REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 30 de mayo de 2024
214º y 165º
ASUNTO PRINCIPAL: SP22-G-2022-000039.
SENTENCIA DEFINITIVA N.- 021/2024
I
DE LA RELACIÓN DE LA CAUSA
En fecha 26 de septiembre de 2022, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado al ciudadano Dixon Octavio Muñoz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro 16.123.209, asistido por el
Abogado Frank Cuenca, inscrito en el IPSA bajo el N° 98.077, en su condición de Defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativa, quienes interponen Recurso Administrativo Funcionarial en contra del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por presuntas vías de hecho que llevaron a la separación de hecho del cargo y a la suspensión del salario, y el egreso de la nómina como Enfermero adscrito al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (HPPR IVSS), de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, (fs. 01 – 32).
En fecha 27 de septiembre de 2022, este Juzgado, mediante auto, ordenó dar entrada
a la querella funcionarial interpuesta y se le asignó el expediente marcado con el N° SP22-G-2019-000021, (fs. 33).
En fecha 03 de octubre de 2022, se emitió auto, mediante el cual, este Tribunal ordena
Despacho saneador ordenándole al querellante que subsane o corrija el escrito de querella, (fs. 34-38).
En fecha 06 de octubre de 2022, Se recibió del ciudadano Dixon Octavio Muñoz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro 16.123.209, asistido por el
Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, inscrito en el IPSA bajo el Nro 98077, en su carácter de Defensor Publico Primero Provisorio en Materia Contencioso Administrativo del estado Táchira, quien consigna escrito de subsanación de la querella, (fs. 39-76).
En fecha 11 de octubre de 2022, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal al ciudadano Dixon Octavio Muñoz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 16.123.209, asistido por el Abogado
Frank Mishell Cuenca Montañez, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 98077 en su carácter de Defensor Publico Primero Provisorio en Materia Contencioso Administrativo del estado Táchira, el cual consigna reforma de la querella FUNCIONARIAL, (fs. 77-87).
En fecha 13 de octubre de 2022, Se emitió auto, mediante el cual, este Tribunal se pronunció en cuanto a la admisibilidad de la reforma presentada, (fs. 88).
En fecha 18 de octubre de 2022, Se dictó Sentencia Interlocutoria marcada con el N°
062/, mediante el cual, se admite la presente querella funcionarial y se pronuncio sobre el Amparo Cautelar solicitado (fs. 89-96).
En fecha 20 de octubre de 2022, se libraron los Oficios N° 643/2022 al Procurador General de la República, N° 644/2022 al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el N° 645/2022 al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), oficio N° 646/2022, dirigido al Director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) – Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, (fs. 97-100).
En fecha 24 de octubre de 2022, se dictó auto mediante el cual este Tribunal ordeno amplia y suficientemente a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (URDD), DE LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a fin de practicar citación de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, notificación AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO, AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, de la Sentencia interlocutoria N° 062/2022 de fecha 18 de octubre de 2022, la cual admite la presente causa, (fs. 101-103).
En fecha 31 de octubre de 2022, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal al ciudadano Dixon Octavio Muñoz, asistido por el Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, en su carácter de Defensor Publico Primero Provisorio en Materia Contencioso Administrativo del estado Táchira, quien consigna diligencia solicitando el impulso de las citaciones y notificaciones, igualmente, solicita el impulso del procedimiento, (fs. 104-105).
En fecha 10 de enero de 2023, el Alguacil de este Tribunal consigna el resultado de las notificaciones al del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) – Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, siendo efectiva la referida notificación, (fs. 106-108).
En fecha 02 de marzo de 2023, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal, al ciudadano Dixon Octavio Muñoz, asistido por el Abogado, Frank Mishell Cuenca Montañez, en su carácter de Defensor Publico Primero Provisorio en Materia Contencioso Administrativo del estado Táchira, quien consigna escrito de reforma de la querella funcionarial, (fs. 109-127).
En fecha 06 de marzo de 2023, se dictó Sentencia Interlocutoria N° 025/2023, mediante la cual este Tribunal, se declaró admisible la reforma del escrito libelar en la presente causa., (fs. 128-131).
En fecha 08 de marzo de 2023, se libro boletas de citación y notificación, mediante oficios Nros169/2023,170/2023, 171/2023, 172/2023, dirigidos al Procurador General de la República, al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al Director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) –Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz.
En fecha 08 de Marzo de 2023, se emitió auto, mediante el cual, este Tribunal Ordeno comisionar amplia y suficientemente a la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (URDD), DE LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a fin de practicar las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, (fs. 132-137).
En fecha 13 de marzo de 2023, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal, al Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, quien consigna diligencia solicitando el impulso de las citaciones y notificaciones para la continuidad al procedimiento judicial, (fs.138-139).
En fecha 17 de abril de 2023, el Alguacil de este Tribunal consigna constancia de haber remitido el exhorto para la practica de las citaciones sy notificaciones, por medio de envío de IPOSTEL, (fs. 140-141).
En fecha 23 de octubre de 2023, se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal resultas de comisión proveniente del Juzgado Superior estadal Noveno de la Región Capital contentivo de exhorto N° 2023-028 con las resultas de la notificaciones, (fs. 142-153).
En fecha 24 de octubre de 2023, se emitió auto donde se acuerda agregar las resultas del exhorto a la presente causa, (f. 154).
En fecha 30 de octubre de 2023, el Alguacil de este Tribunal consigna el resultado de las notificaciones al del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) – Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, siendo efectiva la referida notificación, (f. 155).
En fecha 17 de enero de 2024, se emitió auto, mediante el cual, se fija la oportunidad para la celebración de la audiencia Preliminar, para el quinto día de despacho siguiente, (fs. 156).
En fecha 29 de enero de 2024, se dejo constancia que se llevo acabo Audiencia Preliminar en la hora y fecha fijada por este Tribunal, dejando constancia de la comparecencia de la parte querellante, la incomparecencia de la parte querellada, (fs. 157-158).
En fecha 01 de febrero de 2024, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Tribunal escrito de parte del ciudadano Dixon Octavio Muñoz, venezolano, asistido por el Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, mediante el cual promueven pruebas, (fs.159-171).
En fecha 21 de febrero de 2024, se dictó Sentencia Interlocutoria N° 021/2024, mediante la cual, este Órgano Jurisdiccional se pronuncia en cuanto a la admisión de las pruebas promovidas (fs.172-173).
En fecha 26 de febrero de 2024, Se libró oficio N° 076/2024 dirigido al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz a fin que presente prueba de informes, (fs. 174).
En fecha 12 de marzo de 2024, se emitió auto mediante el cual, se fija la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva para el quinto día de despacho siguiente, (f. 175).
En fecha 14 de marzo de 2024, el Alguacil de este Tribunal consigna el resultado de la notificación de la solicitud de informes dirigida al Director del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz siendo su resultado positivo, (f. 176).
En fecha 20 de marzo de 2024, se deja constancia que se llevo Audiencia Definitiva en la fecha y hora establecida por este Tribunal, (fs. 177-178).
En fecha 04 de marzo de 2024, mediante auto, se difiere el dispositivo de la sentencia, el cual, se realizará de manera escrita en conjunto con la sentencia de fondo, (f.179).
En fecha 24 de abril de 2024, mediante auto, se difiere el pronunciamiento de la sentencia por un plazo de diez (10) días de despacho.
II
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES
DE LA PARTE QUERELLANTE:
“…Desde mi ingreso estoy adscrito al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (HPPR IVSS), de San Cristóbal Estado Táchira, como trabajador y funcionario Público de este centro de salud, con funciones de profesional: Lcdo. En Enfermería desde el 16-03-2009, con especialización en cuidados intensivos Adultos. Nombramiento como funcionario que anexo a la solicitud marcada "A" resolución DGRHAPDDDRS-N° 000898 del 11/03/2009 en la que soy nombrado como Enfermero I, posteriormente soy calificado como Enfermero II según resolución DGRHAP/CR N° 005649 DEL 27/08/2010.
Sin embargo, para los actuales momentos formo parte de Junta Directiva, del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Táchira, cumpliendo funciones de tesorero, siendo electo por la junta directiva de acuerdo a los estatutos de la organización gremial según acta constitutiva registrada por ante la Oficina Subalterna del Primer circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, el dia 12 de febrero del año 1970, inserta bajo el nro 51 Tomo 3 y modificada en fecha 18/06/1999, bajo el Nº 11 tomo 011, Protocolo 1, folio 1 al 7, y ultima acta de asamblea extraordinaria Nº 03 registrada en fecha 19/06/2017, inserta bajo el N° 07 folio 20 tomo 12 del protocolo de transcripción respectiva. Estatutos que Anexe a la solicitud marcado "B" actas.
Ahora bien, al ser Miembro de esta Junta Directiva con permiso gremial remunerado desde el 01/01/2016 tal como se tipifica el reglamento de la Ley de carrera administrativa en su Art. 57: Ordinal 4 "Será obligatoria la concesión de permiso en los siguientes casos: permiso para ejercer la función como dirigente Gremial, el cual fue concedido de manera escrita hasta el 31/12/2017, anexo marcado "C" permisos sindicales otorgado por el IVSS, del año 2016-2017 en cuatro folios y marcado "D" emanado de la Federación de Colegios de profesionales de enfermería de la República Bolivariana de Venezuela credencial anexa de fecha 30/09/2016,
De igual forma amparado en el articulo 77 de la Ley del Estatuto de la Función pública. Art. 419: Ordinales 3,4,5. (Protegidos por Fuero Sindical) de la ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Clausula 71. De la Convención Colectiva de Trabajo por Reunión de Normativa Laboral para la rama del Sector Salud capitulo VIII del año 2013.
Cabe destacar que a partir de enero del año 2018 se realizaron las respectivas Solicitudes de permiso de manera escrita, hasta la presente fecha sin recibir respuesta alguna. Aun así me he mantenido cumpliendo mis funciones gremiales como tesorero de la Junta Directiva, a pesar de no contar con un permiso escrito, el cual la ley establece que es Obligatorio mas no potestativo, pero siguiendo canales regulares, jerárquicos y de respeto se solicitó y se notificó a las autoridades competentes, siendo las siguientes:
1) Acudo al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado tachira HPPR el 21/06/2022, para verificar mi situación laboral por el no abono de las quincenas del mes de junio, con la jefe de talento humano Lcda Silvia Abreu y el abg. Rigoberto Amaya consultor juridico del IVSS San Cristóbal. Quienes me indican que me iban a pagar el salario y me hacen entrega de copia de la notificación DGRHYAP-DAL22N° 1234 de fecha 11/05/2022 emanada de EULICES ANTONIO ROJAS Director General de Recursos Humanos y Administración de Personal del IVSS nivel central (Caracas) dirigida al Dr. RAFAEL MEDINA Director del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado Táchira, en relación a la solicitud de permiso gremial, en la que contesta que cual exhorta a realizar la solicitud de procedimiento disciplinario de destitución en mi contra, procedimiento del que no he sido notificado, ni se me ha permitido el derecho a la defensa y debido proceso. La cual anexo marcado "E"
2) Oficio N° 2022-0075 de fecha 28/06/2022 dirigido a Dr. Rafael Medina Director del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado tachira. ( IVSS), con atención a recursos humanos y consultoria juridica, asunto, entrega de recaudos de todas las solicitudes emitidas al IVSS referente al permiso gremial desde el año 2018 hasta el presente año. El cual anexo marcado "F"
3) Oficio N° 2022-0085 de fecha 11/08/2022 dirigido a Jefe de Talento Humano Loda Silvia Abreu, el cual fue recibido por el abg Rigoberto Amaya Consultor Juridico Asunto: (Notificación) por parte de la Federación de Colegios de Profesionales de Enfermeria de la República Bolivariana de Venezuela donde se notifica que soy miembro activo (TESORERO) del Colegio de Profesionales de Enfermeria del estado Táchira. El cual anexo marcado "G".
4) Oficio personal S/N fecha 11/08/2022 dirigido a Jefe de Talento Humano Lcda. Silvia Abreu, el cual fue recibido por el abg. Rigoberto Amaya consultor juridico. Asunto: solicitar notificación por escrito acerca de la suspensión del salario ANEXO marcado "H"
5) Oficio personal S/N fecha 15/08/2022 dirigido a jefe de talento humano Loda Silvia Abreu, el cual fue recibido por el abg. Rigoberto Amaya consultor juridico. Asunto: conciliar retomo a mis funciones asistenciales al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado Táchira HPPR. Anexo marcado "I"
6) Oficio personal S/N fecha 06/09/2022 dirigido a la Presidenta del IVSS nivel central Dra. Magaly Gutiérrez con atención a la Abg. Waleska Gómez Consultoría Juridica Asunto; conciliar retorno a funciones asistenciales. Del cual no se ha obtenido respuesta alguna. Anexo marcado "J".
Luego de todas esta solicitudes se me suspende el salario en el mes de junio de 2022 y no me permite seguir laborando, en razón de ello acudo a este honorable tribunal en el mes de septiembre de 2022 luego de las vacaciones judiciales, se tramita el recurso y en el mes de febrero del presente año 2023 soy notificado del acto administrativo reeditado que es objeto del presente recurso.
En consecuencia, el objeto de mi pretensión de querella funcionarial es contra el acto administrativo reeditado emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, providencia administrativa de destitución de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410 quien en flagrante violación de mi debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia, me destituye del cargo causándome un gravamen irreparable a mi persona y mi grupo familiar, por lo tanto solicito a este honorable tribunal se restablezca la situación jurídica infringida y se ordene mi reincorporación inmediata al cargo y a las funciones asistenciales, y se reconozca mi fuero sindical como TESORERO del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Táchira, adscrito a la Federación de Colegios de profesionales de enfermería de la República Bolivariana de Venezuela y como consecuencia de este reconocimiento sea ordenada la cancelación inmediata de mi salario demás conceptos laborales adeudados de los que he sido privado desde julio de 2022 siendo este el objeto de mi pretensión de querella funcionarial.
