DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

RESUELVE: ÚNICO: NEGAR la solicitud de Sustitución de Medida por otra menos gravosa de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada al acusado RICARDO VALENCIA DÍAZ, colombiano, natural de Bucaramanga, República de Colombia, nacido el 19 de noviembre de 1963, de 40 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. E-81.862.998, de profesión u oficio chofer, casado, residenciado en el Valle Calle Vicente Salias N° 14, Municipio Cárdenas del Estado Táchira, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 460 del Código Penal en perjuicio de NANCY MARIBEL DUQUE MARQUEZ Y CARLO SALOMÓN VITALE ALVAREZ; y en consecuencia, MANTIENE CON TODOS SUS EFECTOS LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD EXISTENTE ACTUALMENTE CONTRA DEL MENCIONADO ACUSADO, de conformidad con lo señalado en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Trasládese al imputado para notificarlo de la presente decisión. Notifíquese a la .....

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los abogados RAÚL ZAMBRANO LOZADA Y MARIA JUDITH ZAMBRANO BUSHEY el 17 de junio de 1997, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 16 de junio de 1997. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 16 de junio de 1997 que declara SIN LUGAR la oposición al embargo que formulara el ciudadano LUIS ALBERTO HINOJOSA GARCÍA, representado por el abogado GIULIO HOMERO VIVAS GARCÍA, por una parte; y, por la otra, declara SIN LUGAR la solicitud de reposición de la causa formulada por el demandado ALVARO JESÚS LLANES, a través de sus abogados RAÚL ZAMBRANO LOZADA y MARÍA JUDITH ZAMBRANO BUSHEY. Se condena en costas al demandado de conformidad con el artículo 274 y 281 del Código de P.....

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado José F. Campos Alvarado, apoderado judicial del ciudadano JORGE ELIECER CHONA SANTANDER, contra la decisión de fecha 04 de febrero de 2005, dictada por la abogada Belkis Alvarez Araujo, Juez del Tribunal en funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, mediante la cual NEGO LA ENTREGA DEL VEHICULO marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color azul, placa SAO-381, serial del motor 8 cilindros, serial de carrocería 8Y4GW58NA21708489, año 2002, tipo Sport-Wagon, clase camioneta, uso particular al ciudadano antes mencionado. SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes, la decisión señalada en el punto anterior.

En base a los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la abogada Aida Fabiana Reyes Colmenares, defensora del ciudadano FRANKLIN DE JESÚS VALOY HERRERA, de conformidad con lo dispuesto en el literal "c" del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el último aparte del artículo 196 ejusdem, por haber sido interpuesto contra una decisión que es inimpugnable por expresa disposición del citado Código.

PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano FERNANDO JOSÉ ROA RAMÍREZ, contra la decisión dictada en fecha 07 de enero de 2003, por el abogado Francisco Elías Codecido Mora, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, mediante la cual ordenó la remisión de las actuaciones signadas con el N° F3-360, iniciadas por la Fiscalía Tercera, a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a los fines señalados en el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal; y fijó un plazo de quince (15) días hábiles continuos a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, para que finalice la investigación N° F9-927. SEGUNDO: SE REVOCA totalmente la decisión indicada en el numeral anterior. TERCERO: SE DECLARA QUE NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, respecto a la petición del ciudadano Fernando José Roa Ramírez en su condición de imputado en la investigación F9-927, en la que solicita que se ejecute.....

PRIMERO: CONFIRMA la decisión dictada en fecha 18 de junio 2003 por el abogado Gerson Alexander Niño, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 5 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de inhibición interpuesta por la defensa, por no existir en el derecho positivo venezolano. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Hender Arnoldo Márquez Pulido, contra la decisión señalada en el punto anterior.

1. Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ISLEY COROMOTO MORALES BECERRA, con el carácter de defensora del acusado HECTOR FABIO MOLINA GONZALEZ. 2. CONFIRMA la sentencia definitiva dictada el 28 de abril de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1, Extensión San Antonio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual condenó al acusado HECTOR FABIO MOLINA GONZALEZ, a cumplir la pena de 10 años de prisión, por la comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Y, en virtud de que el recurso fue interpuesto en el término establecido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, pues dicho fallo fue publicado el 04 de mayo de 2005 y el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 del mismo mes y año, de donde se infiere que se hizo dentro del lapso legal, esta Corte de Apelaciones, ADMITE dicho recurso y fija para el sexto día de audiencia siguiente al de hoy, a las diez (10:00) de la mañana, la celebración de la audiencia oral, conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal. Se admiten las pruebas señaladas por el recurrente, relacionadas con las actas del debate del juicio oral y público, así como la sentencia dictada.