PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud de rectificación del Acta de Nacimiento Nª 439, de fecha 27/08/1964, acto realizado a través del Prefecto Civil del Municipio Córdoba, estado Táchira; y cuya copia fue emitida por el Registro Civil del Municipio Córdoba del estado Táchira; correspondiente a la ciudadana MIREYA DIAZ VELANDRIA, titular de la cédula de identidad N° V-10.179.241.

HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO suscrito el día 30/07/2019 por la parte demandada ROSA MARÍA SÁNCHEZ FIGUEROA, asistida por la Abogada YAJAIRA SULBEY GUTIERREZ GUERRERO.

La sentencia de la Sala de Casación Civil ut supra citada establece que la indexación "a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad". Es por lo que el experto contable debe realizar la experticia complementaria del fallo del período correspondiente desde el mes de enero 2016 hasta el 15 de julio de 2016, tal como lo ordenó este Tribunal en sentencia de fecha 26 de julio de 2016, la cual se encuentra definitivamente firme, siguiendo los nuevos criterios que dejó sentado la Sala de Casación Civil en la sentencia citada ut supra y así se decide. Notifíquese a las partes. El Juez .....

PRIMERO: Admite el presente recurso de apelación interpuesto por el abogado Pauside Alexander Parra Reuter, actuando como Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público; con respecto a la decisión dictada en fecha 02 de julio del año 2019, y publicada in extenso en la misma fecha, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control extensión San Antonio de este Circuito Judicial Penal; mediante la cual entre otros aspectos admitió parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público contra Carlos Alberto Restrepo Alzate y María Cristina Mendoza Duque, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, no admitiendo la agravante del artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas; y los sanciona con la pena de Cuatro (04) años de prisión, por el procedimiento especial de admisión de los hechos, .....

ÚNICO: Admite el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alvaro Mendoza, en su carácter de apoderado de la víctima Luis Alberto Torres Valero, contra la decisión dictada en fecha 05 de diciembre de 2018, por la Abogada Sulimar Rincón Velandia, Juez Séptima Itinerante de Primera Instancia en Función de Control, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otros decreta el Sobreseimiento de la presente causa por extinción de la acción penal seguida a Carlos Elysaul Gonzales, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal. En consecuencia acuerda, resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes al de hoy, conforme a lo previsto en el artículo 442 ibidem.

ÚNICO: Admite el recurso de apelación interpuesto por el abogado Alvaro Mendoza, en su carácter de apoderado de la víctima Luis Alberto Torres Valero, contra la decisión dictada en fecha 05 de diciembre de 2018, por la Abogada Sulimar Rincón Velandia, Juez Séptima Itinerante de Primera Instancia en Función de Control, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otros decreta el Sobreseimiento de la presente causa por extinción de la acción penal seguida a Carlos Elysaul Gonzales, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal.

ÚNICO: Declara inadmisible el presente recurso de apelación interpuesto por los abogados ERNESTO RAMÍREZ Fiscal Provisorio en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira y JORGE POLENTINO BORDONES Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira de fecha 18 de Marzo de 2019 –según consta en sello de alguacilazgo-, por extemporáneo según literal b, artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 440 del Código Adjetivo Penal.

Por las razones anteriormente expuestas, este TRIBUNAL DE JUSTICIA DE GÉNERO, EN FUNCIÓN DE JUICIO, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PRIMERO: SE ACUERDA EL TRASLADO a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (S.E.N.A.M.E.C.F.) para que se le practique una Experticia Psiquiátrico Forense al ciudadano ALBERTO RAMON MORALES, titular de la cédula de identidad N° V-14.083.44, INSTÁNDO AL CENTRO DE RECLUSIÓN A TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DEL MISMO Y QUE PREVIO TRASLADO SE REALICE CON LAS SEGURIDADES DEL CASO. LÍBRESE LA RESPECTIVA BOLETA DE TRASLADO Y OFÍCIESE AL (S.E.N.A.M.E.C.F.) LO CONDUCENTE. ASÍ SE DECIDE. CÚMPLASE.-

Con lugar lo solicitado en fecha 25 de junio de 2019 por la abogada Gladys Josefina González de Barragán, en su condición de Defensora Pública Segunda Penal Especializada en Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, actuando con el carácter de defensora del ciudadano Rafael Arcángel Duque.

Se decreta el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano Joen Vicente Tovar Enríquez a tenor de lo establecido en los artículos 49 ordinal 7°, en concordancia con lo establecido en el artículo 300 ordinal 3° y en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena hacer cesar la persecución penal en contra del referido ciudadano y consecuencialmente se declara la extinción de la acción penal, declarándose cosa juzgada y el cese de todas las medidas, ordenándose el archivo del expediente una vez cumplido el lapso de ley. Se acuerdan proveer las copias solicitadas.