De manera que la norma transcrita prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, como son: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Con relación al primer requisito fumus boni iuris este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave de aquél derecho; y en cuanto al fumus periculum in mora la jurisprudencia señaló que "el peligro en la demora, a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso más o menos largo siempre le crea un riesgo a la Justicia". En consecuencia, en virtud de los recaudos acompañados al libelo de la demanda los cuales constituyen presunción grave del derecho que se reclama, y por cuanto son co.....

Y habiendo sido declara Con Lugar la cuestión previa opuesta (ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil), la consecuencia jurídica es la condenatoria en costas de la parte demandante por resultar totalmente vencido en la incidencia, conforme lo prevé el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, este Tribunal SALVA tal omisión y condena en costas a la parte demandante. Tómese el presente auto como parte integrante de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 03 de noviembre de 2010. Notifíquese al demandante de autos, tanto de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 03 de noviembre de 2010, como del presente auto. Se deja sin efecto la boleta de notificación expedido en fecha 03 de noviembre de 2010.

De la norma transcrita se infiere que las partes deben suscribir con su firma las diligencias que presenten ante el Secretario del Tribunal, la cual se dará por válida por haberse realizado ante el funcionario. Conforme a sentencia de fecha 27 de julio de 2000, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se estableció que la firma era un grafismo escrito de puño y letra de la persona que permite identificarla. Lo anterior se trae a colación en vista de que de la revisión exhaustiva al escrito donde se interpone el Recurso de Regulación de Competencia, contra la decisión dictada en fecha 29 de octubre de 2010, antes mencionado, se pudo constatar que el mismo no se encuentra suscrito con la firma de la abogada diligenciante, en virtud de lo cual el Secretario del Tribunal no puede dar fe de que efectivamente fue presentado por la mencionada abogada; en tal virtud y con fundamento en lo antes transcrito, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRIST.....

Por lo antes expuesto este TRIBUNAL DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE acuerda DECLINAR LA COMPETENCIA a un Tribunal de Control de la extensión San Antonio de este Circuito Judicial Penal, así como de todas las actuaciones cursantes en este Tribunal en el Tribunal de Control correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 61 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y notifíquese.

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesta por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SAN BENITO COMPAÑÍA ANÓNIMA, a través de representante legal, ciudadana LESBIA HERMELINDA MALUENGA DE NAVA, asistida por la abogada MARÍA JUDITH ZAMBRANO BUSHEY, contra la ciudadana MARITZA PIEDAD MALDONADO JAIMES; todas suficientemente identificadas en esta Sentencia, en consecuencia, declara resuelto el contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 26 de diciembre de 2006, bajo el N° 66, Tomo 264, de los libros respectivos, y CONDENA a la parte demandada en lo siguiente: ÚNICO: HACER ENTREG.....

PRIMERO: ADMITIR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano ARSENIO SUMALAVE ALMEIRA, ya identificado, asistido de abogado, contra la sentencia dictada el 12 de agosto de 2010 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando como segunda instancia. SEGUNDO: TRAMITARLA por el procedimiento oral, público, breve y gratuito, establecido en los artículos 27, 49 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia N° 07 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01-02-00, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. TERCERO: NOTIFICAR A: 1) PRESUNTO AGRAVIANTE: Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira mediante oficio con copia fotostática certificada del escrito con.....

PRIMERO: Inadmisible la demanda de INDEMINIZACIÓN DE DAÑO MORAL, interpuesta por la ciudadana AMPARO BORBON BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.640.063, y de este domicilio, asistida por el abogado en ejercicio JOSE GREGORIO BLANCO VERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.030.859, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.310, en contra de la sociedad mercantil CENTRO CLINICO SAN CRISTÓBAL C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de esta Circunscripción Judicial, en fecha 26 de junio de 1976, bajo el N° 1, tomo 24, representada por su presidente y/o vicepresidente y/o secretaria; ciudadanos HELMER ALBERTO GOMEZ NAVARRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.029.479; EDGERTO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.909.976; y ELCIDE ROA DE BUITRAGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.195.319, respectiv.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en los Penal, del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en Funciones de Control N° 08, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: ÚNICO: Revisa la medida cautelar sustitutiva decretada a JAVIER AUGUSTO SAYAGO ALVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 9.247.770, a quien el Ministerio Público le imputó la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, y le amplía el lapso de presentaciones ante la oficina de alguacilazgo cada noventa (90) días; todo de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los razonamientos antes expuesto, esta Juzgadora de acuerdo a lo previsto en le artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, DA POR CONSUMADO EL ACTO y HOMOLOGA el acto de desistimiento, procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, dándose por terminado el presente juicio. Por cuanto no hay más actuaciones pendientes se ordena el ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Se HOMOLOGÓ EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada con respecto al trabajador ciudadano SIOMAR MENESES, identificado con la cédula N° V-13.587.013. Concedido como fue el derecho de palabra a cada una de las partes con respecto al trabajador SIXTO ANDRES VIVAS identificado con la cédula N° V.- 17.931.976, éstas de mutuo y común acuerdo, en aras de lograr un arreglo satisfactorio que ponga fin a la controversia planteada y en vista de que se encuentran en conversaciones extrajudiciales, solicitaron la SUSPENSIÓN DEL PROCESO hasta el día 09 de diciembre de 2010, razón por la cual este Tribunal en uso de sus facultades legales, acuerda SUSPENDER EL PROCESO a partir de la presente fecha hasta el día 09 de diciembre de 2010 y fija la prolongación de la audiencia para el día 10 de diciembre de 2010 a las 10:30 a.m., de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, asumiendo cada parte la obligación de comparecer en la oportunida.....