanos: MARIALEJANDRA SEVILLA SEQUERA, CLIEGLYNDE JULIO PEREZ, OGLA LLOVERA ROMERO, MARILYN BOLIVAR RIVERO, LUIS RAMON LUGO, LUIS ALBERTO CHAVEZ TESORERO, ALEKA SALOMON, y KARLA CORRALES ALCALA, y en todos los casos esta prueba ha sido admita por los Tribunales del juicio de este Circuito.

Argumentó igualmente con respecto al fraude procesal que hasta ahora de los 22 juicios que se han intentado en contra de COPA AIRLINES, en al menos doce ( 12) juicios se han consignado cartas de renuncia y finiquito de prestaciones sociales de la demandantes Virginia Abrantes y Karla Vanessa Corrales Alcalá, así como las respectivas “planilla de liquidación de prestaciones sociales” y demás conceptos laborales, así como su acuerdo de terminación de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, así como su acuerdo de terminación y finiquito de prestaciones sociales, para que sean incorporados como parte del material probatorio. En ese mismo orden de ideas, señaló la parte accionada que de los 22 juicios que actualmente cursan antes este Circuito, hasta ahora en al menos nueve ( 9) de ellos ha sido promovida la denominada “comunicación de boletos NR”, que corresponde a una carta misiva enviada por COPA AIRLINES, a la demandante Lizanyel Aldana Aranguren (Exp. WP11-L-2021-000035), informando las políticas de los boletos NR para los trabajadores activos.

Consignó igualmente la parte accionada documentales marcadas con el Nro. “23” referida a las actas de audiencias de juicio que se han celebrado hasta la fecha correspondientes a los expedientes de los Tribunales de Juicio: WP11-L-2021-000003; WP11-L-2021-000002; WP11-L-2021-000007; WP11-L-2021-000001; WP11-L-2021-000008; WP11-L-2021-000010; WP11-L-2021-000011; WP11-L-2021-000013; WP11-L-2021-000017; WP11-L-2021-000014; WP11-L-2021-000041 y WP11-L-2021-000031 y WP11-L-2021-000018.

Vistos los argumentos sobre el fraude procesal expuestos por la representación de COPA AIRLINES, S.A., se aprecia que el fraude procesal, como obstáculo ilegítimo para la realización de la justicia a través del proceso, la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 2.212 del 9 de noviembre de 2001, caso: “Agustín Rafael Hernández Fuentes” precisó lo que sigue:

“…En tal sentido, es pertinente señalar que en sentencia Nº 910 del 4 de agosto del 2000, la Sala estableció que los artículos 17 y 170, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, contienen un rechazo general del dolo procesal y ordenan la prevención de la colusión y el fraude procesal, por lo que tales conductas deben ser interpretadas como reprimibles en forma general, ya que el legislador estableció una declaración prohibitiva que se conecta con la tuición del orden público y las buenas costumbres y con los derechos a la tutela judicial efectiva y a obtener de los órganos jurisdiccionales una justicia idónea, transparente y eficaz.
Según la doctrina establecida por esta Sala, el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso o, por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procesal lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.
En estos casos, se está ante una actividad procesal desviada, cuyos fines no son la resolución leal de una litis, sino el perjuicio a uno de los litigantes o a los terceros (incluso ajenos a cualquier proceso)…” (Destacado de ese fallo).

Se concluye entonces que el fraude procesal resulta absolutamente contrario al orden público, pues impide la correcta administración de justicia, por ello puede el juez de oficio pronunciarse sobre su existencia y tiene el deber de hacerlo ante todo alegato que le sea formulado en el proceso que se está ventilando ante él o en un juicio autónomo de fraude, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 17 y 170 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el caso de autos, de acuerdo a las pruebas promovidas por las parte accionada, y por notoriedad judicial, ciertamente se evidencia que existe un cúmulo de demandas intentadas por los ciudadanos ROSA SCIANCALEPORE, CIEGLYNDE JULIO PEREZ, OGLA LLOVERA ROMERO, MARILYN BOLIVAR RIVERO, LUIS ALBERTO CHAVEZ TESORERO, ALEKA SALOMON GONZALEZ, OSCAR BRICEÑO HINOJOSA, MARIO RUZA VASQUEZ, LUIS RAMON LUGO RODRIGUEZ, REINREE DANIELA FLORES VERA, VIRGINIA NAZARETH ABRANTES SANCHEZ, PEDRO LUIS CONTRERAS RAMIREZ, ADRIANA RAFAELA CASTILLO CASTILLO, JASMIN GABRIELA ESCALONA QUINTERO, LIZANYEL ALDANA ARANGURE, MARILAE CATALINA CAMACHO RODRIGUEZ y KARLA VANESSA CORREALES ALCALÁ, KATHERINE BARITTO PIÑATE, OGLA NEIEL LLOVERA ROMERO todos identificados en los anexos consignados. Estas demandas se encuentran en diferentes fases, pero en el caso de autos no evidencia este Sentenciador por parte de la representación de la trabajadora ROSA ANNA SCIANCALEPORE FARINOLA, plenamente identificada en autos, maquinaciones o artificios realizados en el curso del proceso o, por medio de éste, destinados, mediante al engaño o la sorpresa en la buena fe o impedir la eficaz administración de justicia. En efecto, si el argumento es por el solo hecho que los trabajadores supra citado han iniciado demandas por cobro de diferencia de prestaciones sociales, el hecho de que en otras causas sean promovidos como testigos entre sí, tal situación no puede encuadrar por sí solo como una “maquinación”, “artificio” o “engaño”, ya que no es ilegal promover a los compañeros de trabajo como testigos, en aquellos casos en donde se debaten situaciones propias de sus labores en sus puestos de trabajo, por ejemplo, si los trabajadores renunciaron o si fueron despidos, el conocimiento de las políticas internas de una Entidad de Trabajo, entre otras; y solo quedará de parte del juez conforme al principio de la sana crítica valorar o no sus testimonios. En el caso de autos se aprecia que fueron promovidas por la parte actora como testigos, los ciudadanos MARILYN BOLIVAR RIVERO, KATHERINE BARITTO PIÑATE, JASMIN GABRIELA ESCALONA QUINTERO, OGLA NEIEL LLOVERA ROMERO y VIRGINIA NAZARETH ABRANTES SANCHEZ, titulares de las cédulas de identidad números 16.726.811, 14.314.868, 16.495.389, 16.726.082 y 20.559.327, respectivamente, que como se aprecia también iniciaron demandas contra COPA AIRLINES, S.A., igualmente por cobro de diferencia de prestaciones sociales. Estos testigos promovidos fueron admitidos por el Tribunal a quo, según se desprende del auto de admisión de fecha 14 de Septiembre de 2021, inserto en autos desde el folio ochenta y ocho ( 88) al folio ciento dos ( 102) de la pieza dos (2), pero en virtud de su incomparecencia, al no designar el promovente ningún testigo para su evacuación, puede concluirse que estos testigos no fueron determinantes para que el Juez a quo dictara su sentencia. De igual modo, no aprecia quien decide que el solo hecho de promoverse entre sí como testigos los ex trabajadores demandantes deba considerase como un fraude procesal, por cuanto no se evidencia por ello, que exista “maquinación”, “artificio” o “engaño”, mucho menos colusión ya que eso sería menoscabar el derecho a la defensa que tiene cada trabajador de promover los testigos que considere pertinente, por cuanto como se dijo cada Juez en cada caso particular tiene libertad de valorar las testimoniales o no. Tampoco puede considerarse que en este caso que nos ocupa exista fraude procesal por colusión, por el hecho de que un grupo de ex trabajadores en forma separada presenten demandas de cobro por diferencia de prestaciones sociales, ya que cada uno de ellos se encuentra en su legítimo derecho de demandar cualquier diferencia que considere que conforme a derecho no le fue otorgado debidamente por el patrono y en cada caso en particular el Juez dictaminará si procede o no según las pruebas que aporte. En ese sentido, este Sentenciador desestima el alegato de la parte accionada por fraude procesal. Así se establece.

