TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
San Cristóbal, 01 de Noviembre de 2023
213º y 164º

ASUNTO: SE21-G-2012-000003
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA N° 050/ 2023

En fecha 14 de diciembre de 2012 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se recibió asunto al cual se le asigno el numero SP22-G-2012-000003, de las ciudadanas Marioly Garnica Medina y Neugim Idalia Alvarez Mercado inscritas en el IPSA bajo el N° 78.746 y 38.727 respectivamente, en su condición de Apoderadas Judiciales de la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC) contentivo de demanda de ejecución de Fianza de Fiel Cumplimiento y Fianza Laboral en contra de la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira. (fs. 1-82).
En fecha 17 de diciembre de 2012 se dicto auto mediante el cual se le da entrada a la demanda y se ordena registrar en libros respectivos. (fs. 83).
En fecha 20 de diciembre de 2012 se dicto Sentencia Interlocutoria N° 002/2012 mediante la cual se admite la presente causa y se ordena citación a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira y a la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L, en la persona de su representante legal o su apoderado judicial. (fs. 84-88).
En fecha 09 de enero de 2013 se libraron oficios N° 026/2013 dirigido al ciudadano Presidente de la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira y N° 027/2013 dirigido al ciudadano Presidente y demás miembros de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L. (fs. 89-90).
En fecha 11 de enero de 2013 se libraron oficios N° 081/2013 dirigido al Procurador General del Estado Táchira y N° 082/2013 dirigido al Procurador General de la Republica. (fs. 91-92).
En fecha 17 de mayo de 2013 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita la suspensión de la causa por un lapso de seis (6) meses a partir de la intervención del recurrido. (fs. 93-102).
En fecha 28 de mayo de 2013 se dicto auto mediante el cual el Dr. Carlos Morel Gutiérrez Jiménez, en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, convocado mediante oficio N° CJ-13-0816 de fecha 10 de abril de 2013, suscrito por la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y debidamente juramentado el día 12 de abril de 2013, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; se aboca al conocimiento de la presente causa y se libra boleta de notificación a la parte recurrida. (fs. 103-106).
En fecha 11 de junio de 2013 se dicto auto mediante el cual se comisiona a los Juzgados Distribuidores de Municipio del Área Metropolitana de Caracas a fin que practiquen las notificaciones dirigidas a los ciudadanos Procurador General de la Republica, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC), la cual se ordena remitir por correo certificado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL). (fs. 107-111).
En fecha 15 de julio de 2013 se dicto Sentencia Interlocutoria N° 123/2013 mediante la cual este Tribunal declaro procedente la solicitud de la suspensión de la causa por el lapso indicado por la Apoderada Judicial la Corporación Eléctrica Nacional C.A. (CORPOELEC) en fecha 17 de mayo de 2013. (fs. 112-114).
En fecha 03 de diciembre de 2013 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la Abogada Zuleika Hung Fuenmayor, inscrita en el IPSA bajo el N° 24.435, quien presenta diligencia mediante la cual solicita copia simple de la totalidad de las actas que conforman el presente expediente. (fs. 115-116).
En fecha 17 de marzo de 2014 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira oficio N° 582-2013 proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remiten comisión librada por este despacho, por lo que se acuerda agregarla a la presente causa. (fs. 117-134).
En fecha 24 de abril de 2014 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita la suspensión de la causa por un lapso de seis (6) meses a partir de la fecha 04 de octubre de 2013. (fs. 135-147).
En fecha 25 de abril de 2014 se dicto auto mediante el cual se ordena reanudar la causa al estado de librar boletas notificación a fin de reorganizar el proceso y dar seguridad jurídica a las partes. (fs. 148).
En fecha 28 de abril de 2014 se dicto auto mediante el cual se deja constancia que se libraron boletas de notificación dirigidas a la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L y Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira, además se aclara que la notificación al Procurador General del estado Táchira resulta inoficiosa dado que los entes demandados no gozan de prerrogativas procesales que la misma otorga por los mismos de carácter privado. (fs. 149-151).
En fecha 04 de junio de 2014 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno la notificación librada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira, siendo su resultado POSITIVO. (fs. 152).