EI DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS no cumplió con el Debido Proceso cuando no me informo de la apertura de un procedimiento disciplinario en mi contra, ni la oportunidad procesal para realizar mis descargos, y ejercer mi derecho a la defensa, ni mucho menos de la Suspensión de mi salario de manera arbitraria pudiéndose constatar esta situación en primer término se me Suspende mi salario de manera arbitraria desde julio de 2022 causándome un gravamen irreparable a mi persona y a mi grupo familiar según se verifica en los estados de cuenta de la cuenta nómina del banco de Venezuela anexos al expediente. Según se verifica en el anexo "C" comunicación notificación DGRHYAP-DAL22N° 1234 de fecha 11/05/2022 emanada de EULICES ANTONIO ROJAS Director General de Recursos Humanos y Administración de Personal del IVSS nivel central (Caracas) dirigida al Dr. RAFAEL MEDINA Director del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado Táchira, en relación al a la solicitud de permiso gremial, en la que contesta que: exhorta a realizar la solicitud de procedimiento disciplinario de destitución en mi contra...", procedimiento del que no he sido notificado, ni se me ha permitido el derecho a la defensa y debido proceso y del cual se emite el acto administrativo emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, providencia administrativa de destitución de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410 notificado en fecha 24/02/2023 según memorando N° DGRHYAP-DAL22N° 2549 de fecha 28/11/2022, acto administrativo que me destituye del cargo que venia desempeñando como Enfermero II Cargo N° 85-04715. este acto administrativo de destitución es posterior a mi solicitud de querella funcionarial, por lo tanto es REEDITADO con fecha 22/11/2022, y es violador
DE LA NO PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION
Ahora bien, en el supuesto negado que la Administración Pública hubiese realizado correctamente un acto administrativo del que fui notificado luego de la interposición del recurso, se eventos de destituir autores no se detuvieron de la interposición del circunstancias antes de destituirme, por lo que no valoraron el hecho de que ocupaba un cargo de Enfermero II por años de servicio y contar con FUERO SINDICAL ocupaba un representante gremial por ocupar el cargo de tesorero en el Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, de acuerdo a la cláusula 68 de la convención colectiva Normativa laboral de fecha 11/10/2017 suscrita para el sector salud, apartándose así del mandato contenido del articulo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que les obligaba a mantener la debida proporcionalidad y adecuación, que supuesto de hecho y con los fines de la norma y además de cumplir con los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia, por lo que en el presente caso la administración pública se excedió al sancionarme suspendiendo MI SALARIO ARBITRARIAMENTE, ya que no ponderó los hechos antes de subsumirlos en las normas jurídicas aplicables. Así pues, se debe asentar que la proporcionalidad limita el ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración pública, por lo que en mi caso, debió evaluar la consecuencia del acto administrativo, esto con el objeto de evitar que la sanción aplicable resultara desproporcionada y se alejara sustancialmente de los objetivos de la propia actuación administrativa y de los fines perseguidos por el legislador, lo cual no realizó en el presente caso.
Por consiguiente, el acto administrativo reeditado emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, providencia administrativa de destitución de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410 quien en flagrante violación de mi debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia, me destituye del cargo es desproporcional con los hechos que se desprenden de la relación funcionarial que mantengo en el Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado Táchira HPPR, dependiente del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, por más de 13 años, haciéndolo nulo por excesivo.
VIOLACION AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA
Honorable Juez Superior, el acto administrativo que recurro se realiza en flagrante violación al Principio de Seguridad Jurídica que me asiste, en virtud que ocupo el cargo de Enfermero Il por mas de TRECE (13) años de servicio, ser representante gremial como tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Táchira, adscrito a la Federación de Colegios de profesionales de enfermería de la República Bolivariana de Venezuela según credencial anexa de fecha 30/09/2016, por lo que la forma como la administración pública me suspende mi salario en primer término y luego como me destituye, me dejó en un estado de incertidumbre, ya que durante la relación funcionarial fui evaluado en mi desempeño como funcionario público, me reconoce el representante del patrono Director General de Recursos Humanos y Administración de Personal del IVSS nivel central (Caracas) como representante gremial sindical y me concede la licencia o permiso sindical según consta en la Resolución DGRHYAP- N° 000134 de fecha 05/01/2016 que anexo a la solicitud y demás resoluciones de años sucesivos anexas, y luego se pretende desconocer mi condición de representante sindical al suspenderme de nómina de manera arbitraria y luego me destituye del cargo.
DAÑOS IRREPARABLES DEL ACTO ADMINISTRATIVS
Por ultimo quiero señalar que mi interés en recurrir ante esta instancia jurisdiccional es porque considero que mi estabilidad como funcionario público se encuentra en juego, también mi buen nombre al servicio de mis responsabilidades como funcionario, también consecuencia que no pueda percibir mi sueldo mensual, que de igual manera me fueron excluidos los beneficios de Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, el ticket de alimentación, las primas y bonos, los cuales los dejé de percibir al no ser personal activo. Igualmente se deja de computan los años que me faltan por trabajar para optar al beneficio de Jubilación. Todo ello me vulnera mi derecho a la igualdad que tienen todos los funcionarios de carrera.
Por ese motivo solicito muy respetuosamente que como consecuencia de la declaratoria con lugar de la presente querella funcionarial se me acuerde la cancelación de los sueldos dejados de percibir desde mi ilegal egreso en el mes de julio de 2022 hasta mi efectiva reincorporación y el pago de los beneficios que me correspondan que no requieran de la prestación efectiva del servicio, montos que deberán ser calculados mediante experticia complementaria del fallo, conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (...)
DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO Y DE DERECHO
Ciudadano Juez Superior, la Administración Pública al momento de Fundamentar el acto administrativo lo hizo bajo el falso supuesto de que había incurrido en la supuesta comisión: "por haberse demostrado a lo largo del presente procedimiento que se encuentra incursa en la causal de destitución prevista en el numeral 9 del artículo 86 de la
Supuesto abandono de trabajo que no existió ya que esos días 05, 11 y 17 de junio de 2022 me encontraba de permiso gremial y no aparecía planificado de guardia en el rol de guardia del Hospital, aunado a lo anterior en un procedimiento administrativo en el que no se permite mi derecho a la defensa, situación contraria a la realidad, ya que como se verifica en el supuesto expediente administrativo no fui debidamente notificado de la apertura del procedimiento, no existían elementos suficientes para atribuirme responsabilidad por estos hechos, en consecuencia se encuentra viciado el acto administrativo al estar fundamentado en un falso supuesto de hecho, al pretenderme endilgar hechos supuestas faltas que no existieron, pues, lo cierto es que me encontraba de permiso sindical gremial, además de dar certeza a estos supuestos hechos los encuadra en la norma del artículo 86 del estatuto de la Función Pública y por lo tanto además, incurre en el vicio del falso supuesto de derecho al aplicarme la consecuencia jurídica de esta norma, aun siendo inocente de los hechos en los que pretende endilgar responsabilidad y fundamentar el viciado acto administrativo de destitución.
En la realidad no se pondero el hecho que soy representante gremial en el estado Táchira y que me encontraba de permiso gremial reconocido por el mismo estado, además no se motiva el acto administrativo porque es reeditado posterior a la interposición de la querella funcionarial como se señaló en reiteradas oportunidades.
