Sobre la base de los razonamientos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Condena al ciudadano Johan José Hernández Loyo suficientemente identificado, a cumplir la pena de Tres (3) Años de Prisión, por la comisión del delito de Robo Genérico en Grado de Frustración, tipificado en los artículos 455 en relación con el 80 del Código Penal, más la accesorias de ley, descritas en el artículo 16 ibidem.

En consecuencia, por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 del Código Penal en concordancia con el 318, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, el Sobreseimiento de la Causa seguida al ciudadano EDMON DANIEL RUIZ SALAZAR. Así se Decide.

Con base en los razonamientos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en Función Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Condena al ciudadano HECTOR RENE MARCANO CLEMENTE, suficientemente identificado, a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de DESVALIJAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, más la accesorias de ley, descritas en el artículo 16 ibidem. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

acuerda mantener la privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Edgar Guillermo Durán, María Isabel Márquez Tovar, Juan Bautista Rivas Coa y Rafael Piñero Castro, y en consecuencia se declara Sin Lugar la sustitución de la medida cautelar por otra menos gravosa. Todo por estar vigentes las circunstancias que motivaron la medida cautelar sobre ellos recaída y conforme lo previsto en los artículos 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.