PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto por el abogado Rafael Ignacio Núñez Flores, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mireya Josefina González Contreras, contra el auto de fecha 24 de enero de 2007 dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que negó oír la apelación interpuesta por la parte actora contra la decisión de fecha 21 de diciembre de 2006, por considerarla extemporánea. SEGUNDO: Queda CONFIRMADO el referido auto de fecha 24 de enero de 2007.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de Regulación de Competencia efectuada el 16 de noviembre del 2006 por el abogado FRANKLIN ASDRÚBAL ROA BECERRA con el carácter de apoderado judicial de la parte demanda, en contra de la determinación proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial en fecha 14 de agosto del 2006. SEGUNDO: Se declara competente en razón de la cuantía para seguir conociendo de la presente causa al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. De conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, ofíciese a los efectos de remitir copia computarizada certificada de la presente decisión al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Publíquese esta sentencia en el expediente Nº 1534 y regístrese conforme a los artículos 247 y 248 del C.....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la solicitud DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al imputado JUAN CARLOS ROSALES MENDOZA, de nacionalidad venezolana, natural de Ciudad Rubio, Estado Táchira, nacido en fecha el día 22 de Enero de 1.985, de 21 años de edad, hijo de Balbina Mendoza de Rosales (v) y de Carlos Julio Rosales Jiménez (v) , titular de la cedula de identidad Nº V-16.958.176, de estado civil soltero, profesión u oficio obrero, residenciado en el Sector Los Limones, casa sin número, color de la casa verde, diagonal al Ministerio del Ambiente, Rubio, Municipio Junín del Estado Táchira, teléfono residencial 0276-6110118, a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN .....

DECLARA CON LUGAR la inhibición planteada por el abogado CIRO HERACLIO CHACON LABRADOR, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 7, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la causa signada con el Nro. 7C-7403-07, seguida a los ciudadanos ALVIAREZ BAUDILIO ADOLFO, ZAMBRANO NAVAS JOSE ORLANDO, PORTILLO SANCHEZ GERMAN HURTADO, OSWALDO RAMIREZ ALVIAREZ, MILVIA OLIVA RAMIREZ E IRIS MARGARETE HURTADO

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO DEL TACHIRA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN PRESENTADA, por el Ministerio Público en contra del acusado CARLOS EDUARDO ROJAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 17861930, natural de Caracas Distrito Capital, nacido en fecha 04-03-1985, profesión u oficio Obrero, hijo de Gloria Ibone Rojas (v) y Eustaquio Amaya (v), residenciado en Barrio la Palmita, casa sin Numero casa es de Lata, Manifiesta que diagonal al Dentista, Sector La Guaira, Rubio Estado Táchira; por la presunta comisión de los delitos de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionado artículo 277 del Código Penal, en concordancia con el artículo 9 de la Ley Sobre Armas y Explosivos y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; previstos y sancionado artículo 218 ordinal 2° del Código Penal.....

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados Mercedes Liliana Rivera Rojas y Nelson José Montero Merchan, Fiscales Auxiliares Terceros del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en función de Control N° 1 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 20 de diciembre de 2005. SEGUNDO: Se ANULA en todas sus partes la decisión recurrida. TERCERO: Se repone la causa al estado de que un juez distinto del que profirió la decisión recurrida, resuelva las peticiones de las partes con prescindencia del vicio observado. Se mantiene la privación judicial preventiva de libertad decretada al ciudadano PABLO ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ, en consecuencia el Juez que conozca la causa deberá ordenar la captura del mismo.

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RESUELVE: ÚNICO: DECRETA el CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD, por cuanto el ciudadano SARMIENTO SANCHEZ ANGEL ALBERTO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.507.027, dio cumplimiento efectivo a la Medida impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 7 del la Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, y por tanto decreta la libertad plena respecto de dicho ciudadano, todo de conformidad con el artículo 105 del Código Penal. Se ordena librar los oficios correspondientes al Centro de Atención, Orientación y Tratamiento (CPAO), San Cristóbal Estado Táchira y a la Fiscalia Duodécimo del Ministerio Publico.

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LEY, DECLARA: Primero: DESISTIDA LA ACCIÓN intentada por la ciudadana SOBEIDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ contra la empresa mercantil CARNICERIA CENTRAL, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Segundo: No hay especial condenatoria en costas.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada, así mismo se deja constancia que el archivo definitivo del presente expediente se ordenará una vez conste en autos el último de los pagos acordados en la presente acta. Igualmente se deja constancia de la entrega de las pruebas presentadas por ambas partes al inicio de la Audiencia Preliminar. EL JUEZ ABOG. JOSE LEONARDO CARMONA G.

DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO