TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

212° y 164°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana: CARMEN LIA SIMANCAS, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-1.404.782, estado civil viuda, domiciliada en Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado Raúl Castro Arismendi, titular de la cédula de identidad N° V-3.584.334 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.686.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil GANADERIA LA PONDEROSA (GANAPOCA), domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 6 de junio de 1995, Bajo el N° 38, Tomo 59-A, en la persona de su representante legal ciudadana IBELISE DEL VALLE PEREZ MARCANO VIUDA DE PIRELA., con el carácter de Directora Administrativa Principal, titular de la cédula de identidad N° V-8.527.957
MOTIVO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA.
EXPEDIENTE: 35.719/2017

I
ANTECEDENTES
Revisado como ha sido el presente expediente se observa lo siguiente:
La presente causa se inició por la demanda interpuesta por el abogado Raúl Castro Arismendi, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Carmen Lia Simancas, en contra de la sociedad mercantil GANADERIA LA PONDEROSA (GANAPOCA), por prescripción adquisitiva. (Folios 1 al 23. Anexos 24 al 100).
Mediante auto de fecha 19 de julio del 2017, se admitió la demanda, se ordenó el emplazamiento de la demandada para que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes después de citada más tres días concedidos como término de la distancia para que dieran contestación a la demanda.(Folio 102)
En fecha 10 de agosto de 2017, el Alguacil del Tribunal informó haber recibido de la parte actora los fotostatos para la elaboración de la compulsa.(Folio103)
Por auto de fecha 19 de septiembre de 2017, se dictó auto complementario al auto de admisión de fecha 19 de julio de 2017, en el cual se acordó comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a donde se acordó remitir la respectiva compulsa de citación.(Folio 104).
En fecha 6 de octubre de 2017, se libró la compulsa y se remitió con oficio N° 0860-573 al Juzgado comisionado.(Folio105 y 106).
Mediante diligencia de fecha 5 de octubre de 2018, la representación judicial de la parte actora, solicitó se oficiara al Juzgado comisionado a los fines de que informara sobre las resultas de la comisión de citación librada.( Folio 107).
Por auto de fecha 22 de octubre de 2018, se acordó oficiar al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que remitiera a este Tribunal las resultadas de la comisión de citación librada a ese Despacho en fecha 6 de octubre de 2017. Y en la misma fecha se libró oficio N°0860-374. ( Folios 108 y 1010).
Mediante auto de fecha 17 de febrero de 2023, la Juez que suscribe este fallo se abocó al conocimiento de la presente causa.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De las actuaciones anteriormente relacionadas se evidencia que desde el día 5 de mayo de 2018, oportunidad en que la representación judicial de la parte actora solicitó que se oficiara al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que informara el resultado de la comisión librada a ese órgano jurisdiccional para la citación de la demandada no existe en los autos ninguna actuación de la parte demandante para impulsar la presente causa.

En tal sentido, se hace necesario puntualizar lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…). Resaltado propio
En el encabezado de la norma transcrita el legislador estableció la perención a la instancia como una forma anormal de terminación del proceso, que se configura por la inactividad de las partes durante el período mayor de un año al no efectuar actos de procedimiento para mantener el desarrollo del juicio.
La finalidad de la perención es evitar que los procesos se perpetúen por tiempo indefinido y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de las causas, en las cuales resulte un evidente desinterés de las partes en la continuación del juicio quienes como manifestación del principio dispositivo tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 063 de fecha 4 de marzo de 2013, puntualizó lo siguiente:
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
…Omissis…
De acuerdo al artículo antes transcrito, se tiene que de acuerdo a los principios de economía y celeridad procesal, la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente en no impulsar el proceso de manera diligente.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En sintonía con lo anterior, la Sala considera pertinente citar sentencia N° RC-591 de fecha 29 de noviembre de 2010, caso de Seguros Mercantil, C.A. contra Jorge Díaz y otro, expediente N° 10-361, en la cual se dejo establecido lo siguiente:
“…El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que
…Omissis..
Respecto al contenido de la norma jurídica precedentemente citada, la Sala ha establecido que no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al juez. Es decir, si se espera alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, no puede imputársele a las partes el transcurso del tiempo, por cuanto la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no es atribuible a las partes. De allí que, lo establecido en la parte in fine del primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la inactividad del juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria y a cualquier otro pronunciamiento que sea menester que el juez dicte para la prosecución del juicio. (Vid. sentencia Nº 073, de fecha 15 de marzo de 2010, en el juicio incoado por Mirla Arrieta, contra Goma Espuma Nacional Compañía Anónima)...”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, se tiene que no puede imputársele a las partes en el proceso el transcurso del tiempo, si existe la espera de alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, ya que la resistencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para continuar la causa, no es atribuible a las partes, pues esa inactividad en el juicio sólo le es imputable al juez.
Al respecto, resulta pertinente citar al tratadista Ricardo Henríquez La Roche, que en su obra Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas 2.005, Pag. 194, indica sobre la paralización del juicio por causa de inactividad, lo siguiente:
“…Paralización por inactividad. La quietud del proceso como dice GUASP, se debe a la inactividad de las partes o del Juez. Si un acto procesal no se realiza en la oportunidad legal por causa de dicha inactividad, las partes dejan de estar a derecho y es necesario notificarlas para la prosecución del juicio.
La paralización del proceso por más de un año, fuera del estado de sentencia, acarrea la perención de la instancia, en virtud de la cual opera de derecho (ipso iure) la caducidad y extinción del juicio. Si la paralización ocurre luego de vistos porque el juez no dicta sentencia en el lapso legal, no se produce la perención de la instancia, de acuerdo a lo señalado por la ley (Art. 267)…”. (Mayúsculas y cursivas del texto, subrayado de la Sala).
(Exp. N° AA20-C-2012-000455)

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el proceso al no impulsar el mismo hasta la fase de sentencia en la cual la inactividad del órgano jurisdiccional en dictar la decisión no puede imputársele a las partes, y en tal virtud en dicha etapa ya no es posible declarar la perención.
En el caso de autos tal como antes se señaló desde el desde el día 5 de mayo de 2018, oportunidad en que la representación judicial de la parte actora solicitó que se oficiara al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que dicho órgano jurisdiccional informará sobre el resultado de la comisión de citación de la parte demandada lo cual fue acordado mediante auto de fecha 22 de octubre de 2018, no existe ninguna actuación de la parte demandante para impulsar el proceso, de lo que se evidencia con claridad que se produjo una evidente inactividad de la parte actora en esta causa que excedió con creces el lapso de un año establecido en el encabezado el Artículo 267 procesal, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia. Así se decide.

III
DISPOSITIVA
En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA por haber transcurrido más de un año sin que hubiese habido actuación alguna de la parte demandante.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Una vez quede firme la presente decisión levántese la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por este Tribunal en fecha 14 de agosto de 2017, y posteriormente archívese el presente expediente.
Publíquese, regístrese, notifíquese a la parte demandante y déjese copia certificada digitalizada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.

Dra. Fanny Trinidad Ramírez Sánchez
Juez Provisoria
Blanca Yanelys Contreras Rosales
Secretaria Temporal