TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CARDENAS, GUASIMOS Y ANDRES BELLO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. TÁRIBA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

214° y 165º

Vista la solicitud formulada por el ciudadano JUAN CARLOS APARICIO VILLAMARIN parte actora en la presente causa asistido del abogado REIDEER SMITH RIVAS RIVAS inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 180.704 donde solicita se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad de la parte codemandada MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ.
Al respecto este Tribunal observa que:
La presente causa se contrae al juicio incoado por el ciudadano ABG. JUAN CARLOS APARICIO VILLAMARIN demandados: MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ Y DANYS ALBERTO ROJAS MARQUEZ por INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.
Manifiesta el abogado JUAN CARLOS APARICIO VILLAMARIN parte actora en la presente causa que solicita la medida de prohibición de enajenar y gravar en virtud de que se ve amenazado que los demandados de autos no le retribuyan o cancelen el trabajo realizado para ellos como profesional del derecho.
Señala el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

Artículo 588.- En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1°) El embargo de bienes muebles;
2°) El secuestro de bienes determinados;
3°) La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiese decretado.
(Subrayado del Tribunal)

El legislador estableció en el artículo 585 procesal antes transcrito los requisitos que deben cumplirse en forma concurrente para la procedencia del decreto de las medidas cautelares, a saber, que exista prueba de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el periculum in mora; y que el solicitante se encuentre en una posición jurídica tutelable, fumus boni iuris, llamado también apariencia de buen derecho.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado doctrina sobre la obligación que tiene el juez al pronunciarse sobre la solicitud de una medida cautelar de expresar en la decisión los motivos que justifiquen su dictamen, lo que supone el examen de los requisitos exigidos para su decreto previstos en la referida norma. En efecto, en decisión N° 0287 de fecha 18-04-2006, estableció lo siguiente:

“...Esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, los cuales son: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), y 2) que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora).
Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello…
Igualmente, sobre la finalidad de las medidas cautelares la precitada Sala de Casación Civil, en decisión N° 00069, del 17 de enero de 2008, expresó:
“…las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces”.(Sentencia publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia)

Asimismo, en decisión N° 347 de fecha 18 de junio de 2015, se señaló:
“…Ahora bien, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, dispone lo siguiente:
…Omissis…
La anterior normativa comprende los extremos necesarios -periculum in mora y fumus boni iuris-, que deben cumplirse para que el juez pueda decretar las medidas preventivas.
Conforme a ello el poder cautelar, que está destinado a limitar el derecho de propiedad de la parte contra la cual obra durante la sustanciación del juicio con el fin de asegurar y garantizar la efectividad de la decisión de fondo, requiere que en estricta observancia de las disposiciones legales, el jurisdicente no solamente verifique los presupuestos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por ser esta la norma que regula el otorgamiento de la tutela cautelar, sino que además está obligado a justificar su negativa o revocatoria mediante las razones de hecho y de derecho, así como la valoración de las circunstancias, argumentos y medios probatorios que sustenten la decisión sometida a su jurisdicción. (Sent. Sc-.C. de fecha 11-06-13, caso: ENRIQUETA ROCA GUILLERMO Y OTROS, contra JAIME JOSÉ ROCA GUILLERMO Y OTROS) (Exp. Nº AA20-C-2015-000012).