El tercer punto alegado por la parte accionada, y expuesto en la audiencia oral y pública por ante esta Instancia, radica en que se “califique jurídicamente el acuerdo que han alcanzado las partes, tomando en consideración pues la voluntad exteriorizada por la demandante, la ejecución del contrato y que tome en consideración la teoría de los actos propios donde nadie puede ir válidamente en contra de sus propios actos y el actuar de buena fe necesita necesariamente un comportamiento coherente”.
En ese orden de ideas, sustenta el principio de buena fe, como fundamento y razón de ser para justificar y validar el acuerdo alcanzado por parte de la trabajadora y la entidad de trabajo accionada, conforme a solicitud realizada por la actora, en fecha 21 de Septiembre de 2015 (Folio 111, pieza 1) suscrita por élla, y la aceptación de dicha solicitud mediante comunicación emanada de COPA AIRLINES de fecha 29 de Septiembre de 2015 ( Folio 112, pieza 1), oportunidades en las cuales ambas partes acordaron, según su decir, que el monto que recibiría la actora en moneda extranjera no generaría incidencias en el cálculo de ninguno de los beneficios, derechos, indemnizaciones “que por las leyes laborales corresponden a los colaboradores, los cuales serán calculados y pagados en bolívares”.

Como fundamento de ello, sustentó la parte accionada en el acto de contestación que de acuerdo al criterio de la Sala de Casación Social se ha “reconocido que dentro del desarrollo del vínculo laboral pueden producirse cambios, siempre y cuando estos obedezcan a situación sobrevenidas o no previsibles, distinguiéndose entre: (i) cambio de condiciones “in peus”, es decir cambios unilaterales por parte del patrono, y ii) aquellos que son convenidos expresamente entre las partes, donde se ha reconocido que no se produce una desmejora, ya que obedecen a un acuerdo de voluntades. En este caso, por solicitud expresa de la Demandante en octubre de 2015, ocurrió un cambio sobrevenido en sus condiciones laborales. La demandante solicitó una porción de su ingreso fuese pagada en (U$$) y, como incentivo para la aprobación de su solicitud, señaló que ese pago no tendría incidencia salarial. Esta solicitud fue aprobada por nuestra representada , quedando establecido entre las partes de manera sobrevenida y desde el inicio del acuerdo que el pago en US$: ( i) era una medida temporal, debido a la situación económica del país, y; (ii) no sería considerado salario, en el entendido que no sería base del cálculo de los derechos y beneficios laborales de la Actora, ya que estos serían calculados y pagados tomando como base el salario devengado en bolívares ( …)”. ( Folio 37 Pieza 2). “ (…). Sin embargo, en este juicio la Demandante pretende ocultar y desconocer el acuerdo alcanzado en el año 2015, solicitando el pago de incidencias salariales que sabe que no le corresponden. Por lo tanto, se hace necesaria por parte del Juez Laboral la interpretación y calificación del acuerdo alcanzado entre Copa Airlines y la Demandante. (Folio 40 Pieza 2). “ ( …) Además es importante destacar que quien presenta la propuesta del acuerdo, que da inicio a este juicio, es la propia Demandante, y fue aceptado por nuestra representada, configurándose así el contrato; sobre este particular “ se alude en doctrina a la “teoría de los actos propios” en el sentido de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos ( nemo potest venire contra factum proprium), pues una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe es la exigencia de un comportamiento coherente ( …)” ( Folio 40, pieza 2) “(…) El cambio de condiciones pactado en el año 2015, de mutuo acuerdo por la Demandante y COPA AIRLINES, es posible en el mundo del derecho laboral, y es conocido como Contrato Paquete. En consecuencia, en virtud de los hechos ocurridos, solicitamos a este honorable Tribunal que, en atención al principio de buena fe contractual, considere que el acuerdo alcanzado entre COPA AIRLINES y la demandante las partes estaban pactando la aplicación de un Contrato Paquete, por los pagos realizados mensualmente en US$, donde estaría incluida la respectiva incidencia mensual de salario, bonos vacacionales, utilidades, vacaciones y pagos extraordinarios ( …)” ( Folios 43-44, pieza 2).

Pues bien, se evidencia que en primer lugar, que la parte accionada señala que el acuerdo alegado es de “Octubre de 2015”, cuando lo cierto es que las documentales presentadas para demostrar tal hecho, ciertamente tienen fecha de Septiembre de 2015. En ese sentido, cursa en autos comunicación de fecha 21 de Septiembre de 2015, inserta en autos al folio ciento once (111) pieza 1, suscrita por la parte actora y dirigida a COPA AIRLINES, S.A., donde textualmente señala:

“Me dirijo a ustedes, con la finalidad de solicitar su consideración a la situación económica producto de la coyuntura cambiaría e inflacionaria que atraviesa el país, y en tal sentido, se me otorgue en forma temporal el pago de una porción de mi salario por el monto Bs. 7.215,50, en dólares americanos. Dado que este planteamiento es coyuntural, como coyuntural es la situación económica que lo causa, entiendo que la empresa podrá hacer las modificaciones necesarias a los fines de no afectar sus intereses por cualquier razón en el futuro caso en el cual continuará remunerando el trabajo en base al salario en bolívares que actualmente devengo, es decir reintegrando a mi salario la mis cantidad original de bolívares (Bs. 14.431,00) que se en dólares en forma temporal; asimismo , la forma de pago aquí solicitada no generará incidencias en los beneficios legales calculables en base al salario”

En atención a ello se evidencia que la respuesta del patrono mediante comunicación de fecha 29 de Septiembre de 2015 suscrita por el Gerente General de la Entidad de Trabajo (Folio 112 , pieza 1) fue: “ La empresa ha tomado la decisión de acoger esta petición, y así se lo informamos por la presente, en los mismo términos en que ha sido planteada, a saber; “ el monto del salario en bolívares continúa siendo el mismo variándose sólo la forma de pago de una pare fija del mismo que se hará en dólares americanos. Esta forma de pago que se adopta temporalmente, no generará incidencias en el cálculo de ninguno de los beneficios, derecho y /o indemnizaciones que por las leyes laborales corresponde a los colaboradores, los cuales serán calculados y pagados en Bolívares ( ...)” ( Subrayado Nuestro).

Ahora bien, visto que los pagos realizados por parte de COPA AIRLINES, S.A. , a la parte demandante los justificó la Entidad patronal en su escrito de contestación, en que “en el contrato paquete se encontraba incluida la porción mensual de las prestaciones sociales de la Demandante y que es la solicitud y aceptación de la Demandante sobre el pago de US$, y su posterior desconocimiento en este juicio, es un acto violatorio a la buena fe contractual y a la justicia.”, necesario es pronunciarse sobre sobre la teoría de los actos propios, sobre la buena fe y sobre la equidad y la justicia en la presente causa.

En ese orden de ideas, la teoría de los actos propios puede definirse como: “un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente.”, en otras palabras expresa la regla de que no es admisible otorgar efectos jurídicos a una conducta de una persona que se plantea en contradicción flagrante con un comportamiento suyo anterior. (Universidad De los Andes Cuadernos de Extensión Jurídica 18 (2010), “Venire contra factum proprium” Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios Ale Borda Alejandro y otros).

Ahora bien, sobre la aplicabilidad de esta teoría en el Derecho del Trabajo, existe la posición de que sí es factible, pero siempre y cuando se respete el principio de irrenunciabilidad, es decir que no implique disposición o renuncia del derecho legal o convencional.

