REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES Juez Ponente: Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez. IDENTIFICACIÓN DE LA JUEZA INHIBIDA Abogada Adela Magdalena Delgado Hinojosa, Juez Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA INHIBICIÓN Mediante acta de fecha nueve (09) de septiembre del año 2024, la Abogada Adela Magdalena Delgado Hinojosa, actuando en su carácter de Juez Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Táchira, declaró estar incursa en la causal de inhibición contenida en el numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando lo sucesivo: “(Omissis) ACTA DE INHIBICIÓN En el día de hoy, 09 de septiembre de 2024, siendo las 02:00, horas de la tarde, quien suscribe ABOGADA ADELA MAGDALENA DELGANO HINOJOSA, en mi carácter de Jueza Provisora Segunda en Función de Control del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 89 numeral 7 y 90 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo en este acto a INHIBIRME del conocimiento de la causa signada bajo el número SP21-P-2017-028244, seguida contra el ciudadano LUIS ALEJANDRO GALAVIS GUTIERREZ… por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE MATERIAL ESTRATEGICO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 34 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Toda vez que actué como Abogada Defensora Público Penal del ciudadano LUIS ALEJANDRO GALAVIS GUTIERREZ…de lo que se desprende que tuve conocimiento de la presente causa al haber actuado como Defensora Pública Penal, por cuanto dicha causa fue designada por estar de guardia en fecha 28 de septiembre de 2021, donde se celebro AUDIENCIA DE PRESENTACION DE DETENIDO, DE CALIFIACION DE FLAGRANCIA E IMPOSICION DE MEDIDA DE COERCION PERSONAL, de fecha 23 de noviembre de 2027, inserta en el folio 17 de la causa principal, donde mi persona ejercía como Defensora Público Penal, para el resguardo de los Derechos e Intereses del Justiciable. (Omissis) Recibidas las actuaciones en esta Corte de Apelaciones, se dio cuenta en Sala en fecha diez (10) de septiembre del año 2024, y se designó ponente a la Juez Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez. Siendo la oportunidad legal para decidir esta Corte de Apelaciones realiza el pronunciamiento respectivo en los siguientes términos: CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Partiendo de la autonomía e independencia de los Jueces, se considera oportuno señalar los basamentos legales, jurisprudenciales y doctrinarios que permiten sustentar el correcto proceder del Juzgador respecto de su autonomía e independencia, en virtud de ello se desprende: En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes, se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa, que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones a los Jueces y Juezas se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los Jueces y Juezas en los términos siguientes: “En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.” Con base a la norma transcrita, se observa que dicha autonomía e independencia es garante para la correcta aplicación de la ley en el desenvolvimiento de los procesos penales, pudiendo de esta manera garantizarle a las partes la imparcialidad que caracteriza a un Juez idóneo, que es verdaderamente conocedor del derecho, respetando las garantías y derechos constitucionales. En segundo lugar, se debe hacer mención a la institución de la inhibición, siendo la misma definida como, una institución de orden público, y que por su naturaleza intrínseca constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria -motu propio- del Juez respecto del asunto sometido a su consideración y asimismo del conocimiento de la referida incidencia, en cumplimiento del mandato legal. De igual manera, la doctrina ha señalado que la inhibición, es un mecanismo procesal determinado para preservar la imparcialidad y probidad del Juez, entendiendo por ésta que el A Quo, para la solución del caso no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa del litigio. (Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. (Págs. 320 y 321). En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente: “Que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir.” Por otra parte, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, enseña que: “La Justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu proprio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición.” Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2917, de fecha 13 de diciembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, señaló lo siguiente: “…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad…”. Sobre la inhibición el Dr. Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Caracas 1999, ha distinguido: “Que es un deber del Juez y no una mera facultad y por ello la ley impone al funcionario judicial que conozca que en él existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla sin aguardar a que se le recuse”. Y agrega el autor: “Que la inhibición se puede definir como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación”. Aduce también el autor que de tal definición se destacan las características que tiene la inhibición en nuestro derecho: a) “Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del juez del conocimiento del asunto. b) Aunque es un deber del juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición, pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal. c) La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del juez del conocimiento de la causa. d) Los motivos para la inhibición del juez son las mismas causas de recusación previstas en la ley, y son taxativas. La competencia subjetiva del juez no puede establecerse sino en forma negativa. El funcionario judicial, por el sólo hecho de ser elegido conforme a las previsiones legales, se presume idóneo para el ejercicio de sus funciones en todos los casos. Su exclusión del ejercicio de la jurisdicción en un caso concreto depende de su especial posición en esa