PETITORIO
Es por los hechos y circunstancias que se narran en el presente Recurso Contencioso Administrativo y por sus fundamentos de Derecho que solicitó del Ciudadano Juez formalmente lo siguiente:
PRIMERO: ADMITA el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra él Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS), San Cristóbal estado Táchira HPPR. dependiente del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo
SEGUNDO: Declare CON LUGAR el presente recurso materializando la justicia requerida en el caso con fundamento en el artículo 2 de la Constitución y demás artículos que le sean aplicables, por tanto, ORDENE, la nulidad absoluta del acto administrativo emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, providencia administrativa de destitución de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410, notificado en fecha 24/02/2023 según memorando N° DGRHYAP-DAL22N° 2549 de fecha 28/11/2022 por violación al debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia y ordene el RESTABLECIMIENTO de la situación jurídica infringida y mi reincorporación EN NOMINA al de un funcionario de mi misma jerarquía COMO ENFERMERO II con trece (13) años de antigüedad y el pago de los sueldos y demás beneficios contractuales dejados de percibir desde el mes de junio de 2022 hasta el momento de la efectiva reincorporación asistencial, montos que deberán ser calculados mediante experticia complementaria del fallo, conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: un vez sea reincorporado a mis funciones se me otorgue la correspondiente Licencia sindical de permiso gremial remunerado de acuerdo a la contratación colectiva vigente para el sector salud del año 2017 por ocupar el cargo de Tesorero del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Táchira.
CUARTO: Se solicite mi expediente administrativo personal y expediente administrativo de destitución 16.123.209 a la Dirección General de Recursos Humanos y Administración de Personal del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo.
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DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLADA:
La parte querellada no hizo contestación a la querella funcionarial, de igual manera, se deja constancia que ninguna representación judicial de la República, ni del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales realizaron asistencia a la audiencia preliminar, no promovieron pruebas, no asistieron a la audiencia definitiva.
DE LA ACTITUD PROCESAL PASIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
De la revisión a las actuaciones que conforman esta causa; el Tribunal observó que, admitido el recurso funcionarial y practicada las citaciones y notificaciones allí ordenadas, correspondía a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Director del Instituto de los Seguros Sociales Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, ejercer la defensa en Pro de los intereses de la República, entonces, no concibe quien aquí dilucida que, a pesar de haberse practicado las citaciones y notificaciones correspondientes; la Administración Pública demuestre una actitud pasiva, contumaz u omisiva, pues, durante este procedimiento, no realizó la contestación de la querella, no asistió a la audiencia preliminar y no asistió a la audiencia definitiva, por lo que, la insta a que en lo sucesivo realice una eficaz y eficiente actividad procesal, en Pro de los intereses públicos. Así se determina.
Sin embargo, en acatamiento a las prerrogativas de las cuales goza la República, que tiene establecidas por Ley, la presente querella funcionarial se entenderá contradicha en todas y cada una de sus partes.
III
DE LA COMPETENCIA
En relación a la competencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece en su artículo 25, numeral 6, la competencia para conocer de las demandas contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública conforme lo dispone la Ley.
La Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 93, le atribuye a los Tribunales en materia Contencioso Administrativa la competencia para conocer y decidir las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de dicha ley, específicamente, las relativas a las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos.
En consecuencia, la presente querella tiene como pretensión la nulidad del acto administrativo emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, mediante providencia administrativa de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410, notificado en fecha 24/02/2023 según memorando N° DGRHYAP-DAL22N° 2549 de fecha 28/11/2022, mediante el cual, se resuelve la destitución del ciudadano MUÑOZ ROA DIXON OCTAVIO, titular de la cédula de identidad No.-V- 16.123.209, del cargo de Enfermero II, CARGO 8504715, código de origen No.- 60209601, adscrito al Hospital General Regional Patrocinio Peñuela Ruiz.
En este sentido, el acto administrativo recurrido de nulidad es un acto derivado de ejercicio de funciones públicas, derivado del ejercicio de un cargo público, es por lo que se justifica que, corresponde a este Juzgador el conocimiento, sustanciación y decisión de los reclamos de derechos realizados por los funcionarios públicos derivados del ejercicio de la función pública, por lo cual, queda establecida la competencia de este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira se declara COMPETENTE. Así se decide.
IV
ACERVO PROBATORIO
PRUEBAS ANEXADAS CON EL LÍBELO DE DEMANDA POR LA PATE QUERELLANTE
1.- Marcado “A” Resolución DGRHAPDDDRS-N°000898 del 11/03/2009 en el que soy nombrado Enfermero grado I, posteriormente soy nombrado Enfermero grado II según resolución DGRHAP/CR N°005649 del 27/08/2010. (Fs. 12).
2.- Marcado “B” Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira (…). (Fs. 14).
3. -Marcado “C” al ser miembro de esta junta directiva con permiso gremial remunerado desde el 01/01/2016 tal como se tipifica en el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa en su artículo 57: (…). (Fs. 18).
4. Marcado “E” (…) notificación DGRHYAP-DAL22N° 1234 de fecha 11/05/2022 emanado del Director General de Recursos Humanos a nivel central desde Caracas (…). (Fs. 23).
5. Marcado “F” oficio N° 2022-0075 de fecha 28/06/2022 dirigido a Dr. Rafael Medina Director del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS) San Cristóbal. Asunto: entrega de recaudos de todas las solicitudes emitidas al IVSS referente al permiso gremial desde el 2018 hasta el presente año. (Fs. 24 al 26).
6. Marcado “G” oficio N° 2022-0085 de fecha 11/08/2022 dirigido al Jefe de Talento Humano Lcda. Silva Abreu, por parte de la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de la Republica de Venezuela, donde se indica que soy miembro activo (TESORERO) (…). (Fs. 27 al 28).
7. Marcado “H de fecha 15/08/2022 oficio dirigido al Jefe de Talento Humano Lcda. Silva Abreu, asunto: solicitar notificación acerca de la suspensión del salario recibido el 17/08/2022 (…). (Fs. 29).
8. Marcado “I” oficio personal de fecha 06/09/2022 dirigido a la Presidenta del IVSS a nivel central Dra. Magaly Gutiérrez, asunto: conciliar retorno a mis funciones asistenciales en el Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS) del cual no se a obtenido respuesta alguna. (…). (Fs. 30).
9. Marcado “J” constancia de trabajo. (F. 31).
10. Constancia de trabajo marcado “K”. Este Tribunal hace la salvedad que la letra con la que se signa el presente anexo al libelo de demanda corresponde a una copia de cédula del ciudadano querellante. (Fs. 32).
11. Acto administrativo emanado del IVSS suscrito por la Dra. Magaly Gutiérrez, providencia administrativa de destitución de fecha 22/11/2022 DGRHYAP-DAL22 N° 012410 y notificado en fecha 28/11/2022 N° DGRHYAP-DAL22 N° 2549.(f. 112 al 126)
12. Estado de cuenta nomina de pago del IVSS en donde se verifica el ultimo pago de fecha 23/06/2022. (Fs. 41).
13. Normativa laboral publicada en gaceta oficial para el sector salud 2013 al 30/06/2015 vigente cláusula 71 y 68 permisos sindicales y gremiales. (Fs. 42-76).
Respecto a las pruebas identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 por no haber sido objetados o impugnados por la contraparte en la oportunidad procesal correspondiente, además son documentos que provienen de autoridades públicas, razón por la cual, gozan de la presunción de legalidad y legitimidad, éste Juzgado les confiere valor probatorio según lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; su apreciación se realizará en la parte motiva de la presente sentencia. Y así se decide.
SEGUNDO: Presento las siguientes documentales:
1.- Copia del oficio DTH N° 025 de fecha 03/01/2020 emanado de la Presidencia de la Corporación de Salud del estado Táchira (CORPOSALUD,) donde se autoriza permiso gremial para la Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira(...) anexo marcado “M”. (Fs. 165).
2. -Copia del oficio DTH N° 417 de fecha 18/12/2020 emanado de la Presidencia de la Corporación de Salud del estado Táchira (CORPOSALUD), donde se autoriza permiso gremial para la Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira (…) anexo marcado “N”. (Fs. 166).