En nuestra legislación, es reiterada la doctrina y la jurisprudencia de la indisponibilidad de los derechos laborales, consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expresamente señala: «El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: …2.-“Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”

En ese mismo sentido, sobre la irrenunciabilidad, la doctrina ha establecido:
“ ( …) : la irrenunciabilidad de los derechos laborales efectivamente signiﬁca legal y constitucionalmente que hay ciertas decisiones que los trabajadores y los empleadores, simplemente no pueden tomar. Pero no lo pueden hacer, no porque la Ley los considere incapaces o pretenda defenderlos de sí mismos, sino porque entiende que existe un interés público que impide el tráﬁco jurídico de ciertos bienes laborales protegidos. Se trata de un tema de orden público laboral, de conﬁguración del marco normativo de la sociedad que en parte, como sabemos, se realiza mediante la técnica del establecimiento de prohibiciones, irrenunciabilidades o declarando incomerciables ciertos bienes” (LÓPEZ ONETO, Marcos “La teoría de los actos propios en el derecho del trabajo chileno, Revista Chilena de Derecho, vol. 43 Nº 2, pp. 549 - 573 [2016])

Es por ello, que ha quedado establecido, que si bien las partes en la relación laboral pueden realizar acuerdos sobre la forma y manera de regular la relación de trabajo, esos acuerdos no pueden desconocer el carácter de orden público que tiene nuestras leyes laborales, y especialmente en lo relativo al principio de irrenunciabilidad.

Igualmente la sala De Casación Social, en sentencia Nro. 1482 del 28/06/2002

“Debe señalar la Sala que, las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público ( ex articulo 10) y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de esos derechos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos ( por ejemplo, el trabajador y el patrono no pueden celebrar un contrato donde estipulen que no habrá derecho a vacaciones, preaviso, antigüedad, etc, ya que, tal disposición sería absolutamente nula). El carácter tuitivo de la ley atiende a la débil naturaleza económica del trabajador, de no ser así el patrono podría controlarlo fácilmente, mediante la imposición de su voluntad en la constitución de las condiciones de la relación laboral. No obstante la aseveración anterior, existen ciertos derechos, que en ciertas circunstancias, son negociables . De lo contrario, no habría ninguna posibilidad de negociación entre patrono y trabajadores, lo cual perjudicaría el libre desenvolvimiento de sus relaciones en claro perjuicio para los actores sociales y en especial para el trabajador que, dada su débil naturaleza económica. En caso de extinción de la relación laboral sería el mas interesado en poner coto a un proceso judicial o extrajudicial que podría resultar largo y, además, costoso.”

Por otra parte, un sector de nuestra doctrinal laboral señala, en tal dirección, que la “teoría de los actos propios es de plena aplicación a los trabajadores, en cuanto no implique disposición o renuncia de derecho legal o convencional reconocido. Cabe recordar que esta teoría requiere que el hecho invocado reúna, al menos, las circunstancias siguientes: a) eficacia y validez en derecho; b) que sea manifestación espontánea, libre y clara; c) que tenga por objeto la creación, modificación o extinción de una relación jurídica obligacional; d) que se oponga a una acción anterior realizada por su autor; e) que haya nexo claro entre el acto anterior y la pretensión posterior. Si los actos del trabajador implican renuncia de derechos no disponibles, esta teoría no puede tener aplicación ( …)”(Alfredo Sierra Herrera, Escritos Sobre la Fundamentación, Alcance y límites de la doctrina de los actos propios, Venire Contra Factum propium. Cuaderno de Extensión Jurídica ( U. de los Andes) N° 18, 2010, pp. 141-151.

Pues en el caso de autos, esta Superioridad evidencia que con la solicitud presentada por la trabajadora, se demuestra su petición de que parte de su “salario sea cancelado en dólares americanos” y reconoce que tal pago no tendría incidencia salarial para el cálculo de beneficios legales calculables en base al salario, a lo que la Entidad de Trabajo accede. De lo anterior se desprende que nunca hubo intención de las partes de que el monto pagado en dólares americanos no fuese salario ya que ambas partes así lo reconoce, y especialmente lo hace la Entidad de Trabajo cuando señala: “el monto del salario en bolívares continúa siendo el mismo variándose sólo la forma de pago de una parte fija del mismo que se hará en dólares americanos”. En ese sentido, hasta allí ciertamente hubo un acuerdo en la forma en que sería pagado ese salario. Ahora bien, pretender que en ese acuerdo se establezcan condiciones en las cuales la trabajadora renuncie a que su salario no tenga incidencia salarial con el argumento de que previamente había alcanzado un compromiso basado en la buena fe, es lo que estaría fuera del contexto legal del acuerdo alcanzado, por cuanto nuestra legislación establece un mínimum inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en perjuicio del trabajador, y es lo que se conoce como el “principio de inderogabilidad de los beneficios laborales”.

En ese sentido, considera quien decide que ciertamente existió un acuerdo sobre la forma en que sería pagado su salario, pero no puede con ello establecer condiciones sobre los efectos del salario en el cálculo de los beneficios que le corresponden salarialmente, por cuanto conforme al principio de la irrenunciabilidad cualquier pacto que implique la transacción de un derecho irrenunciable como en este caso es el salario, es nulo. Ello es así, por cuanto si nuestras normas laborales son de orden público, su aplicación no puede ceder a convenios particulares, en virtud de la regla de la “indisponibilidad”. En ese sentido, se desestima el alegato de la Entidad de Trabajo, por considerar este Juzgador que cualquier acuerdo que vulnere derechos irrenunciables no tiene validez, y en este caso, por disposición expresa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario está protegido, y no puede el trabajador renunciar a ello.

En ese mismo orden de ideas, observa quien decide, que además de alegar el principio de los actos propios, y buena fe, sustenta la representación patronal su defensa, en que este acuerdo celebrado entre la trabajadora y la Entidad de Trabajo en el 2015, debe ser tomado como un “contrato paquete”, y por ello todos los conceptos pagados en fecha 30 de junio de 2020 cuyo original cursa en autos al folio cuarenta y ocho (48) pieza 3, deben estar incluidos como pago de sus prestaciones sociales, haciendo la salvedad de que no reconoce el monto pagado mensualmente en divisas americanas como salario, no debiendo en consecuencia ninguna acreencia o diferencia por Antigüedad, diferencia de vacaciones y bono vacacional, diferencia de utilidades, horas extras diurnas laboradas, horas extras diurnas laboradas, horas extras nocturnas laboradas, bono nocturno, días feriados de descanso y domingos laborados.

Pues bien, partiendo de la premisa de que sí existió un acuerdo en que parte de ese salario sería pagados en dólares americanos, es necesario verificar si ese acuerdo puede considerase con un contrato paquete. En ese orden de ideas, en nuestra legislación el contrato paquete no está establecido expresamente, y ha sido la jurisprudencia quien se ha encargado de delimitar lo que debe entenderse por un contrato paquete. Así tenemos que la Sala de Casación Social se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre este punto a saber: Sentencias Nro.464 del TSJ, SCS del 2/04/2009, caso García Urquiola contra Suramericano de Transporte Petróleo, C.A. y Sargeant Marine Venezuela S.A; Sentencia Nro. 1186 del TSJ, SCS de fecha 03/03/2009, Caso de Marianela Dominga González contra Sociedad Mercantil PDVSA Petróleo, S.A.; Sentencia 1246 del 05/11/ 2010, Caso Luis Felipe Natera Amundarian contra PDVSA Petróleo, S.A.;Sentencia Nro 1488 del TSJ SCS de fecha 09/12/2010, Caso Emilio Villapalos Morales contra Grapho Forma Petare, C.A.; Sentencia Nro. 65 SCS/TSJ caso Banco de Venezuela ; Sentencia 222 del 26 de Abril de 2013, caso Fernando Guillermo Leyes-Compañía Brahma.; Sentencia 1250 del 13 de Diciembre de 2013 caso: Margarita Martínez Lillo, representaciones Andover de Venezuela, C.A.

