Se le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dándole fuerza ejecutiva. Notifíquese al Fiscal Catorce Especializado para la Protección del Niño y del Adolescente. Se acuerda oficiar al Banco Bicentenario, Sucursal San Antonio del Táchira, a los fines de aperturar cuenta de ahorros a nombre de la ciudadana DAISY ORFILA ORTEGA DE RIOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.018.127, representante legal de la adolescente (Se omite el nombre por disposición de la Ley).

Se le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dándole fuerza ejecutiva. Notifíquese a la Fiscalía Catorce Especializada para la Protección del Niño y del Adolescente. Se acuerda oficiar al Banco Bicentenario, Sucursal San Antonio del Táchira, a los fines de aperturar cuenta de ahorros a nombre de la ciudadana YESSIKA DEL CARMEN VERA DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.817.782, representante legal de los niños (Se omiten los nombres por disposición de la Ley).

Con Lugar el Divorcio por Ruptura Prolongada de la Vida en Común, de los cónyuges FRANKLIN JAVIER GONZALEZ QUINTERO y GLADYS REYES RUIZ, ambos ya suficientemente identificados en la presente decisión, todo de conformidad con lo establecido en el Articulo 185-A del Código Civil Venezolano. Queda Disuelto el Vinculo Matrimonial que entre ellos fue contraído ante la Primera Autoridad Civil del Municipio San Antonio, Distrito Bolívar del estado Táchira, hoy Municipio Bolívar del estado Táchira, en fecha 22 de junio de 1983; tal como consta en el Acta de Matrimonio N° 383. Procédase a la liquidación de la Comunidad Conyugal, si hubiere lugar a esto.

En relación a las medidas preventivas, el criterio seguido por el Tribunal Supremo de Justicia, es el de reconocer la soberanía de los Jueces de instancia, en verificar los extremos señalados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de decretar una medida cautelar, toda vez que la discrecionalidad del operador de Justicia, no es absoluta, y éste debe verificar la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción del buen derecho, por lo que está facultado para obrar según su prudente arbitrio. Así las cosas, de los documentos que fueron anexos por la Parte Actora Demandante a su escrito libelar, considera quien Juzga, que no se desprenden de forma concurrente, las presunciones de Ley, exigidas para la procedencia de la medida requerida, por tanto es forzoso para este Tribunal de Municipio, el Negar la Medida Cautelar de Embargo peticionada. Así se decide. El Juez Titular. Abg. Pedro Antonio Gáfaro Pernía. La .....