En fecha 27 de junio de 2014 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita la notificación del Procurador General de la Republica y se proceda a verificar el acta de diligencia de fecha 05 de mayo de 2014 la cual no consta en el expediente. (fs. 153-154).
La anterior diligencia fue agregada al expediente con su correspondiente fecha de recibo. (fs. 155).
En fecha 30 de septiembre de 2014 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita abocamiento en la presente causa y notificación a todas las partes incluyendo al Procurador General de la Republica. (fs. 156-157).
En fecha 01 de octubre de 2014 se dicto auto mediante el cual este Juzgador hace constar que las partes interesadas en el proceso no estan a derecho, por lo que resulta inoficioso el abocamiento solicitado y se ordena librar citación de admisión a la Procuraduría General del estado Táchira dado que se entiende como parte del presente asunto y se subsana el auto de fecha 28 de abril de 2014. (fs. 158-159).
En fecha 06 de octubre de 2014 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigna la notificación dirigida a la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L, siendo su resultado POSITIVO. (fs. 160).
En fecha 20 de noviembre de 2014 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual consigna escrito solicitando notificación al Procurador General de la Republica y se deje sin efecto la boleta de notificación librada al codemandado en fecha 28 de abril de 2014. (fs. 161-162).
En fecha 21 de noviembre de 2014 se dicto auto mediante el cual este Tribunal acuerda lo solicitado. (fs 163).
En fecha 24 de noviembre de 2014 se libro oficio N° 2673/2014 dirigido a la Procuraduría General de la Republica a fin que notificar sobre la admisión de la demanda y boleta de notificación dirigida a la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L. (fs. 164-165).
En fecha 26 de noviembre de 2014 se dicto auto mediante el cual se comisiona a los Juzgados Distribuidores de Municipio del Área Metropolitana de Caracas a fin que practiquen la notificación dirigida a la Procuraduría General de la Republica la cual se ordena remitir por correo certificado a través del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).. (fs. 166-170).
En fecha 15 de diciembre de 2014 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno la notificación librada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira y la notificación dirigida a la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L, teniendo ambas resultados NEGATIVOS. (fs. 171-193).
En fecha 05 de febrero de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita cartel en la presente causa. (fs. 194-195).
En fecha 09 de febrero de 2015 se dicto auto mediante el cual se ordena librar cartel que se publicara en dos diarios de mayor circulación, Diario la Nación y Diario los Andes, con intervalos de tres días entre uno y otro, dirigido al Apoderado Judicial de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L, a los fines de hacer efectiva la citación. (fs. 196-197).
En fecha 02 de marzo de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los ciudadanos José Efraín Duarte Medina y Juan Carlos Pozo Coronel, inscritos en el IPSA bajo los números 48.351 y 51.300, diligencia mediante la cual solicitan el desglose del cartel de notificación inserto en la presente causa. (fs. 198-199).
En fecha 05 de marzo de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al ciudadano José Efraín Duarte Medina, inscrito en el IPSA bajo el numero 48.351, quien presenta diligencia mediante la cual retira cartel de emplazamiento en la presente causa. (fs. 200-201).
En fecha 10 de marzo de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, oficio N° 109 proveniente del Juzgado Décimo Séptimo y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remiten comisión enviada por este Tribunal. (fs. 202-214).
En fecha 16 de marzo de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual consigna ejemplar del cuerpo “B” del Diario “LA NACION”, contentivo de cartel de notificación. (fs. 215-219).
En fecha 19 de marzo de 2015 el Alguacil junto con el Secretario de este Órgano Jurisdiccional hacen constar que se trasladaron al domicilio procesal del ciudadano Gustavo Guaquín Pieruccini Castillejo, titular de la cedula de identidad N° V- 3.809.733 en su condición de Presidente de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L, y se estampo en su fachada cartel de citación. (fs. 220-225).
En fecha 20 de marzo de 2015 se dicto auto mediante el cual se deja en claro que de la revisión exhaustiva del presente expediente se evidencia que falta consignar notificación de la Procuraduría General del estado Táchira, y que una vez conste la misma en auto se suspenderá la causa por 90 días continuos a tenor de los dispuesto en el articulo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, vencido ese tiempo se abrirá el lapso de 15 días de despacho para tener por notificado al recurrido. (fs. 226).