En ese sentido, conforme a las sentencias supra indicadas, el contrato paquete se ha definido como, aquel mediante el cual el patrono y el trabajador convienen en una cantidad fija de dinero, que se cancelará mensualmente, y en la cual están comprendidos además del salario básico que le corresponde al trabajador, como consecuencia de la relación de trabajo, el pago prorrateado de los distintos conceptos que se generan a raíz de la misma por el tiempo pactado.
Igualmente en cuanto a su aplicabilidad de los contratos paquete en nuestro ordenamiento jurídico, ha señalado la Sala de Casación Social, lo siguiente:

“(…) podemos observar que en principio nada obsta a la suscripción de dichos contratos, ya que el trabajador no está renunciando a los conceptos jurídicos laborales que se derivan de la ejecución del contrato de trabajo, sino que se refundan en la cantidad que mensualmente se le cancela, ello, conforme a lo sostenido por esta Sala en sentencia N° 464 de fecha 2 de abril de 2009, Caso: Oswaldo Antonio García Guirola contra Suramericana de Transporte Petrolero, C.A. y Sargeant Marine Venezuela, S.A., en la cual se señaló lo siguiente:

(…) con relación al pedimento sobre vacaciones, bono vacacional y utilidades, es de señalar que dichos conceptos están incluidos en el denominado salario básico mensual estipulado en el contrato de servicio, pues como así lo adujo el apoderado actor en la audiencia oral y pública de casación, tales conceptos están comprendidos en la remuneración total del “paquete” compuesto por los 20.000.00 dólares mensuales que percibía el trabajador Oswaldo García Guirola

Igualmente la Sala de Casación Social, ha señalado, con respecto a estos contratos paquetes:

Es oportuno indicar que, del contrato de trabajo suscrito entre la demandante y la demandada únicamente se desprende que las partes acordaron que la actora recibiría por la prestación de sus servicios, una comisión del 1% sobre el monto neto de las ventas efectivamente cobradas durante el mes, por tanto no establecía que los conceptos por prestación de antigüedad, vacaciones, utilidades, sábados, domingos y feriados serían cancelados de manera prorrateada, tal como lo hizo la empresa demandada, según se evidencia de los recibos de pago, no estando el presente caso dentro de los llamados “contratos paquetes”, los cuales fueron definidos por esta Sala en sentencia Nro. 1246, de fecha 05/11/2010, en la cual señaló lo siguiente: El contrato celebrado por las partes, recoge lo que en doctrina se conoce como “contrato paquete”, que es aquel mediante el cual el patrono y el trabajador convienen que en una cantidad fija que se cancelará mensualmente, queden comprendidos además del salario básico que le correspondiere al trabajador, como consecuencia de la relación de trabajo, el pago prorrateado de los distintos conceptos que se generaren a raíz de la misma por el tiempo pactado. Es menester destacar que esa modalidad contractual, no se encuentra tipificada en nuestra legislación laboral. Por lo cual, en el presente caso no se está en presencia de un “Contrato Paquete”, pues no se encuentra estipulada esa forma de pago en el contrato de trabajo que vinculó a las partes, es por ello que debe analizarse si las percepciones reclamadas por el trabajador como integrantes del salario, cumplen con los requisitos previstos en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el que define el salario. (Sentencia Nro 1250 del 13/12/2013 SCS MARGARITA MARTÍNEZ LILLO contra sociedad mercantil REPRESENTACIONES ANDOVER DE VENEZUELA, C.A.)

En otro orden de ideas, es necesario resaltar que a pesar de no estar expresamente regulado en nuestra legislación laboral, su aplicación es permitida, pero debe dada su naturaleza atípica en la relación de trabajo, debe expresarse por escrito, entre patrono y trabajador, y detallar cuál sería el salario de éste y el monto adicional que percibirá por concepto de utilidades, vacaciones y bono vacacional, sin que en ningún caso, se entienda que el trabajador está renunciando a los conceptos jurídicos laborales, que se derivan de la ejecución del contrato de trabajo, sino que se refundan en la cantidad que mensualmente se le cancelaría, haciendo la salvedad que la prestación de antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras no puede estar incluida en este paquete por cuanto este concepto está garantizado constitucionalmente como indisponible según lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso de autos, se aprecia de la documental distinguida “B1”, inserta desde el folio ciento trece ( 113) al folio ciento catorce ( 114) pieza 1, referido al contrato de trabajo de fecha 10 de Diciembre de 2007, suscrito entre la trabajadora accionante y la Entidad de Trabajo demandada, en donde se estipula las condiciones de trabajo, compuesto por diecisiete (17) cláusulas, de las cuales solo una está referida al pago de sus servicios, y textualmente la cláusula cuarta señala: “ La trabajadora ingresó a la empresa con la remuneración inicial de novecientos setenta y cinco mil bolívares ( Bs. 975.000,00), por concepto de salario normal mensual, pagadero en dos ( 2) partes y por quincena vencida, es decir 40% la primera quincena y 60% la segunda, donde en esta última se realizan las deducciones de ley, con arreglo a lo previsto en el artículo 150 de la LOT,. En la actualidad, el salario que está percibiendo es la cantidad de Un millón Setecientos Noventa y Dos mil Ciento Noventa y tres Bolívares (Bs. 1.792.193,00). Esta documental al no haber sido impugnada se le debe dar valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como demostrativa de que las partes no establecieron beneficios prorrateados dentro del monto pagado. En ese sentido nada se indica sobre que la cantidad que recibiría como salario incluiría otros conceptos laborales en forma prorrateada.

Igualmente de la comunicación suscrita por el Gerente General de COPA AIRLINES, inserta en autos al folio ciento doce ( 112) pieza 1, en donde se puede evidenciar que se establecen las condiciones para hacer el pago en dólares, señalándose los siguientes aspectos: “Es una medida temporal para aliviar una coyuntura económica temporal. “El monto del salario en bolívares continua siendo el mismo variándose sólo la forma de pago de una parte fija del mismo, que se hará en dólares americanos” “En caso de reversión o modificación de esta forma de pago, el monto del salario no sufre modificaciones y al cesar el pago en dólares se integrará de vuelta la misma cantidad de bolívares (Bs. 7.215,50) que usted pidió que se pagara en Dólares en forma temporal. “Esta forma de pago que se adopta temporalmente, no genera incidencias en el cálculo de ninguno de los beneficios, derechos y /o indemnizaciones que por las leyes laborales corresponden a los colaboradores, los cuales serán calculados y pagados en Bolívares”.
Asimismo, promovió marcada con la letra “J”, copia certificada de actuaciones que conforman parte del procedimiento administrativo de Reclamo, signado con la nomenclatura (027-2020-03-00335) intentado por la parte actora en contra de la Entidad de Trabajo demandada. El objeto de esta documental es demostrar que la accionante “ reconoció la existencia del contrato paquete que de buena fe estuvo vigente entre las partes desde el 1° de Octubre de 2015, por haber denominado “al pago mensual en US$ como “ Bono Complementario” y ( ii) únicamente reclamó: ( i) prestaciones sociales retroactivas; ( ii) vacaciones y bono vacacional fraccionados, y ; (iii) utilidades fraccionadas, sin incluir la supuesta diferencia de vacaciones, bonos vacacionales y utilidades que a su decir le corresponden supuestamente desde Octubre de 2915 hasta junio de 2020.” Sobre estas documental inserta en autos desde el folio ciento treinta y ocho (138) al folio ciento noventa y uno (191), se aprecia que la misma no aporta elementos probatorios a los autos, ya que la Inspectoría del Trabajo no es competente para dilucidar o resolver controversia que versen sobre cuestiones de derecho como sería el caso que nos ocupa por estar controvertido el carácter salarial de los pagos recibidos en divisas americana. En ese sentido, visto que la Inspectoría no tiene jurisdicción para resolver lo referente a lo controvertido del salario o el contrato paquete, y visto que no se anexa ninguna providencia administrativa que hubiese dictado la Inspectoría al respecto, es por lo que considera quien decide que no aporta elementos probatorios a los autos. Así se establece.

Visto lo anterior es necesario concluir que el referido acuerdo nunca expresó que el monto que recibiría la trabajadora en dólares americanos incluiría además de su salario básico el pago prorrateado de los distintos conceptos que se generaren por el tiempo pactado, como por ejemplo, vacaciones, bono vacacional y utilidades, razón por la cual es necesario desestimar el alegato de la parte accionada de considerar como contrato paquete el acuerdo del pago mensual en dólares. En consecuencia, siendo que la parte accionada reconoció en su escrito de contestación que pagó a la trabajadora un monto en dólares americanos por espacio de cinco (5) años, y que lo hizo de manera consecutiva, reiterada y visto que se pagaba con ocasión al trabajo realizado por la actora, necesario es concluir por una parte, que no es un contrato paquete el acuerdo alegado, y por otra parte, que los montos cancelados por el patrono a la trabajadora en dólares americanos desde el año 2015, encuadran dentro los supuestos establecidos salario, según lo ha señalado a Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 21 de Septiembre de 2010, al referirse a las características del salario cuanto señaló:

“ Es una contraprestación económica recibida a cambio de los servicios prestados en régimen de ajenidad y dependencia: 2) Debe ser evaluable en efectivo; debe ser susceptible de cuantificación en términos monetarios y producir un incremento del patrimonio del trabajador; 3) Debe crear un enriquecimiento en quien lo recibe; 4) Ha de tratarse de cantidades de dinero o prestaciones in natura debidas por el patrono al trabajador como contraprestación por el cumplimiento de servicios pactado o de la simple puesta a disposición para realizarlo. De manera que el salario tiene un valor remuneratorio ( …)”

Por tal motivo, visto que quedó reconocido por la parte accionada en su escrito de contestación que por espacio de cuatro (4) años, ocho ( 08) meses y veintinueve (29) días canceló a la trabajadora mensualidades en dólares americanos, específicamente desde octubre de 2015 hasta el 30 de junio de 2020, tales montos sí constituyen salario por estar dentro de los supuestos contenidos en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras y debe ser considerado para el pago de los siguientes conceptos: Antigüedad, diferencia de vacaciones y bono vacacional, diferencia de utilidades, tal como fue acordado por el Tribunal a quo. En consecuencia, el tribunal a quo decidió ajustado a derecho al condenar el pago de los siguientes conceptos: Antigüedad, diferencia de vacaciones y bono vacacional de los períodos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, diferencia de utilidades de los períodos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, incluyendo en sus cálculos la porciones recibidas en dólares por parte actora desde el año 2015. Así se establece.
En virtud de las razones anteriores se desestiman los alegatos de la parte accionada COPA AIRLINES, S.A., así se decide

En referencia al alegato de la parte actora sobre su solicitud de la indemnización establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, se aprecia:

Señaló el juez de la causa en relación a la indemnización solicitada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, lo siguiente: “En relación a la indemnización solicitada basada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores, se aprecia que no se evidencia en autos, ninguna prueba que demuestre que la trabajadora fue obligada o forzada a suscribir la carta de renuncia que puso fin a la relación de trabajo, y habiendo sido negado tal argumento por el patrono accionado en la audiencia de juicio, tal hecho, correspondía demostrarlo a la parte actora, donde en la celebración de la audiencia de juicio consignó original de Carta de Renuncia , donde se evidencia que la misma fue realizada en forma manuscrita de puño y letra, con firma y huellas dactilares, por la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE FARINOLA, titular de la cédula de identidad número V-12.623.745, en su carácter de parte actora, cursante al folio 45, de la tercera pieza del presente expediente y no habiendo prueba se desestima tal argumento y consecuencialmente se declara improcedente la indemnización por despido, contemplada en el artículo 92 Ejusdem.”

En el libelo de la demanda, la parte actora estableció como motivo de alegato de la renuncia forzada que “Fue obligada por la empresa a renunciar bajo engaños y artimañas, en virtud que, el patrono aprovechándose de la inocencia , buena fe y lealtad de la extrabajadora hacia la compañía , le hizo una serie de falsas promesas asegurándole entre otras cosas que de firmar la renuncia volvería a la empresa luego de un par de meses en las mismas condiciones que poseía; adicionalmente y no conforme con éste engaño, COPA Airlines coaccionó y amenazó a la demandante expresándole que en caso de negarse a firmar la carta de renuncia , la empresa se encargaría de dañar su reputación dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y acabaría con su carrera en el mundo de la aviación para que ninguna otra empresa volviera a contratar sus servicios; ante ésta horrible situación, la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE FARINOLA, a pesar que no quería retirarse de su puesto de trabajo se vio forzada bajo presión, coacción, violencia, amenazas y engaños a firmar la Carta de renuncia que el mismo representante del patrono de le dictó”( …)

En la audiencia oral y pública en fecha 17 de mayo de 2022, celebrada ante esta Superioridad, la representación de la trabajadora que la solicitud de pago de la indemnización contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, descrita en el libelo de la demanda de la presente causa, fue negada por el Tribunal Segundo (2) de Primera Instancia de Juicio, razón por la cual insiste en que le corresponde tal indemnización, en razón de que alegó que la finalización de la relación de trabajo debe ser tratado como un “despido injustificado”, en virtud de que “( …) que la trabajadora igual había sido engañada por la empresa Copa Airlines para inducirla a renunciar. La empresa creo un ilegal Plan de Retiro para incentivar la renuncia no solo de esta trabajadora sino de un cumulo de trabajadores ( …)” “ ( …) Ciudadano Juez podemos apreciar como el cúmulo de beneficios que supuestamente iban a ofrecer a la trabajadora y le iban a otorgar al terminar al término de la relación laboral y no fueron concedidos, fue una vulgar mentira que creó la empresa para incentivar las renuncias de sus trabajadores y llevarlos a renunciar bajo falsas promesas de decirles tranquilos en dos meses vas a volver a tu puesto de trabajo cosa que jamás cumplió. Es por ello ciudadano Juez que solicitó que declare con lugar la presente apelación y que condene la indemnización prevista en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras ( ...)”

Al respecto, se aprecia, que el juez a quo, en la sentencia objeto de revisión, argumentó para desestimar tal petición, que no se evidenciaba en autos ninguna prueba que demostrara que la trabajadora hubiese sido obligada o forzada a suscribir la carta de renuncia que pusiera fin a la relación de trabajo, y habiendo sido negado por el patrono en su oportunidad, tal hecho debió ser demostrado por la parte accionante, por cuanto la representación de la Entidad de trabajo trajo a los autos documental referida a “carta de renuncia”, donde se “evidencia que la misma fue realizada en forma manuscrita de puño y letra, con firma y huella dactilares, por la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE (…)”.

Sobre este punto, se aprecia que ciertamente cursa en autos documental manuscrista marcada con la letra “C”, promovida por la parte accionada, la cual expresamente señala: “Yo ROSA ANNA SCIANCALEPORE, titular de la C.I. 12.623.745, decidí poner la RENUNCIA al cargo que venía desempeñando de Agente de Ventas internas que venía desempeñando desde el 1/NOV/2002, fecha 30/06/2020” ( Folio 115, pieza 1), la cual conforme al principio de la comunidad de la prueba se le da valor probatorio, conforme a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no haber sido desconocida su firma de modo alguno, siendo lo controvertido en autos en consecuencia si la manifestación de voluntad al expresar su renuncia estuvo afectada por algún vicio del consentimiento.

Al respecto, como quedó establecido la carga probatoria recaía en la trabajadora accionante, quien debía demostrar el engaño, coacción, presión o intimidación alegada.

