DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos y de conformidad con lo establecido en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Juicio, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, DECIDE: Primero: CONDENA al acusado CHACÓN VARELA JOHAN, plenamente identificado, a cumplir la pena DOS (02) AÑOS Y NUEVE (09) MESES de prisión, por haberlo hallado culpable y responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, (vigente para tal oportunidad), en prejuicio de la hoy occisa Edith Yelitza Sánchez. Segundo: CONDENA al referido acusado a sufrir las penas accesorias de ley y al pago de las costas procesales, por cuanto es evidente que cuenta con recursos económicos al no hacer uso de la Unidad de Defensa Penal para ejercer su derecho a rep.....

Primero: CONDENA al acusado JOHER ALEJANDRO PERNIA MURILLO, plenamente identificado supra, a cumplir la pena UN (01) AÑO Y TRES (03) MESES de prisión, por haberlo hallado culpable y responsable en la comisión del delito de ROBO ARREBATÓN, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, (vigente para tal oportunidad), en perjuicio de Colmenares Gioya. Segundo: CONDENA al referido acusado, a sufrir las penas accesorias de ley y al pago de las costas procesales, por cuanto es evidente que cuenta con recursos económicos al no hacer uso de la Unidad de la Defensa Penal para ejercer su derecho a representación o defensa técnica,

Primero: CONDENA al acusado CHACÓN VARELA JOHAN, plenamente identificado, a cumplir la pena DOS (02) AÑOS Y NUEVE (09) MESES de prisión, por haberlo hallado culpable y responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, (vigente para tal oportunidad), en prejuicio de la hoy occisa Edith Yelitza Sánchez. Segundo: CONDENA al referido acusado a sufrir las penas accesorias de ley y al pago de las costas procesales, por cuanto es evidente que cuenta con recursos económicos al no hacer uso de la Unidad de Defensa Penal para ejercer su derecho a representación o defensa técnica.