En fecha 22 de abril de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita se oficie a la defensoría publica a fin de nombrar defensor ad liten en la presente causa. (fs. 227-228).
En fecha 23 de abril de 2015 se dicto auto mediante el cual se niega lo solicitado por la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746, en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC. (fs. 229).
En fecha 17 de junio de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los abogados Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 y Efraín Duarte Medina, inscrito en el IPSA bajo el N° en su carácter de Apoderados Judiciales de CORPOELEC, quienes presentan diligencia mediante la cual solicitan sea practicada la notificación dirigida al Procurador General del estado Táchira. (fs. 230-231).
En fecha 21 de julio de 2015 se dicto auto mediante el cual se ordena remitir nuevamente el oficio dirigido a la Procuraduría General del estado Táchira, en virtud que aun no se han consignado las respectivas resultas. (fs. 232-233).
En fecha 27 de julio de 2015 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida al Procurador General del estado Táchira, siendo la misma POSITIVA. (fs. 234).
En fecha 29 de julio de 2015 se dicto auto mediante el cual se suspende la causa por 90 días continuos a tenor de los dispuesto en el articulo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, vencido ese tiempo se abrirá el lapso de 15 días de despacho para tener por notificado al recurrido. (fs. 235).
En fecha 05 de agosto se dicto auto mediante el cual se corrige error material del auto de fecha 29 de julio, y se aclara que al abrirse el lapso de 15 dias de despacho deberá comparecer ante este Tribunal el representante judicial de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endógeno Bicentenario, R.L. (fs. 236).
En fecha 28 de octubre de 2015 se dicto auto mediante el cual se hace constar que se venció el lapso de 90 días continuos a tenor de los dispuesto en el articulo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, por lo que se comienza a computar los 15 días de despacho para la comparecencia de la parte recurrida. (fs. 237).
En fecha 06 de noviembre de 2015 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira oficio N° GGL-CCP. 050070 de fecha 16 de octubre de 2015, emanado de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se da por notificado del oficio N° 2673/2014 de fecha 24/11/2014. (fs. 238-239).
En fecha 25 de noviembre de se dicto auto mediante el cual se evidencia que se han cumplido los 15 días de despacho para la comparecencia del representante judicial de la parte recurrida, sin que hubiera actuación alguna, por lo cual se procede a efectuar las diligencias necesarias para nombrar defensor ad liteme. (fs. 240).
En fecha 24 de febrero de 2016 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los abogados Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 y Efrain Duarte Medina, inscrito en el IPSA bajo el N° en su carácter de Apoderados Judiciales de CORPOELEC, quienes presentan diligencia mediante la cual solicitan se oficie a la defensa publica a fin que se nombre defensor ad litem. (fs. 241-242).
En fecha 25 de febrero de 2016 se dicto auto mediante el cual se acuerda oficiar a la Defensa Publica, a los fines que sea nombrado defensor en la presente causa a fin de proteger los derechos del recurrido. (fs. 243-244).
En fecha 01 de marzo de 2016 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Defensa Publica del estado Táchira, siendo la misma POSITIVA. (fs. 245).
En fecha 02 de marzo de 2016 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira oficio N° 2016-056 proveniente de la Coordinación de la Unidad Regional de la Defensa Publica del estado Táchira. (fs. 246-248).
En fecha 27 de junio de 2016 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al abogado Efrain Duarte Medina, inscrito en el IPSA bajo el N° en su carácter de Apoderado Judicial de CORPOELEC, quienes presentan diligencia mediante la cual solicitan se oficie nuevamente a la defensa publica a fin que se nombre defensor ad litem. (fs. 249-250).
En fecha 16 de noviembre de 2016 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita se oficie a la Defensoría Publica a fin de nombrar defensor Ad litem. (fs. 251-252).
En fecha 17 de noviembre de 2016 se dicto auto mediante el cual se ordena se oficie a la Defensa Publica del estado Táchira a efectos de estudiar la posibilidad de nombrar defensor ad litem. (fs. 253-254).
En fecha 18 de noviembre de 2016 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Defensa Publica del estado Táchira, siendo la misma POSITIVA. (fs. 255).
En fecha 21 de noviembre de 2016 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, oficio N° UR-TAC- 2016-210 de la Defensa Publica con la finalidad de dar respuesta al oficio N° 1424/2016 emanado por este tribunal. (fs. 256-258).