En ese sentido, pasará este Juzgador a examinar las pruebas promovidas por la parte actora, para demostrar su alegato referido a que la relación de trabajo finalizó por “retiro injustificado” y no por renuncia de la actora. Sobre este particular, consta en autos escrito de promoción de pruebas y anexos, insertos en el expediente, desde el folio cuarenta y seis ( 46) al folio noventa y uno ( 91), pieza primera ( 1), cuyas pruebas referidas al despido injustificado son las siguientes:

Documental marcada con la letra “E” ( Folios 86-87, pieza 1 ), constante de dos ( 2) folios, referida a copia fotostática de comunicado de prensa emitido por la COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A. ( COPA AIRLINES), con el objeto de demostrar que es “ un hecho público, notorio y comunicacional que en fecha 08 de Abril del año 2020 la demandada emitió un comunicado de prensa haciendo saber al mundo : “Con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad de la Aerolínea y reducir las afectaciones a su personal Copa Airlines está ofreciendo a sus colaboradores un programa voluntario de licencias no remuneradas, retiros voluntarios, jubilaciones y jubilaciones anticipadas, en apego a las leyes laborales de cada país, buscando ajustarse a esta nueva realidad” . Esta documental fue promovida para demostrar que no existió renuncia libre, voluntaria, y unilateral sino un plan de retiro en flagrante contravención a las leyes nacionales y como quiera que la actora no quiso acogerse a plan voluntario, “la demandada procedió a forzar bajo presión, coacción, violencia, amenaza y engaño a la hoy demandante a firmar la Carta de renuncia que el mismo representante del patrono, le dictó”. Esta documental no fue impugnada por la parte accionada y de la misma se identifica que emana como un “Comunicado de Prensa” del Departamento con Medios de la Entidad de Trabajo. Al respecto, este Juzgador, observa que en virtud de que el promovente invocó el hecho comunicacional, el cual ha sido definido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 98 de fecha 15 de marzo de 2000, como “ un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, por qué negar su uso procesal.”, aprecia que el mismo está dirigido a trabajadores de la ciudad de Panamá, por cuanto invoca normas del derecho laboral de ese País, por lo que no puede ser valorado por este Juzgador. Así se decide.

Igualmente promovió marcada con las letras “F1”, “F2”, “F3” “F4” (Folios 88-90, Pieza 1) , referidas a copias fotostáticas de cartas de renuncia de los ex trabajadores Virginia Abrantes, Bexi Cristina Torres, Karla Corrales y Julio Ramírez, titulares de las cédulas de identidad números 20.559.327, 10.230.177, 19.084.294, 12.915.257, respectivamente, con el fin de demostrar que “tanto la carta de Renuncia de la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE como todas las supuestas renuncias de los trabajadores despedidos injustificadamente durante la pandemia son idénticamente iguales , lo que comprueba y no deja lugar a dudas que las mismas son formatos en serie proporcionados por la empresa”. Estas documentales emanan o están suscritas por terceros que no son parte en la presente causa, razón por la cual se desestiman conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

Igualmente solicitó de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la exhibición de las renuncias de los ciudadanos Maríalejandra Sevilla Sequera, Cieglynde Wrlika Julio Pérez, Marilyn Bolívar Rivero, Ogla Neil Llovera Romero, Luis Ramón Lugo Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad números 13.564.278, 13.162.984, 16.726.811, 16.726.082, 6.306.886. Esta prueba de exhibición fue solicitada con la finalidad de demostrar que “todas las supuestas renuncias de los trabajadores despedidos injustificadamente durante la pandemia son iguales y fueron dictadas por el patrono , lo que comprueba y no deja lugar a duda que las misma son formatos en serie dictados por la empresa y que por tanto no son libres, voluntarias ni unilaterales por parte de los trabajadores, sino que son producto del constreñimiento ejercido por el patrono, evidenciándose a todas luces que se trató de un despido injustificado, toda vez que la demandante se vio forzada bajo presión , coacción, violencia amenazas y engaños a firmar la Carta de Renuncia que el mismo representante del patrono le dictó”.

Sobre esta prueba el Tribunal a quo señaló que “ Con referente a la exhibición de las cartas de renuncia de los ciudadanos: Marialejandra Sevilla Sequera, Cieglynde Wrlika Julio Pérez, Marilyn Bolívar Rivero, Ogla Neiel Llovera Romero, Luis Ramón Lugo Rodriguez, como tales exhibición fue admitida este Tribunal, evidencia que los ciudadanos antes identificados se presume que tiene interés en la presente causa en virtud que han iniciado procedimientos de demanda contra la misma entidad de trabajo COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. ( COPA AIRLINES), en consecuencia este Tribunal desestima esta prueba”.

Promovió testimoniales de los ciudadanos: Marilyn Bolívar Rivero, Katherine Baritto Piñate, Jasmin Gabriela Escalona Quintero, Jazmín Gabriela Escalona Quintero, Ogla Neiel LLovera Romero, titulares de las cédulas de identidad números 16.726.811, 14.314.868, 16.495.389, 16.726.082, respectivamente. Sobre estas testimoniales se evidencia según se indica en la sentencia de fecha 7 de marzo de 2022, objeto de apelación, que: “Se deja expresa constancia que la representación judicial de la parte actora no designo (sic) ningún testigo solicitado por este Tribunal, en el presente expediente, por lo tanto, los mismos no comparecieron y en consecuencia se declara desierto el acto”. En razón de lo anterior, no hay materia sobre la cual pronunciarse.

Por su parte, la representación patronal para demostrar la forma de terminación de la relación de trabajo promovió documental marcada con la letra “C”, referida a carta suscrita por la actora en fecha 30 de junio de 2020 ( Folio 115, pieza 1 ), en donde manifestó: “Yo ROSA ANNA SCIANCALEPORE, titular de la C.I. 12.623.745, decidí poner la RENUNCIA al cargo que venía desempeñando de Agente de Ventas internas que venía desempeñando desde el 1/NOV/2002, fecha 30/06/2020” Esta documental no fue impugnada ni desconocida por la contraparte, y conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le da valor probatorio y resulta demostrativa de que la actora manifestó su voluntad de poner fin a la relación de trabajo y no se trata de un formato preestablecido por cuanto fue elaborada en forma manuscrita. Así se decide.

Igualmente promovió la representación patronal documental marcada “D” referida “Constancia de Egreso del Trabajador” emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Folio 116, pieza 1 ). Esta prueba fue promovida con la intención de demostrar que la renuncia del trabajador fue libre y voluntaria y que por ello fue reportado al IVSS. Esta documental quien decide, la desestima en atención a que esa declaración que se hace ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emana unilateralmente del patrono. Así se establece.
Promovió marcado con la letras “I1” e “I2”, legajo contentivo de comunicación de COPA AIRLINES, mediante el cual hace del conocimiento de todos los trabajadores los beneficios contenidos en los Planes Voluntarios de Retiro vigentes durante el año 2020; y correo electrónico de fecha 2 de julio de 2020 de COPA AIRLINES, recibido en el correo electrónico (rsciancalepore@hotmail.com). Esta instrumental fue promovida con la finalidad de demostrar que la extrabajadora se acogió “de manera libre y discrecional al Plan Voluntario de Retiro de COPA AIRLINES, vigente durante el año 2020”, y que recibió los siguientes beneficios: 30 boletos para ser utilizados durante 5 años, pago de liquidación de acuerdo con la ley en bolívares; 7 meses del ingreso recibido en US$$, seguro de salud hasta el 31 de Agosto de 2021, con las mismas condiciones en las que se encontraban al momento de la terminación de la relación laboral y que “ Adicionalmente se pretende demostrar que se trataba de Planes Voluntarios de Retiro que aplicaban a todos los colaboradores de nuestra representada ( …)”. Estas documental corren insertas a los folios ciento treinta y seis (136) y ciento treinta siete (137) pieza 1, y sobre su valor probatorio se aprecia que en relación a la documental marcada “I1”, la misma no tiene valor probatorio, en razón de que no contiene firma alguna de las partes. Así se establece.
En referencia a la documental marcada “I2”, se trata de un correo electrónico, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Mensaje de Datos, se le debe dar valor probatorio como una prueba documental, y la misma al no haber sido impugnada por la contraparte, resulta demostrativa de que la actora recibió en fecha 2 de julio de 2020, recibió repuesta de la solicitud de retiro voluntario, la cual fue aprobada por la Entidad de Trabajo, recibiendo los siguientes beneficios: “ 30 boletos para ser utilizados en un máximo de 5 años ( beneficiarios en 1er grado de consanguinidad ya inscritos) ; pago de liquidación de acuerdo a la ley, 7 meses de porción USD, seguro de salud hasta el 31 de Agosto de 2020 con las mismas condiciones actuales. Así se decide.