3.- Copia del oficio DTH N° 480 de fecha 14/12/2021 emanado de la Presidencia de la Corporación de Saud del estado Táchira (CORPOSALUD), donde se autoriza permiso gremial para la Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira (…) anexo marcado “O”. (Fs. 167).
4.- Copia del oficio DTH N° 774 de fecha 28/11/2022 emanado de la Presidencia de la Corporación de Salud del estado Táchira (CORPOSALUD), donde se autoriza permiso gremial para la Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira (…) anexo marcado “P”. (Fs. 168).
5.- Copia del oficio DTH N° 004 de fecha 09/01/2024 emanado de la Presidencia de la Corporación de salud del estado Táchira (CORPOSALUD), donde se autoriza permiso gremial (…) anexo marcado “Q”. (Fs. 169).
6.- Anexo marcado “R”, oficio de notificación de fecha 26 de julio de 2022 emanada de la Presidencia de la Federación de Colegios Profesionales de la Enfermería de la Republica Bolivariana de Venezuela (…). (Fs. 170).
7.- Anexo marcado “S”, copia del oficio N° 2022-0122 de fecha 12/12/2022 emanada de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Táchira, dirigida a la Subdirección de Personal del HGR DR. PATROCINIO PEÑUELA RUIZ SAN CRISTOBAL TÁCHIRA. (Fs. 171).
Este Tribunal indica que las pruebas promovidas fueron admitidas en la oportunidad legal correspondientes, su apreciación y valoración se realizará en la parte motiva de la presente sentencia. Y así se decide.
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO
El Tribunal señala, que en el presente caso este Despacho de conformidad con el artículo 99, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ordenó citar y notificar al Procurador General de la República, al Ministerio del Poder Popular Para el Proceso Social Trabajo y al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, a los fines que remitiera a este Tribunal copia certificada del expediente administrativo relacionado con la causa in comento.
De allí que, el Procurador General de la República y muy especialmente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, para una mejor defensa de los derechos e intereses de la República, así como para mayor ilustración de este Órgano Jurisdiccional, debió remitir ó consignar el respectivo expediente administrativo. En este sentido, quien aquí dilucida, se permite hacer la siguiente transcripción:
“(…) el expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del procedimiento.
[…]
El expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante.
[…]
Lo expuesto no obsta para que esta Sala, como lo ha reiterado en anteriores oportunidades, no pueda decidir si no consta en autos el expediente administrativo, puesto que éste constituye la prueba natural –mas no la única- dentro del proceso contencioso administrativo de anulación, por lo que la no remisión del expediente administrativo acarrea una presunción favorable sobre la procedencia de la pretensión de la parte accionante.” (Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 11/07/2007, sentencia Nº 01257, Exp. Nº 2006-0694). (Lo subrayado del Tribunal).
Se entiende entonces, que el expediente administrativo reviste vital importancia para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto, es ello lo que permite reconocer la materialización del procedimiento llevado a cabo por la administración. Y expresa también la sala que, de ese orden y exactitud, así como del orden racional y lógico dependerá la fuerza probatoria del procedimiento mismo. Continuando la misma Sala precisando, que el expediente administrativo es de tal importancia, que el Juzgador debe solicitarlo cuando se está en presencia de una solicitud de Nulidad contra un acto de efectos particulares y su no remisión puede obrar en contra de la administración.
Así pues, en el caso de marras, no consta que la Administración Pública hubiese cumplido con la carga de consignar el expediente administrativo; ello, no es óbice para producir la sentencia definitiva; sin embargo, dicha omisión pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a su contraparte. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional emitirá su opinión con los recaudos que conforman esta causa; no obstante, insta muy particularmente a las autoridades competentes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), para que, en lo futuro, consigne toda la actuación administrativa que sea requerida por los Tribunales de la República. Así se establece.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgador emitir pronunciamiento de fondo sobre el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por al ciudadano Dixon Octavio Muñoz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro 16.123.209, asistido por el Abogado Frank Cuenca, inscrito en el IPSA bajo el N° 98.077, en su condición de Defensor Público Primero en materia Contencioso Administrativa, en contra del acto administrativo emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, mediante providencia administrativa de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410, notificado en fecha 24/02/2023, según memorando N° DGRHYAP-DAL22N° 2549 de fecha 28/11/2022, mediante el cual, se resuelve la destitución del ciudadano MUÑOZ ROA DIXON OCTAVIO, titular de la cédula de identidad No.-V- 16.123.209, del cargo de Enfermero II, CARGO 8504715, código de origen No.- 60209601, adscrito al Hospital General Regional Patrocinio Peñuela Ruiz.
Primeramente, este Juzgador procede a determinar los hechos controvertidos para lo cual, se tiene que la pretensión del querellante es la nulidad del acto administrativo emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS, suscrito por su presidenta (E) MAGALY GUTIERREZ VIÑA, mediante providencia administrativa de fecha 22/11/2022 N° DGRHYAP-DAL/22 N° 012410, notificado en fecha 24/02/2023, según memorando N° DGRHYAP-DAL22N° 2549 de fecha 28/11/2022, mediante el cual, se resuelve la destitución del ciudadano MUÑOZ ROA DIXON OCTAVIO, titular de la cédula de identidad No.-V- 16.123.209, del cargo de Enfermero II, CARGO 8504715, código de origen No.- 60209601, adscrito al Hospital General Regional Patrocinio Peñuela Ruiz, por considerar que el referido acto vulneró el fuero sindical, la inamovilidad laboral derivada del fuero sindical, que vulnera, por cuanto, el querellante alega tener la condición de Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, siendo el caso, que por disposición de la cláusula septuagésimo primero, de la Convención Colectiva del Trabajador por Reunión Normativa Laboral para la rama del sector Salud capítulo VIII del año 2013, protegido por Fuero Sindical, trabajador adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros, además, alega que el acto de destitución vulnera el debido proceso y derecho a la defensa, vulnera el principio de proporcionalidad de la sanción, vulnera el principio de seguridad jurídica, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, causando un gravamen irreparable, razón por la cual, solicita la nulidad del acto administrativo de destitución, la reincorporación al cargo con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, desde la ilegal destitución hasta su efectiva reincorporación.
Por su parte, el Tribunal observó que, admitido el recurso funcionarial y practicada las citaciones y notificaciones allí ordenadas, correspondía a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Director del Instituto de los Seguros Sociales Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, ejercer la defensa en Pro de los intereses de la República, entonces, no concibe quien aquí dilucida que, a pesar de haberse practicado las citaciones y notificaciones correspondientes; la Administración Pública demuestre una actitud pasiva, contumaz u omisiva, pues, durante este procedimiento, no realizó la contestación de la querella, no asistió a la audiencia preliminar y no asistió a la audiencia definitiva, por lo que, la insta a que en lo sucesivo realice una eficaz y eficiente actividad procesal, en Pro de los intereses públicos, sin embargo, en acatamiento a las prerrogativas de las cuales goza la República, que tiene establecidas por Ley, la presente querella funcionarial se entenderá contradicha en todas y cada una de sus partes, de esta manera quedan determinados los hechos controvertidos.
DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ALEGATO DEL QUERELLANTE DE VULNERACIÓN DEL FUERO SINDICAL, DE LA VULNERACION DE LA INAMOVILIDAD LABORAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCION.