Conforme a lo expuesto los requisitos que deben concurrir para que las medidas cautelares nominadas pueden ser decretadas pueden ser definidos como:
1.- La presunción de buen derecho o “fumus boni iuris”; es la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida, siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esa circunstancia, es decir, comprende un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, y
2.- El peligro de quedar ilusoria la ejecución del fallo o “periculum in mora”, se entiende como la posibilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo del fallo, debido al retardo de los procesos judiciales, se convierta en una ficción, con una expectativa de ejecución con limitantes en términos relativos o absolutos, tal y como lo dejó establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia proferida el 30/01/2008 en el Expediente AA20-C-2006-000457, con la que ratifica el criterio jurisprudencial sentado en sentencia N° RC-00442 del 30 de Junio de 2005, Expediente N° 04-966, en el cual se indicó: “…El peligro de la demora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo necesariamente transcurre desde la admisión de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.”
Conforme con lo expuesto, y a los efectos de providenciar la solicitud, entra este Tribunal a examinar los documentos que fueron acompañados a los autos, sin que ello suponga pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida, a cuyos efectos se observan los documentos:
*Copia Certificada de la sentencia de Divorcio dictada por el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Tribunal Cuarto de Sustanciación de Primera Instancia, Mediación, Sustanciación y Ejecución del Estado Táchira de fecha 14-11-2023
*Copia certificada de la sentencia del juicio de la Homologación del Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad dictada por el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Tribunal Segundo de Sustanciación de Primera Instancia, Mediación, Sustanciación y Ejecución del Estado Táchira de fecha 16-11-2023
*Copia certificada de la solicitud de divorcio realizada por los ciudadanos MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ y DANYS ALBERTO ROJAS MARQUEZ, asistidos por el abogado JUAN CARLOS APARICIO VILLAMARIN con Inpreabogado No. 282.261
* Copia simple del documento protocolizado por ante el Registro Púdico Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del Estado Táchira, inscrito bajo el No. 2009.1484, asiento registral 2 de inmueble matriculado bajo el No. 429.18.1.109 de fecha 14-02-2012, donde el inmueble ubicado en la Urbanización La Pradera, Calle 14, entre Avenida Páez y Urdaneta, Cordero Municipio Andrés Bello del Estado Táchira pertenece a la ciudadana MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ.
Así las cosas, de los documentos anteriormente relacionados y valorados exclusivamente en cuanto a la verificación de los presupuestos requeridos para el decreto de la medida cautelar solicitada, considera esta sentenciadora del examen efectuado a los mismos que se encuentra satisfecho el relativo a la presunción del buen derecho o fumus boni iuris.
Respecto al periculum in mora, se aprecia que tratándose la presente causa de un juicio de INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONES, es un hecho notorio el tiempo que supone el recorrido del juicio por el cual se sustancia la misma desde la admisión de la demanda hasta la oportunidad de dictarse sentencia definitiva y ejecutable, lo cual supone para la parte demandante en el supuesto de obtener una decisión favorable el riesgo de que quede ilusoria la ejecución, en virtud de que la comandada MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ podría gravar y/o enajenar el referido bien, lo cual le causaría un menoscabo sobre los derechos reales que le pertenecen al ciudadano JUAN CARLOS APARICIO VILLAMARIN
De manera que al ser concurrentes los dos requisitos de procedibilidad para el decreto de las medidas cautelares nominadas concluye esta juzgadora que dicha medida debe decretarse, y así se decide.
En consecuencia, por cuanto se encuentran llenos los dos extremos exigidos en los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil, SE DECRETA: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un lote de terreno y la casa sobre el construida signada con el N° 7-61B ubicado en la Urbanización La Pradera, Calle 14, entre Avenida Páez y Urdaneta, Cordero, Municipio Andrés Bello del Estado Táchira, N° Catastral 008-09, teniendo el terreno un área de 145.58 metros cuadrados y un área de construcción de 60 metros cuadrados con los siguientes linderos y medidas: NORTE: 10.19 metros y colinda con calle privada que le sirve de acceso, SUR: 10.15 metros y colinda con terrenos que son o fueron de JOSÉ HERNAN ARELLANO ROA ESTE: 14.50 metros y colinda con la Casa No. 01 No. 7-61-A y OESTE: 14.31 metros y colinda con la casa No. 3 No. 7-61-c el cual según documento protocolizado por ante el Registro Púdico Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del Estado Táchira, inscrito bajo el No. 2009.1484, asiento registral 2 de inmueble matriculado bajo el No. 429.18.1.109 de fecha 14-02-2012 pertenece a la ciudadana MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nos. V-13.928.672, por lo cual se acuerda oficiar al registro correspondiente a los fines de que estampe la nota marginal correspondiente.
LA JUEZ PROVISORIA

ABG: JOHANNA QUEVEDO
LA SECRETARIA,

ABG: WUENDY MONCADA.

En la misma fecha se libró el oficio No. ________al Registro Púdico de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del Estado Táchira

LA SECRETARIA,

ABG: WUENDY MONCADA

JQ/Wm/Ar –
Expediente 10.113-2024