Igualmente promovió la parte accionada, prueba de informes dirigido al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a fin de que certificara la Constancia de Egreso de la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE , y evidenciara que la causa de egreso de la actora fue por RENUNCIA. Al respecto, se evidencia que sus resultas constan en respuesta anexada al folio cincuenta y tres ( 53), pieza 3, suscrita por la Directora General de Afiliación y Prestaciones en Dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, recibida el 14 de Diciembre de 2021, conforme a la cual informa que el estatus para el momento de dar respuesta estaba cesante, con fecha de Egreso “ el 30 de junio de 2020, por la empresa COPA S.A.”. La referida prueba fue promovida con el fin de demostrar que COPA AIRILINES reportó ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como causa de terminación de la relación laboral, la renuncia de la extrabajadora. Al respecto, este Sentenciador desestima la prueba por cuanto no aporta nada al punto controvertido de los vicios del consentimiento al suscribir la renuncia la actora, ya que la declaración que se hace ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, emana unilateralmente del patrono. Así se decide.

Ahora bien, analizadas como han sido las pruebas promovidas por ambas partes para demostrar la forma de terminación de la relación de trabajo, quedó evidenciado en autos que la actora en fecha 30 de julio de 2020 suscribió carta en la cual manifestó su “ renuncia irrevocable al cargo de agente de servicios al pasajero”, y en atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, debe tenerse como un carta de retiro ya que emana de la trabajadora de su puño y letra y no fue desconocida su firma durante el procedimiento.

Ahora bien, visto que lo controvertido en autos no es que la trabajadora hubiese suscrito la renuncia, lo cual ambas partes reconocen durante el proceso, sino si su manifestación de voluntad fue “forzada” o violentada corresponde evaluar a este Juzgador seguidamente, si, efectivamente, se produjo una renuncia libre sin constreñimiento, o si, por el contrario, dicha renuncia se encuentra viciada y por ende si se ha vulnerado el derecho a la indemnización establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

Sobre este punto cabe destacar, que el argumento de la parte accionante en el escrito de demanda se fundamentaba en que la trabajadora “fue obligada por la empresa a renunciar bajo engaños y artimañas, en virtud de que, el patrono aprovechándose de la inocencia, buena fe y lealtad le hizo una serie de falsas promesas”. Argumento éste que fue ampliado en la audiencia de juicio celebrado por este Juzgado Superior, cuando indica: “el patrono incentivó la renuncia de la trabajadora porque tenía unos planes de retiro que eran ilegales en aplicación en Venezuela y a la legislación venezolana, porque no cumplían la legislación venezolana (…)”

En ese sentido, visto que quedó reconocido por parte de la Entidad de Trabajo demandada que COPA AIRLINES, S.A., estableció un PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO, en donde se establecieron una serie de beneficios adicionales a los establecidos legalmente, según se evidencia de escrito de contestación de la parte accionada cuando señaló “Además para afrontar estos graves acontecimientos, y salvar así la fuente de trabajo COPA AIRLINES, también puso en práctica el “ Plan Voluntario de Retiro” ( en lo sucesivo, el PVR), el cual aplicaba a los colaboradores de Venezuela y Panamá”. “Dicho plan contemplaba tres modalidades: (i) jubilaciones; ii) retiro voluntario, y (iii) licencias Cada una de las opciones tenía sus condiciones de procedencia y los beneficios que le correspondían a cada una”; y en razón de que el actor reconoce que tal plan de retiro fue la causa para que la actora suscribiera la renuncia consignada en autos, este Sentenciador pasa a examinar el documento en cuestión, en los siguientes términos:

Sobre los planes de retiro voluntario, el autor Urdaneta Sandoval Carlos, ha señalado:
Ahora bien, también ya no con la celebración del contrato sino durante el transcurso de la relación de trabajo o el contrato de trabajo, puede el patrono ofrecer la posibilidad de la terminación en masa de múltiples relaciones jurídicas vigentes entre el patrono y trabajadores, justificadas por razonable fines de política económica y social y entre otros supuestos por razones tecnológicas ,económica o de ajuste del universo laboral por reestructuración, mediante planes de retiro incentivado, denominados así porque además de las prestaciones legales convencionales y contractuales que corresponden al trabajador, se les otorga un “incentivo” entendido como un estímulo normalmente económico o por lo menos valorable patrimonialmente qué se ofrece a la persona con el fin de con el fin de incentivarlo a entregar su puesto de trabajo y dar por terminada la relación laboral. En Venezuela durante los últimos años, empresas como Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), C.A., La Electricidad de caracas, (ELECAR) y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela ( CANTV) , han procedido a reajustar sus respectivas estructuras organizaciones lo que ha traído como efecto la confección y ejecución de planes de terminación masiva de contratos de trabajo con el aditamiento de una oferta de prestaciones compensatorias adicionales a las prevista legal y /o contractualmente, planes estos a los cuales se les ha denominado en la jerga común “ Cajita Feliz”. (Ensayos Laborales, Fernando Parra Aranguren. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia, 2005, Colección Estudios Jurídicos Urdaneta Sandoval Carlos Alberto, Plan de Retiro Voluntario Compensado en su Versión de Paquete Cerrado: Irrenunciabilidad y mandato de no Discriminación en el Sistema Laboral Venezolano. Pag. 805-806).
Ahora bien, estos planes de retiro voluntario si bien tienen antecedentes jurisprudencialmente en Venezuela, cada caso en particular debe ser examinado a fin de revisar si se encuentran conforme a nuestro ordenamiento jurídico, ya que conforme a lo establecido en el artículo 89, numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es preciso indagar a fin de determinar la verdadera naturaleza del vínculo entre las partes, pues lo formal de un acto, no siempre refleja su verdadera significación; y es por ello que ninguno de estos acuerdos pueden violentar principios constitucionales que consagran derechos adquiridos, irrenunciables además para el trabajador.
En este orden de ideas, la doctrina ha establecido una serie de características propias de estos plantes voluntarios los cuales podrían resumirse así:
“1.-Es bilateral o sinalagmático: ( …) el acto jurídico rescisorio se forma con la expresión conjunta de ambas voluntades libremente expresadas, tendientes a dejar sin efecto para el futuro (ex nunc) el contrato de trabajo celebrado oportunamente. (…)”;2.- “( …) Es oneroso, pues debe reportar utilidad o beneficio para todos. 3. Debe ser conmutativo, ya que, siendo oneroso o útil para todas las partes que en él intervienen, no debe ser aleatorio, vale decir, dicha utilidad pueda ser apreciada desde el momento mismo de la celebración del acto –por lo menos para el trabajador–, y además debe producir prestaciones que se miran como equivalentes entre sí, es decir, que determina un cierto equilibrio en la economía del negocio ( …) 4. Debe producir obligaciones principales, aunque también puede producir obligaciones accesorias. 5. Es consensual, en cuanto hay libertad en la escogencia de las formas de expresión de la voluntad como efecto de que la sola convención de las partes tiene fuerza obligatoria (solus consensus obligat) ( …) jurídico – ( …)” (…) 6. Es relativo, porque no debe aprovechar ni perjudicar a los terceros ajenos al mismo (…). (…)7 Es de ejecución instantánea, pues cada una de las partes puede y debe ejecutar sus obligaciones en un solo acto, aunque si establece obligaciones accesorias éstas pueden incluir algunas de ejecución sucesiva durante un lapso más o menos dilatado..8 Busca la extinción de la relación de trabajo. La condición principal para resultar sujeto pasivo del incentivo es la contraprestación buscada por el patrono: la terminación del contrato de trabajo. Pero como enseña Alonso García, para que la condición, vale decir, la causa puesta por las partes distinta de la conditio iuris, obre como causa de extinción se requiere: (i) que la causa o causas se formulen de manera expresa (en el texto de oferta del plan de retiro incentivado y en el documento de aplicación por parte del trabajador a dicho plan); (ii) que las causas consignadas sean válidas, lo cual implica que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público; (iii) que la condición en que la causa se resuelve se produzca; y (iv) que no constituyan abuso del derecho manifiesto por parte del empresario .9 No afecta ni altera los derechos emergentes del contrato que se hubiesen adquirido con anterioridad o que se adquiriesen con motivo de la extinción. 10 Implica una prestación no remunerativa. La cantidad de dinero constitutiva del incentivo se presenta como una “prestación no remunerativa”, ya que consiste en un pago a cargo del empleador que no conlleva una prestación laboral, a semejanza de las asignaciones de dinero que se entregan en compensación por suspensiones de la prestación laboral fundadas en causales de falta .11 Tiene atributos previsionales y reparatorios. No le faltan atributos de previsión contra el desempleo, pues se percibe en el momento en que aquél ocurre; y sin ser una indemnización de daños y perjuicios, tiene fines de reparación.

