IMPROCEDENTE la acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano SANTIAGO PERALTA, en su alegado carácter de Presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del Estado Vargas, plenamente identificado en el texto de este fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º, en concordancia con el artículo 6º, ordinal 2º, 3º y 5º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se establece.

declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el articulo 185-A y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos DILEIDI COROMOTO ANTILLANO DE IZAGUIRRE y CONCEPCIÓN JOEL IZAGUIRRE OSES, contraído el día 08 de diciembre de 1999, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Catia la Mar, Municipio Vargas, Estado Vargas

CON LUGAR la presente solicitud de PRESUNCIÓN DE MUERTE, del ciudadano: RAMÓN ANTONIO DÍAZ POLEO, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Carmen de Uria, Parroquia Naiguatà, Municipio Vargas del Estado Vargas y titular de la cèdula de identidad Nº V-5.540.171, presentada por los ciudadanos: ANA SOTTOLANO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE DÍAZ SOTTOLANO. SEGUNDO: Conforme lo prevé el aparte único del artículo 479 del Código Civil, se ordena Oficiar a la Jefatura Civil de Naiguatà del Estado Vargas, remitiéndole copia certificada de la presente sentencia, anexo oficio, para que proceda a insertar la misma en el Libro de Registro de Defunciones que lleva dicha Jefatura. Asì se decide

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano OSCAR RAFAEL BLANCO MAYORA, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés del peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.

Ante los razonamientos de hecho y de derecho aquí expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA que por Daños y Perjuicios materiales derivados de accidente de tránsito interpusieran los ciudadanos JUANA FELICIA AREVALO DE ALVAREZ y PABLO EMILIO ALVAREZ, en contra de la sociedad mercantil CARAMACA INGENIEROS C.A. Así se declara. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar a la parte demandante la suma de SESENTA MILLONES DE BOLÌVARES (Bs. 60.000.000,00), a la presente fecha y por efecto de la reconversión monetaria, la suma de SESENTA MIL BOLÌVARES FUERTES (Bs.F 60.000,00). Así se decide. TERCERO: No hay condenatoria en costas. Así se declara.

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés del peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana ISABEL MALAMBO DE MORALES, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés del peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés del peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.