Por los razonamientos anteriormente este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de divorcio y en consecuencia queda disuelto el vínculo Matrimonial que unía a los ciudadanos: CARMEN YUDY SOTO CORTEZ Y HECTOR ENRIQUE RIVAS, venezolanos, mayores de edad, casados, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.564.187 Y 5.578.055, respectivamente, contraído en fecha quince (15) de julio del año mil novecientos ochenta y dos (1.982), por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Caraballeda, Municipio Vargas del Estado Vargas.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE, al acusado identidad omitida,. Y lo CONDENA a cumplir la sanciones de Libertad Asistida, e Imposición de Reglas de Conducta, entre las cuales deberá: 1.- No portar ningún tipo de arma de fuego o armas blancas, u objeto alguno que simule serlo; 2.- Integrarse al sistema educativo y laboral, a los fines de continuar con su proceso de formación personal y académica y 3.- Presentarse ante el ente que tenga a bien designar el Tribunal de Ejecución. Todas las sanciones a cumplir de manera simultánea y por el lapso de Un (1) años en lo relativo a LIBERTAD ASISTIDA E IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA y por el lapso de TRES (03) meses, todo de conformidad con lo pautado en los a.....

Ahora bien, en relación a la Medida Cautelar solicitada por las Defensa Privadas, quien aquí decide observa que se admitió la acusación fiscal por la comisión del delito (entre otros) de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, concatenado con el artículo 46, ordinales 4 y 9 eiusdem, tipo penal éste considerado por el Tribunal Supremo de Justicia como de lesa humanidad y siendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, establece que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía, lo procedente y ajustado a derecho es declarar sin lugar la revisión de la medida de coerción, toda vez que es la única capaz de garantizar las resultas del proceso. Asimismo, los acusados fueron i.....