En fecha 06 de julio de 2017 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los abogados Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 y Efrain Duarte Medina, inscrito en el IPSA bajo el N° en su carácter de Apoderados Judiciales de CORPOELEC, quienes presentan diligencia mediante la cual solicitan se oficie a la defensa publica a fin que se nombre defensor ad litem. (fs. 259-260).
En fecha 10 de julio de 2017 se dicto auto mediante el cual se ordena oficiar a la Defensa Publica del estado Táchira, a fin que se estudie la posibilidad de nombrar defensor publico ad litem. (fs. 261-262).
En fecha 11 de julio de 2017 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Defensa Publica del estado Táchira, siendo la misma POSITIVA. (fs. 263).
En fecha 17 de julio de 2017 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, oficio N° UR-TAC-2017-071 proveniente de la Coordinación Regional de la Defensa Publica del estado Táchira. (fs. 264-267).
En fecha 1 de noviembre de 2018 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita se oficie a la Defensora Publica a fin de nombrar defensor Ad litem. (fs. 268-269).
En fecha 29 de enero de 2020 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a la abogada Marioly Garnica Medina, inscrita en el IPSA bajo el N° 78.746 en su carácter de Apoderada Judicial de CORPOELEC, quien presenta diligencia mediante la cual solicita se oficie a la Defensoría Publica a fin de nombrar defensor Ad litem en la presente causa. (fs. 270-271).
En fecha 30 de enero de 2020 se dicto auto mediante el cual se niega lo solicitado por la representación judicial de la parte recurrente, por cuanto los beneficios de la defensa publica solo pueden recibirlos las personas naturales y en el presente caso a quien se solicita el nombramiento de un defensor es una persona jurídica. (fs. 272).
En fecha 07 de julio de 2022 se dicto en virtud que de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, se evidencia la paralización de la causa, y por ello se ordena oficiar a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A Región Los Andes o su Apoderado Judicial, a fin que manifieste si tiene interés en continuar con la causa. (fs. 273-274).
En fecha 09 de junio de 2022 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Defensa Publica del estado Táchira, siendo la misma POSITIVA. (fs. 275).
En fecha 16 de junio de 2022 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se recibió al Abogado Rafael Gerardo Molina Pereira, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 5.686.339, inscrito en el IPSA bajo el N° 171.500, en su carácter de Co-apoderado Judicial de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A, quien consigna poder que acredita su representación y escrito mediante el cual solicita el impulso de las notificaciones por medios tecnológicas de la Sentencia Interlocutoria N° 002/2012 a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira. (fs. 276-284).
En fecha 21 de junio de 2022 se dicto auto mediante el cual se ordena notificar vía correo electrónico a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira y a su representante legal ciudadano Walter Edecio Becerra Marin, titular de la cedula de identidad N° V- 10.156.913, en su condición de fiador solidario y principal pagador de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endogeno Bicentenario, todo ello a los fines que tengan conocimiento de la admisión de la causa. (fs. 285).
En fecha 05 de octubre de 2023 se dicto auto mediante el cual se ordena oficiar a la Corporacion Electrica Nacional (CORPOELEC) C.A Region Los Andes, para dentro de un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a esta fecha manifieste su interés en continuar con la causa de forma expresa. (fs. 286-287).
En fecha 10 de octubre de 2023 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A Región Los Andes, siendo la misma POSITIVA. (fs. 288-290).
I
MOTIVA

Revisada las actas procesales que conforman el presente expediente este Juzgador procede a realizar las siguientes consideraciones: En fecha 20 de diciembre de 2012, se emite Sentencia N° 002/2012 mediante la cual se admite la presente demanda y se ordena la notificación de las partes interesadas en la causa.
En fecha 16 de junio de 2022 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se recibió al Abogado Rafael Gerardo Molina Pereira, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 5.686.339, inscrito en el IPSA bajo el N° 171.500, en su carácter de Co-apoderado Judicial de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A, quien consigna poder que acredita su representación y escrito mediante el cual solicita el impulso de las notificaciones por medios tecnológicos de la Sentencia Interlocutoria N° 002/2012 a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira. (fs. 276-284).
