Ahora bien, tal como lo señaló la Sala de Casación Civil en la sentencia parcialmente transcrita, la referida certificación de gravamen consignada junto con el libelo de demanda no se corresponde con la certificación exigida en el Artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, que debe expedir el Registrador donde conste como antes se dijo el nombre, apellido y domicilio de las personas que aparezcan en la respectiva oficina como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble objeto de la pretensión. En consecuencia, al no haber consignado la parte demandante la aludida certificación expedida por el Registrador en los términos del Artículo 691 procesal, resulta forzoso para quien decide declarar INADMISIBLE la demanda por Prescripción Adquisitiva interpuesta por la ciudadana Nayli Jusbeth Martínez Murillo contra los sucesores de la de cujus Felisa Rojas de Del Real que son: Doris Elisa del Real de Zambrano, Jairo Antonio del Real Rojas, Jaime del Real Roja.....

A este respecto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de octubre de 2006, con ponencia de la Magistrada Dra. Isbelia Pérez Velásquez; con relación a los requisitos exigidos para decretar la medida preventiva indicó: "(...) En toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de norma general (artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que le ha sido planteado. Es decir, el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos (...)" Asimismo, la Sala ha establecido respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colana C.A, c/ José Lino De Andrade y o.....

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, 26 de junio de 2024. 214° y 165° Visto el escrito de fecha 27 de mayo de 2024, presentada por los abogados Gilberto Harvey Parada de Hoy, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 261.617, apoderado judicial de la empresa CIAMPAI QUIMICA S.A, parte actora de la presente causa, y la ciudadana MARIA YERALDINE LEAL DOS SANTOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 18.2557.761, asistida por la abogada NEDIA JUDITH PARADA DE HOY, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 82.864, parte demandada de la presente causa, contentivo de la TRANSACCIÓN celebrada entre ellos, en atención al mismo resulta oportuno traer a colación criterio plasmado por el autor Marcos J. Solís en su obra "Consideraciones Jurídicas de la Jurisdicción Voluntaria", reproduciendo el criterio de otros autores y el propio nos indica: "Cuando se trata de homologar un.....

Ahora bien, sin que pueda entenderse como una aceptación de la acción propuesta ni mucho menos como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido; la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el bien inmueble propiedad de la parte intimada Diana Maribel Sanguino Torres, concluyendo el Tribunal que el escrito de solicitud de medidas presentado por la parte actora de la presente causa, se desprende la condición del fumus bonis iuris, esto es el primero de los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual se encuentra satisfecho para la medida peticionada. Así mismo, el tribunal encuentra satisfecha la segunda exigencia relativa al "periculum in mora"; esto, sobre la base de una posible insolvencia de la parte demandada durante el transcurso del litigio. En consecuencia; y en fuerza de los razonamientos anteriores, éste Tribunal encuentra.....