Se ordenó el archivo de la solicitud, por la pérdida de interés de los peticionantes.

Se ordenó el archivo de la solicitud, por la pérdida de interés del peticionante.

Se ordenó el archivo de la solicitud, por la pérdida de interés del peticionante.

Se ordenó el archivo de la solicitud, por la pérdida de interés de la peticionante.

SE DICTO AUTO DONDE SE ADMITIO LA DEMANDA DE COBRO DE BOLIVARES

Este Tribunal Tercero Unipersonal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace los siguientes pronunciamiento: PRIMERO: CONDENA al ciudadano MANUEL ALEJANDRO RIVERO COLMENARES, titular de la Cédula de Identidad N° V-17.484.750, a cumplir la pena de UN (01) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, concatenado con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. TERCERO: Se exonera del pago de costas procesales de conformidad con los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela..

CONFORME AL PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA CULPABLE Y RESPONSABLE PENALMENTE al ciudadano PIMIENTA APARICIO LUIS CARLOS, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, titular de la cédula de identidad N° 17.554.619, nacido el 21/03/1982, de 27 años de edad, de profesión obrero, de estado civil soltero, hijo de CELINA APARICIO (F) Y JOSÉ PIMIENTA (V), residenciado en: Avenida La Playa, cerca del Hotel Tamanaco, Quinta Zozare, Tanaguarena, Estado Vargas, por la comisión de los delitos de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal, LO CONDENA a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y NUEVE (09) MESES DE PRISIÓN. TERCERO: SE CONDENA al acusado PIMIENTA .....

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Segunda Penal, Abogada FRANZULY MARIN APONTE, en contra de la decisión dictada en fecha 22 de Agosto de 2009, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó al ciudadano CARLOS LEONARDO RODRIGUEZ GONZALEZ, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 250 numerales 1, 2, 3 y parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal Venezolano.

DECLARA ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Penal Abogado RICARDO JOSE MESINA PACHECO, en su carácter de Defensores del ciudadano MANUEL EUSEBIO DIAZ FLORES, contra la decisión dictada en fecha 19 de Agosto de 2009, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual decretó la MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD al ciudadano ante mencionado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Privado, Abogado RAFAEL QUIROZ, en contra de la decisión dictada en fecha 01 de Agosto de 2009, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó al ciudadano GONZALO DE JESUS PEÑA MARTINEZ, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por encontrarse satisfechos los requisitos exigidos de los artículos 250 y 251 numerales 2° y 3° ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (EN MENOR CUANTIA), previsto y sancionado en el último aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.