En virtud de lo procedentemente expuesto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REFORMA EL CÓMPUTO DE LA PENA, impuesta mediante sentencia firme al ciudadano JESUS MORILLO FERNANDEZ, portador del pasaporte N° AAC814270, nacido en fecha 28-06-1963, de nacionalidad Española, natural de España, de estado civil casado, de 48 años de edad, domiciliado en Calle La Masalias, N° 05, 4H, Ponteareas, Monteverde, España, conforme a lo establecido en los artículos 479, 482 y 500 todos del Código Orgánico Procesal Penal de fecha 04-09-2009, EN VIRTUD DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA, de fecha 23-05-2013, efectuada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, donde acordó rebajar la pena a diez (10) años de prisión, conformidad con lo establecido en el artículo 470 en su numeral 6, en relación con.....

Se dicta auto mediante el cual, se admite la demanda. Asimismo, se ordena librar cartel de notificación a la parte demandada, a los fines de que tenga lugar la audiencia preliminar.

De las citadas disposiciones legales se desprende, que la nulidad y consecuente reposición, si fuere el caso, tiene por objeto corregir vicios procesales en la tramitación de los juicios, pero no así los errores o desaciertos de las partes, sino faltas del Tribunal que constituyan lesión al orden público o perjuicio para los intereses de los justiciables, sin que éstos hayan dado causa a ello, por lo que, siempre que no pueda corregirse tal vicio de otra forma, deberá proceder la nulidad de lo actuado en violación al debido proceso y la renovación de tal acto. En tal virtud, es criterio de esta juzgadora que, en el supuesto sometido a consideración de quien decide, ocurrió un vicio en la tramitación del asunto, que no puede ser corregido por ninguna otra vía distinta a la reposición, por involucrar lesión al debido proceso y a la defensa, al subvertirse el orden procesal, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es REPONER LA PRESENTE CAUSA al estado de librar nueva Boleta .....

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda el DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO al ciudadano penado ELVIS ENMANUEL ZABALA MARTÍNEZ, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, e identificado con la cédula de identidad Nro. V-19.914.410, antes identificada, como fórmula de cumplimiento de pena, de conformidad con lo establecido en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo pernoctar en el Centro de Residencia Supervisada (C.R.S), "Méndez Urosa", situado en el estado Vargas," obligándose a cumplir las condiciones establecidas en la presente decisión.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA de DOS (02) AÑO DE PRISION, impuesta al CHRISTIAN VALENTINO SERRANO LADERA, quien dijo ser de nacionalidad Venezolana, natural de La Guaira, Estado Vargas, y titular de la cédula de identidad Nro. V-18.930.962 plenamente identificado, según sentencia firme dictada el 29-10-2007, por el Juzgado Quinto en Función Control de este Circuito Judicial Penal, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal y como consecuencia su LIBERTAD PLENA, al haber operado la prescripción de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 112 eiusdem

ESTE TRIBUNAL, VISTO QUE LA MEDIACIÓN HA SIDO POSITIVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, DA POR CONCLUIDO EL PROCESO Y POR CUANTO NO HAN SIDO VULNERADOS DERECHOS IRRENUNCIABLES DEL TRABAJADOR, NI NORMAS DE ORDEN PÚBLICO, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.-

ESTE TRIBUNAL, VISTO QUE LA MEDIACIÓN HA SIDO POSITIVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, DA POR CONCLUIDO EL PROCESO Y POR CUANTO NO HAN SIDO VULNERADOS DERECHOS IRRENUNCIABLES DEL TRABAJADOR, NI NORMAS DE ORDEN PÚBLICO, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.-

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación en funciones de ejecución, declara EXTINGUIDO el presente procedimiento de conformidad con el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ciérrese el presente caso. Archívese el expediente, así como su remisión al Archivo Judicial, Región Vargas. Cúmplase lo ordenado.-

En virtud de lo procedentemente expuesto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION DE LA PENA, impuesta mediante sentencia firme al ciudadano NELSON ALEXANDER SUAREZ PEREZ titular de la cedula de identidad Nº V- 18.536.358, de Nacionalidad Venezolana, natural de La Guaira Estado Vargas, de 27 años de edad, de estado civil casado, de fecha de nacimiento 17-06-1985, de profesión u oficio: AUDITOR DE EMPRESAS, hijo de: NELSON JESUS SUAREZ RIVAS (V) y de ALEXEY JOSEFINA PEREZ ANZOLA (F), residenciado en: Avenida Álamo, Residencias Álamo, Piso 17, Torre B, Apartamento 171. Macuto. Estado Vargas. Teléfono: 0412.334.91.32, conforme a lo previsto en los artículos 471, encabezamiento, en concordancia con el artículo 474, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO, DECLARA PROCEDENTE EL AMPARO CAUTELAR SOLICITADO POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE, EN CONTRA DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 018-2011, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2011, DICTADA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS. SE ORDENA LA NOTIFICACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.