En fecha 21 de junio de 2022 se dicto auto mediante el cual se ordena notificar vía correo electrónico a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Táchira y a su representante legal ciudadano Walter Edecio Becerra Marin, titular de la cedula de identidad N° V- 10.156.913, en su condición de fiador solidario y principal pagador de la Asociación Cooperativa de Desarrollo Endogeno Bicentenario, todo ello a los fines que tengan conocimiento de la admisión de la causa. (fs. 285).
En fecha 05 de octubre de 2023 se dicto auto mediante el cual se ordena oficiar a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A Región Los Andes, para dentro de un lapso de diez (10) dias de despacho siguientes a esta fecha manifieste su interés en continuar con la causa de forma expresa. (fs. 286-287).
En fecha 10 de octubre de 2023 el Alguacil de este Órgano Jurisdiccional consigno las resultas de la notificación dirigida a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) C.A Región Los Andes, siendo la misma POSITIVA. (fs. 288-290).
En virtud de ello se evidencia de la revisión exhaustiva de las actas procesales que la parte recurrente presento su última diligencia en fecha 16 de junio del 2022 para dar impulso tecnológico de las notificaciones de sentencia Interlocutoria N° 002/2012, adicionalmente este Tribunal en reiteradas oportunidades específicamente en las fechas: 21 de junio de 2022 se emitió notificación vía correo electrónico el acto de comunicación dirigida a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa y posteriormente en fecha 05 de octubre del 2023 se emitió auto a los fines de que la parte accionante manifestara interés en la causa, y así dar continuidad en el proceso pese a las solicitudes de información emitidas por este tribunal mediante oficio y no obtener respuesta, por ello se considera necesario traer a colación el contenido de la Sentencia N° 572 de fecha 27 de junio de 2023 emitida por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se establece:
(…)“No obstante, de las actas procesales se aprecia que la demanda de autos fue interpuesta el 12 de enero de 1976, se sustanció en su totalidad, terminó la relación en el juicio y se dijo “VISTOS” el 24 de enero de 1977.
También se observa que la última actuación procesal de la apoderada de la accionante fue en esa misma fecha el 24 de enero de 1977, oportunidad en la que consignó su escrito de informes.
De lo expuesto se deriva que, desde la última de las fechas mencionadas hasta el presente, han transcurrido más de cuarenta y seis (46) años, sin que la accionante hubiese realizado actuación alguna que demostrase su interés en la solución de la causa, lo que no solo es esencial para la interposición de una acción, sino que debe permanecer a lo largo de todo proceso, por ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no hay interesado (vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007).
En este contexto, conviene hacer alusión al criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 416 del 28 de abril de 2009, en la que esa Sala estableció la diferencia entre la pérdida de interés y la perención. Respecto a la pérdida de interés sentó que esta puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos (2) oportunidades: 1) cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; 2) o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”. (Vid., decisión de esta Sala Nro. 00170 del 4 de marzo de 2015).
Igualmente, sostuvo la Sala Constitucional que el juez no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que haya transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva; pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ocurre en el caso de autos. (Vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007, y fallo de la Sala Político-Administrativa Nro. 180 del 7 de marzo de 2012).
Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la prenombrada Sala Constitucional, en la mencionada decisión, Nro. 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005, ordenó que la notificación del actor debía efectuarse “(…) en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal (…)”. (Vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 00683 del 2 de junio de 2015).
A fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, esta Sala Político-Administrativa ha adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resulte imposible de practicar, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, a fijar el cartel correspondiente en la cartelera de la Secretaría de esta instancia y a publicarlo en la página web de este Alto Tribunal, con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación.
No obstante, considera esta Sala que ese modo de proceder debe ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trata de un reexamen que tiene la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados.
Resulta esencial destacar que dicha revisión se efectúa en acatamiento y en perfecta consonancia con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 956 de fecha 1° de junio de 2001, en la que al reconocer que una de las oportunidades en la que puede decaer la acción por falta de interés es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, también realizó una interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, y estableció que: “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado añadido).
Como puede verse, el criterio de la Sala Constitucional se basa en que para la notificación de las partes a fin de que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que se ponga en práctica uno cualquiera de los medios previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se considere válidamente realizada la notificación, sin necesidad de que se intente previamente que sea efectuada en forma personal, ni que se ejecute dicha notificación a través de varios mecanismos en forma sucesiva y acumulativa.