causa, respecto de las partes o del objeto, calificada por las causales de exclusión establecidas en la ley. Por ello, no puede admitirse su extensión a situaciones no previstas expresamente, ni la interpretación analógica de las disposiciones que las establecen”. Cabe concluir que, la inhibición es un mecanismo que permite al Juez o Jueza, a otros funcionarios o funcionarias y a los auxiliares de justicia, liberarse del conocimiento de la causa cuando existe alguna razón que pueda comprometer su imparcialidad. Por ello, el fundamento del instituto procesal de la inhibición consiste en asegurar la absoluta independencia de ánimo que se traduce en una decisión imparcial, a los fines de garantizar los requisitos constitucionales de la justicia. En tercer lugar, en el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado, que efectivamente la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal, alegada por la inhibida, establece lo siguiente: “Artículo 89. Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: (Omissis) 7. “Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza; (Omissis)”. Tomando en consideración la precitada norma y de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal de Alzada evidencia que, el contenido del numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal se puede dividir en dos supuestos de hecho. A saber: “haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella” o, por otra parte, “haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora… siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza”. Para evidenciar la separación entre ambos supuestos, es necesario destacar la disyunción que los separa “…con conocimiento de ella, o haber intervenido como…”. Es evidente que en el caso bajo estudio, la inhibición se basó en el segundo supuesto de hecho normativo, “haber intervenido como Fiscal, defensor o defensora…”. De lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones aprecia, que la Juez mencionada ut supra, formuló su planteamiento inhibitorio arguyendo que, actuó con el carácter de Defensora Pública del ciudadano Luis Alejandro Galavis Gutiérrez, en la causa penal signada con la nomenclatura SP21-P-2017-028244. Así las cosas, al constatar el supuesto alegado por la Juzgadora, se aprecia de las actuaciones insertas en el cuaderno de inhibición, que riela acta de audiencia de presentación de detenido, de calificación de flagrancia imposición de medida de coerción personal de fecha veintitrés (23) de noviembre del año 2017, – inserta del folio tres (03) hasta el folio seis (06)- en la cual se observa con palmaria claridad que la Abogada Adela Magdalena Delgado Hinojosa actuó como Defensora Pública del imputado mencionado ut supra, razón por la cual, esta Superior Instancia estima que la situación esbozada encuadra en la causal de inhibición invocada en el párrafo que antecede. De allí que la Juez inhibida pudiera haberse formado un criterio sobre la inocencia o responsabilidad del imputado al haber intervenido en la causa penal cuando ejercía funciones como Defensora Pública, lo que indefectiblemente incide en su capacidad para juzgar de manera objetiva e imparcial, constituyendo sin lugar a dudas una situación de hecho perfectamente descrita por el legislador patrio en el artículo 89 numeral 7° de la Ley Penal Adjetiva, por lo que la inhibición planteada debe ser declarada con lugar. Y así se declara. En consecuencia, considerándose que esta circunstancia se subsume en el supuesto invocado por la Juez inhibida, establecido en el numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace procedente la inhibición propuesta, y por ende se declara con lugar, debiendo conocer de la causa un Juez o Jueza de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, diferente al Juez que venía conociendo de la misma. Y así se decide.- DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara con lugar la inhibición presentada por la Abogada Adela Magdalena Delgado Hinojosa, Juez Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, por estar comprendida en uno de los supuestos de hecho previstos en el numeral 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que la causa sea pasada a otro Juez o Jueza de Control de este Circuito Judicial Penal para su conocimiento. Publíquese, regístrese y bájense las actuaciones en la oportunidad legal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024). Año: 214° de la Independencia y 165º de la Federación. Los Jueces de la Corte de Apelaciones, Abogada Odomaira Rosales Paredes Juez Presidente Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Jueza de Corte-Ponente Abogado Carlos Alberto Morales Diquez Juez de Corte Abogada Alba Graciela Rojas Pulido Secretaria 1-Inh-SJ22-X -2024-000018/LYPR/oevz.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES ACTA DE DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE DECISIÓN En la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana, en la sede de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, reunidos los Jueces integrantes de dicha Sala: la Juez Presidente ABG. Odomaira Rosales Paredes; la Jueza de Corte ABG. Ledy Yorley Pérez Ramírez, y el Juez de Corte ABG. Carlos Alberto Morales Diquez, en compañía de la Secretaria de la misma, con el propósito de deliberar y votar sobre el proyecto de decisión presentado por la Juez Ponente ABG. Ledy Yorley Pérez Ramírez, en la causa penal signada con el N° 1-Inh-SJ22-X-2024-000018. Finalizada la deliberación sobre el proyecto en mención, se procedió a votar de la siguiente manera: APROBADO IMPROBADO Y REASIGNADO VOTO SALVADO VOTO CONCURRENTE OBSERVACIONES:________________________________________________________ Siendo las nueve y treinta minutos de la mañana del mismo día, terminó, se leyó y conformes firman. Los Jueces de la Corte Superior, Abogada Odomaira Rosales Paredes Juez Presidente Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez Jueza de Corte-Ponente Abogado Carlos Alberto Morales Diquez Juez de Corte Abogada Alba Graciela Rojas Pulido Secretaria