REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Vargas ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Maiquetía, dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) 214º y 165º ASUNTO PRINCIPAL: WP11-N-2023-000002 INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA -I- PARTES PARTE DEMANDANTE: YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202. ASISTIDA POR LA PROFESIONAL DEL DERECHO: IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471. PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ORGANO DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO- INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS. MOTIVO: DEMANDA DE NULIDAD CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. Se inició la presente demanda interpuesta el 25 de mayo del año 2023, por la ciudadana YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202, asistida por la profesional del derecho IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa Nº 103-2022 de fecha 14 de diciembre de 2022 emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, en el expediente Nº 036-2022-01-00474, mediante el cual declaró Sin Lugar la Solicitud De Reenganche y Pago de Salarios Dejados de Percibir, en contra de la Entidad de Trabajo AUTO PARABRISAS LA GUAIRA, C.A. En fecha 25 de mayo del año 2023 fue distribuido la causa y por auto de fecha 30 del mismo mes y año se dio entrada, siendo admitida el 01 de JUNIO de 2023, en tal sentido, se ordenaron las notificaciones respectivas, solicitándose a la referida Inspectoría la remisión inmediata del expediente administrativo respectivo y la referida Certificación del Reenganche. En fecha 27 de noviembre del año 2024, la ciudadana YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202, asistida por la profesional del derecho IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471, en su carácter acreditado en autos, consignó diligencia ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito, mediante la cual procedió a Desistir del Recurso de Nulidad interpuesto, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa Nº 103-2022 de fecha 14 de diciembre de 2022 emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, en el expediente Nº 036-2022-01-00474, mediante el cual declaró Sin Lugar la Solicitud De Reenganche y Pago de Salarios Dejados de Percibir, en contra de la Entidad de Trabajo AUTO PARABRISAS LA GUAIRA, C.A., por tanto no tiene objeto continuar la presente demanda, por lo cual solicitó la Homologación del desistimiento y el cierre y archivo del expediente. -II- DE LA COMPETENCIA La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, en la sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. En virtud de la decisión ut supra citada y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, corresponde a este Tribunal el conocimiento de la demanda por nulidad de acto administrativo interpuesta contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social de Trabajo -Inspectoría del Trabajo del estado Vargas. Así se establece. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Visto que en fecha 27 de noviembre del año 2024, la ciudadana YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202, asistida por la profesional del derecho IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471, en su carácter acreditado en autos, consignó diligencia ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito, mediante la cual procedió a Desistir del Recurso de Nulidad interpuesto, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa Nº 103-2022 de fecha 14 de diciembre de 2022 emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, en el expediente Nº 036-2022-01-00474, mediante el cual declaró Sin Lugar la Solicitud De Reenganche y Pago de Salarios Dejados de Percibir, en contra de la Entidad de Trabajo AUTO PARABRISAS LA GUAIRA, C.A., por tanto no tiene objeto continuar la presente demanda, por lo cual solicitó la Homologación del desistimiento y el cierre y archivo del expediente, este órgano jurisdiccional pasa de seguidas a realizar las siguientes consideraciones: El Código de Procedimiento Civil vigente establece en el artículo 263 la oportunidad para que el demandante desista de la demanda y el demandado a convenir en ella, a tenor de lo siguiente: “Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrovacable, aun antes de la homologación del Tribunal. “ Por su parte la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal, respecto al desistimiento de la demanda ha señalado que: “El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar algún derecho, o de un acto aislado de la causa, o en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto. Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia y de ésta se desprende que el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado. Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o a condiciones, ni modalidades, ni reservas de ninguna especie. (…) Si bien es cierto que el desistimiento es la “renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo Couture), “y el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas y Sociale de Mauel Ossorio), no es menos cierto, que en nuestro ordenamiento jurídico, tal actuación requiere de mandato en el cual esté específicamente contemplada esa facultad…” (Código De Procedimiento Civil y Normas Complementarias Eruditos Prácticos Legis. Pág. 209 y ss. ) Así mismo el artículo 264 eiusdem dispone: “Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.” Del artículo citado se colige que el poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la Ley a la parte misma, pero para desistir se requiere facultad expresa. Respecto al desistimiento, el Dr. Aristides Rengel-Romberg, en su Tratado del Derecho Procesal Civil Venezolano, sostiene que como el desistimiento del procedimiento o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda la relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. En este orden de ideas, compete a este Tribunal revisar exhaustivamente las actas procesales del presente expediente en donde se puede verificar que no existe un poder sino que la ciudadana YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202, esta asistida por la profesional del derecho IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471, se encuentra expresamente consagrada la facultad de DESISTIR. En tal sentido, se evidencia que la ciudadana la ciudadana YULEIMA YALISEALFONZO DOMINGUEZ, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-10.581.202, se encuentra debidamente facultada para desistir de la presente demanda, ya que esta debidamente asistida por la profesional del derecho IBETH WEKY GUEVARA, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 60.471, tal como se evidencia en la diligencia presentada cursante al folio 145 del expediente; igualmente consta que el desistimiento lo hizo en forma expresa y fue presentado de forma pura y simple en el expediente, es decir, sin estar sujeto a términos o a condiciones, ni modalidades, ni reservas de ninguna especie, por lo que cumple con el mandato de la norma contenida en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil aplicado supletoriamente por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisprudencia Patria. Así se decide. En tal sentido, este Tribunal considera que no se hace necesario fijar la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. -IV- DECISIÓN En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO del Recurso de Nulidad Contencioso Administrativa conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por la Entidad de Trabajo CLUB CAMURÌ GRANDE A.C., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa Nº 070/2017 de fecha 29 de marzo de 2017 emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, en el expediente Nº 036-2017-01-001132, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de reenganche del trabajador LUIS OMAR HERNANDEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-6.195.682, dándole efecto de cosa juzgada. Notifíquese a la Inspectoría del estado Vargas, a la Fiscal Auxiliar Interina Octogésimo Octava del Ministerio Público con competencia en Materia de Derechos y Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Estado Vargas y al ciudadano Procurador General de la República, remitiéndole copia certificada de la presente decisión. A partir del día hábil siguiente, a la constancia en autos que deje el alguacil, comenzará a transcurrir el lapso establecido en el artículo 98 de la Ley de Orgánica de la Procuraduría General de la República para tenerla por notificada y precluido el mismo, se iniciará el lapso a los fines de que las partes ejerzan los recursos legales que consideren convenientes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación. LA JUEZ Abg. RAMON SANDOVAL. LA SECRETARIA Abg. TRIANA VIVAS En la misma fecha de hoy se publicó y registró la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. LA SECRETARIA Abg. TRIANA VIVAS Exp. WP11-N-2023-000002 RS.