Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la medida de Protección Policial a favor de la ciudadana Cindy Migueisy Rondón Martínez y su grupo familiar en la siguiente dirección: Los Pinos, casa S/N, cerca de mercal, parroquia Carayaca, estado Vargas; durante seis (6) meses, mediante dos recorridos diarios matutino y nocturno en la indicada dirección. Se ordena al Instituto Autónomo de Policía y Circulación del Estado Vargas (POLIVARGAS), el cumplimiento de la presente medida de protección. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 21.1 y 34 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción y en consecuencia OTORGA PRORROGA DE 15 DIAS, debiendo la Representación Fiscal presentar el acto conclusivo a mas tardar el día 18-02-2011, en el presente asunto seguido en contra del ciudadano Johrivel José Quintero Torres. Todo de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda mantener las medidas cautelares impuestas en audiencia del 08 de enero de 2010, al ciudadano privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Juan Camilo Martínez, al no haber sido justificado su estado de pobreza. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.