Alegó la parte querellante en su escrito libelar que, hubo un desconocimiento del permiso gremial que le habían otorgado según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo por Reunión Normativa Laboral para todos los organismos adscritos al Sector Salud, la ciudadana Magaly Gutiérrez Viña, en su condición de presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quien realizo Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL22 N° 012410 de fecha 22/11/2022, notificado en fecha 24/02/2023, según memorándum DGRHYAP-DAL/22 N° 2549 de fecha 28/1/2022 mediante la cual, se destituye del cargo que venia desempeñando como Enfermero II, adscrito al Hospital Regional Patrocinio Peñuela Ruiz.
Alega el querellante que el acto de destitución no cumplió con la obligación del patrono de solicitar ante el órgano judicial competente el levantamiento del fuero sindical. En razón a esto la Administración ha debido iniciar el trámite previsto en la Ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; tal como lo establece la decisión N° 555-2007 de 28 de marzo, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señala claramente que si un funcionario público goza de inamovilidad en su condición de dirigente sindical, debe ser aplicado el procedimiento previsto para la calificación de despido de los funcionarios que gozan de fuero sindical en la Ley Orgánica del Trabajo, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa.
En cuanto a la estabilidad laboral y la actividad sindical. Es necesario traer a colación el contenido de los artículos 93 y 95 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que consagra lo siguiente:
“Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.
“Articulo 95: Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los integrantes o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones”.
De los artículos antes transcritos, se evidencia que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege al trabajador mediante la estabilidad laboral, estableciendo limitaciones ante cualquier forma de despido en las que pueda incurrir el patrono, y que en caso, de darse un despido contrario a aquellas disposiciones establecidas en la constitución serán considerados nulos, además de consagrar el derecho que tiene los trabajadores de formar sindicatos y afiliarse a ellos para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Es mediante el ejercicio de esos derechos que los trabajadores se encuentran protegidos ante cualquier clase de discriminación o injerencia que sean ejecutadas en contra de su gestión. Además de proteger a los integrantes de las Directivas de dichas organizaciones, los cuales gozaran de inamovilidad laboral durante el tiempo y bajo las condiciones que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
En razón a lo anteriormente señalado, este juzgador observa la necesidad de pronunciarse sobre la inamovilidad por fuero sindical alegada por la parte querellante, en este sentido, la inamovilidad laboral por fuero sindical, constituye una garantía que es otorgada mediante ley a los trabajadores de no ser despedidos, desmejorados en sus condiciones laborales, sin que medie una justa causa previamente calificada, es decir, que exista autorización para la destitución.
En el caso de los funcionarios públicos, la jurisprudencia patria ha establecido que, en el caso de existir algún fuero que proteja al funcionario público antes de proceder a realizar procedimiento administrativo disciplinario de destitución, antes de aplicar sanción de destitución; o antes de remover a un funcionario de libre nombramiento y remoción se deberá solicitar ante el Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo competente del lugar donde se da la relación funcionarial el levantamiento del fuero, la calificación del despido mediante una acción judicial denominada querella funcionarial.
Indicado lo anterior, pasa este Tribunal a verificar si el querellante, ciudadano DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, ejercía funciones por las cuales tuviese investido de un fuero sindical, específicamente, por las funciones como Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, al efecto tenemos:
1.- El hoy querellante ejercía como, ENFERMERO II, adscrito Al Hospital General Regional Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, tal como se evidencia de las providencias de designación de cargo, según Resolución DGRHAPDDDRS-N°000898 del 11/03/2009 y según resolución DGRHAP/CR N°005649 del 27/08/2010, por lo tanto, queda evidenciado que el querellante ejercía el cargo de Enfermero II, adscrito Al Hospital General Regional Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
2.- El hoy querellante fue elegido como Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, según acta No.- 03 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Táchira de fecha 19/06/2017, situación que no fue rebatida, ni contradicha en juicio, además, no consta en autos que se hubiese realizado nuevas elecciones para la Junta Directiva del Colegio de Enfermería del estado Táchira, en consideración, por el principio de continuidad administrativa, a efectos de no dejar acéfalo la dirección del referido gremio, hasta no se realicen la elección de nuevas autoridades, deberán seguir en sus cargos las personas que resultaron electas en la última elección, por lo tanto, se tiene que el querellante, ejerce hasta la actualidad la condición de Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, pues, no se trajo a los autos que se hubiese electo nuevas directivas. Así se determina.
3.- La anterior afirmación es confirmada y se evidencia que en los folios 165 al 170 del expediente judicial corre insertas autorizaciones de permiso gremial otorgado al ciudadano DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, por parte del Jefe de la División de Talento Humano y del Presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira, para que el mencionado ciudadano hoy querellante y toda la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira tengan permiso gremial durante los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, por lo tanto, las autoridades de salud del estado Táchira reconocen de manera expresa la condición de permiso gremial como Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, al hoy querellante, a pesar de no haberse realizado nuevas elecciones en el referido gremio.
4.- De la revisión del expediente judicial pieza principal, se desprende que del folio cuarenta y dos (42) la Convención colectiva de Trabajo por Reunión Normativa Laboral para todos los Organismos Adscritos al Sector Salud, establece lo siguiente:
Cláusula 71: Permisos Sindicales y Gremiales:
a) Permisos Gremiales: el empleador concederá permisos remunerados para asuntos gremiales de acuerdo a la estructura organizativa de cada Gremio Profesional de la Salud, beneficiario de esta convención. Para la aplicación de esta cláusula, los gremios se comprometen a enviar a el empleador oportunamente, la lista de las personas que tengan derecho a los beneficios contenidos en esta cláusula.
b) Permisos Sindicales: será otorgado a los trabajadores y trabajadoras que pertenezcan al comité ejecutivo nacional, a los sindicatos de base regionales y seccionales signatarios del presente convenio afiliados a FENASIRTRASALUD y SUNEF-SAS, por el tiempo total del ejercicio para el cual fueron electos.}
c) Permisos para los Delegados Sindicales Electos o Designados: estos deberán ser solicitados por escrito con tres días de antelación, para que realicen gestiones relacionadas con el sindicato, la federación y los gremios de a salud o reclamaciones de sus afiliados, a fin de que si ausencia no cause inconveniente a la buena marcha de
5.- Al revisar los anexos del expediente principal se puede evidenciar que, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales concedió permiso gremial al hoy querellante, por lo cual, tiene pleno conocimiento el mencionado Instituto que el querellante está investido por un fuero sindical como Tesorero del Gremio de Enfermería del estado Táchira, permiso que se otorgó desde el año 2014, hasta el año 2017, aunque los años siguiente se entrego solicitudes para notificar que aun se mantenía esa junta directiva con el cargo de Tesorero, no consta que se hubiese recibido respuesta por parte del patrono. Cursa en el expediente judicial una serie oficios donde se muestran las solicitudes emitidas al IVSS referente al permiso gremial desde año 2018 al año 2022, sin obtener respuesta.
El Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa hoy en vigencia, en el artículo 57, numeral 4, establece lo siguiente:
“…Será obligatoria la concesión de permiso en los siguientes casos: Permiso para ejercer la función como dirigente gremial”
Por su parte, el artículo 77 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece lo siguiente:
Artículo 77. Los funcionarios y funcionarias públicos tendrán derecho a los permisos y licencias previstos en la presente Ley y sus reglamentos.