(….)
Ese criterio de la Sala Constitucional debe ser complementado con lo que establece el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual prevé expresamente lo siguiente:
“Notificación por cartel
Artículo 93. Cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los medios que dispone el artículo 91, ésta se practicará mediante la fijación de un cartel en la Secretaría de la Sala, que contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia que sea aplicable y clara advertencia de las consecuencias procesales de su incumplimiento. En la misma oportunidad, se publicará el cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Las partes se entenderán notificadas vencido el término de diez días de despacho siguientes a que conste en autos la fijación del cartel”.
Por tal razón, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional en la decisión previamente citada, complementándolo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se establece como nuevo criterio, que tendrá aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva, a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así se declara.
Cabe destacar que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil regula un supuesto de notificación, porque las partes han actuado en el juicio y ya están a derecho, a diferencia de la citación, que ha sido definida por esta Sala Político-Administrativa, en su sentencia Nro. 638 del 17 de abril de 2001 como:
“(…) un acto procesal complejo, mediante la cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso”.
Respecto de la correcta interpretación que debe darse al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil se pronunció la Sala Constitucional en su sentencia Nro. 881 del 24 de abril de 2003, al expresar lo siguiente:
“(…) Así tenemos que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil contempla tres formas de notificación aplicables según la discrecionalidad de los jueces. Estas formas de notificación comprenden la publicación de un cartel en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, la remisión de la boleta de notificación por correo certificado con aviso de recibo y la entrega de la boleta por el Alguacil en el domicilio procesal del notificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 eiusdem en concordancia con el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, los jueces deben seleccionar de acuerdo a su prudente arbitrio uno de los mencionados mecanismos cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes”. (Véase, en ese mismo sentido, sentencia de la Sala Constitucional Nro. 2516 del 8 de septiembre de 2003).
(….)
Precisado lo anterior, corresponde ahora revisar el lapso para solicitar el referido impulso procesal en las causas que se hallan paralizadas no habiendo sido admitidas o encontrándose en estado de sentencia y al respecto observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido entre otras decisiones, en sentencia Nro. 297 del 10 de mayo de 2017, lo siguiente:
“(…) Ahora bien, esta Sala observa que desde el 3 de marzo de 2016, oportunidad en que la abogada María Verónica Barboza, en su carácter de Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, actuando en nombre propio, solicitó pronunciamiento en la presente causa en cuanto a la sentencia definitiva, hasta el presente, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal en la presente causa.
En este contexto, esta Sala advierte que en sentencia N° 870 del 8 de mayo de 2007, reiterada en el fallo N° 1.088 del 13 de agosto de 2015, precisó las consecuencias procesales de la inactividad de las partes por pérdida del interés procesal -las cuales operan de pleno derecho, una vez verificado el supuesto fáctico que da lugar a la aplicación de cada una de ellas-, estableciendo que:
‘(…) [L]a pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda.
Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: ‘La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas’ y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado -a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la Ley.
En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la Ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste (…) para cualquier demanda -excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal (…)’ (destacado del fallo).
Así las cosas, en casos como el de autos, esta Sala ha señalado que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe (vid. sentencias de esta Sala Nos. 256 del 1° de junio de 2001, 686 del 2 de abril de 2002, 787 del 4 de mayo de 2004 y 1.662 del 17 de diciembre de 2015, entre otras).
En este orden de ideas, respecto a los supuestos en los cuales se configura la pérdida del interés procesal, esta Sala mediante sentencia N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en los fallos Nos. 922/2011 y 1.054/2011, precisó lo siguiente:
‘(…) [T]omando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)’.
De manera que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos (2) casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, pues en el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ la inactividad produce la perención de la instancia.
Así, el hecho de que la causa haya entrado en estado de sentencia, no obsta para que la parte actora solicite pronunciamiento y, con ello, haga constar el interés jurídico actual que debe mantenerse a lo largo del procedimiento (cfr. sentencia N° 1.703 del 18 de diciembre de 2015), por ello esta Sala ha establecido de manera pacífica que el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio pues, de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal, incluso, estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (vid. sentencias Nos. 2.673/2001, 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1.483/2013, entre otras).
