En virtud de las consideraciones que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada por el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SEGURE BAG, C.A. contra la Providencia Administrativa de efectos particulares Nº 85 emanada de la Inspectora del Trabajo del estado Vargas, de fecha 31 de octubre de 2002 mediante la cual se ordenó a la empresa demandante el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Juan Carlos González.

Este Tribunal, vista la exposición de las partes, pasa a realizar las siguientes consideraciones: El artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución". Aplicando al caso que nos ocupa las normas antes transcrita, este Tribunal por cuanto la transacción celebrada entre las partes en el presente proceso, no es contrario al orden público lo HOMOLOGA, en consecuencia téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Siendo once y treinta y dos de la mañana (11:32 am), se da por concluida la presente audiencia preliminar, con la respectiva decisión de Homologación. Es todo, termino, se leyó y c.....

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION , CELEBRÓ EL DIA DE HOY LA PROLONGACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, EN LA CUAL LAS PARTES LLEGARON A UN ACUERDO POR UNA CANTIDAD TOTAL ESPECIFICADA EN EL ACTA, CUYA CANTIDADES ES CANCELADAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES, EN CONSECUENCIA, VISTO QUE LA MEDIACION FUE POSITIVA ESTE TRIBUNAL HOMOLOGA DICHO ACUERDO EL MISMO TIENE EFECTO DE COSA JUZGADA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 133 DE LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO.

Este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley considera: PROCEDENTE DECLARAR la Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpos y Bienes, de los ciudadanos: MARSHAL REIMAR RUMBO Y LORENZO ARMANDO ANDRADE OTAZO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-23.598.245 y V-18.754.122, respectivamente, y en consecuencia se declara: DISUELTO el vinculo conyugal que los une, contraído el día 18 de Junio de 2015, por ante el Registro Civil de la Parroquia Urimare, Municipio Vargas. Ofíciese a los organismos competentes, remitiendo copia certificada de la presente decisión, a los fines legales consiguientes.

Este Tribunal declara instruida la presente solicitud y acuerda entregar la misma al solicitante, sin decreto alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo supra transcrito. Cúmplase.

Se dicta Resolucion interlocutoria que declara: Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Circuito Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE LA DEMANDA que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, que interpuso por los abogados JORGE A. PEREZ VALECILLOS Y DIEGO A. PEREZ RODRIGUEZ, Inpreabogado Nros. 3.334 y 258.350, respectivamente, en su carácter de apoderado judiciales del ciudadano JUAN ELIMENO CAPOTE, titular de la cédula de identidad N° V-8.580.452, contra los HEREDEROS DEL CIUDADANO ANGEL HERRERA. Y así se decide.

Se dicta Resolucion interlocutoria que declara: Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Circuito Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE LA DEMANDA que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, que interpuso por los abogados JORGE A. PEREZ VALECILLOS Y DIEGO A. PEREZ RODRIGUEZ, Inpreabogado Nros. 3.334 y 258.350, respectivamente, en su carácter de apoderado judiciales del ciudadano JUAN ELIMENO CAPOTE, titular de la cédula de identidad N° V-8.580.452, contra los HEREDEROS DEL CIUDADANO ANGEL HERRERA. Y así se decide.

Este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente solicitud RECTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, presentada por la MARÍA ARMINDA GONCALVES CORREIA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. E-81.603.434, actuando en nombre y representación de su padre, ciudadano MANUEL GONCALVES CORREIA, titular de la cédula de identidad N° V-13.943.470. ASI SE DECIDE.

Este Tribunal declara TÍTULO SUPLETORIO a favor de la ciudadana PATRICIA SANTAMARIA RADA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-1.448.343, sobre las mejoras de las bienhechurías descritas en el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nº DCM-CEB-356-2017, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de terceros.

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual se declaró TÍTULO SUPLETORIO a favor de los ciudadanos NEILA MERCEDES GUERRERO SÁNCHEZ, ZENON OVIDIO GUERRERO SÁNCHEZ, ADELAYDA GUERRERO SÁNCHEZ, ROSELIA GUERRERO SÁNCHEZ, ATENODORO GUERRERO SÁNCHEZ MARTHOLA INMACULADA GUERRERO SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.993.868, V-9.993.949, V-6.478.637, V-6.487.076, V-5.646.116 y V-4.206.974, respectivamente, sobre las bienhechurías descritas en el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nº DCM-CEB-041-2017, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dejando a salvo los derechos de terceros. Así se establece.