En este sentido, este Tribunal determina que los permisos sindicales y gremiales es un deber establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes de los funcionarios públicos y de los trabajadores, además es un compromiso asumido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante contratación colectiva, siendo un compromiso contractual asumido con los trabajadores que conforman dicho convenio y el cual debe cumplirse como ha sido establecido, por tal virtud, es una condición que debe ser otorgada de pleno derecho, siendo un derecho de los Trabajadores Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y al ejercer el cargo de Tesorero del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira, no siendo una situación para un beneficio individual o propio del querellante, sino es en representación de el gremio de la salud y sus beneficiarios.
El permiso sindical y gremial que ejerce el hoy querellante como Tesorero en el Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Táchira deviene de contratación colectiva y no puede estar sujeto a actos administrativos. En consideración, el querellante se encontraba investido con permiso gremial, por lo tanto, investido de fuero sindical por convención colectiva. Así se determina.
DEL PRONUNCIAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO PREVIO EN CASO DE EXISTENCIA DE FUERON SINDICAL Y LICENCIA SINDICAL.
Determinado lo anterior, pasa este Tribunal a verificar si Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al efecto de emitir el acto administrativo de destitución del ciudadano DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, cumplió con el debido proceso para la destitución en la circunstancia del funcionario público estar investido por fuero sindical, así tenemos que:
En este sentido, se trae a colación la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil doce (2012) (EXP. Nº 2012-1472) que indica lo siguiente:
“…Igualmente, los artículos 418, 420, 422 y 425 del mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establecen que:
“Artículo 418. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados, ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral, se considerará nulo y no genera efecto alguno, si no se han cumplido los trámites establecidos en esta Ley, independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora.”
“Artículo 420…
…rtículo 422. Cuando un patrono o patrona pretenda despedir por causa justificada a un trabajador o trabajadora investido o investida de fuero sindical o inamovilidad laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo o modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al Inspector o Inspectora del Trabajo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el trabajador o trabajadora cometió la falta alegada para justificar el despido, o alegada como causa del traslado o de la modificación de las condiciones de trabajo, mediante el siguiente procedimiento (…)”.
“Artículo 425. Cuando un trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado o desmejorada podrá, dentro de los treinta días continuos siguientes, interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. El procedimiento será el siguiente (…).”(Destacados de la Sala).
De las normas antes transcritas, se constata que solo podrá despedirse a una trabajadora que se encuentre investida de fuero… mediante una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector o Inspectora del Trabajo respectiva, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 422 antes transcrito….
Ahora bien, la citada Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 29, con relación a las funcionarias públicas que se encuentran en estado de gravidez, prevé que:
“Artículo 29. Las funcionarias públicas en estado de gravidez gozarán de la protección integral a la maternidad en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. No obstante, las controversias a las cuales pudiera dar lugar la presente disposición serán sustanciadas y decididas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial”.
…Declarado lo anterior, en aras de preservar los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, celeridad procesal, derecho al juez natural y atendiendo al principio de descentralización de la justicia, pasa esta Sala a determinar el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento del caso de autos, conforme a los siguientes razonamientos:
Así, el artículo 25, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone:
“Artículo 25: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley. (…)”.
En ratificación de la anterior sentencia, la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal, mediante sentencia N° 00522 de fecha 10 de mayo de 2017, donde señala:
“Preciso la competencia en los casos de desafuero vinculados con funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, destacando lo siguiente: “(…) En este orden de ideas, se aprecia de los alegatos expuestos por el apoderado judicial de Instituto solicitante, que: i) la ciudadana Laidy Vanessa Sulbaran Peña, es funcionaria de carrera y se desempeña como “Profesional I”; y ii) en fecha 5 de agosto de 2015, nació su hija lo cual le generó una protección laboral por fuero maternal. Asimismo, se observa que el abogado Carlos Jesús Moros García, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, al presentar la solicitud de autorización del despido, alegó que la ciudadana Laidy Vanessa Sulbaran Peña, es una funcionaria pública de carrera por lo cual debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establece: “Artículo 93: Corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley…”.
De la anterior sentencia, se determina que, cuando un funcionario público que goce de fuero sindical requiera ser despedido deberá solicitarse previamente, autorización o calificación de despido por ante el Juzgado Superior Estadal de lo Contenciosos Administrativo, motivado a que no se podrá solicitar esta calificación ante el Inspector del Trabajo, motivado a que la Inspectoría del Trabajo no es competente para conocer el reclamo de funcionarios públicos. Así se determina.
Este tribunal pasa a verificar si el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, antes de proceder a dictar la medida de destitución del hoy querellante realizó o peticionó mediante querella funcionarial ante este Tribunal el levantamiento del fuero sindical del ciudadano Dixon Octavio Muñoz Roa,; si se solicitó la autorización para realizar el procedimiento administrativo sancionatorios de destitución y la autorización para la aplicación de la sanción de destitución, a tal efecto, revisado el inventario de causas de este Tribunal no se encontró que curse querella funcionarial interpuesta por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde se hubiese peticionado el levantamiento del fuero sindical del ciudadano Dixon Octavio Muñoz Roa hoy querellante del cargo de Enfermero II, y se hubiese solicitado la autorización para realizar el procedimiento administrativo sancionatorios de destitución y la autorización para la aplicación de la sanción de destitución.
Igualmente, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no presentó prueba alguna que hubiese solicitado antes de realizar el procedimiento administrativo sancionatorio de destitución y la autorización para la aplicación de la sanción de destitución al hoy querellante, solicitud ante el órgano competente de levantamiento de fuero sindical y autorización de despido. Así se determina.
En consideración de lo anterior, no se cumplió con el debido proceso para el levantamiento del fuero sindical, así como no se cumplió con el debido proceso para la autorización previa de la destitución por ante el Tribunal competente, en consecuencia, el procedimiento sancionatorios de destitución llevado a cabo por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumplió con el procedimiento previo de calificación de despido y levantamiento de fuero ante el órgano competente, vulnerando con esta actuación disposiciones Constitucionales y Legales, por lo cual, debe ser declarado nulo todo el procedimiento de destitución, así como nula la sanción de destitución.
Como completo de lo anterior, quien suscribe señala que, no consta en el expediente judicial ni administrativo, medio de prueba alguno que demuestre que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hubiese cumplido con el procedimiento previo y necesario junto a los parámetros legales que establece el articulo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, para proceder a la destitución del ciudadano Dixon Octavio Muñoz Roa, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.123.209, del cargo que desempeño como Enfermero II adscrito al Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz (IVSS).
No se evidencia que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, interpusiera algún Recurso de Desafuero ante este Órgano Jurisdiccional, el cual se encuentra previamente establecido en el articulo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en los artículos 421 y 422 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, por lo que se considera, que el acto administrativo impugnado resulta nulo de nulidad absoluta, específicamente, es nula la Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL/22 N° 012410 de fecha 22/11/2022, suscrito por la presidenta Magaly Gutiérrez Viña, en su carácter de Presidente y Representación legal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por no haber realizado total y absolutamente el procedimiento de desafuero y calificación del despedido establecido por la Ley. Así se decide.
Concluye este Juzgador que, la actuación administrativa, en cuanto al procedimiento de destitución efectuado en contra del ciudadano Dixon Octavio Muñoz Roa, por parte Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, no estuvo ajustado a derecho, siendo violatorio del derecho al debido procedimiento administrativo reconocido en el artículo 49 constitucional, por cuanto no consta que para tomar tal decisión se haya cumplido un procedimiento previo de desafuero.