Con fundamento en lo expuesto, considerando que la causa se encuentra en etapa de sentencia y verificada la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (1) año, esto es, desde el 3 de marzo de 2016, hasta el presente, es por lo que se configuró la condición de aplicación de la sanción procesal antes descrita, lo que obliga a esta Sala de oficio a declarar la pérdida del interés procesal y la consecuente terminación del procedimiento, de acuerdo a la jurisprudencia expuesta, y así se decide (…)”.
Igualmente, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en su decisión Nro. 1.086 del 7 de agosto de 2014, ratificada entre otros, en su fallo Nro. 0863 del 28 de octubre de 2022 indicó que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., [en la cual señaló lo siguiente] el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”. (Agregado de esta Sala).
De acuerdo con la jurisprudencia citada concluye esta Sala que el lapso para solicitar la manifestación de interés a la parte accionante es de (1) año o más de inactividad en el juicio, situación que el juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Así se establece” (…)

De lo anteriormente transcrito se colige lo siguiente:
Primero: que el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales competentes. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

Segundo: que la perdida de interés es una figura que puede aparecer durante el proceso en dos oportunidades, siendo la primera antes de la admisión de la demanda y la segunda cuando la demanda se encuentre en periodo de sentencia, siendo esas las oportunidades en las cuales puede decretarse la perdida del interés, analiza este Tribunal que en el caso de autos dicha perdida deviene de la falta de impulso de la parte actora, es decir cuando la misma no realiza las actuaciones correspondientes para darle continuidad al proceso o la manifestación negativa que realice el actor para sostener la demanda hasta su efectiva Decisión.
Tercero: que el Tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, razón por la cual constituye una carga por parte del Tribunal, librar notificación de conformidad a lo medios establecidos en la Ley, una vez practicada la notificación, sin que la parte manifieste interés, se debe declarar la perdida de interés en la causa.
En concordancia con lo anterior, se destaca que en la presente causa existe oficio de fecha 05 de octubre de 2023, dirigido a la Corporación Eléctrica Nacional C.A (CORPOELEC) Región Los Andes, a fin que manifestara su interés en continuar con el procedimiento, y en razón que hasta la presente fecha no se ha realizado actuación alguna por parte del recurrente, queda explanada la actitud diligente de este Órgano Jurisdiccional respecto a que el mencionado Instituto diera cuenta de su interés en que se decidiera el presente asunto.
Cuarto: que ha criterio de la Sala Político-Administrativa, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe transcurrir un (1) año desde la última actuación de los sujetos procesales para que el juez de oficio o a instancia de parte declare extinguida la acción con previa notificación del interesado sobre las consecuencias de su inactividad en el termino que fije el tribunal. Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que componen el expediente donde esta incurso el presente asunto se aprecia que en fecha 16 de junio de 2022 el abogado de la parte actora realizó la última actuación en el asunto, y que a pesar que existe oficio de fecha 05 de octubre de 2023, dirigido a la Corporación Eléctrica Nacional C.A (CORPOELEC) Región Los Andes, a fin que manifestara su interés en continuar con el procedimiento, sin recibir respuesta alguna, razón por la que este Tribunal hace constar que han transcurrido más de 1 año sin que la parte interesada impulsara la causa, por lo que habiendo transcurrido un lapso mayor al establecido en el criterio anteriormente citado, sin ninguna actuación de los sujetos procesales, este Tribunal declara la PERDIDA DEL INTERÉS de la parte demandante y EXTINCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN, en la prosecución del presente juicio. Así se decide.
II
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

ÚNICO: SE DECLARA LA PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la prosecución de la demanda por ejecución de fianza de anticipo interpuesta por las abogadas Marioly Garnica Medina y Neugim Idalia Álvarez Mercado con Inpreabogado N° 78.746 y 38.727, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la Corporación Eléctrica Nacional C.A (CORPOELEC) en contra de la empresa mercantil “SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO TÁCHIRA”.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador digital PDF de sentencias de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al primer (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
El Juez,

Dr. José Gregorio Morales Rincón.
La Secretaria,

Abg. Mariam Paola Rojas Mora.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 p.m).
La Secretaria,

Abg. Mariam Paola Rojas Mora.
JGMR/MPRM/gpvs