De lo anterior puede señalarse que los planes de retiro voluntarios son de libre aceptación por parte del trabajador, quien puede optar por tomarlos o no, ante la propuesta que realice el patrono ante una situación determinada, y la expresión de voluntad de aceptarlo no puede ser tomado como una represalia o coacción.

En atención al principio constitucional de la realidad de las formas sobre la apariencia, establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede colegirse de lo acreditado y probado en autos, que el plan de retiro presentado por COPA AIRLINES, S.A. para sus empleados, era voluntario, es decir, que su aceptación o rechazo estaban sujetos a la voluntad de la trabajadora accionante, a quien solo a élla, le incumbía la valoración de las ventajas y desventajas contenidas en el plan y la adopción de una decisión sobre el particular. No obstante, era claro también que la aceptación del plan conllevaba la terminación de la relación laboral oportunidad en la cual recibiría un beneficio económico que excedía del valor de las prestaciones sociales ordinariamente generadas en una relación de esa índole, lo cual recibió según se desprende de la liquidación inserta en autos, al folio veintiséis ( 26) pieza 2 , distinguida con la letra “F1” y pago adicional recibido el 23 de Octubre de 2020, según se evidencia de la documental inserta al folio veintisiete (27), distinguida con la letra “F2”.

Es por ello que reitera este Juzgador que la manifestación de voluntad expresada por la trabajadora a fin de acogerse el plan de retiro voluntario, en nada trasgrede los vicios de consentimiento a la que puedo estar sometida la renuncia libremente expresada y tal decisión mantiene su efecto vinculante; por lo que no puede afirmarse que hubo una vulneración de derechos con el evidente propósito de desconocer el valor de esa renuncia expresada, y por ende no puede considerase como lo pretende la representación de la parte actora, considerar que la escogencia de la trabajadora para optar al plan de retiro constituye una renuncia “forzada”, ni constituya ni una presión indebida, ni error fuerza o dolo, ya que la trabajadora pudo decidir continuar con la relación de trabajo y esperar si la Entidad de Trabajo procedía de otra manera con motivo de la situación de pandemia Covid-19 vivida en ese momento. En este sentido el planteamiento del plan de Retiro Voluntario, por sí solo, no constituya un mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador esté en libertad de aceptarlas o rechazarlas, y siempre y cuando no transgreda normas constitucionales ni trasgreda la indisponibilidad de los derechos laborales. En el caso de autos, la renuncia no evidencia que estuviese viciada por error, fuerza o dolo. Además la parte accionante recibió pago por concepto de sus prestaciones sociales, por lo que estaba dejando claro que estaba terminando la relación de trabajo, por lo que solo conserva su derecho de reclamar las diferencias salariales, al quedar establecido que los montos recibidos en dólares desde el año 2015 no fueron tomadas en cuenta como salario para el cálculo de sus beneficios legales. En consecuencia, visto que no se evidenció en autos algún vicio del consentimiento que haga nula la renuncia presentada y suscrita por la trabajadora accionante, se desestima el alegato de la parte actora. Así se decide.

Ahora bien, analizadas como fueron en el caso de autos, los supuestos del contrato paquete y del llamado Plan de Retiro Voluntario, debe acotar este sentenciador, que en cada una de ellas, las consecuencias jurídicas son distintas.

En efecto, reconocido como quedó que la parte accionada ofreció un plan de retiro voluntario, el cual incluía los siguientes beneficios: 7 meses de salario , 30 boletos NR para ser utilizados en máximo 5 años, póliza de salud 6 meses, pago derecho adquiridos (prima de antigüedad y proporcionales); beneficios estos que se aplican a trabajadores que tengan una antigüedad mayor a 15 años, como era el caso de la actora, considera este juzgador que debe el patrono pagar todas los beneficios condenados por el Tribunal a quo en la sentencia objeto de revisión.

Finalmente en relación al alegato de la parte accionada de que los 30 boletos pueden ser cuantificables y evaluables y que podrían ser compensados por alguna acreencia laboral, se aprecia que en lo referente a los 30 Boletos Non revenue, contemplado en las políticas del Beneficios del Plan de Retiro Voluntario, se evidencia en las documentales promovidas por la parte demandada, marcadas con la letra “L”, titulada “Política y Procedimiento de Boletos Non Revenue”, inserto en los folios del 83 al 103 de la Pieza 2, en el título denominado “Terminología”, se establece que el mismo “es un boleto que no paga tarifa publicada” (véase vuelto folio 40, pieza 2). En ese sentido, siendo que el plan de retiro establece las políticas para el otorgamiento de los boletos solo señala, según se evidencia de la documental marcada “K”, que son “30 boletos para ser utilizados en máximo 5 años”. Es por ello que, observa esta Alzada que los alegatos esgrimidos por la demandada en cuanto a la “cuantificación de los boletos para compensar cualquier eventual diferencia de pago”, resulta improcedente en virtud que los mismos no tienen valor económico por ser un beneficio para quienes se acojan al plan voluntario de retiro, es decir, no se establece una modalidad distinta a la utilización de los boletos en un período de 5 años dentro de la Política de los Boletos NR, por lo que el Tribunal a quo, decidió acertadamente, y en consecuencia se desestima su alegato. Así se establece.

CAPITULO VII
DISPOSITIVO

Por las razones tanto de hecho como de derecho anteriormente expuestas este TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por las profesionales del derecho AIXA AÑEZ PICHARDI e INGRID DANIELE, abogadas en ejercicio e inscritas en el I.P.S.A bajo los números 117.122 y 296.962, respectivamente, en fecha nueve (09) de Marzo de 2022, en su carácter de apoderadas de la Entidad de Trabajo accionada COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A., (COPA AIRLINES), contra la sentencia emanada de fecha siete ( 7) de marzo del año 2022 emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el profesional del derecho RADAMES BRAVO CALDERA, inscrita en el I.P.S.A bajo el número 138.556, en fecha nueve ( 09) de Marzo de 2022, en su carácter de apoderado de la ciudadana ROSA ANNA SCIANCALEPORE, titular de la cédula de identidad número 12.623.745, contra la sentencia dictada en fecha siete ( 07) de Marzo de 2022, emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.TERCERO: Se ratifica la decisión emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas de fecha siete ( 07) de Marzo de 2022”. CUARTO.- No hay condenatoria en costas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas (Hoy la Guaira), en Maiquetía, primero ( 1°) de junio de 2022. Años: 213° de la Independencia y 163° de la Federación. Cúmplase, Publíquese y registrese en copia certificada.

EL JUEZ
JAVIER GIRÓN

LA SECRETARIA
Abg. JUDITH GARCÍA

Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página del Tribunal Supremo de Justicia, en el portal informático Regiones Estado Vargas, HTTP: // Vargas.tsj.gob.ve/.

JG/jg/sc

Asunto Principal WP11-L-2021-000001
Asunto: WP11-R-2022-000014

LA SECRETARIA
Abg. JUDITH GARCÍA