En consideración, al haberse determinado la nulidad del acto administrativo de destitución, este Juzgador considera que resulta inoficioso pronunciarse sobre los demás vicios atribuidos al acto administrativo recurrido. Así se decide.
Por la motivación anterior, resulta forzoso para este Tribunal declarar CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano, DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.123.209, asistido por el Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, inscrito en el IPSA bajo el N° 98.077 en contra del acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL/22 No.- 012410 de fecha 22 de Noviembre de 2022, suscrito por la Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual acordó destituir al querellante del cargo de Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
En consideración, se DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL/22 No.- 012410 de fecha 22 de Noviembre de 2022, suscrito por la Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual acordó destituir al querellante del cargo de Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
Se ORDENA al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales proceder a la reincorporación inmediata del ciudadano: DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.123.209, en el cargo que venia desempeñando como Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, o a otro cargo de igual o superior jerarquía, igualmente, se ordena el pago al querellante de la remuneración y todos los demás beneficios económicos que como funcionario público le correspondían, tomando en cuenta todas las variaciones que hubiesen tenido en el tiempo, y demás beneficios que no impliquen la prestación efectiva del servicio, desde que se produjo la destitución, (24/02/2023) hasta la fecha de la ejecución efectiva de la presente sentencia, entendida la ejecución el momento de realizar la experticia complementaria del fallo, para realizar los cálculos de los beneficios dejados de percibir se ordena realizar experticia complementaria del fallo por intermedio de un solo experto designado por este Tribunal. Y así se decide.
VI
INDEXACIÓN DE OFICIO
En razón a criterios publicados recientemente por nuestra Alzada natural Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Centro Occidental, criterio que acoge este Juzgado Superior, estableció mediante sentencia N° 44 de fecha 22 de marzo del 2023, en el expediente Asunto Nº VP31-R-2016-000793 caso: Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, contra el fallo dictado en fecha 21 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por al ciudadano HENRY JOSÉ BAUTISTA ANDRADE, contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, donde estableció:
“(…) En consecuencia, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental CONFIRMA la sentencia dictada, en fecha 21 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano HENRY JOSE BAUTISTA ANDRADE, debidamente asistido por el abogado Luís Alberto Guerra, ambos plenamente identificados en autos, en contra del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO TÁCHIRA. Así se decide.
Finalmente observa este Órgano Jurisdiccional que, la indexación judicial resulta de obligatoria aplicación en la cancelación de los salarios caídos de los funcionarios públicos, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 14-0218, de fecha 14 de mayo de 2014, con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, (caso: Mayerling del Carmen Castellanos Zárraga).
De igual manera resulta necesario acotar, el criterio vinculante establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° RC-000517, de fecha 8 de noviembre de 2018, con Ponencia del Magistrado Iván Darío Bastardo Flores, (caso: Nieves del Socorro Pérez de Agudo contra Luís Carlos Lara Rangel), el cual determinó que la indexación debe ser ordenada de oficio por el juez, desde la fecha de la admisión de la demanda, hasta que la decisión quede definitivamente firme.
En atención a los criterios jurisprudenciales supra citados, este Juzgado Nacional ordena el pago de la indexación monetaria respecto a los conceptos condenados a pagar en el presente fallo, calculada desde la fecha de admisión de la demanda, hasta el auto que declare firme el fallo y ordene su ejecución, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado paralizado por motivos no imputables a las partes, lo cual se ordena agregar a la experticia complementaria del fallo, declarada por el a quo. Así se decide.
-VI-
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SU COMPETENCIA para conocer en Alzada del recurso de apelación ejercido por el Abogado Antonio Fermín García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 33.561, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, contra el fallo dictado en fecha 21 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por al ciudadano HENRY JOSÉ BAUTISTA ANDRADE, titular de la cédula de identidad Nº 16.612.763, asistido por el Abogado Luís Alberto Guerra Rondón, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el No. 179.437, contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira.
2.- SIN LUGAR, la apelación interpuesta
3.- SE CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 21 de noviembre de 2014
4.-SE ORDENA LA INDEXACION bajo los parámetros anteriormente explanados. (…)”.
Del criterio parcialmente trascrito se desprende con claridad que la indexación judicial resulta de obligatoria aplicación en la cancelación de los salarios dejados de percibir de los funcionarios públicos, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 14-0218, de fecha 14 de mayo de 2014, con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, (caso: Mayerling del Carmen Castellanos Zárraga).
En el caso de auto, este Juzgado superior ordena el pago de la indexación monetaria respecto a los conceptos condenados a pagar en el presente fallo, calculada desde la fecha de admisión de la querella, (18/10/2022), hasta el auto que declare firme el fallo y ordene su ejecución, entendida la ejecución el momento de realizar la experticia complementaria del fallo, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado paralizado por motivos no imputables a las partes, lo cual se ordena agregar a la experticia complementaria del fallo. Así se decide.
VII
DE LA DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara lo siguiente:
PRIMERO: Se declara la competencia de este Tribunal para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial de autos.
SEGUNDO: Se DECLARA CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano, DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.123.209, asistido por el Abogado Frank Mishell Cuenca Montañez, inscrito en el IPSA bajo el N° 98.077 en contra del acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL/22 No.- 012410 de fecha 22 de Noviembre de 2022, suscrito por la Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual acordó destituir al querellante del cargo de Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
TERCERO: Se DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa DGRHYAP-DAL/22 No.- 012410 de fecha 22 de Noviembre de 2022, suscrito por la Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual acordó destituir al querellante del cargo de Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz.
CUARTO: Se ORDENA al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales proceder a la reincorporación inmediata del ciudadano: DIXON OCTAVIO MUÑOZ ROA, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.123.209, en el cargo que venia desempeñando como Enfermero II adscrito al servicio del Hospital Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz, o a otro cargo de igual o superior jerarquía, igualmente, se ordena el pago al querellante de la remuneración y todos los demás beneficios económicos que como funcionario público le correspondían, tomando en cuenta todas las variaciones que hubiesen tenido en el tiempo, y demás beneficios que no impliquen la prestación efectiva del servicio, desde que se produjo la destitución, (24/02/2023) hasta la fecha de la ejecución efectiva de la presente sentencia, entendida la ejecución el momento de realizar la experticia complementaria del fallo, para realizar los cálculos de los beneficios dejados de percibir se ordena realizar experticia complementaria del fallo por intermedio de un solo experto designado por este Tribunal.
QUINTO: Se ordena el pago de la indexación monetaria respecto a los conceptos condenados a pagar en el presente fallo, calculada desde la fecha de admisión de la querella, (18/10/2022), hasta el auto que declare firme el fallo y ordene su ejecución, entendida la ejecución el momento de realizar la experticia complementaria del fallo, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado paralizado por motivos no imputables a las partes, lo cual se ordena agregar a la experticia complementaria del fallo.
SEXTO: No se ordena condenatoria en costas dado la naturaleza de la presente acción judicial.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia digital PDF de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias definitivas de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil veinte y cuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
El Juez,
Abg. - José Gregorio Morales Rincón
La Secretaria Suplente.
Abg. - Grecia Paola Vera Suárez.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 pm)
La Secretaria Suplente.
Abg. - Grecia Paola Vera Suárez.
JGMR/GPVS/gpbr.
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